Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Si bien se han suscitado en el último tiempo varias discusiones en torno al sistema electoral chileno -que incluso originaron determinadas reformas legales tales como la inscripción automática de los ciudadanos en el Registro Electoral, la voluntariedad del voto y la implementación de mecanismos para ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero-, poco se ha discutido respecto de un grupo amplio de personas que se ven restringidas de ejercer su derecho constitucional de sufragio: las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. En este trabajo pretendemos abarcar la situación actual del derecho de sufragio de este grupo de individuos, distinguiendo la situación de aquellos ciudadanos que se ven impedidos de ejercer el derecho de sufragio que detentan, de quienes se ven impedidos porque la Constitución Política de la República de Chile les suspende tal derecho y de quienes pierden su calidad de ciudadano de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y consecuencialmente, pierden su derecho de sufragio. Sostendremos que ambas situaciones deben ser urgentemente revisadas por el Estado de Chile para tomar las medidas pertinentes en orden a, por un lado, velar porque aquellas personas que detentan el derecho constitucional de sufragio efectivamente puedan ejercerlo, no obstante privados de libertad en establecimientos penitenciarios, y, por otro lado, acabar con la exclusión de la democracia y la ciudadanía que se ha plasmado en grupos vulnerables.

En el marco del caso de la “barrera electoral” (un tema de derecho electoral) el presente trabajo tiene los siguientes principales objetivos: 1) analizar cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional por el que llega a la conclusión que la barrera electoral establecida por la Ley N° 28617, no es inconstitucional; 2) precisar los conceptos que maneja el Tribunal Constitucional sobre un cierto número de instituciones jurídicas centrales (necesarios para la resolución de este tipo de casos), como son, inter alia: el principio democrático, el principio de soberanía popular, la democracia representativa, el sistema de representación proporcional, y el derecho fundamental a la participación política; 3) demostrar que el Tribunal Constitucional estaría manejando conceptos restrictivos sobre estas materias constitucionalmente relevantes debido, en parte, a una singular concepción que ha desarrollado sobre el principio de soberanía popular, que no corresponde a la significación usualmente atribuida a este principio, también establecido por la Constitución, de la que se aparta; y 4) determinar que, bajo una redefinición de conceptos, en particular, tomando en cuenta la concepción más amplia, y generalmente aceptada, del derecho fundamental a la participación política, la barrera electoral de 5%, sí sería inconstitucional.

El 18 de julio de 1962 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el primer golpe institucional militar en la historia del Perú, deponiendo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche a tan sólo diez días de su finalización. Dicho episodio llevó al poder a una Junta Militar de Gobierno liderada por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, la cual se amparó en una acusación de fraude electoral para vetar la elección presidencial que debía ser ejecutada por el Congreso. Aunque sólo permaneció en el poder durante un año, la Junta Militar realizó una serie de reformas que iban de la mano con el nacimiento de una visión particular de desarrollo nacional entre los militares. Una de las prioridades de esta Junta fue la realización de una reforma electoral - dadas las acusaciones de fraude contra el sistema anterior -, proceso que finalizó con la promulgación de un nuevo Estatuto Electoral mediante el Decreto Legislativo 14250.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 16 numeral 2° de la Constitución Política de la República dispone la suspensión del derecho de sufragio respecto de la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. A partir de lo anterior, nuestra hipótesis consiste en que dicha suspensión, al imponerse antes de que la persona sea condenada por sentencia firme dictada en proceso penal, constituye una pena anticipada vulneratoria de la presunción de inocencia, principio que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico al encontrarse consagrado en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. Será en este contexto que el objeto del presente trabajo, una vez determinado el carácter de derecho fundamental que reviste el sufragio, se centra en un análisis tanto histórico como semántico del artículo 16 numeral 2°, así como también en las consecuencias que su redacción genera en el trato de inocente que debe recibir el imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El esquema de trabajo contempla cinco capítulos de desarrollo de la materia para finalizar con la exposición de las conclusiones. El primer capítulo explica la relevancia de la protección del derecho de acceso, expone una crítica a la técnica legislativa del doble articulado utilizada en esta normativa, y en general contextualiza el marco regulatorio expuesto por dicha ley. El segundo, tercer y cuarto capítulo, tratan cada uno en forma separada el Régimen Especial de Transparencia que rige al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente. Cada uno de estos capítulos incluye la exposición del marco normativo de transparencia aplicable, un análisis de transparencia activa, un análisis de transparencia pasiva, y una descripción y crítica de las respectivas acciones legales. Finalmente, el capítulo quinto de esta tesis tiene como objetivo dar cuenta de los estándares de transparencia exigidos por el derecho internacional y la experiencia comparada. En resumen, en atención a la importancia del derecho fundamental de acceso a la información pública y a la obligación impuesta por la Constitución a todos los órganos del Estado de respetar y garantizar este derecho, esta memoria tiene como propósito realizar un análisis completo de estos regímenes especiales de transparencia, con la finalidad de examinarlos y verificar si su regulación especial encuentra una legítima justificación y si contribuye o no a dar un real cumplimiento y protección del derecho de acceso a la información, en conformidad a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental y los estándares de transparencia del derecho internacional

En este trabajo se busca reflexionar sobre el diseño del Jurado Nacional de Elecciones. En particular, nos concentramos en los casos de las apelaciones de las decisiones del Registro de Organizaciones Políticas, las cuales serán conocidas en últimas y definitiva instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El estudio realizado nos ha permitido corroborar que no existe una adecuada identificación y distribución de las funciones encomendadas al Jurado Nacional de Elecciones. Así pues, muchas de sus funciones, dada su naturaleza administrativa, deberían ser asignadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, resulta necesario pensar en un rediseño de nuestro sistema electoral. Por otro lado, el análisis desarrollado nos permite afirmar que el contenido mínimo de la garantía a la pluralidad de instancias reconocido en el numeral 6 del art. 139 de la Constitución impone la exigencia de que todo proceso seguido ante la jurisdicción electoral prevea dos instancias. Sin embargo, ello no se cumple en el caso de las decisiones del Pleno del JNE sobre los cuestionamientos a las decisiones del ROP, pues solamente se encontraría prevista una única instancia que emite decisiones irrevisables. Siendo ello así, concluimos que el diseño del sistema de impugnaciones del Jurado Nacional de Elecciones vulnera abiertamente la garantía a la pluralidad de instancias que inspira todo ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo cual debe ser revisado.

