Al encontrarnos en un contexto en donde la mayoría de autoridades regionales electas ha visto dificultada su permanencia en el cargo, César Álvarez aparece como una figura que puede ser vista como un caso interesante de estabilidad. Ello puede evidenciarse a partir de los dos periodos de gobierno en los cuales fue electo (2006-2013), a pesar de haber estado involucrado en posibles prácticas de corrupción, mafia y sicariato. En ese sentido, la presente tesis plantea que César Álvarez pudo mantenerse gracias a tres factores. El primero de ellos se relaciona al tipo de prácticas autoritarias que su gobierno reprodujo como forma sistemática de hacer política. En segundo lugar, el desarrollo de redes clientelares y de patronazgo fortalecieron los nexos que estableció con la ciudadanía; asimismo, le sirvió de blindaje ante cualquier acto de fiscalización. Por último, el gasto público en gran parte producto del canon minero, hizo que Álvarez se demuestre como una autoridad eficiente

La transformación productiva de la región San Martín implicó la reducción de la incidencia de la economía de la coca y la expansión de cultivos alternativos como el cacao, el café y la palma aceitera. El cambio suele ser explicado por la convergencia permanente de una diversidad de instituciones públicas y sectores de la sociedad civil. Es decir, por la intervención de una coalición de amplia base que promovió el Desarrollo Alternativo, un eje de la política de drogas el Perú y cuyo objetivo principal es controlar la extensión de cultivos ilícitos en el país. Este análisis es parcialmente acertado; sin embargo, proponemos que el proceso de implementación del Desarrollo Alternativo en este territorio, más que una historia de convergencias, es principalmente un continuo de tensiones. El proceso de adaptación de esta política en Tocache, provincia emblemática del “modelo San Martín” y caso de estudio de la investigación, involucró “una serie de restricciones cognitivas, organizacionales y política-administrativas” propias de un proceso de difusión de políticas. Esta historia de tensiones estuvo compuesta por divergencias entre los propios aliados extraterritoriales, los cuales promovieron estrategias diferentes y afines a diversas posiciones ideológicas contextualizadas en la discusión internacional de políticas de drogas. Las divergencias también se identifican en la interacción con los actores endógenos de la provincia, como las elites políticas y los productores agrarios locales. Finalmente, mediante un análisis de la cadena de valor del cacao y de la palma aceitera, concluimos que en Tocache, antes que el predominio de los objetivos del Desarrollo Alternativo, se reconoce una superposición entre prácticas enraizadas previamente y las nuevas instituciones que surgieron en el proceso de consolidación agraria lícita. Para los fines del estudio, se aplicó una metodología cualitativa, mediante la revisión de literatura especializada en la materia, así como de reportes oficiales de las instituciones que participaron en la implementación de esta política en San Martín. También, se incluyeron entrevistas semiestructuradas realizadas en Tocache, Tarapoto y Lima, las cuales permitieron reconstruir, de manera parcial, el proceso histórico de aplicación de esta política en el caso y periodo seleccionado (2001-2017)

Esta tesis analiza casos de conflictos que enfrentaron a poblaciones con sus respectivos alcaldes distritales en el período municipal 2003-2006. El marco teórico explica la ubicación de los conflictos como parte de la dinámica propia de los sistemas democráticos; adicionalmente, se muestra cómo distintas propuestas teóricas señalan que la conflictividad social es configurada por las características del régimen político. La investigación se basa en la desagregación de los 44 casos de conflictos con autoridades municipales incluidos en los reportes de la Defensoría del Pueblo, en 699 eventos, y su posterior organización en episodios, mecanismos y procesos, a través de los cuales se configura un esquema que permite una comprensión general de los mismos. En este camino se mostró la importancia que los actores otorgaron a mecanismos institucionalizados en distintas etapas de la confrontación, en una magnitud similar o superior a repertorios tradicionales de movilización y confrontación. Asimismo, se identificó la estructura de oportunidades políticas que hizo posible el surgimiento de acciones contenciosas contra autoridades municipales, compuesta por las condiciones socioeconómicas de los distritos donde ocurrieron los conflictos, el diseño institucional de las Municipalidades y las características de la competencia política en el nivel local. En las conclusiones, además de resumir los principales hallazgos se formulan algunos aportes para una política pública de prevención e intervención en este tipo de conflictos.

