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El objetivo de la presente tesis tiene como finalidad aportar directrices de política criminal para combatir los efectos de la corrupción pública en nuestro país mediante el uso de figuras jurídicas y sanciones que no solo prevengan la expansión del hecho delictivo de corrupción, también deben proveer una pronta reparación del daño causado. Para tal efecto, es conveniente desarrollar el contenido de tales figuras (suspensión de la pena, reparación civil) y sanciones relevantes (suspensión definitiva, muerte civil) que se usaran como parte de la nueva normativa propuesta. Es un nuevo enfoque para combatir la corrupción pública que, dista del enfoque tradicional, debido a que se ha centrado en las consecuencias del delito y no en la prevención del mismo; enfoque del cual se ha realizado cuantiosa normativa al respecto, sin desacreditar la necesidad de un sistema de prevención delictual efectivo. La propuesta que presento nace en respuesta a la tendencia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, en demostrar mayor preocupación por una respuesta punitiva exacerbada que, se traduce que en cuanto mayor es la pena dada por el delito, más efectiva es la prevención y disuadirá la acción delictiva, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta tendencia se centra en la actividad punitiva que deja de lado figuras jurídicas existentes en nuestro ordenamiento, que responden de manera más efectiva al problema, ocasionando la errónea aplicación de nuestro ordenamiento jurídico y que nos lleva finalmente al problema principal: basándonos en las figuras jurídicas y sanciones mencionadas y, considerando que existen métodos mucho más provechosos para explotarlas. ¿Qué reglas de política criminal para combatir la corrupción pública se deberá aplicar en el Perú?

El presente estudio, de enfoque cualitativo y exploratorio, se propuso conocer y analizar las percepciones y actitudes de las y los estudiantes para suboficiales de policía respecto a las características y motivaciones de las personas que cometen corrupción, cuáles son los efectos de dicho fenómeno y qué soluciones deberían plantearse. Se entrevistó a estudiantes varones (n=8) y mujeres (n=8) de dos Escuelas Técnicas Superiores de Suboficiales de Lima metropolitana. Los resultados mostraron que las características de las personas que cometen corrupción se asocian a valores individualistas y materialistas. El sector de actividad profesional (público o privado), el nivel socioeconómico, los estereotipos de género y los procesos de influencia social podrían incidir en su manifestación. Se identificaron efectos sociales, punitivos, psíquicos y emocionales de la corrupción. Como soluciones se destacaron el control de la impunidad, la educación, la vigilancia ciudadana, y la transparencia en el ejercicio de las funciones. / This study, which takes a qualitative and exploratory approach, aims to understand and analyze the perceptions and attitudes of sub-officer police students vis-a-vis the characteristics and motivations of those who engage in corruption, what the effects of said phenomenon are, and what solutions may exist to combat it. Interviews were conducted with male (n=8) and female (n=8) students of two Superior Technical Schools of sub-officials in metropolitan Lima. The results showed that the characteristics of those who engage in corruption are associated with individualistic and materialistic values. The professional sector in which one works (private or public), socio-economic level, gender stereotypes, and processes of social influence may affect how corruption manifests. Social, punitive, psychological and emotional effects of corruption were identified. Students proposed as solutions control of impunity, education, citizen oversight, and transparency in the exercise of functions.

Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1385 se incorporó a nuestro Código Penal la corrupción privada, fenómeno que, hasta hace unos años, no era previsible su sanción en nuestra legislación por estar enfocada solamente a la corrupción dentro de la administración pública. A razón de ello, por ser un tipo penal merecedor de estudio, del análisis realizado al art. 241°-B.- Corrupción al interior de entes privados, se pudo apreciar que dicho ilícito procederá mediante ejercicio privado de la acción penal, lo cual, consideramos, resulta equivocado. En base a lo referido, en el presente trabajo se busca sustentar que el legislador no tuvo presente la existencia de determinados elementos que, por el contrario, debieron permitir que este delito sea considerado de persecución pública, no permitiendo con esto que sean los privados quienes decidan cuándo denunciar, dando cabida a espacios de impunidad que, en vez de ser sancionados por la justicia penal, pasarán desapercibidos intencionalmente por distintos intereses, sea de carácter económico o por salvaguardar el prestigio de la empresa. Así, se sostiene que esta regulación se contrapone al principio de proscripción de la corrupción -comprendido en la Constitución Política- así como también, desconoce acuerdos internacionales en los que el Perú se encuentra adscrito. De igual manera, otra circunstancia a exponer viene a ser que el delito de corrupción al interior de entes privados no solamente protegería la competencia leal y el patrimonio de la empresa, sino también a otros bienes jurídicos supraindividuales como son el correcto desarrollo del libre mercado y el derecho de los consumidores. Por tanto, sostenemos que la lucha contra la corrupción no puede abdicar bajo ningún punto de vista, incluso en el ámbito privado, correspondiendo al Estado emprender una política criminal más férrea en su reproche, no importando de donde provenga

