El presente trabajo tiene por objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional peruano N° 00032-2021-PI/TC, “Caso de la cuestión de confianza II”, por el cual el Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú”, la cual fue aprobada por insistencia y promulgada por el Congreso de la República. Tratándose de un proceso de inconstitucionalidad, se requerían cinco votos para declarar la demanda fundada y, consecuentemente, inconstitucional la ley impugnada. Sin embargo, este hecho no se produjo, pues cuatro magistrados emitieron votos singulares declarando infundada la demanda y sólo dos magistrados votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 31355. En ese sentido, en el presente trabajo se sostendrá que, contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional, la Ley N° 31355 es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Para ello, se seguirá la estructura propuesta por el exmagistrado Espinosa-Saldaña en su ponencia, incluyendo las consideraciones expuestas por los demás magistrados en sus votos singulares. Así, en primer lugar, se realizará el examen de constitucionalidad formal de la Ley N° 31355. De un lado, se pondrá de manifiesto que el contenido material de la ley impugnada modifica el marco jurídico - constitucional actual, en virtud de lo cual su aprobación debió darse mediante ley de reforma constitucional y no a través de una ley ordinaria. De otro lado, se analizará el exceso del Congreso de la República en el ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 102.1 de la Constitución, respecto de su atribución para interpretar las leyes. En segundo lugar, se realizará el examen de constitucionalidad sustantiva de la Ley N° 31355. Para ello se desarrollará un breve repaso sobre la naturaleza, objeto y alcances de la cuestión de confianza en el texto constitucional peruano. Acto seguido, se abordarán los límites que la Ley N° 31355 establece a la cuestión de confianza y cómo estos vulneran el principio constitucional de separación y equilibrio de poderes. Finalmente, se desarrollará la vulneración de las competencias del Tribunal Constitucional frente al desconocimiento de su doctrina jurisprudencial por parte del Congreso de la República. / The objective of this paper is to analyze the sentence of the Peruvian Constitutional Court No. 00032-2021-PI/TC, "Case of the question of trust II", by which the Executive Branch files a claim of unconstitutionality against Law No. 31355, "Law that develops the exercise of the matter of trust regulated in the last paragraph of article 132 and in article 133 of the Political Constitution of Peru", which was approved by insistence and promulgated by the Congress of the Republic. In the case of an unconstitutionality process, five votes were required to declare the claim founded and, consequently, the challenged law unconstitutional. However, this fact did not occur, since four magistrates issued separate votes declaring the lawsuit unfounded and only two magistrates voted in favor of declaring Law No. 31355 unconstitutional. In this sense, in the present work it will be argued that contrary to what was decided by the Constitutional Court, Law No. 31355 is unconstitutional, both in form and substance. To do this, it will follow the structure proposed by Judge Espinosa-Saldaña in his presentation, including the considerations set forth by the other judges in their individual votes. Thus, in the first place, the formal constitutionality examination of Law No. 31355 will be carried out. On the one hand, it will be shown that the material content of the contested law modifies the current legal-constitutional framework, by virtue of which its Approval should have been through a constitutional reform law and not through an ordinary law. On the other hand, the excess of the Congress of the Republic will be analyzed in the exercise of its powers established in article 102.1 of the Constitution, regarding its attribution to interpret the laws. Second, an examination of the substantive constitutionality of Law No. 31355 will be carried out. For this, a brief review of the nature, object, and scope of the question of trust in the Peruvian constitutional text will be developed. Then, the limits that Law No. 31355 establishes to the question of trust will be addressed, and how these violate the constitutional principle of separation of powers, which includes the balance and balance of powers; and, finally, will be addressed the violation of the powers of the Constitutional Court against the lack of knowledge of its jurisprudential doctrine by the Congress of the Republic.

