Las instituciones procesales fueron pensadas para la tutela de derechos individuales; sin embargo, con la nueva preocupación por los derechos supraindividuales, las instituciones procesales deben ser repensadas y analizadas. En efecto, la tutela de los derechos difusos tienen una lógica distinta debido a que el objeto de tutela es indivisible y afecta a un número indeterminado de titulares; es decir, la satisfacción a uno implica satisfacción de todos los sujetos que son miembros del grupo. La protección de los derechos supraindividuales trae nuevos desafíos, porque debe determinarse desde quién tendrá legitimidad para obrar hasta a quiénes alcanzará la autoridad de la cosa juzgada, pasando por la adecuada representación ¿Por qué? No todos los sujetos a quienes se afectó su derecho estarán presentes en el proceso; por ello, el hecho de velar correctamente por los ausentes es fundamental para que el proceso colectivo brinde una tutela efectiva. En el ordenamiento jurídico peruano es deficiente la regulación de los procesos colectivos. Se ha analizado solo una arista de los problemas, la legitimidad para obrar, y, de manera excepcional, en materia laboral se reguló los efectos de la sentencia cuando se declara fundada la pretensión. Ello no es suficiente: se omite la litispendencia, prejudicialidad, efectos de la sentencia si es rechazado el pedido, etc. Se analiza a modo general la importancia de la institución procesal de la cosa juzgada en el proceso colectivo, cómo tutela el ordenamiento jurídico peruano los derechos supraindividuales en los procesos constitucionales, específicamente en el amparo. La creación de normas no asegura necesariamente una tutela de los derechos, por ello, se indaga sobre la figura procesal del “estado de cosas inconstitucional” ¿protege los derechos supraindividuales? Con lo cual se concluye que el Código Procesal Constitucional no regula el alcance de la cosa juzgada cuando tutela los derechos difusos, no es suficiente solo establecer quiénes tendrán legitimidad para obrar para interponer una demanda colectiva. / Trabajo académico

Thesis (M.B.A.)--University of Hong Kong, 1994. / Includes bibliographical references.

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca determinar bajo parámetros objetivos como se viene utilizando el instituto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta que implica la existencia del fraude procesal, a fin de concluir si su empleo se condice con la normativa respectiva, esto es, que se busca combatir el fraude procesal, o si por el contrario si se pretende una nueva revisión de lo actuado en el proceso primigenio, es decir, el proceso en el que se emitió la resolución judicial que se impugna por fraude procesal, lo que ciertamente constituiría una clara expresión de la mencionada cultura de litigiosidad y por ende una causa de la demora en la resolución de los procesos judiciales. La existencia del fraude procesal ha motivado que se hayan diseñado instituciones a fin de combatir y desaparecer los efectos que el mismo ha generado en el proceso, a manera de ejemplo en Bolivia y Chile se ha establecido la revisión de sentencias a través de sendos recursos ante las Cortes Supremas de dichos países. / Tesis

En virtud del instituto de la Cosa Juzgada las resoluciones que hayan adquirido tal autoridad (resoluciones consentidas o ejecutoriadas) son inmutables, es decir, que las mismas no pueden ser materia de variación o alteración alguna; asimismo, respecto de los hechos materia de pronunciamiento no cabe debate alguno en el procedimiento en el que se ha expedido la resolución ni en ningún otro procedimiento. Esta institución en nuestro medio ha sido elevada a la categoría de mandato constitucional contenido en el artículo 139 inciso 13 de la Carta Política, según el cual constituye principio y derecho de la función jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. De manera que, y como reza el adagio latino del non bis in idem, frente a la sentencia ejecutoriada no cabe sino cumplir su mandato, sin que pueda volverse a discutir el asunto ya debatido (...)

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución? / Tesis

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal. / Tesis

El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo. / Trabajo académico

A tese tem como objetivo identificar a relação entre os limites objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada e definir a função de ambos os institutos. Os limites objetivos dizem respeito à extensão da matéria que ficará imunizada pela coisa julgada material. Definida a matéria imunizada, a função negativa da coisa julgada impedirá a propositura de demanda idêntica e a função positiva vinculará o julgamento de processos futuros em que a questão decidida apresente-se como prejudicial. O ordenamento jurídico brasileiro define os limites objetivos da coisa julgada com referência ao objeto da sentença e, indiretamente, ao objeto do processo. A opção é a melhor frente aos princípios constitucionais relevantes no que se refere à restrição da coisa julgada à causa de pedir e ao pedido efetivamente apreciados na sentença. O sistema deve ser alterado, no entanto, para que a coisa julgada estenda-se aos fundamentos necessários da decisão, que tenham sido determinantes para o resultado do julgamento, em prestígio à segurança jurídica e à economia processual. A coisa julgada imuniza todos os efeitos da sentença, sendo impossível suprimir ou modificar os efeitos declaratório, condenatório, constitutivo, executivo e mandamental. No caso da tutela declaratória, o julgamento de procedência impede qualquer questionamento a respeito da declaração contida na sentença, pois qualquer demanda incompatível com a situação declarada será obstada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Julgada improcedente, a declaração e, em conseqüência, a coisa julgada, ficará restrita ao reconhecimento de que os fatos alegados com a petição inicial não são aptos ao reconhecimento da situação jurídica objeto do pedido. Referida disciplina sinaliza o significado e a função da eficácia preclusiva da coisa julgada. Sem ampliar os limites objetivos, a eficácia preclusiva impede a propositura de demandas incompatíveis com a situação jurídica definida na sentença transitada em julgado, na exata medida da incompatibilidade. O fenômeno diz respeito a demandas distintas daquela onde se formou a coisa julgada, restringe-se à esfera de direitos do réu e abrange as demandas fundadas em argumento deduzido ou meramente dedutível. É também irrelevante o fato de a demanda incompatível estar fundada em matéria de ordem pública ou em argumento que teria a natureza de exceção substancial se apresentado no processo a que se refere a coisa julgada. O impedimento à propositura de demandas incompatíveis não é absoluto. A eficácia preclusiva não obsta a propositura da ação rescisória, de demandas que tratem de situações excepcionais nas quais se admita a relativização da coisa julgada e pode ser afastada sempre que forem invocados os argumentos da falta ou nulidade da citação e da divergente interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal da norma que fundamentou a decisão transitada em julgado. / La tesi ha come scopo identificare il rapporto fra i limiti oggetivi e lefficacia preclusiva della cosa giudicata e definire la funzione di ambedue gli istituti. I limiti oggetivi riguardano allestenzione della materia que rimarrà stabile dalla cosa giudicata materiale. Definita la materia stabilizzata, la funzione negativa della cosa giudicata impedirà la propositura dellidentica domanda e la funzione positiva vincolerà i giudizio di processi futuri in cui la questione decisa si presente come pregiudiziale. Lordinamento giuridico brasiliano definisce i limiti oggetivi della cosa giudicata riguardo alloggetto della sentenza e, indiretamente, alloggeto del processo. Lopzione è la migliore dinanzi ai principii costituzionale di rilievo in ciò che si riferisce alla restrizione della cosa giudicata alla causa petendi e al petito effetivamente aprezzati nella sentenza. Il sistema deve essere alterado, comunque, affinché la cosa giudicata abbarchi i fondamenti della decisione che siano stati determinanti al risultato del giudizio, in prestigio alla sicurezza giuridica e alleconomia processuale. La cosa giudicada torna stabile tutti gli effetti della sentenza, essendo impossibile sopprimere o modificare gli effetti di dichiarazione, di condanna, costitutivo, esecutivo e ordinamentale. Nel caso della tutela dichiaratoria, la sentenza di acoglienza impedisce qualsiasi questionamento sulla dichiarazione contenuta nella sentenza, giacché ogni domanda incompatibile con la situazione dichiarata sarà ostacolata dalla efficacia preclusiva della cosa giudicata. Tratandosi di una sentenza di rigetto, la dichiarazione e, in consequenza, la cosa giudicata, resterà limitata al riconoscimento che i fatti allegati com la petizione iniziale non sono idonei al riconoscimento della situazione giuridica oggetto del petitum. Codesta disciplina sinalizza il significato e la funzione dellefficacia preclusiva della cosa giudicata. Senza ampliare i limiti oggettivi, lefficacia preclusiva impedisce la propositura di domanda incompatibile com la situazione giuridica definita nella senteza passata in giudicato, nellesatta misura dellincompatibilità. Il fenomeno si riferisce a domande distinte di quelle ove si è formata la cosa giudicata, si restringe alla sfera dei diritti del convenuto e abbarca le domande fondate in argomento dedotto o meramente dedutibile. É inoltre irrelevante il fato della domanda incompatibile essere fondata in materia di ordine pubblica o in argomento che avrebbe la natura di eccezione sostanziale se presentato nel processo a cui si riferisce la cosa giudicata. Gli impedimento alla proposizione di domande incompatibile non è assoluto. Lefficacia preclusiva non ostacola la propositura della revocazione, di domande che trattino di situazioni eccezionale nelle quale si ammetta la relativizzazione della cosa giudicata e può essere allontanata sempre che siano invocati gli argomenti della mancanza o nullità della citazione e della divergente interpretazione costituzionale dalla Suprema Corte della norma che ha fondamentato la decisione passata in giudicato.

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La legislación vigente no nos brinda una solución clara ante la posibilidad de que existan pronunciamientos judiciales incompatibles cuando estos provienen de procesos de distinta naturaleza. Mediante el presente trabajo analizaremos las implicancias y alternativas de solución para aquellos casos en los cuales entran en conflicto los resultados de un proceso de ejecución y otro de conocimiento. Para ello, buscaremos determinar si ambos procesos concluyen con una resolución con autoridad de Cosa Juzgada, analizando las limitaciones que actualmente impone a las partes la regulación del proceso de ejecución en el Código Procesal Civil. Effective legislation does not answer the question of what to do with incompatible decisions reached upon trials of different nature. By the means of this investigation we will analyze the implications and the alternatives to solve such cases in which conflict arises by the different decisions taken in execution procedures and cognition processes. With this purpose, we seek to determine whether both procedures conclude in res judicata by analyzing the limitations imposed to the parties by the regulation of execution procedures as stated in the Civil Procedure Code.