No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene como propósito efectuar un análisis crítico de la recepción del principio de transparencia por parte de nuestro ordenamiento jurídico, a través de su materialización en el derecho de acceso a la información pública, tanto a nivel constitucional, legal y administrativo. Para ello, nos encargaremos de analizar cuáles han sido sus orígenes, qué ha señalado tanto doctrina nacional como extranjera, y de qué modo ha sido aplicado por la jurisprudencia. Hacemos presente, que hemos focalizado nuestro estudio en un período de tiempo que comienza con la reforma constitucional de agosto del año 2005, la que incorpora un nuevo artículo 8 a nuestra Carta Fundamental, y finaliza en la fecha en que hemos terminado el presente estudio. Al respecto, comenzaremos explicando ciertos conceptos jurídicos, para luego iniciar un análisis del marco normativo constitucional en el que se encuentra tanto el principio de transparencia, como el derecho de acceso a la información pública. Sobre el particular, discutiremos cuáles serían los alcances y características de este derecho, como también su relación con el principio de transparencia. En este sentido, también estudiaremos si existe en nuestra institucionalidad, un bloque constitucional que consagre al derecho de acceso a la información pública, si puede ser entendido como un derecho humano, si existe reserva legal para limitarlo, entre otros. Posteriormente, abordaremos la recepción a nivel legal que ha tenido del derecho de acceso a la información pública, ya sea en la ley número 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley número 18.880, Ley de Procedimientos Administrativos; y especialmente, en la ley número 20.250, sobre Acceso a la Información Pública. Finalmente, analizaremos la aplicación que le ha dado tanto la jurisprudencia nacional (Tribunales de Justicia y Consejo para la Transparencia), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por fin revisar y sistematizar la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia en dos grandes ámbitos: información pública y acto administrativo, y causales de secreto o reserva. Como se verá, en cuanto a lo primero, el Consejo ha elaborado, basado en la regulación de la Ley de Transparencia, un criterio amplio para determinar qué se entiende por información pública, no sólo atendiendo a un principio formal relacionado al acto administrativo y a sus fundamentos y la documentación que le sirve de sustento o complemento directo y esencial, sino que también a que la información elaborada con presupuesto público y la que obra en poder de la Administración tiene la misma calidad. Además, se ha pronunciado respecto a distintos tipos de actos que no poseen una regulación legal acabada en nuestro derecho o que derechamente no la tienen, y los ha incluido dentro de la categoría de información pública. En el segundo tema, el Consejo ha desarrollado lineamientos distintos que le han permitido delimitar las situaciones en que cierta información es secreta o reservada debido a que su divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones de los órganos administrativos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional, o porque una ley de quórum calificado ha determinado su resguardo. Además, ha construido un criterio referente a cuándo es posible para un órgano excusarse de entregar información porque ella no existe, no siendo suficiente que únicamente señale tal circunstancia

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Este estudio de casos profundiza acerca de la naturaleza autónoma del Consejo para la Transparencia, órgano creado por la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. A partir de esta ley, aprobada el año 2008, el Consejo para la Transparencia se constituye como el órgano garante del derecho de acceso a la información pública que obra en poder de la Administración del Estado, y como tal, ha sido dotado de una autonomía legal para el ejercicio de sus funciones. Indagar acerca de la autonomía de esta institución y sobre su ejercicio en estos cinco años de implementación de la ley, implicó la revisión de documentos legales y técnicos de la Corporacion, además del análisis de artículos de medios de comunicación que cubrieron la relación entre la Corporación y la Administración del Estado. Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se destaca que el concepto de autonomía es elástico y es determinado caso a caso, siendo la ley el instrumento que la materializa y otorga gradualidad a este atributo. Al analizar el origen de este tipo de agencia es factible encontrar rasgos distintivos de una institución autónoma y otros complementarios que permiten profundizar el grado de autonomía conferido. Es así que son indispensables para que un ente sea catalogado como autónomo: la independencia de su autoridad superior respecto del Ejecutivo; la entrega de potestades sustantivas para la ordenación del sector encomendado; la capacidad de autogestión y la flexibilidad presupuestaria. Por otro lado, complementan una mayor autonomía el que sus autoridades gocen de competencia técnica y profesionalismo y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas de sus autoridades, considerando su escasa responsabilidad política. Durante el corto funcionamiento de esta Corporación, se ha