En el 2014, el entonces gobernador regional de Ancash, César Álvarez, capturaba toda la atención mediática y política del país siendo acusado de numerosos delitos como: peculado, colusión, corrupción y el asesinato de su rival político Ezequiel Nolasco. Las investigaciones posteriores sobre este caso descubrirían toda una red de crimen, extorsión y manipulación mediática liderada por el ex gobernador ancashino para mantenerse en el poder y amedrentar a su oposición. Álvarez y Ancash despertarían un interés por el desarrollo de la política subnacional y, entre el 2014 y 2015, 19 de 26 gobernadores regionales serían investigados por la Fiscalía por casos como: lavado de activos, colusión agravada, malversación de fondos para obras y proyectos, entre otros delitos. A finales del 2015, 9 de los 19 involucrados eran sentenciados a cumplir penas privativas de libertad y reparación civil a consecuencia de su accionar ilegal. Sin embargo, en algunos casos, y a pesar de una considerable cantidad de evidencia y denuncias en materia de corrupción, las acusaciones en contra de ciertos gobernadores no prosperaron. La presente tesis de licenciatura desea explicar la diferencia entre los casos que han sido efectivamente sentenciados con los que gozan de una aparente impunidad. Para ello, se realiza un estudio comparado de las regiones Callao y Tumbes, ambos con un número significativo de denuncias e investigaciones abiertas, pero con resultados judiciales distintos. Las conclusiones de este estudio demuestran la presencia de dos variables: (in)capacidad estatal en los organismos fiscalizadores y la sofisticación de los delitos. La combinación entre ambas termina por explicar cómo en algunos casos la impunidad se mantiene mientras que, en otros, los acusados son juzgados efectivamente. Finalmente, esta tesis de licenciatura también tiene como intención aportar una nueva perspectiva a los análisis sobre el tema de corrupción a nivel subnacional. Se espera que el estudio comparado realizado sirva para proponer nuevos métodos para prevenir delitos de corrupción en las unidades sub nacionales del Perú y América Latina

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas.

