El artículo tiene como propósito de investigación revisar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al contenido de protección del derecho a un medio ambiente sano (DMAS) como derecho autónomo que reviste de la esencia del enfoque eco-céntrico. Para este cometido, primero revisaremos el camino de la evolución interpretativa acerca de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) hasta llegar a examinar la aseveración de su justiciabilidad directa. En segundo lugar, identifcaremos el itenarario jurisprudencial especifico sobre el DMAS enfatizando en qué momento de este trayecto se hace el giro del enfoque antropocentrico hacia el enfoque eco-céntrico, en el cual, la naturaleza vendrá a adquirir mecanismos de protección para sí misma. En tercer término, revisaremos que obligaciones generales se asocian al contenido del DMAS en base a los lineamientos obligacionales que se ha ido promoviendo para los derechos DESCA, y que obligaciones especificas la Corte IDH ha acogido del Derecho Ambiental Internacional (DAI). Luego, se identificará que tipo de reparaciones se vinculan al DMAS. Para llegar a la conclusión que el enfoque eco-céntrico ha permitido ampliar los destinatarios de protección del DMAS, ello implica que los Estados se encuetran constreñidos a establecer una serie de medidas que garanticen no solo la salvaguardia de los derechos del ser humano, sino de todos los seres vivos y componentes de la naturaleza. / The purpose of the article is to review the jurisprudential development of the Inter-American Court of Human Rights (IDH Court) regarding the content of the protection of the right to a healthy environment (DMAS) as an autonomous right that has the essence of the eco-centric approach. For this purpose, we will first review the path of interpretive evolution regarding economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) until we get to examine the assertion of its direct justiciability. Secondly, we will identify the specific jurisprudential itinerary on DMAS, emphasizing at what point in this journey the anthropocentric approach turns towards the eco-centric approach, in which nature will come to acquire protection mechanisms for itself. Thirdly, we will review what general obligations are associated with the content of the DMAS based on the mandatory guidelines that have been promoted for ESCER rights, and what specific obligations the Inter-American Court has accepted from International Environmental Law. Then, it will be identified what kind of repairs are linked to DMAS. To reach the conclusion that the eco-centric approach has made it possible to expand the recipients of DMAS protection, this implies that the States are constrained to establish a series of measures that guarantee not only the safeguarding of the rights of the human being, but also of all living beings and components of nature. / Trabajo académico

El Calentamiento Global es un fenómeno que tampoco respeta fronteras, sus efectos se manifiestan alrededor de todo el mundo sin importar quienes fueron sus mayores contribuyentes; por ello, ha sido necesario pensar en una estrategia colectiva para mitigar sus efectos. Este fenómeno es considerado hoy como una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad. . En medio de éste panorama surge el Protocolo de Kyoto, tratado internacional que reúne a varios países en busca de una estrategia que les permita mitigar de manera considerable las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Desde mediados del siglo XX se ha venido considerando en el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el asunto de la problemática ambiental global. Nos referimos a la constatación de que la degradación de diversos ecosistemas de la biosfera está afectando calidad de vida de la humanidad. A ello debe sumársele, ya hacia finales del siglo, la introducción –a manera de un problema‒ en la agenda de la ONU de una cuestión novedosa en la era contemporánea: el cambio climático, fenómeno que contiene un potencial aun mayor que la degradación ambiental propiamente dicha para afectar a la arriba aludida calidad de vida de la humanidad. Hoy por hoy, las causas y las consecuencias del cambio climático se integran con aquellas propias de la degradación ambiental, conformando de esta manera la problemática climático-ambiental global. Como veremos en la presente investigación, la problemática climático-ambiental global ha sido atendida, tanto desde el sistema de la ONU, como desde el entramado institucional en y alrededor de aquél (los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales), teniendo como preocupación central la temática mundial del desarrollo (desde distintos enfoques) y como marco conceptual eje al derecho ambiental internacional contemporáneo (DAI). En esta línea, la mencionada problemática preocupa centralmente a distintos actores en tanto merma las posibilidades de desarrollo presentes y futuras ‒de individuos y de comunidades‒ especialmente en poblaciones en situación de pobreza.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La judicialización del cambio climático ha aumentado exponencialmente dentro de los últimos años, debido a la lenta reacción de los Estados en tomar las medidas legislativas necesarias para adaptar a la sociedad actual a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos dentro de este nuevo movimiento es el de Urgenda vs Holanda, en donde el Tribunal ordenó al Estado que redujera sus emisiones de GEI en al menos un 25% para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, basado en la evidencia científica disponible y en los compromisos internacionales adoptados por el Estado. Sin embargo, y a pesar del éxito del caso anteriormente mencionado, la mayoría de estos juicios no corren la misma suerte, principalmente por dos grandes problemas: El primero de ellos es la prueba de la causalidad, la que se ve muchas veces obstaculizada debido a la naturaleza difusa del daño ambiental. El segundo problema es la reticencia de los tribunales a aceptar la evidencia científica como argumento válido para imputar responsabilidad o para establecer un deber de cuidado respecto del demandado. El objetivo de este artículo es, en base al análisis de doctrina especializada y jurisprudencia nacional y comparada, revisar estas dificultades y descubrir sus posibles soluciones, las que van desde la inversión de la carga de la prueba, hasta las presunciones de responsabilidad. Por otro lado, también se pretende analizar el caso Urgenda vs Holanda con la finalidad de exponer los principales puntos de la sentencia, para luego pasar a la revisión de la prueba de la causalidad y por qué razones fue aceptada la evidencia científica del IPCC en este caso, lo que ha traído como consecuencia un nuevo movimiento de demandas en contra de Estados por razones y con argumentos muy similares a los entregados por la Fundación Urgenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El desarrollo sustentable implica un equilibrio equitativo en lo relativo a economía, medio ambiente y sociedad, de forma que el crecimiento sea viable en el largo plazo sin sacrificar significativamente ninguna de las variables mencionadas. Esta nueva concepción ha cambiado la mirada sobre los procesos de desarrollo de los países, no considerándose como suficiente el mero crecimiento económico. La política energética es una rama de la política de desarrollo de un país. Es por esta razón que es posible reflexionar acerca de si las formas actuales de producción de energía ayudan o, por el contrario, obstaculizan el logro de un desarrollo sustentable. Comenzaremos analizando qué es una política energética y, por supuesto, qué es una política energética sustentable. A nivel internacional se ha señalado la insostenibilidad de los actuales sistemas energéticos, señalándose la necesidad de un cambio en las políticas energéticas de los países, con el fin de lograr el desarrollo sustentable. Diversos países han realizado cambios en sus políticas energéticas; analizaremos los casos de Dinamarca, la Unión Europea, Estados Unidos, el Estado de California y, dentro de nuestros vecinos, a Argentina, con el fin de constatar ciertas tendencias comparadas en materia de política energética. Luego, analizaremos la evolución chilena en materia eléctrica, con el fin de identificar la evolución chilena en materia de política energética, desde sus inicios a mediados del siglo XIX con la instalación de las primeras líneas telegráficas, hasta la dictación de la ley 20.257 sobre energías renovables no convencionales. Finalmente, analizaremos legalmente el Proyecto Hidroeléctrico Aysén, su tramitación y también diversos tratados internacionales que le atañen, con el fin de analizar si se ajusta o no, a la luz de los antecedentes estudiados, a una opción de política energética sustentable.

Magíster en Estudios Internacionales / El Derecho Internacional de nuestro tiempo, ha sido una de las ramas jurídicas que con mayor fuerza y rapidez ha evolucionado; en razón de ello se ha especializado en diversos y abundantes regímenes normativos sectoriales o temáticos, abarcando áreas referentes a DD.HH, protección a la inversión extranjera, derecho del mar, comercio internacional, protección ambiental entre muchos otros; situación que en ciertas áreas ha creado una intensa red institucional generadora de normas y principios, tanto por la vía consuetudinaria como por la vía positiva. La expansión material del Derecho Internacional se expresa en lo que se ha señalado anteriormente, esto es en la aparición de nuevas áreas especializadas de este Derecho. Además de ello, los Estados -en forma paralela- han establecido reglas regionales, como una de las consecuencias de la amplia libertad de disposición que esta rama jurídica reserva a sus actores, quiénes en sus respectivos ámbitos regionales han constituido regímenes jurídicos adaptando a sus propias realidades normas generales o derechamente ampliándolas con el objeto de proteger de una forma más eficaz el bien jurídico resguardado. Lo que en palabras de Gerhard Hafner (2010, s/p), se explica por el hecho que, el Derecho Internacional es un derecho, esencialmente, de coordinación y carente de instituciones centralizadas, producto de lo cual se crea una vasta y heterogénea red de regímenes sectoriales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La regulación del cambio climático es bastante reciente, y más aún su judicialización. Si bien en un principio no era visto como un fenómeno de efecto antrópico, esto cambia con los avances e informes científicos, que cada vez van confirmando más esta teoría. A medida que este va siendo aceptado como un problema real, se comienza a regular en el derecho internacional, a través de progresivos acuerdos que establecen límites a la generación de emisiones. El problema aparece cuando muchos de estos países que ratifican instrumentos internacionales y adquieren el compromiso de disminuir sus emisiones, finalmente terminan instaurando políticas públicas que no se condicen con los compromisos internacionales adquiridos constituyendo una razón de judicialización.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante aproximadamente veinte años, el fenómeno del cambio climático ha sido parte de la agenda internacional a nivel mundial. Si bien han existido diversos tratados, protocolos y acuerdos en torno a este tema, el derecho medioambiental internacional ha sido insuficiente para regular de manera acertada los efectos que provoca el calentamiento global, debido a la escasa densidad jurídica de estos instrumentos legales.

El incremento de las actividades mineras en el Perú y el mundo se ha producido de modo acelerado en las últimas décadas, como resultado de la dinámica de la economía mundial y el surgimiento de nuevos actores económicos globales como China. Esas actividades se han extendido hasta las líneas de frontera, siendo motivo de preocupación por los eventuales riesgos que dichas operaciones implican y por los impactos y daños que podrían tener en el bienestar de las personas y el ambiente en el territorio del otro país. Por ese motivo, hacemos un análisis de la decisión adoptada en el caso entre Costa Rica y Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia y la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedido de Colombia, a la luz de cuyos criterios analizamos el caso del proyecto minero Pucamarca y la necesidad de ampliar el alcance de los instrumentos de gestión ambiental a las actividades de frontera e impactos en el territorio del otro país. / The increase in mining activities in Peru and the world has occurred rapidly in recent decades, because of the dynamics of the world economy and the emergence of new global economic actor such as China. These activities have extended to the border lines, being a cause for concern for the possible risks that such operations imply and for the impacts and harms they could have on the well-being of people and the environment in the territory of the other country. For this reason, we analyze the decision adopted in the case between Costa Rica and Nicaragua by the International Court of Justice and the Advisory Opinion issued by the Inter-American Court of Human Rights at the request of Colombia, considering whose criteria we analyze the case of the Pucamarca mining project and the need to expand the scope of environmental management instruments to border activities and impacts on the territory of the other country.

El Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica a nivel global, ello se refleja en la gran variedad de especies y de recursos genéticos en su territorio. A pesar de ese gran bagaje, el empleo de los recursos genéticos peruanos en investigaciones básicas y aplicadas nacionales es menor, ello si se compara con países que poseen una riqueza similar y que han estimulado el empleo de sus recursos genéticos en este tipo de investigaciones, como Brasil y Colombia. La experiencia brasileña y colombiana son importantes referentes para el caso peruano, pues en la actualidad no solo comparten una riqueza biodiversa similar, inicialmente también compartían una regulación de acceso a recursos genéticos similar. Sin embargo, Brasil y Colombia han sabido adaptar la regulación del acceso a recursos genéticos a sus necesidades, facilitando su empleo en diversas investigaciones. Lo mismo no ha sucedido en el caso peruano. Por ello es importante observar y evaluar las experiencias de los países antes mencionados a fin de proponer cambios en la regulación de acceso a recursos genéticos peruanos e incentivar el desarrollo del conocimiento y facilitar la innovación sobre uno de los patrimonios más ricos del país.