El presente trabajo tiene por objetivo general determinar los problemas o limitaciones que afectan la capacidad del Sistema Nacional de Control para detectar e investigar casos de corrupción. Para ello, se toma como referencia la labor del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, desde el año 2010 hasta el 2014. / Articulo de Investigacion

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

La colusión es un delito de infracción de deber tipificado en el artículo 384° del Código Penal peruano que ha sido interpretado de diversas maneras por los operadores de justicia, así como por la doctrina. Sin embargo, pese a su estudio constante no se ha logrado uniformizar la interpretación sobre sus alcances. Tal es el caso de la Casación N° 542-2017 Lambayeque, en la cual los magistrados no llegaron a un consenso sobre la delimitación e interpretación del tipo penal, por ello la aplicación a los hechos resulta discutible, ya que con diversas posturas se puede llegar a soluciones disímiles. Por lo tanto, dado el análisis respectivo se llega a la conclusión de que el bien jurídico aplicable al delito de colusión es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Asimismo, los supuestos del artículo 384° de la citada norma constituyen dos modalidades, una colusión simple y otra agravada. De lo cual, para configurar la primera se requiere de una concertación donde existe un peligro potencial al patrimonio del Estado, mientras que, para la colusión agravada, se requiere de un resultado que implica el perjuicio patrimonial efectivo y cuantificable. Así, en el caso debió probarse la sobrevaloración económica o perjuicio patrimonial para imputar a los procesados el delito de colusión agravada. / Collusion is a crime of infringement of duty typified in Article 384 of the Peruvian Penal Code, which has been interpreted in various ways by justice operators, as well as by doctrine. However, despite its constant study, it has not been possible to standardize the interpretation of its scope. Such is the case of Cassation No. 542-2017 Lambayeque, in which the magistrates didn’t reach a consensus on the delimitation and interpretation of the criminal type, therefore the application to the facts is debatable, since with different positions it is possible come up with dissimilar solutions. Therefore, given the respective analysis, it has concluded that the legal good applicable to the crime of collusion is impartiality in the contractual activity of the State. Likewise, the cases of article 384 of the aforementioned rule constitute two modalities, a simple collusion and an aggravated one. From which, to configure the first, a concertation is required where there is a potential danger to the State's assets, while, for aggravated collusion, a result that implies effective and quantifiable patrimonial damage is required. Thus, in the case, the economic overvaluation or patrimonial damage had to be proven to charge the defendants with the crime of aggravated collusion.

El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió adjudicarse las más importantes obras de infraestructura. Tras el destape de este escándalo en Brasil, los países involucrados iniciaron múltiples investigaciones. En el caso peruano, el estado del sistema de justicia hacía presagiar que las investigaciones no tendrían mayores consecuencias penales; sin embargo, la forma en la que el Ministerio Público afrontó el caso fue inesperada, ya que ha confrontado a las más altas esferas del poder político y económico, y ha posicionado al Perú como un inesperado campeón regional en la lucha anticorrupción. Del análisis de esta situación paradójica surge la pregunta que motiva esta investigación: ¿Por qué si la situación del sistema de justicia peruano hacía esperar que los implicados en el mega caso de corrupción Lava Jato no tengan sólidas investigaciones penales, lo que ha ocurrido es que un grupo de fiscales peruanos ha afrontado estas investigaciones con una clara oposición a los intereses de las élites políticas y económicas? Esta tesis argumenta que el avance de las investigaciones en Perú puede ser explicado por la confluencia de cinco variables: fiscales que se posicionan como islas éticas, cambios en el balance del poder político, la cooperación judicial internacional que se estableció con Brasil, el respaldo popular a la lucha anticorrupción y el apoyo intrainstitucional a las investigaciones.