El conflicto social es la exteriorización de un problema sin resolver. Problema que se genera porque quienes creen disfrutar de situaciones más ventajosas buscan asegurarlas para no perderlas y otros, los perjudicados, desean mejorarla. Es decir, los conflictos sociales evidencian una determinada relación que genera ventajas para unos y desventajas para otros. Esta situación constituye el problema social detrás del conflicto. La presencia de la empresa Southern en Tacna data desde la década del cincuenta. Toquepala, yacimiento minero que explota esta empresa, se ubica en la provincia de Jorge Basadre, pero las aguas superficiales y subterráneas que usa para la mina lo extrae de la cuenca alta del río Locumba en la provincia de Candarave. La disponibilidad del recurso hídrico ha ido disminuyendo y en el 2009 el Ministerio de Agricultura declaró agotados los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Locumba. La escasez de agua afecta la agricultura y la ganadería de la población de Candarave, pues la dotación recibida no es la misma que antes, en cambio Southern continúa aprovechando la cantidad autorizada. Esto genera descontento en la población candaraveña, no sólo porque Southern no es afectada con la escasez del agua, sino porque consideran que consume las aguas de mejor calidad, extrae más de lo autorizado y esta práctica es la que habría producido la sequía. La tesis analiza la gestión del problema de la escasez del recurso hídrico que da lugar al conflicto socioambiental con la empresa Southern. Para ello se investigan tres periodos de gobiernos regionales en Tacna, con la finalidad de conocer cómo, cada uno, ha abordado dicho problema. Cada gestión regional ha tenido una particularidad al respecto. En general, se observa más un debate sobre la viabilidad de la minería que el debate sobre el modelo de desarrollo para Tacna que considere el problema del recurso hídrico.

El objetivo del presente trabajo es demostrar la existencia de alcances limitados y dispares en la implementación de la GRD en la cuenca del río Piura, y determinar los factores que lo explican. La metodología utilizada para llevar a cabo la presente investigación consiste en un análisis cualitativo de diversas fuentes: normas legales; páginas web de instituciones y agencias estatales; y, por último, la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los responsables de las instancias políticas y técnicas de los niveles nacionales y subnacionales encargados de implementar la política pública de la GRD. Se concluye que el nivel de implementación ha sido muy bajo, pues a pesar de que se emite normativa y destina presupuesto, este ha sido dirigido a atender emergencias y no para medidas de prevención. Se consideran cuatro factores explicativos: el costo político, ya que la prevención no otorga ganancias políticas; falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre los actores locales; resistencia de la población; y, por último; debilidad institucional. La constatación del exiguo nivel de implementación en la cuenca del Río Piura explicado por los factores indicados dejan a toda la población del departamento vulnerable a una condición climatológica recurrente en ese territorio por más de un siglo. Los conocimientos y la experiencia acumulada por los actores sociales, académicos y políticos no han disminuido la vulnerabilidad. / The objective of this paper is to demonstrate the existence of limited and disparate scopes in the implementation of DRM in the Piura River Basin, and to determine the factors that explain it. The methodology applied to conduct this research was based on surveys of public officials in the different political and technical national and subnational entities in charge of implementing the DRM public policy. It is concluded that the level of implementation has been very low, despite the fact that regulations are issued and a budget is allocated. This was used to attend emergencies and not for preventive measures. The explanatory factors for the low level of implementation in the Piura River Basin are: political cost since prevention does not provide political gains; lack of coordination between the three levels of government and among local actors; resistance of the population; and, finally, institutional weakness. The fact that there has hardly been any progress made in its implementation, as explained by the aforementioned factors, has left the entire population of the department vulnerable to a recurring climate condition in this territory for over a century. The knowledge and experience accumulated by the different social, academic, and political stakeholders have not been able to reduce the level of vulnerability.

El aspecto central que aborda la investigación está referido a la representación de la sociedad civil y el efecto que los mecanismos de participación tienen en la reducción de las inequidades de representación ciudadana, la construcción de espacios públicos democráticos y la consolidación de una base asociativa que permita la expresión de demandas e intereses diversos1. El trabajo busca contribuir al debate en torno a la complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa, entendiendo a esta última como un mecanismo para fortalecer la representación y los arreglos institucionales que lo sustentan. La investigación se centra en los presupuestos participativos, en tanto instrumento de política que busca incorporar la participación de la ciudadanía en la priorización del gasto público a nivel local. La elección de responde a las siguientes razones: en primer lugar por su carácter regular (tiene una periodicidad anual); segundo, por el despliegue que demanda en términos de planificación, recursos humanos, movilización, etc., que representan costos y tiempos para la gestión pública; tercero porque aborda un elemento crucial en la toma de decisiones: en qué se gastarán los recursos locales; y cuarto por los esfuerzos que han sido empleados en normar rigurosamente el proceso (ley, reglamento e instructivo anual) lo que garantiza su estabilidad por lo menos en términos formales, pero no necesariamente su efectividad y eficiencia.  Problema de investigación: ¿De qué manera el presupuesto participativo, en tanto mecanismo institucionalizado y regular de participación ciudadana, contribuye a mejorar la representación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las política públicas a nivel local?  Hipótesis: El presupuesto participativo, en tanto mecanismo institucionalizado de participación ciudadana, ha contribuido a burocratizar las relaciones entre el Estado y las élites locales sin mejorar la representación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre las políticas públicas a nivel local. El presupuesto participativo en el país es de carácter obligatorio a nivel de los gobiernos sub nacionales y viene desarrollándose desde hace más de una década. De la experiencia concreta se desprenden una serie de dificultades en la fase de implementación, algunas de las cuales se derivan del mismo diseño de la política, es decir de la tendencia homogeneizante de la norma, que restringe las iniciativas locales. En otros casos las limitaciones están relacionadas a la débil representación de los agentes participantes, la fragilidad de la sociedad civil y de la resistencia de algunas autoridades a desarrollar procesos de este tipo. Se busca profundizar sobre los límites y condiciones de dichos espacios de participación para el fortalecimiento de la representación de la sociedad civil. El tema resulta de interés para los representantes y autoridades locales que buscan desarrollar gestiones democráticas participativas.