El presente Informe Jurídico versa en torno a una de las sentencias más relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano: la sentencia 142-2011-AA/TC, también conocida como el caso Minera María Julia. La sentencia estableció los tres únicos posibles casos de procedencia del amparo contra laudo arbitral, definiendo que, para los demás casos, el medio idóneo era el recurso de anulación de laudo. El presente informe analiza lo establecido por el Tribunal Constitucional considerando la naturaleza tanto del recurso de anulación de laudo como de la acción de amparo arbitral. Para ello, se realiza un análisis del recurso de anulación de laudo, observando si se trata de un recurso o de un proceso autónomo. De igual manera, se analiza cuánta capacidad real tiene el recurso de anulación de laudo para proteger derechos fundamentales en reemplazo de la acción de amparo. Posteriormente, se revisa la naturaleza de la acción de amparo, determinando la necesidad de mantener su carácter de urgencia y de proceso residual. Finalmente, se observa el conflicto que surge al querer determinar cómo armonizar el correcto uso del recurso de anulación de laudo con la necesidad de mantener al proceso de amparo como una vía residual, concluyéndose que debe añadirse un criterio adicional. / This Legal Report deals with one of the most relevant judgments issued by the Peruvian Constitutional Court: Judgment 142-2011-AA/TC, also known as the Minera María Julia case. The judgment established the only three possible cases in which an amparo action against an arbitration award could be granted, defining that, for the other cases, the appropriate remedy was the appeal for annulment of the award. This report analyzes the Constitutional Court's ruling, considering the nature of both the appeal for annulment of the award and the amparo action. To this end, an analysis is made of the appeal for annulment of the award, noting whether it is an appeal/recourse or an autonomous process. Likewise, an analysis is made of the real capacity of the appeal for annulment of the award to protect fundamental rights in replacement of the amparo action. Subsequently, the nature of the amparo action is reviewed, determining the need to maintain its character of urgency and residual process. Finally, the conflict that arises when trying to determine how to harmonize the correct use of the appeal for annulment of the award with the need to maintain the amparo process as a residual remedy is observed, concluding that an additional criterion must be added.

El presente informe tiene como propósito realizar un análisis de la sentencia N° 0003- 2007- PC/TC, la cual versa sobre las materias de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. La sentencia se dio el 21 de noviembre del año 2007, asimismo, en ella se resolvió sobre un proceso competencial entre la Municipalidad Distrital de Surquillo como sujeto demandante y la Municipalidad Distrital de Miraflores como sujeto demandado. En el conflicto de carácter competencial, la Municipalidad Distrital de Surquillo alegó que se vulneraron las competencias de carácter constitucional previstas en los artículos número 194, 195.3 y 195.5 por parte de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Esta vulneración fue producto del Acuerdo de Concejo N° 032- 2007- MM. El señalado acuerdo aprobaba la privatización del inmueble Mercado de Abastos N°1, así como también disponía la conformación de un Comité Especial de Privatización para poder llevar a cabo el enunciado proceso. Empero, el inmueble sobre el que versa el acto administrativo se encuentra geográficamente localizado en territorio que se encuentra demarcado y denominado actualmente como el distrito de Surquillo, el cual se creó mediante Decreto Ley N° 11053 en el año 1949. De esta manera, en el presente informe, se realiza un análisis de la sentencia que contiene, para aquel fin, la identificación de problemas jurídicos del caso, de los conceptos jurídicamente relevantes, y tendrá como producto la toma de posición de la autora sobre la resolución del caso. La conclusión del informe se encuentra a favor de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, en la medida que se considera que el hecho de que no se haya traspasado la titularidad del inmueble mediante algún documento específico que dicte aquello no implica que la Municipalidad Distrital de Miraflores pueda transgredir los principios del Estado Constitucional de Derecho, como lo es, en específico, el principio de competencia territorial.

Se desarrolla el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucionalidad que declaró fundada parcialmente la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que declara de interés prioritario la protección de todas las fuentes de agua dulce ubicadas dentro de su jurisdicción entre otras medidas. Se analizan dos problemas. El primero relativo a la vulneración del principio de competencia y de taxatividad por parte de la municipalidad al emitir la Ordenanza Municipal No. 014-2018-MPSCH. El segundo problema aborda la cuestión de la aplicación efectiva del derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, reflexionándose sobre el papel que cumple el Tribunal Constitucional como entidad responsable de la defensa de la constitución y los derechos fundamentales y, en ese sentido, como creadora de derecho y promotora de la paz social. Se efectúa un análisis jurídico del bloque constitucional ambiental y de recursos naturales, comparando la sentencia del TC con otras sentencias similares

El Tribunal Constitucional, como institución autónoma e intérprete de la Constitución, además de ser escenario en el que se realiza argumentación jurídica, también es espacio de disputa de discursos políticos, pues es a través de los fundamentos de sus sentencias en que se legitiman ideologías. En la línea de las aproximaciones que los magistrados constitucionales peruanos realizan acerca del sistema de justicia indígena-comunal y de su comprensión de las circunstancias sociales, culturales y jurídicas que rodean a la diversidad de Pueblos Indígenas existentes en el Perú, se evidencian una serie de discursos jurídicos que, aunque intenten partir de una igualdad jurídica abstracta y apelen al reconocimiento jurídico de una pluralidad étnica y un pluralismo jurídico, en la realidad de los hechos evidencian relaciones de tensión, dado que sus interpretaciones acerca del artículo 149° de la Constitución reproducen preconcepciones y reflejan un abanico de posturas que, al explicitarse en sus sentencias, legitiman ideologías en las que no necesariamente se reconoce la autonomía jurisdiccional indígena ni la igualdad de condiciones entre las formas de justicia ordinaria y comunal. El presente texto propone analizar el corpus de seis sentencias del Tribunal Constitucional peruano, emitidas de 2009 a 2017, en las que dicho órgano interpretó los alcances del artículo 149°. A partir de ello, se busca determinar si es que los discursos jurídico-constitucionales expresados en dichas sentencias contemplan (o no) posturas de negación, asimilación, subordinación o de apertura hacia el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional indígena-comunal; para lo cual se hace uso del Análisis Crítico del Discurso (ACD) como método de deconstrucción de las argumentaciones jurídicas seleccionadas. Finalmente, se hace una reflexión sobre el Derecho como instrumento que emplea modos de acción discursivos que proyectan y a su vez son reflejo de las tensiones en la praxis social cotidiana.

El Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa ha venido proporcionando alimentos a personas en situación de vulnerabilidad por más de 50 años. No obstante, debido a ya no tener local por el término de una concesión, este Centro podría dejar de funcionar. Es por ello que, en el presente Informe se analizará si es que la inminente clausura del Centro vulneraría el derecho a la alimentación adecuada de los beneficiarios. Para este análisis, se debe determinar si el derecho a la alimentación, en tanto DESCA, es judiciable en el ordenamiento jurídico peruano; y, si es que el servicio de alimentación brindado por el Centro correspondería a obligación mínima esencial del Estado, la cual si es que no se cumpliría vulneraría el derecho a la alimentación. Para poder realizar este análisis se empleará instrumentos normativos tanto internacionales como del derecho interno peruano. Respecto a los primeros, serán de utilidad la DUDH, el PIDESC, la CADH, el PSS, y la jurisprudencia de la CorteIDH. Por su parte, en la norma interna se utilizará la Constitución y el Código Procesal Constitucional. De la presente investigación se puede concluir que, el cierre del referido Centro constituiría una vulneración al derecho de alimentación adecuada, por cuanto los beneficiarios no podrían disponer ni acceder a alimentos que les permita tener una vida digna. Asimismo, el Estado estaría incumpliendo su obligación de efectivizar progresivamente de los DESCA. / The Nutritional Support Center of Arequipa has been providing food to people in vulnerable situations for more than 50 years. However, due to the end of the concession, this Center will close. For this reason, in this paper will analyze if the imminent closure of the Center would violate the right to food of the beneficiaries. For this analysis, it must be determined if the right to adequate food, as an ESCER, is justiciable in the peruvian legal system; and if the food service provided by the Center corresponds to a minimum core obligation of the peruvian State, if it is not fulfilled, the State would violate the right to adequate food. For this analysis, will be used international normative instruments and Peruvian domestic law. It will be used the UDHR, the ICESCR, the ACHR, the PSS, and the jurisprudence of the Inter-American Court. In the internal regulation will use the Constitution and the Constitutional Procedural Code. From the present investigation it can be concluded that the closure of the aforementioned Center would constitute a violation of the right to adequate food, since the beneficiaries could not have or access to food that allows them to have a dignified life. Furthermore, the State would be in breach of its obligation to progressively make the ESCER effective.

El presente informe tiene como objetivo identificar y cuestionar la interpretación en torno al cumplimiento del requisito al que se refiere el Decreto Supremo No. 090-2008-EF (en adelante, “D.S. No. 090- 2008-EF”) a efectos de poder aplicar los beneficios contemplados en un Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante, “CDI”). Ello a propósito de los fundamentos planteados por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 03701-9-2020 (en adelante, “Resolución”), cuya fuerza de observancia obligatoria establece un criterio unificado y relevante concluyendo que, tratándose del supuesto regulado en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del IR (en adelante, “LIR”), referido a la obligación de efectuar el abono equivalente a la retención por la contabilización del gasto o costo respectivo, a efectos de poder aplicar un determinado CDI, no se requiere exhibir un Certificado de Residencia (en adelante, “CR”). Sin perjuicio de ello, el presente trabajo encuentra su justificación en las consecuencias jurídicas generadas por las conclusiones a las que además arriba el Tribunal Fiscal en los siguientes extremos: (i) las empresas deben contar con el CR en la fecha del pago por el servicio prestado por el sujeto no domiciliado (ii) el CR debe acreditar la residencia del sujeto no domiciliado correspondiente al periodo en el que se prestó el servicio; e, (ii) independientemente de su fecha de emisión, los Certificados de Residencia están referidos a un período anterior a la fecha de la solicitud. Así pues, en la medida en que estas afectarán directamente a quienes opten por aplicar los beneficios en aplicación de un CDI, se busca analizar los problemas jurídicos suscitados de tal interpretación, ello en el contexto de los criterios jurídicos especiales propios del Derecho Tributario / The objective of this report is to identify and criticize the interpretations carried out regarding compliance with the formal requirement referred to in Supreme Decree No. 090-2008-EF in order to be able to apply the benefits contemplated in the Double Taxation Treaty (hereinafter, "DTT"). This will be carried attending to the legal arguments raised by the Tax Court in Resolution No. 03701-9-2020, whose mandatory enforcement finally establishes a unified criterion regarding the problem under analysis pronouncing on the second paragraph of article 76 of the Income Tax Law (hereinafter, "ITL") which establishes that, at the time of accounting for the expense or cost, in order to apply a DTT, it is not required to exhibit the respective Certificate of Residence. However, this work finds its justification in the legal consequences generated by the conclusions reached by the Tax Court insofar as these will directly affect the taxpayers in the following points: (i) the companies must have the certificate of residence on the date of payment for the service rendered by the non-domiciled subject; (ii) the certificate of residence must accredit the residence of the non-domiciled subject corresponding to the period in which the service was rendered; and, (ii) regardless of their date of issue, the certificates of residence refer to a period prior to the date of the application. Therefore, to the extent that these will directly affect taxpayers who choose to apply a DTT, the purpose is to analyze the legal problems arising from such interpretation, taking into account the characteristics of Tax law.

En el Perú, desde hace casi 100 años no hemos ampliado las causales de aborto no punible; desde 1924 sólo tenemos despenalizado el aborto terapéutico, a pesar de la grave vulneración a los derechos de las mujeres que esto representa. Mientras tanto, en otros países de América Latina hay una marcada tendencia en avanzar hacia una despenalización del aborto por otras causales y en el modelo por plazos, siendo determinante el papel que han cumplido las Cortes Constitucionales de la región, a través de fallos que han declarado la constitucionalidad del aborto en determinados supuestos. Por eso, el presente trabajo académico busca proponer a jueces/zas constitucionales y la ciudadanía en general argumentos constitucionales para sustentar la inconstitucionalidad de los delitos de aborto consentido y autoaborto en el Perú, a la luz de los estándares internacionales del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así mismo, considerando la argumentación desarrollada por las Cortes Constitucionales de la región que han avanzado en reconocer la constitucionalidad del aborto en el modelo de causales o plazos. Sostenemos que, en la actualidad, hay razones suficientes para declarar la inconstitucionalidad de los mencionados delitos en el ordenamiento nacional y avanzar hacia un modelo de plazos para la permisión del aborto en el Perú, a través de la afirmación constitucional del Estado Laico y la incorporación del enfoque de género en la ponderación de los derechos en conflicto entre el concebido y la mujer; así mismo, en el respeto de principios como la progresividad de los derechos humanos y la interpretación de derechos fundamentales como la vida, dignidad, salud, así como la igualdad y no discriminación, conforme a los estándares que se han desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado

El presente informe analiza los votos singulares que declararon improcedente la demanda de amparo interpuesta por el señor Óscar Ugarteche Galarza en contra del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De ahí que, la presente investigación pretende determinar que la ausencia del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del Tribunal Constitucional, atenta contra las obligaciones internacionales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para tal fin, se realizará un estudio de la regulación de las instituciones jurídicas del matrimonio y de la familia, a partir de la teoría holística metodológica; la tesis de la Supremacía de la Constitución; el principio de unidad de la Constitución; la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; el bloque e interpretación convencional; y, la perspectiva de género en la regulación del matrimonio. Cabe señalar que, esta investigación busca evidenciar que, el Tribunal Constitucional al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, y al libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales. Por último, este informe concluye que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, perpetúa los estereotipos de género y la discriminación estructural que padece la población LGBTIQ+ en el Perú. / This report analyzes the singular votes that declared inadmissible the amparo lawsuit filed by Mr. Óscar Ugarteche Galarza against the National Registry of Identification and Civil Status (Reniec). Therefore, this research aims to determine that the absence of recognition of same-sex marriage by the Constitutional Court violates the international obligations enshrined in the American Convention on Human Rights. To this end, a study of the regulation of the legal institutions of marriage and the family will be carried out, based on the holistic methodological theory; the thesis of the Supremacy of the Constitution; the principle of unity of the Constitution; the case law of the Constitutional Court; the conventional block and interpretation; and the gender perspective in the regulation of marriage. It should be noted that this research seeks to demonstrate that, by not recognizing same-sex marriage, the Constitutional Court violates the rights to equality and non-discrimination, and the free development of the personality of same-sex couples. Finally, this report concludes that the pronouncement of the Constitutional Court perpetuates gender stereotypes and structural discrimination suffered by the LGBTIQ+ population in Peru.

El presente trabajo tendrá como base de análisis la sentencia del tribunal constitucional EXP. N.º 06572-2006-PA/TC. En este fallo el TC declara fundada la petición de la demandante y declara nula la sentencia de la Corte Superior de Piura. Entendemos que la Corte Superior de Piura cometió un error jurídico en este caso, pero ¿cuál? En el presente trabajo se buscará demostrar que la Corte Superior de Justicia de Piura vulneró el principio de legalidad, lo que nos llevará finalmente a estudiar el alcance de este principio en su aplicación y sentido último, en el marco de un análisis argumentativo-jurídico del discurso respecto a los principios y los derechos fundamentales. / The present work will have as a base of analysis the sentence of the constitutional court EXP. No. 06572-2006-PA/TC. In this ruling, the TC declares the plaintiff's petition founded and declares the judgment of the Superior Court of Piura null and void. We understand that the Superior Court of Piura made a legal error in this case, but which one? In the present work we will seek to demonstrate that the Superior Court of Justice of Piura violated the principle of legality, which will finally lead us to study the scope of this principle in its application and ultimate meaning, within the framework of an argumentative-legal analysis of the law. speech regarding fundamental principles and rights.