La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

El presente trabajo de investigación busca proponer criterios para la objetivación del informe jurídico del abogado consultor. En la actualidad, se han visto casos en los que la profesión jurídica se ha relacionado a casos de megacorrupción. Sin embargo, la jurisprudencia peruana ha tratado de resolver estos casos sin un mayor análisis de fondo del elemento central de la imputación fiscal, el informe jurídico. Es así que se desarrolla una serie de ideas que podrían aportar a la justicia peruana para identificar si un abogado, externo a la Administración Pública, puede ser responsable por su participación en delitos de corrupción en contextos de contratación pública. No solo se proponen criterios normativos para objetivar la neutralidad del informe jurídico del abogado consultor, sino que también se aterrizan estos criterios en su aplicación dentro del proceso penal argumentando que es posible que se utilicen estos criterios tanto en la etapa de enjuiciamiento como en los medios técnicos de defensa (excepción de improcedencia de acción) que pueden deducirse en las etapas previas. Así, es posible afianzar un proceso penal ligado directamente a al Derecho penal generando mayor certeza de justicia frente a la lucha contra la corrupción. / The present research work seeks to propose criteria for the objectification of the consulting lawyer's legal report. Currently, there have been cases in which the legal profession has been linked to cases of megacorruption. However, Peruvian jurisprudence has tried to resolve these cases without a greater substantive analysis of the central element of the tax imputation, the legal report. Thus, a series of ideas are developed that could contribute to the Peruvian justice system to identify whether a lawyer, external to the Public Administration, can be responsible for his participation in corruption crimes in public contracting contexts. Not only are normative criteria proposed to objectify the neutrality of the legal report of the consulting lawyer, but these criteria are also grounded in their application within the criminal process, arguing that it is possible that these criteria are used both in the prosecution stage and in the media, defense techniques (exception of inadmissibility of action) that can be deduced in the previous stages. Thus, it is possible to strengthen a criminal process directly linked to criminal law, generating greater certainty of justice in the fight against corruption. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los diversos contextos o circunstancias de la vida de una persona, sea en el desempeño de su trabajo, en sus relaciones con otros individuos, o con instituciones públicas o privadas, ésta puede percatarse, en forma inesperada o espontánea, de la evidencia de hechos o actos que podrían estimarse potencialmente irregulares, ilícitos o corruptos. Esta persona, aún sin contar necesariamente con la evidencia completa de que efectivamente exista una conducta irregular o ilícita, puede sospechar que el hecho o acto que ha llegado a su conocimiento no se ajuste a las normas o fines propios de la actividad en cuyo contexto tiene lugar el hecho o acto, o que genere un riesgo o daño a los derechos e intereses de otros. La persona que presencia o se percata de tales hechos podría decidir revelar, comunicar o denunciar la ocurrencia de ellos a alguna otra persona, a su jefe o al superior jerárquico en la organización donde ocurren, a una determinada autoridad, o darla a conocer al público general. El hecho de efectuar tal revelación, comunicación o denuncia, si ésta es admitida, podría tener el efecto de que se emprendan acciones o se 2 adopten las medidas que sean necesarias para detener o corregir los efectos negativos del hecho o acto denunciado. Este tipo de revelaciones, comunicaciones o denuncias, se ha identificado en lengua inglesa con el término “whistleblowing”; en idioma castellano, “soplar el silbato”, que significa la idea de dar la alerta sobre uno o más hechos potencialmente irregulares o ilegales.

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el impacto financiero por la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción como proveedores del estado. Los impactos financieros son analizados para demostrar que las empresas del sector construcción que carezcan de la implementación de este modelo de prevención podrían incurrir en eventos de default. Es por ello que, para lograr nuestro objetivo principal desarrollamos un caso práctico con dos escenarios identificando los posibles impactos financieros por la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. La presente investigación está compuesta en primer lugar, por un marco teórico donde se define el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, estructura de la norma, referencias normativas, entre otras. Así mismo, definimos un tema importante: el impacto financiero en las empresas constructoras que no cuentan la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. En segundo lugar, se encuentra el plan de investigación estableciendo el problema, hipótesis y objetivos de la investigación, así como la metodología a utilizarse. En tercer y cuarto lugar, se realiza el desarrollo a través de entrevistas en profundidad, encuestas y aplicación de casos sustentando los constructos correspondientes. En quinto lugar, se encuentra el análisis de cada uno de los instrumentos realizados. Por último, esta investigación termina con las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del análisis realizado. / The purpose of the present investigation is to evaluate the financial impact due to the lack of implementation of ISO 37001: Anti-bribery Management System in companies of the construction sector as state suppliers. The financial impacts are analyzed to demonstrate that companies in the construction sector that lack the implementation of this prevention model could incur default events That is why, to achieve our main objective, we developed a case study with two scenarios identifying the possible financial impacts due to the implementation of ISO 37001: Anti-bribery Management System. Our work is composed in the first place by a theoretical framework where the ISO 37001: Anti-bribery Management System is defined, structure of the standard, normative references, among others. We also define an important issue: the financial impact on construction companies that do not have ISO 37001 Anti-bribery Management System. Secondly, there is the research plan establishing the problem, hypothesis and objectives of the research, as well as the methodology to be used. In third and fourth place, the development was carried out through in-depth interviews, surveys and application of cases supporting the corresponding constructs. Fifth, there is the analysis of each of the instruments carried out. And in sixth place, this research ends with the conclusions and recommendations generated from the analysis carried out. / Tesis

Es posible seguir confiando en una organización encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, cuando nos enteramos de que sus miembros trasgreden voluntariamente y de manera sistemática las normas que deberían regir su actuación? ¿Podemos pensar que un cuerpo policial que comete de manera generalizada actos delictivos, tiene legitimidad? Estas preguntas resultan pertinentes en medio de un contexto en el que el 58% de la población considera la corrupción de funcionarios y autoridades como “el principal problema que enfrenta el Estado y que impide el desarrollo”, según la más reciente encuesta de Proética sobre corrupción (Proética 2013), en la que además se considera a la Policía Nacional como la segunda organización del Estado más corrupta después del Congreso de la República. Por si fuera poco, de acuerdo con el Barómetro de las Américas del 2012, de las personas que señalaban haber sido víctimas de la corrupción en Perú (28,5%), más de la mitad decía haberlo sido por parte de un miembro de la Policía Nacional (LAPOP 2012), y en su versión más reciente, la encuesta muestra que la segunda mayor probabilidad de victimización por corrupción (16,5%) ocurre cuando los peruanos se relacionan con la policía (LAPOP 2014) / Tesis