La participación ciudadana y la adecuada articulación de los actores involucrados en la promoción de la salud sigue siendo un reto hoy en día en el Perú. El presente trabajo ha documentado y analizado los buenos resultados obtenidos en la implementación de la metodología de promoción de la salud denominada “Municipios y Comunidades Saludables” que fue empleada por el proyecto USAID/ MCS II en las regiones de San Martín y Ucayali durante el periodo 2011 – 2015. Para ello, se tuvo en cuanta tanto los factores internos como externos que mediaron la adopción de dicha metodología por parte de las familias, las comunidades organizadas y los municipios. El análisis de dichos factores permite delinear una hoja de ruta o lecciones aprendidas a ser tomadas en cuenta por los gobiernos regionales y locales, así como por todo actor involucrado en la promoción de la salud que tenga por finalidad implementar un programa o proyecto que involucre la participación de la comunidad y sus autoridades locales. Así, luego de haber identificado la escasa documentación referida al involucramiento directo y trabajo articulado entre los grupos familiares, comunidades y municipios en la labor de la promoción de la salud vinculada a sus cuatro fases (sensibilización y organización, planificación, ejecución y autoevaluación); mediante la presente investigación tratamos de dar a conocer el desenvolvimiento e interacción entre aquellas familias, comunidades y sus respectivos municipios, mostrando hallazgos tales como: la existencia de familias con niños menores de 2 años y mujeres gestantes que lograron implementar compromisos para mejorar sus viviendas y prácticas de salud, comunidades empoderadas que implementaron acciones de promoción de la salud y de mejora de sus determinantes sociales de la salud mediante el empleo de instrumentos de gestión como diagnósticos y planes comunales, así como gobiernos locales que llegaron a implementar acciones contenidas en su plan distrital para promover escenarios saludables y brindar soporte para realizar un trabajo articulado con el personal de los establecimientos de salud. Para ello, se desarrolló un análisis descriptivo con enfoque cualitativo, siendo el ámbito de estudio 6 comunidades de la Región San Martín y 4 comunidades de la Región Ucayali, se realizó grupos focales a las familias y comunidades organizadas bajo el modelo de juntas vecinales comunales (JVC), entrevistas a representantes del personal de salud, entrevistas a funcionarios de los gobiernos locales, una entrevista a un representante del Ministerio de Salud y una entrevista al profesional responsable del componente de promoción de la salud del proyecto USAID/ MCS II. De esta forma, producto de las indagaciones realizadas por cada escenario saludable (familias, comunidades y municipios) se registró y procesó la información recabada, la cual fue utilizada posteriormente en el proceso de análisis e interpretación de los resultados, entre los cuales se puede describir los siguientes: En el escenario familia, la implementación de la metodología de familias saludables buscó que aquellas adopten un compromiso de cambio, el cual se manifestase mediante la puesta en marcha de nuevas prácticas de salud orientadas a generar una cultura de auto cuidado y de mejora del entorno familiar. De esta manera, se promovería que los niños y niñas menores de 2 años de edad se beneficien de prácticas saludables tales como: acceso a la lactancia materna exclusiva (en los 6 primeros meses), consumo de alimentos balanceados y en la frecuencia adecuada para su edad, vacuna y control de crecimiento al día, así como consumo de agua segura y niños con documento de identidad (DNI). A nivel de la comunidad se buscó que las autoridades comunales organizadas en JVC se empoderasen, asuman un liderazgo democrático y adopten una gestión comunal planificada a favor de la salud de sus familias; todo ellos a partir de la implementación de herramientas de gestión comunal tales como los diagnósticos y los planes comunales. A nivel de los Municipios se esperó que las autoridades municipales como los encargados o gerentes de desarrollo social y alcaldes distritales fortalezcan sus capacidades para asumir el liderazgo de la gestión local de promoción de la salud de manera articulada con sus comunidades, equipos de los EESS y otros actores locales clave. De esta forma, es importante que los gobiernos regionales y locales adopten e interioricen la metodología como propia, para que las familias, comunidades y municipios cuenten con actores clave a cada nivel, suscitando condiciones e involucramiento de las distintas entidades para la adopción de una cultura de auto cuidado de la salud y gestión de los determinantes sociales de la salud. / Tesis