El presente artículo académico tiene como objetivo principal el análisis de los estándares de integridad y establecer si existe una adecuada medición del Modelo de Integridad contenido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, asimismo, si dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan se han producido avances significativos en la instauración de los procesos y políticas orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción, para lo cual se analiza los aspectos más relevantes de la implementación del citado Modelo de Integridad en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en el Ministerio de Cultura. La metodología empleada implicó la revisión y análisis de instrumentos normativos y de publicaciones en materia de integridad de organismos internaciones, así como la realización de una entrevista no estructurada a un experto en políticas de integridad. Los principales resultados muestran que, hasta mediados del año 2021, no existían parámetros para medir la manera en que las entidades públicas han venido implementando las acciones transversales y que si bien, reciéntenme se ha creado el Índice de Capacidad Preventiva como herramienta de medición no está siendo aplicada a todas las entidades estatales; asimismo, que existen marcadas diferencias en los niveles de cumplimiento por parte de los ministerios analizados pese a que estos son las entidades con mayores posibilidades de implementar la cultura de integridad. / The main objective of this current academic article is to analyze the integrity standards and establish whether there is a correct measurement of the Integrity Model contained in the National Integrity Plan and the fight against corruption 2018-2021, equally, if given the time that has elapsed since the Plan came into effect, significant progress has been made in the establishment of the processes and policies aimed at preventing and fight corruption, for which the most relevant aspects of the implementation of the aforementioned integrity model in the Ministry of Housing, Construction and Sanitation and in the Ministry of Culture. The methodology used involved the review and analysis of normative instruments and publications on integrity of international organizations, as well as conducting an unstructured interview with an integrity policy expert. The main results show that, until mid-2021, there were no parameters to measure the way in which public entities have been implementing transversal actions and that although the Preventive Capacity Index has recently been created as a measurement tool, it is not being applied to all state entities; in addition, there are marked differences in the levels of compliance by the ministries analyzed despite the fact that these are the entities with the greatest possibilities of implementing a culture of integrity

El plan de investigación se enfoca en describir cómo funciona el actual sistema de denuncias que maneja la Oficina de Control de la Magistratura –OCMA del Poder Judicial para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción de sus miembros. Así mismo, como debería mejorarse el actual sistema de denuncia para incentivar las denuncias por actos de corrupción de jueces y auxiliares jurisdiccionales. Así como, alentar a los usuarios comunes a denunciar por medio de su página web, he aquí por qué los mecanismos a utilizar deben ser simples en materia de esquema y lenguaje asegurando que el usuario pueda comprender que actos o conductas de los funcionarios judiciales constituyen hechos de corrupción. De igual forma proponemos que la OCMA adecue su sistema de denuncias para temas de corrupción e integridad a la propuesta de canal de denuncias que recoge el “Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 12.2018–12.2021”. / The investigation plan it's focuses on describing how the current delations system operated by the Control Office of Magistracy Works (Oficina de Control de la Magistratura - OCMA) to prevent, investigate and punish acts of corruption of Judiciary members. In addition to how should be improved the current delations system to encourage delations of corruption acts in which judges and jurisdictional assistants incur. It also seeks to encourage common users to report through the website, this is why the mechanisms to be used must be simple in terms of scheme and language ensuring that they can be understood which acts or behaviors of the judiciary officials constitute acts of corruption. In the same way we propose that the OCMA adapt its reporting system for corruption and integrity issues to In the same way we propose that the Control Office of Magistracy Works adapt its reporting system for corruption and integrity issues to the current reporting channel proposal present in the Judiciary's National Plan for integrity and fight against corruption 12.2018-12.2021 (Plan Nacional del Poder Judicial de integridad y lucha contra la corrupción 12.2018-12.2021)

En el artículo 400° del Código Penal peruano aparece la regulación del tráfico de influencias en sus dos modalidades: real y simulado. Ambos supuestos están descritos en el mismo párrafo y reciben el mismo tratamiento (consecuencia), tanto en la modalidad básica (primer párrafo) como en los casos agravados en razón del agente, cuando el autor es un funcionario o servidor público (segundo párrafo), es decir, el legislador peruano da un tratamiento equivalente, en cuanto a la pena, al tráfico real y simulado, tanto en la modalidad básica como en la agravada. Este punto es el que da origen a la presente investigación. Al respecto, en dogmática se discute la relevancia penal del tráfico de influencias simulado, considerando que el agente no llega a tener contacto ni relación con el funcionario o servidor público que va a interceder en el procedimiento o proceso, por lo que la controversia reside en si se afecta el correcto funcionamiento de la Administración pública, su prestigio, el patrimonio individual del sujeto que se aprovecha de la influencia simulada o si no existe ningún bien que merezca tutela penal dado que el tráfico no es real (“venta de humo”). Entonces ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias simulado en el Perú? Este estudio aporta criterios para (re)definir el bien jurídico protegido (el prestigio de la Administración pública) y, a partir de esa (re)definición, delimitar cuándo dicho prestigio es afectado con la invocación de las influencias simuladas. Por otro lado, nos ocupamos de diferenciar el tráfico de influencias real del simulado, a partir de nuestra toma de postura sobre el bien jurídico protegido y, sobre esa base, planteamos una reevaluación de las consecuencias punitivas, a partir del principio de proporcionalidad

