La presente investigación se justifica en la existencia de peruanos que viven en el exterior, quienes, según las estadísticas, son más de tres millones. Sin embargo, más que cifras exactas, lo importante es que algunos de ellos se encuentran en indigencia o necesidad extrema y necesitan protección. El objetivo principal de la presente investigación es analizar la asistencia humanitaria que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores a los peruanos en el exterior en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos. De manera específica, la repatriación en vida; cómo el Estado peruano afronta los casos de repatriación, cómo los atiende, su evolución en los últimos casi cuarenta años y la visión de las políticas públicas del Estado con relación a sus nacionales en el exterior. Para ello, se plantea como objetivo responder a la interrogante: cuál es el fundamento para que el Estado brinde asistencia y protección a sus nacionales en el exterior, si es una obligación en sí misma o una actividad generosa y no obligada en términos jurídicos. Se concluye que es una obligación general para todos los Estados. Otro objetivo del presente trabajo es responder de qué manera cumple el Estado peruano con esta obligación de asistencia y protección. Al respecto, se llega a la conclusión que el Estado peruano es respetuoso de esta obligación de asistir y proteger a sus nacionales en el exterior, y para ello ha emitido normas, otorgado presupuestos, creado órganos y procedimientos. La conclusión principal es que, en los últimos casi cuarenta años, el Estado peruano desarrolla una serie de mecanismos para que la asistencia humanitaria a los migrantes peruanos se otorgue de manera sistemática, planificada, con normas y procedimientos preestablecidos, para brindar una protección y asistencia humanitaria que cumpla con su finalidad: respetar los derechos humanos del peruano en el exterior

El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Ello debido a que, hasta el momento, este tribunal internacional ha llevado a cabo un doble estándar dependiendo de si el Estado en cuestión es o no parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado para efectos de esta investigación como bifurcación jurisprudencial. Por ello, en la medida en que nos encontramos en un contexto internacional donde los Estados tienden a una práctica extractivista que reproduce despojos históricos a los territorios de los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que la Corte IDH debe efectuar una fundamentación más sólida y uniforme respecto al derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas: primero, sobre la base de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH; segundo, una lectura del artículo 21 de la CADH a la luz del el art. 1 común de los Pactos Internacionales de la ONU; y tercero, la jurisprudencia de la Corte IDH

La tutela reforzada en favor de las personas trans se encuentra sustentada jurídica y extrajurídicamente, al estar dentro de categorías protegidas y/o sospechosas de discriminación a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, entenderlas como una población en situación de vulnerabilidad, por la criminalización, patologización y estigmatización de su existencia, desde un punto de vista relacional, respectivamente. Así, se plantea como problema jurídico identificar cuales con los estándares que la regulación laboral interna debe considerar a fin de garantizar los derechos inespecíficos de las personas trans en el mundo del trabajo. En esa línea, se analizan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, su evolución y su aplicación al ámbito del trabajo, como concepto amplio, no restringido a la relación jurídico laboral como tal. Se identifican tres derechos: identidad de género, expresión de género y a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, reconocidos desde el derecho internacional, sobre los cuales se proponen medidas de intervención regulatoria concordantes con las obligaciones generales de los estados parte de dicho tratado, de prevención, protección y adecuación de la normativa interna, relacionadas con el acceso y terminación de la relación de trabajo, condiciones básicas de trabajo decente y límites al poder de dirección. / The reinforced guardianship in favor of trans people is legally and extra-legally supported, as they are within protected categories and/or suspected of discrimination based on the American Convention on Human Rights; and, understanding them as a population in a situation of vulnerability, due to the criminalization, pathologization and stigmatization of their existence, from a relational point of view, respectively. Thus, it arises as a legal problem to identify the standards that the internal labor regulation must consider in order to guarantee the fundamental rights of trans people in the world of work. In this line, the judgments of the Inter-American Court of Human Rights on the matter, its evolution and its application to the field of work are analyzed, as a broad concept, not restricted to the legal labor relationship as such. Three rights are identified: gender identity, gender expression and a world of work free of violence and harassment, recognized from international law, on which regulatory intervention measures are proposed consistent with the general obligations of the states parties to said treaty, prevention, protection and adaptation of internal regulations, related to access and termination of the employment relationship, basic conditions of decent work and limits to the power of management.

