Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La presente investigación expone y analiza los principales aspectos que han de ser debatidos en la eventual creación de un tipo penal protector del Medio Ambiente que sea eficaz y respetuoso de las garantías que el Derecho Penal procura resguardar. Así entendidas las cosas el presente trabajo efectúa, en lo principal, un examen dogmático de las distintas categorías penales que adquieren importancia al tratar la problemática del Medio Ambiente. Por ello el enfoque del presente trabajo es eminentemente penal y doctrinario. Además, debe señalarse que cada uno de los temas aquí discutidos pueden ser examinados latamente en una investigación particular, siendo esta memoria y tal como su nombre lo señala, una propuesta para la tipificación de un delito medioambiental, y por tanto busca poner en discusión temas no tratados por nuestra doctrina tradicional para así generar debate futuro sobre nuevas tendencias legislativas.

Psicóloga / El presente estudio tuvo un enfoque Exploratorio-Descriptivo caracterizando los delitos sexuales infanto-juveniles perpetrados por mujeres en los últimos tres años en Chile, a partir de variables de vínculo víctima-victimaria, edad y sexo de la víctima, entre otras. La estrategia de acceso a la información se realizó a través de carpetas investigativas e informes psicológicos periciales aportadas por un organismo auxiliar al Servicio Nacional de Menores. Para el análisis se utilizó un enfoque cuantitativo, además de una aproximación cualitativa los casos atípicos de la muestra. Los principales resultados indican que la mayoría de las víctimas son pre-escolares, tienen un vínculo conocido con la agresora, estando la estrategia de sometimiento y la clase de contacto sexual impuesta por la autora, relacionada con la edad de la víctima. A modo de conclusión se aprecia un vuelco fenomenológico respecto a la ubicación de la agresora en la vida de la víctima, siendo el rol cuidadora de la víctima que cobra importancia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En específico, el presente trata sobre el Iter Criminis en la jurisprudencia, establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 7 del Código Penal, el que define las distintas fases del delito y les otorga la punibilidad. A pesar de la basta aplicación que tiene el artículo 7 del Código Penal en la práctica judicial, la determinación de la fase de desarrollo del delito, realizada por los tribunales nacionales, no es unívoca, encontrándose diferentes criterios jurisprudenciales al aplicar dicho artículo. El presente trabajo se realizó recopilando y seleccionando las sentencias dictadas por los tribunales nacionales entre los años 2003 e inicios de 2010. La recopilación se llevó a cabo utilizando la base de datos en línea del Ministerio Público, la que reúne sentencias dictadas por Jugados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Cada sentencia se esquematizó mediante la elaboración de una ficha, que informa sobre los aspectos más relevantes de ella. Este trabajo contiene un total de 86 fichas, ordenadas de acuerdo a la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y clasificadas de acuerdo a las consideraciones relevantes efectuadas por el tribunal. Cada ficha tiene asignado un número, al que el índice de clasificación se remite. Es de esperar que este trabajo sirva como fuente de información a quien desee consultarlo, al tratarse de una investigación seria, práctica y actualizada sobre el tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la primera parte de este trabajo realizamos un análisis general de los delitos relacionados con la insolvencia punible respecto del bien jurídico protegido y la tipicidad objetiva (acción, sujetos, objetos, resultado, etc.) de los mismos. Posteriormente efectuamos un estudio particularizado de las figuras delictivas que forman parte de nuestro sistema concursal penal, tanto de aquellas que contiene la Ley de Quiebras como de las establecidas en el Código Penal. Este análisis incluye una descripción de cómo se han tipificado las conductas en el Derecho comparado. Finalmente, entregamos nuestras conclusiones, proponiendo las bases y estableciendo los criterios que se deben tener en cuenta para una reforma sustantiva de nuestro sistema concursal penal, tanto en la forma como en el fondo.

Doctor en Sistemas de Ingeniería / Una agrupación delictiva es una red ilegal en la que no necesariamente existe una estructura jerárquica, sino más bien una estructura horizontal, en la que se observa resiliencia y un reclutamiento y ubicación de los miembros basada en la naturaleza de la actividad, dada por las relaciones preexistentes de trabajo, familiares, étnicas, contactos etc. Un enfoque de red social ofrece un medio eficiente y eficaz para identificar, analizar y explicar el fenómeno de grupos delictuales, pues las relaciones humanas constituyen el mínimo común denominador. En el análisis de agrupaciones delictivas bajo un enfoque de red social son dos los temas de gran interés: la identificación de individuos claves en la red y la búsqueda de asociación. La identificación de individuos claves permite identificar individuos con alta influencia en la red, lo que se relaciona a un rol clave en una agrupación delictiva. La búsqueda de asociación permite dejar al descubierto relaciones entre individuos, que a simple vista, parecieran no existir, facilitando la identificación de grupos delictivos. Los mecanismos tradicionales que permiten llevar a cabo estas tareas, consideran como información esencial aquella que permite establecer un vínculo entre individuos. Esta investigación plantea un nuevo enfoque, la incorporación de atributos que describen información inherente a cada individuo y que no es considerada para establecer una relación entre ellos. Esta información puede estar comprendida por antecedentes socioeconómicos, antecedentes delictivos, antecedentes educacionales, entre otros utilizados y que son fundamentales para el éxito de una investigación policial. Mediante este enfoque, se propone un nuevo evaluador de la importancia de los nodos y un nuevo modelo para la búsqueda de asociación. En nuevo evaluador es llamado Social Network Criminal Suspect Evaluato (SNCSE) y para su elaboración se utilizó una novedosa perspectiva, basada en conceptos de la teoría de capital humano y social, en una estructura de análisis basada en una ego red y en una analogía entre la interacción social y la teoría de campos. El SNCSE fue aplicado y sus resultados comparado con evaluadores tradicionales, mostrando un mejor comportamiento y permitiendo concluir que la incorporación de atributos individuales permite identificar individuos sospechosos claves con más precisión. El nuevo modelo de búsqueda de asociación es llamado Linear Rational Association Model (LiRAM) e identifica la mejor asociación entre dos individuos, maximizando la función de utilidad de uno de ellos. El LiRAM es aplicado y sus resultados son comparados con otro método de asociación, dando cuenta de su eficacia y flexibilidad.

