Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es realizar un análisis del problema que implica el Decreto Ley, como fuente del derecho, tanto para el ordenamiento jurídico constitucional como para la Teoría del Derecho, en el marco de la relación polémica que existe entre el Derecho y la Política. Para desarrollar este problema se tomó el caso chileno relativo a la aplicación del Decreto Ley N° 520 y la polémica a la que dio lugar en los años 1970-1972. Para esto, se han desarrollado tres aspectos problemáticos, según la siguiente metodología: en primer lugar, se analiza la manera en que la Teoría del Derecho ha tratado de explicarse la irrupción de la Política en el ordenamiento jurídico, en el marco del desarrollo histórico del Estado Moderno; en segundo lugar se examina la manera en que, en el ambiente científico chileno previo a la Unidad Popular, en las dos principales universidades chilenas, se estudió el fenómeno de los decretos leyes, en un contexto de reformas universitarias; y en tercer lugar, se revisa la discusión que se dio, en términos jurídico-políticos, a propósito de la aplicación del Decreto Ley N° 520, en el período de la Unidad Popular, a través de los distintos argumentos que se esgrimieron tanto a favor como en contra de los llamados resquicios legales. Esto nos permitirá analizar críticamente la manera en que se ha abordado la vigencia de estas normas jurídicas que resultan problemáticas para un Estado de Derecho que presume ser respetuoso de su Constitución y de los procedimientos democráticos. Esta investigación concluye sosteniendo que, a la luz del debate sobre los resquicios legales, la teoría positivista del Derecho carece de herramientas suficientes para explicarse el fenómeno de los decretos leyes, y en definitiva, de la relación entre la Política y el Derecho. Además, se proponen algunos lineamientos que podrían considerarse para un ulterior desarrollo de la teoría

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aporta conceptos de relaciones internacionales que puedan enriquecer el estudio de la Constitución Política del Perú y así lograr una mejor comprensión de sus instituciones. Además verifica si la Carta Magna arrastra un concepto decimonónico y en desuso, comprueba que la Constitución Política del Perú no ha hecho sino reproducir un artículo que, en su concepción original del siglo XIX, fue diseñado para una etapa ya superada de las relaciones internacionales y el derecho internacional y da a conocer lo que dispone el sistema internacional en su normatividad con respecto del recurso a la guerra y el uso de la fuerza. Plantea que presidente de la República no posee la facultad de declarar la guerra, figura jurídica ya extinta, sin perjuicio de ser el jefe supremo de las fuerzas armadas y poseer la capacidad jurídica de movilizar al ejército, la armada y la aviación con el propósito de preservar la soberanía e integridad territorial del Estado peruano. / Tesis