En esta tesis “Gran corrupción y derechos humanos”, pretendemos reflexionar sobre la corrupción como fenómeno sistémico de gran envergadura que ocurre desde el poder. Este es típico de nuestros tiempos y se denomina gran corrupción. Además, buscamos determinar si existe una diferencia cualitativa entre ésta y la corrupción tradicional, regular o de menor escala. Aunque no existe consenso en cómo definir la corrupción y pese a que algunas voces minoritarias señalan que tiene efectos positivos en la economía, la corriente mayoritaria la caracteriza como un fenómeno negativo. La corrupción es concebida como un abuso de poder para obtener un beneficio personal a costa del bien común. Luego de analizar las características de la gran corrupción (autores con poder político o económico, movilización de grandes cantidades de recursos e impacto en los derechos ciudadanos), concluimos que se trata de un fenómeno cualitativamente distinto al de la corrupción regular. Se diferencian por el factor social, es decir, el impacto en los derechos fundamentales de quienes padecen sus consecuencias. La gran corrupción afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la sociedad porque incrementa la pobreza y la inequidad. Ello limita o niega el goce de derechos, como la vida, la salud, la educación o el acceso a vivienda digna. Aclarada la primera interrogante, buscamos establecer si la gran corrupción constituye una violación a los derechos humanos. De ser el caso, indagamos si es posible recurrir a mecanismos judiciales o del sistema internacional derechos humanos para identificar a los autores, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Para ello, partimos por señalar que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos Este deber de cuidado puede ser infringido por acción u omisión debido a prácticas corruptas de gran envergadura. Cuando los Estados incumplen esta obligación, ellos y los actores individuales incurren en responsabilidad legal, exigible por quienes se ven afectados en sus derechos. Entendida la gran corrupción en clave de derechos humanos, es factible recurrir a los sistemas de derechos humanos - universal o regional - para emplazar y sancionar al Estado, buscar una remediación del daño y solicitar medidas cautelares para el cese de prácticas de corrupción o impunidad. Dada la lesividad de estas, planteamos que no es necesario acreditar un daño específico ni una intención dirigida a generar la violación. En esos casos, basta acreditar el potencial dañoso de la acción y que los responsables hayan podido representarse el resultado, atendiendo a la grave naturaleza de su proceder. Finalmente, la gran corrupción reviste suma gran gravedad y complejidad en América Latina. Esto se evidencia en casos de nivel regional, como Lava Jato, y nacional, como las redes de corrupción en el sistema forestal en Perú. Ambos han sido incluidos en la presente tesis para una mejor comprensión del problema. Debido a casos como esos, concluimos con la propuesta de crear un Relator Especial que, en el marco de la OEA, evalúe la situación de afectación de los derechos humanos como consecuencia de prácticas corruptas y proponga soluciones sistémicas. / In this thesis “Grand corruption and human rights”, we intend to reflect on the existence of corruption as a systemic phenomenon of great magnitude happening from power. It is typical of our times and it is named grand corruption. Also, we look for determining if there is a substantial difference between grand corruption and the traditional, regular or petit corruption. Even though there is no consensus about how to define corruption, and despite that some minority voices point that it could have some positive effects for the economy, in general, the majority explain it as a negative phenomenon. Corruption is conceived as case of abuse of power to obtain a personal benefit at the cost of the common good. After analyzing the features of grand corruption (authors with political or economic power, mobilization of immense amounts of resources and impact in the citizens’ rights), we conclude that it is a qualitatively different phenomenon compared to regular corruption. They differ because of the social factor, meaning, the impact on the human rights of these who suffer its consequences. Grand corruption affects in a special way the most vulnerable sectors of society. It increases poverty and inequality, limiting or denying the enjoyment of fundamental rights like the right to life, education and access to decent housing. Once this first question is responded, we intend to establish if this type of corruption of power constitutes a violation of human rights, and if so, if it is possible to use the judicial mechanisms of those from the human rights system to identify the authors, sanction the responsible and compensate the victims. The States have the obligation to respect, protect and satisfy human rights. This obligation can be violated by action or omission due to corrupt practices of significant entity. When the States do not comply with this obligation, they and the individual actors incur in legal liability that can be demanded by those whose fundamental rights have been affected. Grand corruption, understood in human rights key, can be challenged in the human rights system - regional or universal - to sanction the State, seek remediation of the damages and request precautionary measures to cease practices of corruption or impunity. We propose, attending the harmfulness of these actions, that it is not necessary to demonstrate a concrete damage nor an intention directed to generate the violation. It is enough to demonstrate the potential harmfulness of the action and that the responsible were able to represent the result in their minds due to the serious nature of their conduct. Finally, grand corruption is a very complex and serious problem in Latin America as demonstrated by cases of regional level, such as Lava Jato, and national level, such as the corrupt networks in the forestry system in Peru. Both as been included in this thesis for a better comprehension of the problem. Because cases like these, we propose the appointment of a Special Rapporteur in the framework of the OAS in order to evaluate the impact of corruption in human rights and develop systemic solutions. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que a continuación se desarrollará se propone describir el fenómeno de la incorporación del concepto de "White Collar Crime", introducido por Edwin Sutherland en la doctrina estadounidense de la época y que más tarde se expandiría al resto del mundo. Junto con ello se pretende revisar sus problemáticas actuales y relación con la doctrina más tradicional, para posteriormente centrar la atención en una especie de delito en particular: el de colusión de precios y especialmente la figura penal chilena. En este punto se pretende revisar la vigencia de los principales puntos de la doctrina del Delito de Cuello Blanco en las características singulares de este tipo penal. Para ello, junto con analizar la conducta descrita por la legislación nacional sobre el delito de colusión de precios, se revisarán casos de relevancia nacional relacionados con este, buscando características comunes entre ellos y contrastándola con los postulados de la doctrina del Delito de Cuello Blanco.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it / Tesis