La presente investigación está referida al análisis de la atención de urgencia de casos de violencia familiar y sexual, los cuales son atendidos a través del Servicio de Atención Urgente (SAU), servicio del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y que posteriormente son derivados al Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Juan de Lurigancho. El objetivo de la investigación es analizar las características del modelo de atención del Servicio de Atención Urgente, y si estas responden a las expectativas y necesidades de las víctimas de violencia. La investigación es de tipo descriptivo con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Para el enfoque cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas así como la aplicación de escalas Likert a los proveedores del SAU y a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, que han sido atendidas por este servicio y posteriormente derivadas al CEM de San Juan de Lurigancho; estos instrumentos fueron utilizados con la finalidad de conocer su experiencia y la calidad de atención en este servicio. Para la metodología cuantitativa se utilizó la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015, así como la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2013.

Aborda los problemas que se presentan al momento de la calificación del tipo penal de delito informático, ya sea al formalizar la denuncia fiscal o al calificar dicha denuncia por el órgano jurisdiccional y su impunidad. Demuestra que las conductas que emplean, utilizan o se basan en sistemas informáticos se encuentran deficiente e insuficientemente tipificadas y el ordenamiento jurídico resulta inadecuado para abarcar las principales manifestaciones que afectan importantes bienes jurídicos. Busca determinar si existe una conducta a la que se pueda denominar en sentido estricto como “delito informático”; identificar cuáles son las limitaciones que existen en la tipificación del delito informático al momento de formalizar la denuncia fiscal y/o en su calificación judicial; demostrar que el delito informático se confunde en su calificación con otros tipos penales, de tal forma que se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica; identificar cuáles son las manifestaciones de la criminalidad informática que no se encuentran tipificadas; demostrar que la Ley 27309 no tipifica correctamente las afectaciones del patrimonio individual con el uso de sistemas informáticos, pues éste se encuentra tipificado en el artículo 183.3 del Código Penal, entre otros. Como hipótesis general se ha planteado la siguiente: La inadecuada tipificación del delito informático y de las conductas que utilizan los sistemas informáticos, la existencia de conductas vinculadas a las nuevas tecnologías que teniendo relevancia penal no se encuentran tipificadas, y el uso de nueva tecnología en la comisión de los tipos penales tradicionales, son los factores que afectan la subsunción, formalización, procesamiento y eventual sanción –generando sensación de impunidad- de conductas que hacen uso de medios informáticos en la comisión de delitos en el distrito judicial de Lima, durante el período 2009-2010. / Tesis

Este trabajo nos coloca ante la interrogante de verificar como reacciona el aparato punitivo nacional frente a aquellas conductas que afectan o ponen en peligro aquellos intereses no diferentes a los de la conservación del poder mismo.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Trata sobre la política del Estado (política criminal) en la protección y asistencia de las víctimas de delitos violentos (homicidio, asesinato, lesiones, aborto, agresiones sexuales, etc.), dado que este tipo de delitos al causar grandes estragos y daños a la víctima, afectan gravemente los derechos fundamentales de la persona; por lo que siendo unas de las funciones principales del Estado, brindar seguridad y protección a la sociedad en general, en el presente estudio se trata de determinar y plantear una política del Estado dirigida a la protección y atención a la víctimas de los delitos violentos. / Tesis

Al final de la presente investigación, ha quedado demostrada la existencia de criterios razonables para la aplicación de la atenuación facultativa de la pena del art. 13.2 del código penal al oficial de cumplimiento por lavado de activos, al ser el reproche de su conducta omisiva de menor desvalor respecto a quien ostenta el dominio del hecho delictivo de forma activa, así como también por ser la posición de garantía que ostenta delegada de quien originariamente se encuentra obligado a preservarla. Lo anteriormente señalado en razón de la proliferación masiva del delito de lavado de activos, por lo cual la delimitación de dicho problema y la intención de erradicarlo mediante mecanismos de prevención de dicho delito es trascendental; estos mecanismos de prevención son los denominados Criminal Compliance, que son instrumentos de prevención que radica que al ser de obligatoria implementación a empresas propensas a tener relaciones comerciales derivadas de dicho delito, se busca identificar, desvirtuar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que intervengan en dicho actividad, siendo esta obligación de prevención y fiscalización originariamente de los Directores y Titulares de las Empresas, teniendo la condición de Sujetos Obligados, pero para hacer eficiente su labor es que delegan dichas funciones a los Compliance Officer. La conducta desplegada por el Oficial de Cumplimiento, es un actuar especializado y en el ejercicio de una función principal derivada de una obligación legal por contrato y ley, que constituye una posición de garante, y esta es necesaria para la imputación de una modalidad especial de comisión por omisión del oficial de cumplimiento, a título de autor y de determinar la pena concreta a imponérsele por lavado de activos, realizando un test de proporcionalidad de la atenuación facultativa del art. 13.2 del Código Penal, esta si corresponde aplicarla al oficial de cumplimiento. / Tesis