En el presente artículo, se aborda la discusión relacionada a la admisión de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible y se sostiene que esta sí es posible en determinados supuestos. Para ello, se realiza previamente una breve revisión sobre los elementos del delito en cuestión, advirtiéndose que el medio comisivo indirecto del mismo constituye un primer acercamiento al tema de atañe a este artículo. Ello, en tanto pone sobre la mesa el escenario en el que el funcionario público competente realiza la conducta delictiva a través de otros sujetos. Posteriormente, se procede a analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema y trabajos de la doctrina nacional que estudian el delito de negociación incompatible, encontrándose así lo siguiente: un primer grupo posturas que no descarta expresamente la participación del extraneus en el referido delito, un segundo grupo que no la admite y un tercer grupo, que, admitiéndola, lo hace con determinadas particularidades. Habiendo revisado lo anterior, se formulan respuestas y observaciones a cada una de las objeciones y argumentos contrarios o a favor de la postura del artículo. Finalmente, se presenta una propuesta personal sobre los supuestos en los que es posible admitir tranquilamente la participación en el delito de negociación incompatible: aquellos escenarios en los que el extraneus no es el sujeto con el que el Estado negocio en el marco de un proceso de contratación estatal. / In this article, the discussion related to the admission of the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation is addressed and it is argued that this is possible in certain cases. To do this, a brief review of the elements of the crime in question is previously carried out, noting that its indirect commission constitutes a first approach to the subject of concern to this article. This, because it puts on the table the scenario in which the competent public official carries out the criminal conduct through other agents. Subsequently, the pronouncements of the Supreme Court and works of the national doctrine that study the crime of incompatible negotiation are analyzed, thus finding the following: a first group of positions that does not expressly rule out the participation of the extraneus in the aforementioned crime, a second group that does not admit it and a third group, that admitting it, does so with certain particularities. Having reviewed the above, responses and observations are made to each of the objections and arguments against or in favor of the position of the article. Finally, a personal proposal is presented on the cases in which it is possible to calmly admit participation in the crime of incompatible negotiation: scenarios in which the extraneus is not the subject with whom the State negotiates within the framework of a process state contracting. / Trabajo académico

La corrupción es un mal que afecta a los peruanos, que trae consigo que la ciudadanía pierda confianza en los funcionarios de las entidades a quienes les corresponde trabajar por el país y promover la participación ciudadana para el ejercicio del control social. Por lo señalado, el presente trabajo se ha realizado a fin de conocer sobre las labores que las entidades del Estado Peruano realizan para luchar contra dicho flagelo, en específico, aquellas realizadas por la Contraloría General de la República, en su calidad de Organismo Superior de Control del Sistema Nacional de Control, en ejercicio de las funciones que, el marco legal le otorga y, en concordancia con los lineamientos y prácticas, en su calidad de Entidad Fiscalizadora Superior. Para dicho efecto, se planteó revisar la documentación sobre las actividades previstas para la Contraloría General, en el marco del Programa Umbral Anticorrupción, el cual se desarrolló en los años 2008 al 2011, resultado del Convenio de Donación del 09 de junio de 2008, entre la República del Perú y Estados Unidos y con el apoyo de la cooperación internacional de USAID. La metodología empleada corresponde al método cualitativo, con la revisión documental y de información pública de los portales institucionales, que involucra la lectura, la revisión y el análisis de la información, registrando las percepciones y opiniones de actores involucrados en las acciones del Programa, utilizando la entrevista como método complementario de recopilación de datos1; siendo de tipo exploratoria y descriptiva. Esta investigación permite revisar las actividades previstas y ejecutadas por la Contraloría General, en el marco de dicho Programa, lo cual proporciona un insumo relevante para conocer que, con el transcurso de los años, algunas de dichas actividades se realizan en la actualidad, denotando su relevancia como herramienta que contribuye en la lucha contra la corrupción de la CGR.

El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos, fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera, entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.