observado la instalación y despliegue de esta nueva institucionalidad, la cual no ha estado exenta de eventos que pudiesen afectar su ejercicio autónomo. Este estudio analiza tres episodios que permitieron concluir que la autonomía legal otorgada, si bien está fuertemente resguardada en lo que concierne a la independencia de su autoridad del Ejecutivo, la autogestión y sus potestades sustantivas, aún presenta espacios de mejora de estas mismas dimensiones. Otros elementos como, la autonomía presupuestaria, la competencia técnica de sus autoridades y la rendición de cuentas, tienen nulo resguardo legal y requieren ser abordados ante nuevos procesos de perfeccionamiento normativo. En el caso concreto del Consejo, las mejoras evidentes serían concebir el nombramiento de los consejeros a partir de un proceso que enfatice las competencias técnicas de los candidatos y releve las preferencias políticas para un segundo lugar y el diseño de un sistema presupuestario que permita materializar la autonomía presupuestaria sin condicionamiento de la gestión.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio analiza el proceso de implementación de la Política de Acceso a la Información Pública (PAIP), con el propósito de identificar las principales fuerzas que influyeron en la instalación y puesta en práctica de esta política pública. A partir del estudio de las fuerzas impulsoras, que han jugado roles significativos, se busca conocer cómo se abordaron los obstáculos en los 5 años que lleva de implementada la ley 20.285. Mediante el análisis de fuerzas impulsoras, planteado por Hasenfeld & Brock (1991), se identificaron los factores con mayor influencia y el rol que ellos jugaron en el proceso de implementación de la PAIP, y adicionalmente, el análisis de estas fuerzas impulsoras ha contribuido a comprender la estrategia y obstáculos enfrentados por el CPLT para encaminarse a lograr el valor público declarado. El análisis de esta política pública ha sido trabajado como un caso de estudio exploratorio. Su unidad de análisis es el espacio inter-organizacional en el cual la PAIP se ha implementado. La información analizada proviene de las siguientes fuentes: entrevistas, documentos oficiales, literatura académica y prensa de la época. Se llevaron a cabo once entrevistas a personas que fueron clave en el proceso de implementación. Las entrevistas se analizaron según el método de análisis de contenido, luego procesadas y codificadas mediante el programa Nvivo. El análisis con base en los testimonios de los entrevistados dio a conocer que las relaciones de poder, la búsqueda de racionalidad y el ajuste organizacional han sido las principales fuerzas que han influido en la implementación de la PAIP. Este hallazgo es consistente con las dinámicas de una política con un enfoque de arriba hacia abajo en términos macro (nivel más político), para luego, a medida que se va instalando la política, esta vaya ajustándose a un nivel micro en base al contexto inter-organizacional, en que obliga a los gestores públicos, por su cercanía con el problema, a ir adecuando la política a los requerimientos ciudadanos con miras a generar valor público. Estas conclusiones difieren, en parte, de los hallazgos de los estudios de Hasenfeld & Brock (1991) y de Olavarría (2014). La diferencia con el primero estaría explicada ya que en la PAIP el conflicto no se sostuvo en la arena política, sino que, en el control de las acciones del Consejo, limitando sus acciones, lo que implicó una lucha constante por su espacio institucional, esto mismo hace que la PAIP se diferencie del segundo estudio, ya que se encuentra todavía en un fase de surgimiento, además, se suma el hecho que esta política creó un organismo nuevo, cosa diferente a otras PMGP, lo que afirma que las relaciones de poder hayan sido tan importantes.

Memoria (para optar al grado de magíster mención derecho de la informática y de las telecomunicaciones) / Los procesos que realiza la Administración para brindar servicios se fundamentan hoy día en información, la que se genera a partir de los datos que almacena en sus bases informáticas cada entidad. En gran cantidad de servicios, para que el ciudadano logre el resultado esperado con su solicitud, esto depende de datos que en algunos casos la instancia responsable no posee, pero que si constan en los bancos de datos de otra dependencia pública. En este estudio se analiza desde la perspectiva jurídica, los aspectos que posibilitan que dicha información sea intercambiada electrónicamente en lugar de su impresión -encargada al ciudadano para que ejerza de mensajero del Estado y sus Instituciones-; logrando así la interoperabilidad entre sistemas y procesos administrativos, e integrando los servicios públicos electrónicos que ofrece la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La consagración constitucional de los derechos humanos es un componente indispensable de todo Estado de Derecho, en que las acciones de los gobernantes se encuentran sujetas a lo dispuesto en su legislación y al respeto de los derechos reconocidos a toda persona. Estos dos límites constituyen el marco dentro del cual el Estado puede actuar válidamente. Esta memoria busca contestar la siguiente pregunta: ¿Es necesaria la consagración del Derecho de Acceso a la Información Pública en la Constitución Política de la República?