La presente investigación tiene como objetivo comprender, desde un enfoque de las políticas públicas, el proceso de diseño del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), regulado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y su relación con la implementación de dicho programa durante los años 2013 a 2016. En el papel, el FONIE era en un programa que contaba con todo el apoyo del gobierno y que, con enfoque innovador e intersectorial de la política social, buscaba reducir la brecha de servicios básicos en el país, siendo comandado por un ministerio nuevo pero esencial como el MIDIS. No obstante, durante su implementación es posible ver una serie de problemas y procesos no previstos generados por una fase de diseño que no contempló de manera debida a los actores involucrados (sobre todo, no pertenecientes al MIDIS), así como la presencia de otros sistemas administrativos y estructuras de poder que debían cooperar con el Fondo para su adecuada puesta en marcha. Estos problemas no contemplados en el diseño llevaron a que el FONIE no se implemente de la manera originalmente pensada sino que tuviera que adaptarse a las dinámicas, tiempos y consideraciones de los actores participantes que no formaban parte del MIDIS, llevando a que el programa sea presupuestalmente “eficaz” pero que no responda a varios de sus objetivos planteados originalmente.

La Participación Ciudadana es un mecanismo de relacionamiento directo entre el Estado, sus diferentes niveles de gobierno y la población de la localidad, que se presenta en dos espacios, uno formal e institucional, regulado por disposiciones legales y administrativas, y otro espacio paralelo, no institucionalizado que se produce a través de la movilización y la protesta social. Se produce entonces la reconfiguración del espacio local y se hace evidente cuales son los temas e intereses priorizados localmente para el desarrollo, por lo que resulta necesario conocer el rol y las funciones de cada uno de los actores sociales, para incorporar en el diseño de las políticas públicas y en la ejecución de las acciones, las expectativas locales. En el presente trabajo se analizara el caso del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y los espacios de participación ciudadana que se han dado en torno a este, con sus características urbanas, para entender lo que implica la participación en el marco de los proyectos de inversión. La hipótesis central del presente trabajo de investigación es que la participación ciudadana, como espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el Estado y los ciudadanos de la localidad, hace evidente la competencia, la tensión y el enfrentamiento que existe entre esta y los diferentes niveles del Estado, por el control de la actividad económica preponderante (recurso escaso), que a su vez es considerada como una herramienta para lograr el desarrollo local. Se busca presentar cómo desde lo local, se aplica y entiende la participación de los ciudadanos en las decisiones y políticas nacionales, para lo cual se toma como referencia los procesos de participación ciudadana desarrollados en la localidad de Talara, en torno al Proyecto de Modernización de la Refinería Talara; así como analizar cómo, en un contexto de actividad de hidrocarburos, la participación ciudadana deja de ser exclusivamente un mecanismo de diálogo del Estado y asume también la función de convertirse en un mecanismo para presentar desde lo local, la visión de desarrollo de la población y de exigir la atención de otras demandas sociales. La metodología aplicada está basada en un análisis de caso, la realización de entrevistas con actores locales, representantes de la empresa y autoridades; así como la participación de la investigadora en espacios de discusión locales, con la finalidad de comprender los hechos sucedidos y su origen, así como describirlos desde la perspectiva de los actores.

La presente investigación se basa en el análisis de dos videos donde se aprecia la interacción discursiva entre dos decisores estatales ––Gregorio Santos, como Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca y Oscar Valdés, en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno Nacional–– que se reúnen en una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto socioambiental por el proyecto minero Conga, en Cajamarca, en diciembre del 2011. Habiendo tomado como ejes de análisis el campo de las masculinidades, el análisis crítico del discurso, y el diálogo se concluye que estos dos actores protagónicos reproducen órdenes de género e identidades masculinas diferentes, los cuales han sido permeados por la política neoliberal del gobierno nacional en cuanto a la explotación de los recursos naturales, y que contribuyeron a la colisión de los dos protagonistas en este (des)encuentro. Conjuntamente con las distintas masculinidades de cada uno de los actores protagónicos se evidencian la influencia de otros ejes de jerarquización y dominación, que incidieron en la interacción y en el desenlace del conflicto