El artículo académico tiene como finalidad demostrar si se presenta una afectación a los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas que presuntamente son generadas por la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea que estos hayan sido instalados en bienes de dominio público o en bienes de dominio privado de los gobiernos locales por parte de los operadores de telecomunicaciones. En el mismo sentido, se busca determinar si los referidos gobiernos locales pueden emitir disposiciones normativas y/o adoptar decisiones administrativas que limiten la aprobación de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, argumentando la referida afectación de derechos. Para responder dichas interrogantes se ha recurrido a la identificación, revisión y análisis de la normativas, doctrina, jurisprudencia y el análisis de casos concretos referidos las autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, a la actuación de los gobiernos locales sobre la emisión de las mismas y los límites de su función normativa; así como a la presunta afectación de derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas a partir de la emisión de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Las normas sobre zonificación urbana existen en todo el mundo y están, prácticamente, desde el nacimiento de las principales ciudades, con la finalidad de encontrar un balance entre el desarrollo de las grandes ciudades y sus negocios y el desarrollo de un ambiente sano y equilibrado para sus habitantes. Sin perjuicio de lo antes mencionado, las normas sobre zonificación urbana no son revisadas ni reevaluadas periódicamente, conforme el pasar del tiempo. Por el contrario, mediante el presente análisis, se evidencia que la gran parte de las autoridades competentes no replantean estas normas conforme a los avances y cambios que afrontan las ciudades. Es por este motivo que las normas sobre zonificación urbana, muchas veces caen en ineficientes, constituyéndose como barreras burocráticas para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, al prohibir la realización de determinadas actividades económicas, sin considerar que los cambios de las ciudades desde la emisión de dichas normas de zonificación, pudieron haber cambiado y permitir dichas actividades económicas al día de hoy. El presente trabajo, pretende introducir el origen de las normas de zonificación urbana y explicar al lector la importancia de ellas para el ordenamiento de la economía local, pues su inadecuada vigencia, podría traer mayores conflictos que beneficios para la ciudad a la que se le aplican.

Este informe tiene por objeto realizar un análisis de las solicitudes de reconocimiento de créditos a favor del Ministerio de Energía y Minas dentro del procedimiento concursal ordinario al cual se sometió Doe Run Perú S.A. A entender del Ministerio, el incumplimiento de Doe Run de i) llevar a cabo un proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental y ii) no renovar dos cartas fianza producto de la última prórroga del plazo para ejecutar el proyecto genera en a su favor dos créditos concursales del quinto orden. En este informe se analizan las instituciones jurídicas de Derecho de Obligaciones, Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, las cuales fueron abordadas por las partes, la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI y la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI. Se utiliza una metodología bibliográfica al emplear la jurisprudencia y doctrina especializada en la revisión y análisis del caso. Las conclusiones principales son i) que el incumplimiento de Doe Run de llevar a capo proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental sí genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en la medida que la sanción administrativa prevista para este incumplimiento no excluye la posibilidad de responsabilidad civil; y, ii) que el incumplimiento de Doe Run de no renovar las cartas fianza no genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en tanto las cartas fianza no son una obligación independiente, sino un instrumento para garantizar una obligación.

Mediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. Para ello evaluaremos los pronunciamientos emitidos en virtud de las normas que han existido sobre la materia a lo largo de estos años, tanto por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, así como por parte del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. En base a ello, junto a lo desarrollado por parte de la doctrina, buscamos resaltar y diferenciar los aciertos y desaciertos contenidos en dichos pronunciamientos. De esta manera, buscamos establecer que, a nuestro criterio, dicho principio debe ser interpretado considerando los siguientes parámetros interpretativos: i) “inducir”, debe ser considerado como convencer y determinar la comisión del acto ilegal, de manera objetiva y fácticamente comprobable; ii) “acto ilegal” es solo norma de rango de ley; iii) para acreditar una inducción a cometer un acto ilegal, se deben presentar pruebas suficientes que constaten una relación causal entre la visualización de la publicidad y un aumento en la comisión del acto ilegal, y; iv) una modalidad de inducción a cometer actos ilegales sería convencer al destinatario que dicha conducta no es ilegal y que, en base a ello, este la replique. / By means of this research, we seek to analyze and criticize the main existing pronouncements on the Principle of Social Adequacy in the modality of inducement to commit illegal acts. For this purpose, we will evaluate the pronouncements issued under the rules that have existed on the matter over the years, both by the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property, as well as by the National Council for Advertising Self-Regulation. On this basis, together with what has been developed by the doctrine, we seek to highlight and differentiate the rights and wrongs contained in such pronouncements. In this way, we seek to establish that, in our opinion, such principle must be interpreted considering the following interpretative parameters: (i) "inducing", must be considered as convincing and determining the commission of the illegal act, in an objective and factually verifiable manner; (ii) "illegal act" is only a norm of the rank of law; (iii) in order to prove an inducement to commit an illegal act, sufficient evidence must be presented to prove a causal relationship between the visualization of the advertising and an increase in the commission of the illegal act, and; (iv) a modality of inducement to commit illegal acts would be to convince the recipient that such conduct is not illegal and that, based on this, the recipient would replicate it. / Trabajo académico