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Debido al avance en tecnologías de información y telecomunicaciones, la tendencia a nivel mundial en sistemas de gobierno es migrar desde una democracia representativa a una democracia participativa y colaborativa. Esto es lo que se llama un Gobierno Abierto. Países como EEUU, Australia, Reino Unido, Finlandia y Suecia han mostrado avances significativos en esta materia. Para que el Gobierno Abierto sea posible son necesarias varias cosas: voluntad y decisión política, apertura de datos públicos en formatos abiertos y estrategias de colaboración y participación ciudadana. Suponiendo que existe en Chile voluntad y decisión política, el paso siguiente es la apertura de datos públicos en formatos abiertos. En un afán de replicar la experiencia internacional y siguiendo la misión de alcanzar un Gobierno Abierto, nace el presente trabajo de memoria. Este trabajo consiste en la implementación y puesta en funcionamiento de una API de información financiera para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Una API es una interfaz de operación que permite la interacción entre diferentes partes de un sistema de software. En el caso específico de la API implementada para la SBIF, es un canal difusor de información pública en formatos abiertos y estándar, para el uso por parte de agentes externos. La información disponible por medio de la API corresponde a información pública que se encuentra disponible en el actual sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta información se compone de recursos como indicadores financieros, balances de instituciones financieras, etc. Para la implementación de la API se usó la técnica de ingeniería de software REST, la cual hace uso sólo del protocolo HTTP para la entrega de recursos. Esto hace que operacionalmente la API sea eficiente en el uso de recursos y accesible a un amplio espectro de clientes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile la regla general en materia de acceso a la información pública es su publicidad y la excepción su reserva o secreto. Las causales de secreto o reserva a la entrega de información se encuentran establecidas en la Constitución Política y especificadas en la Ley de Transparencia. La Jurisprudencia Administrativa del Consejo para la Transparencia desarrollada en menos de una década, ha ido delineando sus criterios de aplicación de la normativa respecto de las causales de reserva. Dichos criterios de interpretación de la normativa y su aplicación, están ligados con una actividad que ha sido frecuente en las decisiones del Consejo, cual es, la actividad ponderadora desarrollada a través de los Test de Interés Público y Test de Daño. Resulta de importancia efectuar una aproximación esquemática a la forma en que el Consejo ha llevado a cabo esta actividad de ponderación, mediante el análisis de los criterios que se extrapolan de sus fallos, ya que se va sentando jurisprudencia que puede ser analizada a fin de tener mayor certeza sobre el modo en que el Consejo aplica la Ley de Transparencia y las causales de reserva, certeza que sirve para que los abogados estén al tanto de cómo funcionan los criterios aplicados, para que el ciudadano sepa a qué atenerse al momento de efectuar solicitudes de entrega de información y los funcionarios públicos conozcan con claridad cuando obran al margen de los dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la Sociedad de la Información destacan los objetivos y procesos asociados al desarrollo del Gobierno Electrónico, especialmente el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs). En efecto, el progreso experimentado en esta materia a nivel estatal, ha permitido emplear una serie de medidas de carácter tecnológico a fin de otorgar una mayor eficiencia y transparencia a la Actividad Pública. En tal sentido, durante la última década se han dictado en Chile una serie de Leyes e Instructivos Presidenciales, a fin de insertarse plenamente en el desarrollo del Gobierno Electrónico. Destaca particularmente la publicación en el año 2005 de la Ley 20.050, en virtud de la cual se incorpora al art. 8 de la Constitución Política de la República, los Principios de Probidad, Publicidad y Transparencia Administrativa. Asimismo, cabe mencionar la publicación en el año 2008, de la Ley 20.285, sobre Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se reconoce el Derecho de las personas al Acceso a la Información Pública, mediante la consagración del Principio de Transparencia Activa, y el Principio de Transparencia Pasiva o Derecho de Acceso a la Información Pública. Del mismo modo, la Ley 20.285 incorpora al ámbito público un Órgano Autónomo denominado Consejo para la Transparencia, encargado de velar por el debido respeto del Principio de Publicidad y Transparencia de la Gestión Pública; como asimismo de resguardar los Derechos de los titulares de Datos Personales que se encuentren en poder el Estado. De esta manera, frente a eventuales conflictos que surjan entre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos de Carácter Personal, el Consejo para la Transparencia será el llamado a buscar un punto de equilibrio. En este contexto, los Objetivos Generales del presente estudio, se centran en analizar si en el contexto del Gobierno Electrónico, el Estado de Chile ha desarrollado sus sitios Web, en armonía con el objetivo final de promover el Derecho de Acceso a la Información Pública. Asimismo, los Objetivos Específicos consisten en determinar si en el ámbito de la Transparencia de la Actividad Pública, se respetan las Políticas de Privacidad relativas al cumplimiento del Derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal. Para tal efecto, es objeto de análisis la Ley 19.628, sobre la protección de la Vida Privada, ya que ésta es la encargada de regular el tratamiento de los Datos de Carácter Personal. En el cumplimiento de estos objetivos, la metodología comprende la investigación y análisis de cómo el Estado de Chile se ha ocupado en los últimos años de desarrollar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, y como estas se han incorporado a su gestión basada en la transparencia de la Actividad Pública. En este sentido, el fin del presente estudio abarca el análisis tanto del Derecho de Acceso a la información pública, como del Derecho a la protección de datos personales, en el contexto de una eventual colisión entre ambos. Por lo tanto, una metodología de estudio basada en el examen de la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia nacional y extranjera es vital para buscar un punto de equilibrio que permita coexistir a ambos derechos, particularmente cuando en el seno de un Estado de Democrático, resulta necesario encontrar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla.