La presente tesis analiza los discursos de tres actores sociales: la empresa Doe Run Perú, sus trabajadores y dos medios de comunicación escrita limeños (específicamente, El Comercio y La República). Estos actores describieron y explicaron distintos sucesos de índole social, económica o ambiental que estaban vinculados con el accionar empresarial y el de los trabajadores en la ciudad de La Oroya (capital de la provincia de Yauli, región Junín, Perú) entre el año 1999 y el año 2009. En el apartado inicial, dedicado a los antecedentes de la problemática, se detalla, de manera breve, la historia de la ciudad y se explican los procesos recientes que sirven de referencia histórica a este trabajo: la privatización de la empresa Centromin Perú, las modificaciones que Doe Run realizó en su programa ambiental y las críticas a la empresa por parte de organismos no gubernamentales. En el siguiente apartado, se formula un conjunto de interrogantes, cuyas respuestas constituyen los objetivos de esta investigación; estas se pueden resumir de la siguiente manera: ¿cómo se representa discursivamente a la empresa Doe Run Perú y a sus trabajadores en las revistas empresariales del año 1999, en los comunicados sindicales emitidos en las situaciones conflictivas oroínas del periodo 2004-2006 y en el discurso periodístico de setiembre de 2009? Para responder esta pregunta, este trabajo de tesis presenta un marco teórico que se basa en la propuesta de análisis crítico del discurso de Norman Fairclough. Esta perspectiva se centra en el estudio de la evidencia discursiva de los procesos sociales para poder describir y explicar ideologías y prácticas sociales. Así, siguiendo estos lineamientos, se ha trabajado con el corpus empresarial, sindical y medial para poder mostrar cómo los recursos lingüísticos usados en los textos permiten reproducir y transformar las prácticas y los presupuestos ideológicos de los actores sociales que intervienen en los procesos históricos oroínos. Para finalizar el marco desde el que se presenta esta tesis, se propone la necesidad de propiciar más trabajos dentro del área de los Estudios Andinos que aborden los procesos sociales generados a partir del impacto del capitalismo en las ciudades de la sierra peruana. En el primer capítulo dedicado el análisis de los textos de los actores sociales, la investigación se centra en las estrategias discursivas utilizadas en las revistas empresariales, lo cual permite concluir que estas herramientas lingüísticas redundan en la construcción de una imagen positiva y benefactora de la compañía Doe Run Perú (representación de una entidad generadora de bienes para los actores sociales vinculados con esta entidad, y para aquellos que no mantenían ninguna relación con la organización). En el segundo capítulo, se abordan los discursos de las organizaciones sindicales; el trabajo de descripción y explicación de los recursos discursivos usados por estos gremios permite notar la existencia de distintos “repertorios interpretativos” (formas de representar lingüísticamente) y de posicionamientos sobre la empresa que varían dependiendo de los intereses sindicales. En ese sentido, esta parte del análisis muestra cómo las modificaciones en las prácticas discursivas son una evidencia de los cambios que ocurren en las prácticas sociales. Por último, en el tercer capítulo, se examina la representación de dos medios escritos sobre la situación conflictiva oroína en el mes de setiembre del año 2009, periodo conflictivo generado por el cese de las operaciones empresariales, paralización que se debió a los problemas económicos de la compañía. Se evidencia, en esta última parte del trabajo de análisis, que los artículos de ambos diarios coinciden en una visión crítica de la gestión empresarial, sobre todo en el tema ambiental. En síntesis, este trabajo explora, a través de los productos lingüísticos de tres actores sociales, la construcción discursiva de situaciones de tensión social cuyos efectos siguieron generando preocupaciones y temores en los ciudadanos oroínos hasta abril del año 2012; en esa fecha, se decidió ejecutar una liquidación en marcha para que Doe Run Perú pudiera cancelar las deudas que había contraído y mejorar su situación económica. / Tesis

Si bien actualmente se encuentran vigentes la Ley y el Reglamento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (abril – 2012), normas que tienen como sustento el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por el Perú (febrero - 1995), éstas no fueron promulgadas oportunamente ni establecieron cómo deberá proceder el Estado – a través de la entidad competente - con relación a las actividades mineras autorizadas durante el período comprendido entre la ratificación del referido Convenio y la aprobación de ambas normas (1995 – 2012). En ese sentido, este documento analiza el marco normativo aplicable y propone un procedimiento para permitir a la entidad competente verificar que se cumplió con proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios a pesar de no haberse realizado el procedimiento de consulta previa.