El presente trabajo expone el marco jurídico especial que regula a las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA). Identifica cual es la naturaleza jurídica que ostentan, los órganos que la integran y la función que cumplen relacionada con la prestación de servicio de abastecimiento del recurso hídrico a los usuarios de agua. Por otra parte, se desarrolla el impacto generado a las OUA, por la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y la restricción de derechos constitucionales que no permitían que las asociaciones pueden renovar el consejo directivo, corriendo el riesgo de una acefalía, afectando de esa manera la continuidad del servicio de abastecimiento de agua, cuya actividad es de interés general. Así también, se desarrolla otra problemática suscitada durante el proceso para la elección de los integrantes del comité de dirección de las OUA, centrándose especialmente en la Junta de Usuarios de Agua, quienes se encuentran a cargo de administrar el recurso hídrico y operar la infraestructura hidráulica, cuya titularidad ostenta el Estado, pero que se agencia del privado para poder abastecer a la población, especialmente en las zonas rurales, donde el sector público no puede acceder. El objetivo de esta actividad es poder dar a conocer el rol que ejercer las OUA. La relación que tales organizaciones mantienen con el Estado. La problemática que existe en la esfera interna y la ausencia de una regulación especial que establezca soluciones a efecto de evitar la falta de representatividad. / This paper presents the special legal framework that regulates the Water Users' Organizations (WUO). It identifies their legal nature, the bodies that comprise them and their function related to the provision of water supply services to water users. On the other hand, it develops the impact generated to the WUOs, by the declaration of the state of sanitary emergency and the restriction of constitutional rights that did not allow the associations to renew the board of directors, running the risk of an acephaly, thus affecting the continuity of the water supply service, whose activity is of general interest. Another problem that arose during the process for the election of the members of the WUO's steering committee is also developed, focusing especially on the Water Users' Board, which is in charge of managing the water resource and operating the hydraulic infrastructure, whose ownership is held by the State, but which relies on the private sector to supply the population, especially in rural areas, where the public sector cannot have access to it. The objective of this activity is to make known the role played by the WUO. The relationship that such organizations maintain with the State. The problems that exist in the internal sphere and the absence of a special regulation that establishes solutions in order to avoid the lack of representativeness. / Trabajo académico