En esta tesis “Gran corrupción y derechos humanos”, pretendemos reflexionar sobre la corrupción como fenómeno sistémico de gran envergadura que ocurre desde el poder. Este es típico de nuestros tiempos y se denomina gran corrupción. Además, buscamos determinar si existe una diferencia cualitativa entre ésta y la corrupción tradicional, regular o de menor escala. Aunque no existe consenso en cómo definir la corrupción y pese a que algunas voces minoritarias señalan que tiene efectos positivos en la economía, la corriente mayoritaria la caracteriza como un fenómeno negativo. La corrupción es concebida como un abuso de poder para obtener un beneficio personal a costa del bien común. Luego de analizar las características de la gran corrupción (autores con poder político o económico, movilización de grandes cantidades de recursos e impacto en los derechos ciudadanos), concluimos que se trata de un fenómeno cualitativamente distinto al de la corrupción regular. Se diferencian por el factor social, es decir, el impacto en los derechos fundamentales de quienes padecen sus consecuencias. La gran corrupción afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la sociedad porque incrementa la pobreza y la inequidad. Ello limita o niega el goce de derechos, como la vida, la salud, la educación o el acceso a vivienda digna. Aclarada la primera interrogante, buscamos establecer si la gran corrupción constituye una violación a los derechos humanos. De ser el caso, indagamos si es posible recurrir a mecanismos judiciales o del sistema internacional derechos humanos para identificar a los autores, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Para ello, partimos por señalar que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos Este deber de cuidado puede ser infringido por acción u omisión debido a prácticas corruptas de gran envergadura. Cuando los Estados incumplen esta obligación, ellos y los actores individuales incurren en responsabilidad legal, exigible por quienes se ven afectados en sus derechos. Entendida la gran corrupción en clave de derechos humanos, es factible recurrir a los sistemas de derechos humanos - universal o regional - para emplazar y sancionar al Estado, buscar una remediación del daño y solicitar medidas cautelares para el cese de prácticas de corrupción o impunidad. Dada la lesividad de estas, planteamos que no es necesario acreditar un daño específico ni una intención dirigida a generar la violación. En esos casos, basta acreditar el potencial dañoso de la acción y que los responsables hayan podido representarse el resultado, atendiendo a la grave naturaleza de su proceder. Finalmente, la gran corrupción reviste suma gran gravedad y complejidad en América Latina. Esto se evidencia en casos de nivel regional, como Lava Jato, y nacional, como las redes de corrupción en el sistema forestal en Perú. Ambos han sido incluidos en la presente tesis para una mejor comprensión del problema. Debido a casos como esos, concluimos con la propuesta de crear un Relator Especial que, en el marco de la OEA, evalúe la situación de afectación de los derechos humanos como consecuencia de prácticas corruptas y proponga soluciones sistémicas. / In this thesis “Grand corruption and human rights”, we intend to reflect on the existence of corruption as a systemic phenomenon of great magnitude happening from power. It is typical of our times and it is named grand corruption. Also, we look for determining if there is a substantial difference between grand corruption and the traditional, regular or petit corruption. Even though there is no consensus about how to define corruption, and despite that some minority voices point that it could have some positive effects for the economy, in general, the majority explain it as a negative phenomenon. Corruption is conceived as case of abuse of power to obtain a personal benefit at the cost of the common good. After analyzing the features of grand corruption (authors with political or economic power, mobilization of immense amounts of resources and impact in the citizens’ rights), we conclude that it is a qualitatively different phenomenon compared to regular corruption. They differ because of the social factor, meaning, the impact on the human rights of these who suffer its consequences. Grand corruption affects in a special way the most vulnerable sectors of society. It increases poverty and inequality, limiting or denying the enjoyment of fundamental rights like the right to life, education and access to decent housing. Once this first question is responded, we intend to establish if this type of corruption of power constitutes a violation of human rights, and if so, if it is possible to use the judicial mechanisms of those from the human rights system to identify the authors, sanction the responsible and compensate the victims. The States have the obligation to respect, protect and satisfy human rights. This obligation can be violated by action or omission due to corrupt practices of significant entity. When the States do not comply with this obligation, they and the individual actors incur in legal liability that can be demanded by those whose fundamental rights have been affected. Grand corruption, understood in human rights key, can be challenged in the human rights system - regional or universal - to sanction the State, seek remediation of the damages and request precautionary measures to cease practices of corruption or impunity. We propose, attending the harmfulness of these actions, that it is not necessary to demonstrate a concrete damage nor an intention directed to generate the violation. It is enough to demonstrate the potential harmfulness of the action and that the responsible were able to represent the result in their minds due to the serious nature of their conduct. Finally, grand corruption is a very complex and serious problem in Latin America as demonstrated by cases of regional level, such as Lava Jato, and national level, such as the corrupt networks in the forestry system in Peru. Both as been included in this thesis for a better comprehension of the problem. Because cases like these, we propose the appointment of a Special Rapporteur in the framework of the OAS in order to evaluate the impact of corruption in human rights and develop systemic solutions. / Tesis

Nuestra legislación laboral establece como causal para la extinción automática del contrato de trabajo, la invalidez absoluta permanente del trabajador, sin embargo, no existe ninguna norma vigente que defina con precisión en qué situación un trabajador podría encontrarse con dicha calificación. A todas luces nos encontramos ante un vacío normativo que genera una situación de incertidumbre jurídica. En el presente trabajo, hemos realizado una propuesta de definición del término en mención, para lo cual previamente hicimos un revisión de definiciones similares a dicho término, así como referencias que hemos encontrado en la legislación laboral y previsional, por lo que, hemos incluido una compilación y análisis de cada una de ellas en nuestro trabajo. Asimismo, tomando como base la definición de invalidez absoluta permanente que hemos propuesto, realizamos un estudio de las distintas autoridades que a la fecha emiten pronunciamientos sobre “invalidez o incapacidad”, verificado que algunas de dichas certificaciones o resoluciones sí podrían servirnos para aplicar válidamente la extinción automática del contrato de trabajo bajo la causal en mención. Finalmente, hemos detallado la problemática que genera este vacío legal, indicando los perjuicios no solo para el trabajador sino para el empleador. / Tesis