Los pasivos ambientales mineros constituyen una de las principales fuentes de contaminación del recurso hídrico porque exponen al ambiente los sulfuros y, como resultado, estos producen drenaje ácido de mina. Estas aguas ácidas liberan los metales y metaloides (Pb, Cd, Cu, Mn, Zn y As) los cuales son transportados por los cursos de agua y pueden llegar hasta el hombre por medio de la bioacumulación en la cadena trófica. Este es el caso de los relaves de la antigua Compañía Minera Millotingo ubicados en el cauce del río Aruri en la parte alta de la microcuenca quebrada Párac, distrito de San Mateo de Huanchor, donde, aguas abajo, las comunidades de San José de Párac y San Antonio utilizan este recurso para regar sus cultivos de papa y alfalfa en época de estiaje. Sin duda, el caso de estudio presentado resulta complejo, por ello fue necesario abordarlo bajo un enfoque multidisciplinario. De esta manera, se han utilizado métodos físicos y químicos, como la microscopía y espectrometría, para verificar la existencia de sulfuros y medir la calidad de agua de los ríos Aruri y Rímac. Asimismo, se ha adecuado el enfoque ecosistémico para levantar información socioeconómica de las comunidades estudiadas. Finalmente, mediante la evaluación social multicriterio se ha identificado a los diferentes actores y sus discursos frente a la problemática de los pasivos de la microcuenca quebrada Párac. Se encontró que los relaves contienen sulfuros, que aportan con elementos tóxicos a los ríos Aruri y Rímac. Estos superan los límites permisibles del estándar del Estado de Oregón, Estados Unidos que son más estrictos que el criterio peruano, sobre todo con el arsénico que es altamente tóxico. Asimismo, se observó que ambas comunidades riegan papa y alfalfa, cultivos caracterizados por bioacumular metales y metaloides. No obstante, resulta necesaria la comprensión del proceso toxicológico de estos elementos y su translocación en los cultivos a condiciones ambientales de la quebrada Párac, para conocer el riesgo al que se exponen las comunidades. Sobre la remediación de los relaves, pese a que están catalogados como riesgo muy alto para el ambiente el Estado está impedido de remediarlo. Las razones son que otorgó derechos para su reaprovechamiento a la empresa Proemina S.A.C y el pleito judicial que mantiene esta empresa en el Tribunal Constitucional.

El estallido del conflicto social, ambiental y cultural motivado por el posible desarrollo del Proyecto Minero “Conga” atrajo las miradas de todo el país y del mundo, debido a la inversión proyectada de 4,800 millones de dólares, por parte de la Minera Yanacocha. Mientras el Gobierno Peruano, liderado por el Presidente Ollanta Humala Tasso, intentaba apaciguar el conflicto y llevar a cabo el proyecto; por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de su Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, recogió los pedidos de la población que se oponía a la desaparición de sus lagunas, a través de la emisión de la Ordenanza Regional N° 036 – 2011 – GR.CAJ-CR, la cual, declaraba inviable “Conga”. El Fiscal de la Nación interpuso una Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la ordenanza, la cual, daba la oportunidad al Tribunal Constitucional Peruano para emitir una Sentencia que resuelva el conflicto; sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución decidió, de manera apresurada, no pronunciarse sobre el EIA de Conga e invisibilizar a las Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas existentes en el área de influencia del proyecto minero, para evitar pronunciarse sobre temas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la aplicación de la Consulta Previa. / The outbreak of social, environmental and cultural conflict motivated by the possible development of the Conga Mining Project attracted the attention of the whole country and the world, due to the projected investment of 4,800 million dollars, by the Yanacocha Mining. While the Peruvian Government, led by President Ollanta Humala Tasso, tried to defuse the conflict and carry through the project; on the other hand, the Regional Government of Cajamarca, through its Regional President, Gregorio Santos Guerrero, collected the requests of the population that opposed the disappearance of its lagoons, through the release of Regional Ordinance N° 036 - 2011 - GR.CAJ-CR, which declared "Conga" unfeasible. Unexpectedly, the Attorney General of the Nation filed a complaint of unconstitutionality against the ordinance, which gave the opportunity to the Peruvian Constitutional Court to issue a judgment to resolve the conflict; however, the chief interpreter of the Constitution decided, hastily, not to pronounce on the Environmental Impact Assessment of Conga and to make invisible the existing Peasant Communities and Peasant Rounds in the area of influence of the mining project, to avoid pronouncing on issues such as Convention 169 of the International Labour Organization or the application of Prior Consultation.