La presente investigación aborda los límites en las capacidades estatales derivados de las prácticas de corrupción. Para ello, se toma como caso de estudio las prácticas de corrupción en el control del ingreso y del uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, y su objetivo es comprender cómo se han implementado dichas medidas. A partir de ello, se proponen tres objetivos específicos: primero, se busca describir las dinámicas de ingreso y uso de los teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho y Miguel Castro Castro. Segundo, se busca determinar las prácticas de corrupción asociadas a las medidas de control del ingreso y uso de los teléfonos móviles y su efecto sobre la implementación de las mismas. Tercero, se busca explicar los límites de dichas medidas de control ante el fenómeno de la corrupción. De lo analizado, se tiene que la capacidad de un organismo estatal puede verse mermada no solo por la insuficiencia de recursos o cobertura de sus funciones, sino también por la existencia de dinámicas de pequeña o “micro corrupción”, que están asociadas a vulnerabilidades en las medidas de control de ingreso y uso de teléfonos móviles, las cuales se explican debido a la falta de recursos para la implementación de la normativa existente y a la necesidad del mantenimiento del frágil equilibrio existente en estos espacios. Asimismo, estas dinámicas continúan reproduciéndose debido a que dichas medidas de control tienen un impacto limitado, pues solo apelan a la concientización de los involucrados sobre el problema (campaña contra la corrupción, incentivos simbólicos, etc.), menguando así la eficiencia para ejercer un control efectivo por parte del Estado. / This research addresses the limits on state capacity derived from corrupt practices. Therefore, it is taken as a case of study, the corruption practices in the control of entry and use of cell phones in penitentiary establishments of Lima, during the period between the years 2011 and 2016, and its objective is to understand how such measures have been implemented. Based on this, three specific objectives are proposed: first, the aim is to describe the dynamics of entry and use of cell phones in the penitentiary establishments of Lurigancho and Miguel Castro Castro. Second, it seeks to determine the practices of corruption associated with control measures regarding the entry and use of cell phones and their effect on the their implementation. Third, it seeks to explain the limits of those control measures against corruption practices. Thus, the capacity of a state agency can be reduced not only by insufficient resources or coverage of its functions, but also by the existence of small or "micro-corruption" dynamics, which are associated with vulnerabilities in control measures of entry and use of cell phones, which are explained due to the lack of resources for the implementation of the existing regulations and the need to maintain the fragile balance in these spaces. In addition, these dynamics continue to be reproduced because the control measures have a limited impact, since they only appeal to awareness of those involved in the problem (anti-corruption campaign, symbolic incentives, etc.); hence, the efficiency to exercise control by the State is reduced. / Tesis

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE). / Tesis

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa / Tesis

La delincuencia y la corrupción son los problemas principales que afronta el Perú en los últimos años. Dentro de este contexto, el crimen organizado es la modalidad delictiva que constantemente se ha venido fortaleciendo debido a diversos factores, como es la captación y la participación de efectivos policiales en las actividades de las organizaciones criminales, dificultando su combate y generando una especie de sensación de inseguridad y una acentuada desconfianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú (PNP).Esta situación genera perjuicio en la población en general, así como en la imagen de dicha institución policial. La principal causa de dicha problemática es el deficiente proceso de captación de futuros agentes para las escuelas de formación policial. En dicho proceso, no se evalúa el aspecto de integridad moral, el cual para el caso de funcionarios que representan la ley y que son encargados de hacerla cumplir, resulta un aspecto fundamental y necesario. Con el propósito de contribuir a la solución del referido problema, la presente investigación tiene como propuesta un proyecto de naturaleza innovadora que consiste en un nuevo enfoque para la captación de personal en la PNP mejorando el respectivo perfil policial en base a valores y fortalezas morales que podrán ser evaluadas mediante la aplicación de un examen de poligrafía, el mismo que sería parte integral de evaluaciones en todos los procesos de admisión, debiendo tener un plan de seguimiento conforme a determinados indicadores. Para desarrollar el presente Proyecto, fueron empleadas herramientas cuantitativas y cualitativas, con base a análisis de distintas fuentes de información primaria y secundaria / Trabajo de investigación

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción. / Tesis