El presente trabajo de investigación tiene dos propósitos. Primero, demostrar que las personas con discapacidad motora y movilidad reducida son titulares del derecho a la ciudad, el mismo que contempla el disfrute de una vida urbana digna, específicamente, con acceso a espacios públicos diseñados acorde a sus necesidades. De acuerdo con ello, es nuestro objetivo delimitar el contenido esencial del derecho a la ciudad a partir de referentes internacionales y nacionales. Segundo, pretendemos demostrar la importancia de la constitucionalización del derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico peruano, a la luz del caso de las personas con discapacidad motora y movilidad reducida, por dos razones: (a) tiene relación con otros derechos, pero por su contenido esencial merece protección constitucional y no solo legal, (2) su justiciabilidad será efectiva mediante el proceso de amparo / This research work has two purposes. First, to demonstrate that people with motor disabilities and reduced mobility are entitled to the right to the city, which includes the enjoyment of a dignified urban life, specifically, with access to public spaces designed according to their needs. Accordingly, we intend to delimit the essential content of the right to the city based on national and international references. Second, we intend to demonstrate the importance of the constitutionalization of the right to the city in the Peruvian legal system, in light of the case of persons with motor disabilities and reduced mobility, for two reasons: (a) it is related to other rights but because of its essential content it deserves constitutional protection and not only legal protection, (2) its justiciability will be effective through the amparo process / Trabajo académico

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a que es el primer caso en el que el mencionado Tribunal utiliza la categoría “orientación sexual” como un criterio protegido por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, como tal, es la resolución que da inicio a su ya abundante jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. En esa línea, en atención a lo sucedido con la señora Atala Riffo e hijas, la Corte IDH resalta la trascendencia del principio de igualdad y no discriminación, para la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la CADH, tales como la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, las garantías judiciales y la protección específica de las niñas y niños. Es por ello que, a manera de conclusión, se sostiene que en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: (i) es abierta la lista de categorías protegidas por el mandato de no discriminación, (ii) que la aplicación de la ley no debe dar lugar a diferencias de trato motivadas en la orientación sexual, (iii) que la orientación sexual de la madre o del padre no es relevante en un proceso de tenencia, ni en un proceso disciplinario, y (iv) que el derecho humano de las niñas y de los niños, a ser oídos en todo asunto que les afecta, está debidamente protegido por los artículo 8.1 y 19 de la CADH. / The main objective of this legal report is to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ sentence in the case Atala Riffo and Children vs. Chile. This sentence was chosen because it’s the first case in which the Court uses the category “sexual orientation” as a criterion protected by article 1.1 of the American Convention on Human Rights. That resolution began the already abundant jurisprudence on protecting LGBTI people’s human rights. In response to what happened with Mrs. Atala Riffo and her daughters, the Inter-American Court highlights the importance of the principle of equality and non-discrimination for the effective application of the rights contained in the Convention, such as equality before the law, private and family life, judicial guarantees and the specific protection of children. In conclusion, it’s argued that in the Inter- American System for the protection of human rights: (i) the list of categories protected by the non-discrimination is open, (ii) the application of the law shouldn´t give rise to differences in treatment based on sexual orientation, (iii) the sexual orientation of the mother or father is not relevant in custody or disciplinary processes, and (iv) the human rights of the children, to be heard in all matters that affect them, is duly protected by articles 8.1 and 19 of the Convention.

Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada en género. El texto revisará casos de violencia basada en género en los que la Corte IDH ha otorgado y no ha otorgado dicho remedio en particular, con el fin de identificar los criterios que utiliza para tomar postura. De una evaluación comparada, se extrae que la Corte IDH ha adoptado una tendencia a estimar procedente la reapertura cuando medien situaciones de violencia basada en género en el marco de graves violaciones de derechos humanos durante épocas de conflicto armado no internacional, y como parte de políticas estatales de violencia sistemática. En cambio, en aquellos casos de violencia basada en género donde no se cumplan tales condiciones de hecho, la respuesta de la Corte IDH ha sido de oponerse a dicha solicitud de remedio. Concluiré que la Corte IDH otorga una mayor importancia de afianzar el derecho a la verdad para los casos del primer tipo; y, consecuentemente, se permite limitar ciertas instituciones del derecho penal que entran en tensión en dichos escenarios. / This article analyzes the decisions of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) to admit or reject the reopening of criminal trials as a measure of reparation in cases of gender-based violence. The text will review cases of gender-based violence in which the IACtHR has granted or refused to grant this particular remedy, in order to identify the criteria it uses to take a position. From a comparative evaluation, it can be seen that the IACtHR has adopted a tendency to consider reopening to be appropriate in situations of gender-based violence in the context of gross human rights violations during times of non-international armed conflict, and as part of state policies of systematic violence. On the other hand, in those cases of gender-based violence where such de facto conditions are not met, the response of the IACtHR has been to oppose such request for reparation. I will conclude that the IACtHR attaches greater importance to upholding the right to the truth in cases of the first type; and, consequently, allows itself to limit certain institutions of criminal law that come into tension in such scenarios. / Trabajo académico

Recientemente vemos cómo la teoría de género viene incorporándose en el estudio del derecho y en la implementación de políticas públicas. Cada vez más abordamos problemas que antes no nombrábamos o nombrábamos de otro modo. El derecho se torna insuficiente, tiene que justificar, tiene que definir ámbitos que hasta hace poco ignoraba. Lo que no se nombra no existe, y sí. Pero ya se nombra, ahora hace falta que el lenguaje jurídico y el sistema jurídico incorpore asuntos que en muchos casos corresponden al ámbito más íntimo del ser humano, como la sexualidad, por ejemplo. Porque el feminismo y la teoría de género nos enseña también, que lo personal es político. Necesitamos de políticas públicas que aborden temas como el aborto, la educación sexual integral o la violencia obstétrica, para eso es necesario dotar de un amparo legal, jurídico cada uno de estos conceptos. Tenemos, por lo pronto, lo que se ha venido a llamar derechos sexuales y reproductivos, que, como veremos, no se trata de un solo derecho, sino de dos, diferentes, ambos con un potencial enorme para justificar y amparar legalmente temas como los antes señalados. Este trabajo solo dará cuenta de las limitaciones de nuestro sistema jurídico cuando de los derechos sexuales y reproductivos se trata y de la necesidad de un desarrollo teórico más completo e individualizado de estos.

Después de la segunda guerra mundial y del enorme número de pérdidas sufridas, el mundo entero pensó que por fin la paz estaba garantizada y que la guerra ya era solo parte de la historia, es más, los aliados en su asombro ante la capacidad destructiva del hombre suscriben por primera vez un tratado para incriminar el ius ad bellum y establecer responsabilidad penal internacional para aquellos que lo violen; este documento es la Carta de las Naciones Unidas, la cual no solo es un avance enorme para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional sino que al mismo tiempo crea una institucionalidad internacional al más alto nivel, después del fracaso de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo de Naciones Unidas por evitar la guerra, esta al igual que otras expresiones de conflictividad violenta, constituye un fenómeno de permanente actualidad. Tan actual es que durante los más de 50 años transcurridos desde el final de la 2da. Gran contienda bélica, tan solo ha habido un mes (septiembre de 1945) en que el mundo pareció vivir en relativa paz. Salvo esos días, siempre ha existido alguna guerra, ya fuese de alcance interno o internacional. Muchos expertos sostenían que esos conflictos armados estaban relacionados en su mayoría con la guerra fría, los consideraban una consecuencia inevitable de las tensiones existentes entre las dos superpotencias entonces hegemónicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno; Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

En este estudio de investigación, se aborda el delito de favorecimiento a la prostitución en establecimientos legales, proponiendo criterios de aplicación que aseguren una justa ejecución de la ley. La metodología utilizada incluye un análisis exhaustivo del delito en nuestro ordenamiento jurídico, así como su estudio en el derecho comparado en países como Chile, Argentina, Uruguay y Alemania. Los criterios propuestos se centran en proteger los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales, garantizando su autonomía y evitando la explotación y el abuso. Se destaca la importancia de reconocer y valorar los establecimientos legales, así como el consentimiento informado de las trabajadoras sexuales. Con estos criterios de aplicación, se busca establecer un marco legal que brinde seguridad y protección a las trabajadoras sexuales, al tiempo que se previenen situaciones de explotación y abuso, asimismo evitar la criminalización injusta y promover un enfoque equilibrado que respete los derechos de todas las partes involucradas. / In this research study, the crime of favoring prostitution in legal establishments is addressed, proposing application criteria that ensure a fair execution of the law. The methodology used includes an exhaustive analysis of crime in our legal system, as well as its study in comparative law in countries such as Chile, Argentina, Uruguay and Germany. The proposed criteria focus on protecting the rights and well-being of sex workers, guaranteeing their autonomy, and avoiding exploitation and abuse. The importance of recognizing and valuing legal establishments is highlighted, as well as the informed consent of sex workers. With these application criteria, it seeks to establish a legal framework that provides security and protection to sex workers, while preventing situations of exploitation and abuse, as well as avoiding unfair criminalization and promoting a balanced approach that respects the rights of all women. parties involved.