El Perú es un país rico en minerales es así que el sector minería e hidrocarburos es un sector crucial para el progreso y crecimiento del país, contribuyendo así de manera directa e indirecta en el Producto Bruto Interno (PBI). Tenemos así que la Constitución Política del Perú de 1993 señala lo siguiente: “Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a Ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”. De esta manera, los diferentes gobiernos locales y regionales vienen recibiendo montos cuantiosos de dichos recursos en forma de canon y regalía. No obstante, la interrogante de investigación es como estos recursos de canon tiene algún efecto en el índice de desarrollo humano y sus componentes durante el periodo 2004-2021, por lo cual se plantea la hipótesis general “El incremento de las transferencias de canon y regalía genera un incremento en los componentes del índice de desarrollo humano (IDH) en las regiones del Perú”. Para ello se plantea un modelo que incluye controles como el nivel de gasto en inversiones, la ejecución presupuestal anual, corrupción, el nivel educativo terciario de la población, población rural. Se empleó un modelo econométrico de datos de panel con efectos fijos, caracterizado por su naturaleza lineal y estática. Los resultados nos muestran, que si existe un efecto positivo del canon en el componente ingreso del IDH de 0.435 por ciento y en el IDH 0.421 por ciento. Además, se identifica el efecto según el tipo de canon en los componentes del IDH donde se evidencia que en el componente Educación el recurso regalía minera tiene un efecto positivo y significativo de 0.759 por ciento y en el modelo del componente ingreso es el Canon petrolero con 1.1 porciento. Por otro lado, según características de las regiones como área natural encontramos que no tiene ningún efecto, así también revisamos el efecto por nivel de corrupción donde evidenciamos que en el modelo del componente Salud el efecto del canon es en todos los niveles 4 de corrupción mientras que en el modelo del componente Educación el efecto es cuando tenemos altos niveles de corrupción.

La presente tesis, se basa en el análisis de la situación económica, global y regional de la industria minera. Para el sector minero, el cobre como principal mineral, será el motivo de estudio, siendo Chile y Perú los principales exportadores del mundo en la región. Bajo esta premisa, analizaremos a Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Perú Copper Corporation, como las más importantes en Perú, así como Corporación Nacional del Cobre de Chile, la más representativa de Chile. Por tal motivo, se ha realizado un análisis financiero comparativo de la industria minera en Perú y Chile que permitió predecir y evaluar el comportamiento de las tres empresas, de esta forma facilitar la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de las empresas en estudio. Para la investigación, se ha considerado la metodología de flujo de caja descontado y se ha empleado los estados financieros públicos y auditados de cada empresa, así como información estadística de fuentes de ambos países. Habiendo comprendido la información financiera de las tres empresas en un rango de análisis desde 2014 al 2019, y sobre el sustento de los indicadores macroeconómicos, se elaboró una proyección de los flujos de caja, realizando el respectivo descuento del costo promedio ponderado de capital. De esta forma, se obtuvo el valor fundamental de Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú Copper Corporation y Corporación Nacional del Cobre de Chile, al 31 de diciembre del 2019, siendo US$ 9,604 millones, US$ 6,266 millones y US$ 11,218 millones, respectivamente. En conclusión, a pesar de la volatilidad del precio del cobre debido a diversos factores económicos y sociales se puede afirmar que Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Perú Copper Corporation han generado valor y en el caso de Corporación Nacional del Cobre de Chile pese a no cotizar en bolsa, el valor fundamental de la empresa pone de manifiesto que los accionistas pretenden seguir generando valor.