El presente informe versa en torno al Expediente Nº 374-2013-OEFA/DFSAI-PAS, el cual culmina con un Precedente de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución Nº 021-2014-OEFA/TFA-SEP1 emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En el mencionado precedente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), interpreta las obligaciones contenidas en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 016-93-EM, ya que este tema ha sido materia de cuestionamiento en numerosos expedientes del OEFA. En ese sentido, lo que se analiza es la interpretación dada por la autoridad respecto del mencionado artículo y las obligaciones que contiene, siendo una de ella la de: “(…)adoptar medidas de prevención necesarias para impedir o evitar que los elementos y/o sustancias generados como consecuencia de la actividad minera causen o puedan causar efectos adversos al ambiente1”. Asimismo, se analiza el desarrollo de las resoluciones decisoras que se emitieron a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, al amparo de los principios tanto del derecho administrativo como ambiental, tomando en cuenta la legislación aplicable, jurisprudencia y doctrina. El análisis de este expediente concluye que, en este procedimiento administrativo sancionador se vulneraron principios importantes tales como el de legalidad, tipicidad, razonabilidad y otros. Lo cual trae consecuencias perjudiciales para los titulares mineros en tanto que con el precedente de observancia obligatoria, se podría inferir que en virtud del principio de prevención la autoridad decisora puede sancionar de manera discrecional, en tanto que el precedente dota de un numero indeterminados de hechos que pueden ser sancionados, pues no tiene en cuenta si este hecho configura efectivamente un daño ambiental o no, además tampoco tipifica exhaustivamente los hechos que configura una infracción del Artículo Nº 5 del Decreto Supremo Nº 016-93-EM.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la innegable transgresión del Principio de causalidad en materia de Contrataciones del Estado a partir de la atribución de responsabilidad administrativa a una persona jurídica integrante de Consorcio al encontrarse impedida de ejercer los derechos para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado por efecto de la extensión de una sanción administrativa que fuera impuesta única y exclusivamente a su co-consorciada vinculada. Esto último como resultado de la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción de contratar estando impedido prevista en el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, configurada por el impedimento para contratar con el Estado del literal s) del artículo 11 de dicha Ley. Para tales efectos, se analizan los cuatro (4) supuestos de excepción a la regla general de responsabilidad solidaria para personas jurídicas que participan en consorcio cuando se le atribuye la comisión de la referida infracción, así como la naturaleza jurídica del impedimento aplicable en el caso particular. Asimismo, en el marco de ese procedimiento administrativo sancionador, se analiza la afectación de los derechos de las personas jurídicas que participan en consorcio en su calidad de administrados. En la misma línea, se analiza los otros principios transgredidos bajo esos parámetros que a su vez rigen y delimitan el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se analiza si el OSCE ha desarrollado uniformidad de criterio o predictibilidad a partir del principio de confianza legítima sobre la atribución de responsabilidad para integrantes de Consorcio. En consecuencia, se aprecia la afectación del principio de causalidad y de los otros principios que rigen la potestad sancionadora.

El presente trabajo se desarrolla bajo una metodología de análisis cualitativo de resoluciones emitidas por la Sala respecto a procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, pues si bien resulta eficiente este tipo de procedimiento tanto para los administrados como para la propia Administración Pública, se advierte que muchas resoluciones han sido declaradas improcedentes al no determinar lo que constituye una barrera burocrática, la cual constituye materia de análisis bajo este tipo de procedimiento, por lo que, de no ser así como resultado de un análisis general, su aplicación no resultaría ser del todo eficiente. En tal sentido, se advierte que ello es consecuencia de la falta de una metodología del examen de procedencia de la denuncia presentada en el marco de este tipo de procedimiento, el cual por su propia naturaleza sui generis requiere de determinadas pautas a seguir a fin de que este procedimiento logre su propósito en los términos de eficiencia que se refleja en el ahorro que representa para los administrados y la Administración Publica al realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la actuación de esta última.

El presente trabajo académico gira en torno a un tema que a primera mano se podría pensar que poco o nada tiene relación con el derecho registral: el régimen de playas. Empezando desde los antecedentes normativos a dicho concepto al igual que su definición y zonas comprendidas en el mismo régimen. Importante conocer su naturaleza jurídica mediante el tratamiento jurídico, los problemas que presenta y su análisis y estudio por parte de Registros Públicos, puesto que se viene desarrollando desde lo técnico o conceptual sin conocer su base jurídica y social. También, no quise dejar a un lado la problemática que se genera al momento de solicitar autorizaciones y derechos otorgados por las municipalidades y entidades administrativas a favor de los particulares, trayendo consigo problemas más severos como la falta de ordenamiento territorial en torno a la ubicación de las mismas. Pero este problema no solo se presenta en nuestro país, es por ello que se desarrolla los casos de países vecinos que en algunos casos han desarrollado con mayor énfasis el régimen de playas y su estudio a lo largo de los últimos años.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista en la Primera Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, y si es posible su inaplicación por parte del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN mediante el control de legalidad. La Primera Disposición Final señala que las compensaciones por deficiencias en las redes de transmisión, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de las ventas semestrales por servicios de transmisión de la respectiva empresa transmisora. Por lo tanto, se configura una excepción al pago de resarcimientos por interrupciones en el servicio de suministro, ya que si la transmisora no percibe ventas semestrales, se encontrará exenta de cumplir con esta obligación