El presente caso se analiza la Resolución N° 987-2012-JNE emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual, en el marco del procedimiento administrativo de verificación de firmas de adherentes para la revocatoria de autoridades a cargo de RENIEC, emite pronunciamiento en última instancia revocando el acto administrativo que deniega la verificación de un último lote de firmas por extemporáneo. El administrado y recurrente es el promotor de la revocatoria de la entonces alcaldesa de la ciudad de Lima y los 39 regidores metropolitanos, Carlos Vidal Vidal. Se busca, en primer lugar, analizar la legalidad de las actuaciones administrativas efectuadas por Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC durante el procedimiento administrativo especializado de verificación de firmas para la revocatoria de autoridades (actas de comprobación automática y semiautomática). Por otro lado, se busca analizar la naturaleza del control jurisdiccional que realiza el JNE y, asimismo, determinar si el error en una actuación administrativa puede generar derechos en los administrados. Finalmente, se concluye indicando que el JNE no resolvió el recurso de impugnación del acto administrativo respetando la Ley de Procedimiento Administrativo General al otorgarle eficacia jurídica a una actuación administrativa informativa. Asimismo, el JNE debió actuar de acuerdo a la materia del caso, es decir, la naturaleza del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, por tanto, el respeto al principio de juridicidad y legalidad, así como a las potestades administrativas de RENIEC. / This legal report analyzes Resolution No. 987-2012-JNE issued by the National Elections Jury, which, within the framework of the administrative procedure for verifying the signatures of adherents for the revocation of authorities in charge of RENIEC, issues a statement in last resort by revoking the administrative act that denies the verification of a last batch of signatures due to untimeliness. The administrator and appellant is the promoter of the recall process of the mayor of Metropolitan Lima and the 39 metropolitan councilors, Carlos Vidal Vidal. It seeks, first of all, to analyze the legality of the acts and administrative actions carried out by the National Registry of Identification and Civil Status - RENIEC in the specialized administrative procedure for verifying signatures for the revocation of authorities (automatic and semi-automatic verification minutes). On the other hand, it seeks to analyze the nature of the jurisdictional control carried out by the JNE and, likewise, determine if the error in an administrative action can generate rights in those administered. Finally, it is concluded by indicating that the National Elections Jury did not resolve the appeal to challenge the administrative act respecting the General Administrative Procedure Law by granting legal effectiveness to an informative administrative action. Likewise, the JNE had to act according to the subject matter of the case, that is, the nature of jurisdictional control of administrative actions, therefore, respect for the principle of juridity and legality, as well as the administrative powers of RENIEC.

El presente trabajo hace un repaso sobre las reformas electorales en América Latina desde los distintos parlamentos en la región. En un primer momento, se indaga en la literatura de estudios parlamentarios sobre los procesos de toma de decisión y los actores políticos. En un segundo momento, se repasa por los procesos de reforma electoral en los distintos países de la región. Finalmente, se revisa literatura alrededor de las tendencias de reforma electoral para cambios los métodos para la inscripción de partidos en países de la región, y en particular, en Perú. Dado que desde la ciencia política se ha analizado a las reformas electorales con una mirada enfocada en los procesos sociales que la producen, este trabajo de investigación propone un análisis más enfocado en el proceso de una reforma electoral al interior de los parlamentos, que tome en consideración a los distintos actores políticos que intervienen en el proceso de decisión, y que comprenda los cambios por los que pasa un proceso de reforma durante el debate y discusión en el Parlamento.

La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que situaciones como los ocurridos en el caso en cuestión, no vuelvan a darse y al mismo tiempo dotar de criterios a los magistrados para que en sentencia en situaciones similares, el Tribunal sepa cómo afrontarlos. Del mismo modo, permite analizar la relevancia de los recursos de amparo en materia electoral, ello supone una valoración especial, toda vez, que se ha venido dotando de mayor contenido los fundamentos en estas sentencias, sin perder de vista los puntos medulares tratados en la sentencia aquí presentada. Sobre este mismo punto, si es que el recurso de amparo recogido en nuestro ordenamiento se ajusta a los tiempos o cronogramas electorales, en esa medida, el si debiera hablarse de un recurso de amparo especial electoral, especialmente cuando se ven vulnerados los derechos, como los derechos de participación política. De otro lado, resulta imperativo reflexionar a nivel constitucional sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones a luz de un Estado Constitucional de Derecho, en la que se busca proteger los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, los derechos constitucionales deben interpretarse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados suscritos por el país, y como tal, su incumplimiento supone una infracción a los compromisos internacional y a nuestra propia Carta fundamental. La metodología del Informe Jurídico para el análisis se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos, de la revisión de los principios de interpretación constitucional, y de los principios y derechos humanos vulnerados. Para ello, además del análisis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los puntos controvertidos desarrollados en el presente informe