En el marco del proceso de amparo seguido con el expediente E-2378, se discute si el Decreto de Urgencia 012-2010 vulneró los derechos constitucionales invocados por Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L y otros (derecho a la no retroactividad de la ley, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de empresa y derecho a la propiedad) Además, los accionantes afirman que la norma cuestionada infringe los requisitos contenidos en el Num. 19) del Art. 118° de la Constitución Política, motivo por el cual exigieron la inaplicación del acotado decreto de urgencia. Sobre la norma cuestionada, se advierte que contiene disposiciones autoaplicativas (aunque no todas) que tienen por objeto el ordenamiento de la actividad minera en el departamento de Madre de Dios, adoptando medidas específicas en este sentido, siendo una de ellas la prohibición del uso de dragas en actividades de minería aurífera. Además, estableció que, desde su promulgación, los términos de referencia para obtener la certificación ambiental para iniciar operaciones no deben incluir el uso de dragas, carancheras y artefactos similares. Ambos extremos fueron cuestionados por los demandantes. El proceso fue iniciado ante el Juzgado Mixto de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. Luego de un pronunciamiento desfavorable para los amparistas tanto en primera como en segunda instancia, el Tribunal Constitucional ratificó lo decidido por el juzgado y la Sala, conforme se advierte de la sentencia recaída en el Exp. N° 0316-2011- PA/TC, de fecha 17.07.2012. En ella se declaró la existencia de un empate ponderativo entre el principio perseguido por el Decreto de Urgencia 012-2010 (tutela del medio ambiente) y el derecho de propiedad de Empresa Minera de Servicios Generales y otros, determinando que, según las dimensiones del caso, correspondía establecer la prevalencia de la tutela del medio ambiente sobre el derecho de propiedad de los accionantes. Tras analizar las dimensiones procesales y de fondo del expediente E-2378, advertimos una serie de deficiencias no sólo en los argumentos que sostenían la tesis de los demandantes, sino que dicha calificación también alcanzó el pronunciamiento de la justicia constitucional, con especial énfasis del esgrimido por el Tribunal Constitucional. Es en esta última instancia donde advertimos omisiones muy relevantes, motivo pro el cual somos enfáticos en calificar la sentencia constitucional expedida por el máximo intérprete de la Constitución como deficiente.

En los últimos 15 años la Sociedad Minera Cerro Verde ha construído una serie de infraestructuras de agua a lo largo de la cuenca del río Chili en Arequipa. Estas obras se engloban en una política institucional llamada el Círculo Virtuoso del Agua, cuyo objetivo es contribuir a la eficiencia hídrica en la cuenca con obras de represamiento, tratamiento y potabilización. La presente tesis analiza las condiciones bajo las que se ejerce el derecho al agua en la cuenca del Chili en Arequipa a la luz de los convenios entre Cerro Verde y las autoridades por el agua. El objetivo es analizar si los desequilibrios de poder entre empresa minera y actores subnacionales impactan en la capacidad de ejercer el derecho al agua en contextos mineros. A partir del análisis a los arreglos de la gobernanza ambiental en la minería se determina que la estrategia de Cerro Verde cumple con cerrar las brechas de infraestructura de agua y el acceso a ciertos usuarios. Sin embargo, el énfasis no es puesto en mejorar la situación de inequidad en la distribución del recurso o las injusticias hídricas. Por otro lado, los acuerdos sirven para consolidar el modelo de toma de decisión en el sector minero y, así, impulsar la presencia de esta actividad en la región. Finalmente, los acuerdos se soportan en una construcción institucional altamente dependiente de formas de gestión del agua previas a la introducción de la gran minería, haciendo que las condiciones de Cerro Verde sean difícilmente repetibles en otros contextos mineros. / For the last 15 years, Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) has financed and/or built a series of water infrastructure projects across the Chili river basin in the province of Arequipa. These projects are backed by a corporate water efficiency policy called the “Virtuous Cycle of Water” that involves different interventions across the basin including water transfers, dams and black water treatment facilities. SMCV wielded the notion of water efficiency to generate a consensus among the decision makers at the national and subnational level. However, SMVC’s water efficiency policy isn’t neutral and is preceded by a series of agreements with different stakeholders across a fixed period that coincides with the two expansion phases of its operations. This thesis discusses the influence of participation and power dynamics in the exercise of the water rights as a human right in a mining context. Through the analysis of the environmental governance arrangements of mining in the region we find that SMCV strategy focuses in closing the gap of water accessibility and quality for stakeholders that are represented in the river basin decision making spaces. Nevertheless, the emphasis is not put on reducing preexisting conditions of water inequality. On the other hand, the agreements serve to consolidate a decision-making model that privileges the mining company and the presence of this activity in the region. Finally, the governance arrangement is highly dependent on the local institutions of water management, which even precede big mining, making the conditions of SMCV strategy hardly replicable in other contexts.