En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy. / Tesis

En los últimos años las emisiones de ADRs por parte de compañías localizadas fuera de EE.UU han tenido un incremento importante, a inicios de la década 2000 existían aproximadamente 1500 programas de ADRs negociando en EE.UU., en un informe, de JP Morgan, actualizado a septiembre del 2017 existen 3629 programas de ADRs de 89 diferentes países. Este crecimiento se explica también por el incremento en la demanda por parte de los inversionistas quienes ven a estos instrumentos como una oportunidad para diversificar sus portafolios de inversión. A diferencia de otros trabajos, este trabajo está enfocado desde el punto de vista del inversionista quien debe entender claramente que es un ADR, un instrumento que no es una acción y el impacto importante que ha significado la decisión de la Corte Suprema Americana en el caso de Morrison (2010) con la aplicación del test transaccional y la aplicación extraterritorial de las leyes de EE.UU. a diferencia del test de conducta efecto aplicado tradicionalmente para la toma de decisiones en casos de controversias de posibles fraudes por parte de los emisores del instrumento, y el impacto que Morrison ha tenido en la protección legal que pueden tener los inversionistas en ADRs . / Trabajo de investigación

Si bien actualmente se encuentran vigentes la Ley y el Reglamento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (abril – 2012), normas que tienen como sustento el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por el Perú (febrero - 1995), éstas no fueron promulgadas oportunamente ni establecieron cómo deberá proceder el Estado – a través de la entidad competente - con relación a las actividades mineras autorizadas durante el período comprendido entre la ratificación del referido Convenio y la aprobación de ambas normas (1995 – 2012). En ese sentido, este documento analiza el marco normativo aplicable y propone un procedimiento para permitir a la entidad competente verificar que se cumplió con proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios a pesar de no haberse realizado el procedimiento de consulta previa. / Tesis

La Investigación “De la Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la Protección Integral en el Perú, el caso de los hogares del INABIF”, tiene como finalidad conocer los fundamentos teóricos de las doctrinas que han sustentado la atención de la infancia a través de la historia como son la Doctrina de la Situación Irregular hasta 1989 y la Doctrina de la Protección Integral desde 1990 hasta la actualidad. El estudio trata de conocer el comportamiento jurídico e institucional que existe en el Perú para la protección de los niños y adolescentes en el proceso de transición; así mismo, pretende conocer los factores que impiden la aplicabilidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el Perú. / Tesis

La presente investigación se desarrolla para el caso específico de la Sub- Dirección de Defensoría del Niño y del Adolescente (SDD) de la Dirección de Promoción del Niño y el Adolescente (DINNA) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). La SDD como ente rector del Sistema Nacional de Defensoría desde hace más de quince años de creado a la fecha todavía no logrado la consolidación y el desarrollo del sistema, pues eso se refleja no sólo por la falta de articulación de los actores sociales que la conforman sino por la baja calidad en el servicio de las DNA. A pesar de que existe la normatividad y la legislación que favorece la consolidación y desarrollo del SNDNA, sin embargo la manera de administrarlo no ha sido el más apropiado, porque aún después de 15 años de creado, estas DNA todavía no se sienten parte del Sistema, pues tenemos como principal problema de ellas dependen administrativamente de otras organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, es por eso que tenemos cerca de ocho modelos de Defensorías distribuidos en todo el territorio peruano, lo que dificulta aún más la consolidación de ellas bajo el ente rector, SDD-DINNA del MIMDES. La investigación se basa en demostrar como la aplicación de una administración estratégica por parte del ente rector nos permitirá la mejora continua del servicio de las DNA´s. La baja calidad en el servicio y la pérdida de posicionamiento y la consecuente baja de la sostenibilidad del sistema, se ha originado por la carencia de una eficiente y eficaz administración del sistema y la ausencia de la óptima articulación de los actores sociales del sistema. La competitividad también se ha venido distrayendo con la pérdida de confianza de la comunidad y su preferencia por otros servicios similares tales como son los CEM (Centro de Emergencia Mujer) y otros programas a favor de la niñez. La competitividad de esta organización se medirá en términos de confianza, de fidelización y preferencia por parte de los usuarios (niños, niñas y adolescentes, comunidad) y los proveedores (gobierno, instituciones donantes, etc.), y no pretender maximizar el valor económico y financiero de la empresa u organización, que lo hace cualquier empresa, en la que resulta más fácil e inmediata la aplicación de las herramientas de gestión administrativas.

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