El presente tema de investigación tiene por finalidad determinar el rol del Ministerio de Defensa en la implementación de las Políticas de Defensa durante el conflicto del Alto Cenepa en el año 1995. Determinar conceptos generales de políticas de defensa, y las políticas de defensa del Perú, detallando también las políticas públicas de un Estado. Por otro lado, determinar el trabajo que realizó en dicho conflicto el Ministerio de Defensa, la forma como se desempeñó, y como desarrolló dichas politicas, el impacto nacional e internacional, las acciones bélicas, el alto al fuego, las negociaciones para lograr restablecer la paz, la Intervención de los países garantes del Tratado de Rio de Janeiro, la desmilitarización de la zona en conflicto, la Misión de Observadores Militares Ecuador – Perú (MOMEP), la información recabada a través de entrevistas a los protagonistas que participaron directamente en dicho conflicto en la parte operativa – táctica como respuesta a la ejecución de las políticas de gobierno orientado a un plan para restablecer la paz, delimitar la zona fronteriza y mantener la soberanía nacional. / Tesis

En el año 2009, el Poder Ejecutivo Nacional, a instancias del Ministerio de Defensa, dicta el Decreto 1714/09. La norma origina la variación del paradigma de planeamiento para la Defensa, desplazando aquella basada en hipótesis de conflicto, para dar paso al método de Planeamiento en Base a Capacidades (PBC). Este proceso, requiere de la asistencia del producto resultante de la labor de análisis de inteligencia estratégico, que en su concepción difiere de aquél que resume la búsqueda de datos e informaciones, para dar paso a la intervención de profesionales interdisciplinarios, que ofrezcan al decisor el conocimiento del contexto que impone la dinámica de interrelaciones estatales a nivel estratégico. El ”ciclo de producción de inteligencia” brindado en los años 50, por Sherman Kent y Washington Platt, ante el PBC, da lugar a métodos innovativos prospectivos, que esta investigación intenta develar.

Antropólogo social / Entre febrero y marzo del presente año fuimos testigos de la puesta en marcha de dos medidas político-legislativas cuya finalidad era regular de mejor manera el inhóspito y tortuoso camino por el cual transitan las relaciones entre empresas y consumidores: el SERNAC Financiero (ley 20.555) y la ley Dicom (ley 20.575). Ambas normas otorgan nuevos derechos a los ciudadanos que -en su faceta de consumidores- se han visto en el centro de las discusiones y polémicas vinculadas con los reiterados abusos y escándalos financieros destapados especialmente en la ultima década en Chile, como el caso de la financiera Eurolatina, la colusión de las farmacias, el Caso La Polar, etc., lográndose así por fin acumular la suficiente presión para que se decante una respuesta concreta –producto en parte por la insistente molestia ciudadana- desde las instancias de poder político y legislativo, lo que ha permitido materializar este mejoramiento de la regulación actual y proyectar otros más

Señala que el derecho a la legítima defensa se tiene no sólo cuando se ataca la vida sino también cuando se ataca cualquiera de los derechos primordiales. Prueba que es posible llevar la defensa hasta la muerte del agresor injusto, pero que existen casos que restringen este derecho. El primer caso es cuando el daño puede ser fácilmente reparado por la autoridad o de cualquier otro modo, en este caso no se puede quitar la vida al agresor; puesto que existen otros medios para respetar nuestro derecho. El segundo caso es cuando el daño causado es insignificante en proporción al que se le causaría al agresor quitándole la vida. Menciona que también se tiene el derecho de emplear la fuerza en defensa de nuestros semejantes, porque la moral nos impone deberes para con ellos. / Tesis

Contenido: El libro blanco de la defensa; Política de defensa; Las fuerzas armadas; La actividad de inteligencia; Tabla comparativa entre las áreas de competencia. / Acceso al <a href="http://163.10.48.80:9090/bases/tesis/imagen/Indice%20T-273.pdf">Índice</a>.

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común. / Tesis

El consentimiento informado es una de las aportaciones más innovadoras e importantes de la ciencia jurídica a la medicina. Pues en el ámbito de la medicina, la concepción tradicional de la relación médico-paciente ha sido paternalista, es decir, una relación en la que el médico era considerado como un sabio, capaz de tomar las decisiones más adecuadas para el paciente respecto al tratamiento que éste debía seguir, sin tener en cuenta su voluntad; en cambio el paciente, era considerado un individuo carente de racionalidad e incapaz de saber lo que le conviene para mejorar su salud. Hoy en día, resulta indiscutible la función esencial que cumple la autonomía de la voluntad del paciente, por el cual se le atribuye un papel mucho más activo y participativo en la toma de decisiones frente al que tenía en generaciones pasadas. Ello implica, el reconocimiento del derecho que tiene el paciente a decidir lo que resulta mejor para sus intereses, esto es, la autonomía que tiene para consentir o rechazar un procedimiento, diagnóstico o terapia recomendado. Como consecuencia de este reconocimiento, es que surge en garantía de éste el derecho a la información, ello como una manifestación de protección a la salud. Y es que resulta indiscutible el carácter fundamental de este derecho en las relaciones médico-paciente, cuyos avances en investigación clínica y el rápido desarrollo de la tecnología médica han hecho que se planteen nuevas medidas y normativas con miras a proteger los derechos de los pacientes. 7 Por tanto, la presente investigación tiene por objeto el realizar un estudio jurídico sobre el consentimiento informado en las relaciones médico-paciente tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y es que el consentimiento informado como tal, no ha sido un tema frecuentemente desarrollado a profundidad por la doctrina e incluso por los tratados de biomedicina; ello quizás porque su aplicabilidad se ha visto reducido a la elaboración de un complejo protocolo del acto médico a realizar, lo que finaliza con la aceptación por parte del paciente. El asombro e indignación que este hecho causa, acompañado además de la insensibilidad del médico por explicar con claridad el proceso a seguir y de las posibles complicaciones que puede generar este procedimiento o tratamiento, así como la vulneración del derecho a la información que tiene todo paciente, nos ha conducido a desarrollar esta investigación por capítulos, en los cuales de manera clara y sencilla se explica la problemática, los objetivos de la investigación, su regulación y el planteamiento de posibles soluciones. Tal es el caso, que en el Capítulo I se describe de forma concreta la problemática de la presente investigación, estableciendo las hipótesis a responder, la importancia y los objetivos a obtener. Seguidamente, el Capítulo II desarrollamos el derecho a la salud como derecho fundamental de todo ser humano, derecho importante para definir posteriormente al consentimiento informado, toda vez que éste es una manifestación del mencionado derecho y que por ende merece ser tratado a profundidad a fin de determinar su importancia. 8 En el Capítulo III, hacemos un breve recuento de los antecedentes históricos del consentimiento informado, expresado en sus inicios a través de la jurisprudencia norteamericana en cuyos casos, se explica y se trata con detalle por primera vez el término consentimiento informado. El Capítulo IV, se darrolla el contenido, titular y momento del Consentimiento Informado. Asimismo, el Capítulo V se explica el tratamiento del consentimiento informado tanto en el ordenamiento jurídico como en la jurisprudencia nacional; así como en la normativa y jurisprudencia internacional, en específico de los países de Costa Rica y España. En el capítulo VI, se desarrolla la ausencia del consentimiento informado, punto relevante ya que ante la omisión de brindar la información al paciente, este hecho constituye una vulneración no sólo al derecho a la información del paciente sino que también, vulnera los derechos a la salud, a la determinación y a la dignidad que todo ser humano por su condición de tal posee. Finalmente, el Capítulo VII abarca la propuesta legislativa como posible solución ante el incorrecto uso de este derecho, toda vez que no se subsume a un simple protocolo o formulario escrito, sino que su principal objetivo es mantener informado de forma clara y comprensible al paciente, de manera que éste puede otorgar su consentimiento en un total plano de conciencia-juicio de valor sobre la situación dada.

El presente artículo desarrolla el tema de los conflictos entre individuos como parte de la dinámica social, así como los distintos modos de solución que el ordenamiento jurídico nos provee. Al respecto, la autora centra su análisis en la autodefensa, uno de esos mecanismos de solución, para luego comentar sobre algunos supuestos que aquélla encierra, como por ejemplo la legítima defensa. Finalmente, se aborda un interesante punto en cuanto a la autotutela administrativa como otra forma de resolver los conflictos, pero a partir de la intervención del Estado. The current article develops the topic of conflicts between individuals as part of the social dynamics, and presents the different ways of solution that the legal system provides. With this in mind, the author focuses her analysis on self-defense, one of those mechanisms of solution, and then she comments two other assumptions which are included in that legal figure, for example the right to self-defense. Finally, the article points out a main aspect that is related to administrative non-judicial measures, as another way to solve conflicts, having in mind the State intervention.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a ejercer una defensa legítima despierta el más profundo interés incluso en personas que no están ligadas de modo alguno con el sistema jurídico. No resulta poco habitual que, en reiteradas ocasiones, quienes estamos relacionados de una u otra manera al estudio del derecho hayamos sido interrogados por nuestros cercanos acerca de los límites de esta causal de justificación. “Si estoy siendo víctima de un robo, ¿puedo herir al asaltante?”, “¿puedo incluso quitarle la vida si es necesario?”, “¿es lo mismo si está dentro de mi hogar?”, son los comunes cuestionamientos que nos han realizado en repetidas oportunidades. Ya expresaba esta cercanía con el derecho en comento un proyecto de ley del parlamento alemán del año 1962, manifestando que la legítima defensa es para el particular un “(…) derecho protector duro y enraizado en la convicción jurídica del pueblo”.Note1. En primer lugar, se ha sostenido que la legítima defensa se justifica en el principio de protección individual de bienes jurídicos. Según esta posición, la legítima defensa se presenta como la manera a través de la cual el Estado, ante la imposibilidad de conjurar el riesgo que constituye el comportamiento del agresor, propone una forma lícita de autoayuda en la que el mismo agredido puede velar por la intangibilidad de sus bienes jurídicos.Note2. De esta forma, la legítima defensa es concebida como una consecuencia necesaria del derecho que tiene el individuo de proteger sus intereses, derecho que coincide por una parte con su instinto de conservación y que responde por otra a la imposibilidad del Estado de proteger eficazmente todos aquellos bienes que merecen ser protegidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema del uso de la fuerza, además de tener connotaciones prácticas, plantea importantes consideraciones teóricas al Derecho Internacional. A lo largo de la historia hemos visto enormes conflictos internacionales y acciones bélicas, así como esfuerzos para delimitar su uso. Además de lo complejo que es determinar lo que se entiende por “uso de la fuerza”, cuándo está prohibido su uso y cuándo está permitido y sus limitaciones, alcances y formalidades, han surgido otro tipo de manifestaciones de utilización de la fuerza por parte de actores “invisibles” que no corresponden a un uso “clásico” de la fuerza propiamente tal, sino que a grupos de personas con un alto poder armado, capaces de poner en jaque no sólo a poderosos Estados, sino que también a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU). Principalmente son éstas las razones que me motivaron a investigar sobre el tema, conciente de los cambios que estamos viviendo en este nuevo milenio y su porvenir. Comenzaremos nuestro estudio sobre los antecedentes históricos del uso de la fuerza en materia internacional y su evolución, centrándonos en las etapas anteriores a la Primera Guerra Mundial, el período de entre guerras, y finalmente, al principio de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado establecido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Debido a una redacción genérica, este principio ha debido ser precisado por la doctrina, en la jurisprudencia internacional y mediante resoluciones de la ONU. Una de las manifestaciones prácticas contemporáneas que demuestra las dificultades interpretativas de la legítima defensa según la Carta de las Naciones Unidas, corresponde al fenómeno del terrorismo. Estudiaremos sus orígenes históricos, su evolución a través del tiempo y cómo la comunidad internacional lo ha enfrentado en el marco del Derecho Internacional. Adelanto que la principal dificultad que ha debido enfrentar es precisamente qué es el terrorismo. Analizaremos en este sentido las definiciones que se han dado por parte de organismos estatales como internacionales, además de los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales en la materia. Propondré un nuevo enfoque que busca superar barreras ideológicas y políticas que han impedido la adopción de un acuerdo general en materia de terrorismo. Finalmente, analizaré la tendencia actual de los Estados en relación al fenómeno del terrorismo, cual es la respuesta mediante el uso de la fuerza amparada en la legítima defensa. Asimismo, examinaré los problemas y dificultades que ello conlleva, ejemplificando las nuevas tendencias con casos prácticos y proponiendo conclusiones para responder a estas preguntas