El presente trabajo de investigación, plantea el uso de algoritmos económicos para la evaluación de proyectos mineros, con el fin de maximizar el valor actual neto debido a los flujos de dinero, producto de la estrategia de extracción adoptada por la operación minera. Esta investigación está basada en la economía de recursos naturales, de la cual comprobaremos la teoría de Hotelling conocida como la “ley del r por ciento” y mejoraremos la extracción haciendo uso de la teoría desarrollada por Kennet Lane, donde se hace una actualización periódica del beneficio que se podría generar de explotar el recurso a diferentes tasas de extracción, dándonos la posibilidad de tomar la mejor opción y recibir la mayor rentabilidad posible. / Trabajo de investigación

El Perú es un país donde la actividad minera es de vital importancia en la economía. Para la realización de la actividad minera se requiere que el mineral extraído sea económico, es decir que pague los costos operativos y a su vez genere utilidades para la empresa. Sin embargo, los yacimientos minerales cada vez son más escasos, se encuentran a mayor profundidad y, además, cuentan con bajas leyes de mineral, por lo cual se pone en riesgo la operación minera. Debido a este escenario las empresas mineras están constantemente evaluando sus procesos para ver la manera de reducir sus costos operativos y generar utilidades manteniendo una actividad minera sostenible. La compañía minera se compone de personal obrero y de personal administrativo, la totalidad del personal puede pertenecer a la compañía, es decir, los obreros serían parte de la compañía. Sin embargo, la mayoría de empresas mineras en el Perú y en el mundo deciden tercerizar sus operaciones, tales como la exploración, el desarrollo minero, la explotación, el beneficio, la comercialización, alimentación, entre otros. Esto con el fin de compartir riesgo, aumentar la productividad y con ello reducir los costos operativos. La valorización del contratista minero por los servicios brindados se compone de un costo Fijo (Gastos generales) y un costo variable (Costo directo), es así que el contratista minero recibe mayores utilidades siempre y cuando realice mayores actividades. Sin embargo, en el Perú la empresa contratista se encuentra marginada resultando que la compañía minera les exija que reduzcan sus precios unitarios al mínimo para poder operar en la mina. Este requerimiento genera una inconformidad económica entre compañía minera y empresa contratista especializada. De esta manera, la empresa minera percibe que está pagando de más por los servicios brindados y, por otro lado, el contratista minero considera que no se le está retribuyendo justamente por los servicios realizados. Es de suma importancia abordar este tema, debido a que el número de empresas mineras que buscan tercerizar sus actividades operativas se está incrementando cada vez más en el Perú La presente investigación analizará a la contratista minera GEMIN y a la compañía Minera Sierra Antapite, determinando los precios unitarios mínimos para incrementar valor en la unidad minera Antapite y la contratista. Para plantear una solución a este problema se realizará un análisis técnico - económico, considerando los costos fijos (gastos generales) y costos variables (precios unitarios) de la empresa contratista minera GEMIN. Así mismo, estos costos variables están en función al tiempo, expresado en guardias o ciclos de trabajo, que demora en realizar la actividad minera. (KPI), del mismo modo estos costos consideran la utilización del recurso para la realización de la actividad correspondiente. Con este análisis se desea demostrar que para cada contratista existe una cantidad mínima de actividades mensuales con la cuales es rentable la operación minera. Esta cantidad mínima de actividades la obtendremos al hallar el precio de reserva plasmado en el punto de equilibrio de una gráfica de egresos versus ingresos. Cabe señalar que cada mina cuenta con una realidad diferente que depende de la productividad de las personas, logística, transporte, salarios, tipo de minado condiciones climáticas, entre otros. Para demostrar este planteamiento, se tomó un caso práctico entre la empresa Minera Sierra Antapite y la contratista minera GEMIN CONSTRUCTION, resultando el punto de equilibrio en 05 (cinco frentes de producción), esto quiere decir que con los precios unitarios con el cual la contratista está compitiendo, será rentable siempre y cuando realice una cantidad mayor igual a 05 frentes. Al finalizar este análisis se determinará un precio unitario óptimo bajo la realidad de la contratista minera y la necesidad de la unidad minera, el cual se verá reflejado en un precio unitario justo basado en indicadores (KPI). / Trabajo de investigación