Busca llenar los vacíos legales de la unión de hecho y mejorar la doctrina jurídica nacional, viendo, cuáles son sus ventajas y desventajas frente al matrimonio, la cual lleva ciertos rasgos en los que la unión de hecho y el matrimonio no son iguales pero equiparables en la mayoría de los casos, sin embargo con la presente investigación, se protege mucho más a las parejas de hecho con una regulación legal con normativa amplia, es decir con varios artículos dentro de un capitulo propio en el Código Civil, proyectándonos hacía un Código de Familia. Se alcanza una propuesta legislativa de la unión de hecho, en un capitulo independiente al matrimonio. Su alcance metodológico está desarrollada en una investigación cualitativa, (dogmática – jurídica), documental, donde la recopilación de información, se realiza en textos, legislación y documentos que permitió simplificar los datos manejados para sistematizarlos y al mismo tiempo responder a los objetivos planteados. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Pretende demostrar que no siempre los accionistas mayoritarios puede ser el pilar de la sociedad de capital, existiendo momentos en la vida de la organización en donde otros serán los actores cuya participación permitirá preservar el interés de la empresa. A dichos efectos, dentro del marco de la regulación societaria actual, resulta ser el accionista minoritario el mejor legitimado para salvaguardar el interés social de la empresa, pues cuenta con una posición privilegiada en la estructura orgánica que otros agentes no poseen, por lo que puede contar con herramientas necesarias a fin de ejercer un rol fiscalizador para lograr que las decisiones que se adopten en las organización busquen generar un beneficio en la empresa social y no sólo de aquellos que tienen el control de ésta. En ese sentido, el objetivo principal del presente trabajo es profundizar en el análisis de los conflictos de interés que pueden surgir en el seno de la sociedad de capitales, en especial aquellos vinculados con el desligamiento del interés de los accionistas mayoritarios y el interés de la sociedad, resaltando la función que deben cumplir los accionistas minoritarios frente a estos supuestos. / Tesis

Este trabajo de investigación tiene como fin, proponer distintos fundamentos por los cuales creemos que la interpretación de la figura de habitualidad debe ser entendida de manera diferente, sustentado nuestra postura bajo determinados supuestos. Debido a que de la redacción que se tiene tanto en el decreto legislativo N° 1181 que modifica al artículo 46 c de nuestro código Penal como en el acuerdo plenario 1-2008 se entiende a esta figura como aquella que se produce en el caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de cinco años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo, además que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual naturaleza. Razón por la cual tiene aquí fundamento este tema de investigación, ya que no estamos de acuerdo con la interpretación que se le da a esa figura; es por ello que la cuestionaremos, a fin de proponer y sugerir una óptica distinta para su aplicación en un caso en concreto, a fin de obtener de manera proporcional la determinación judicial de la pena. Aspecto que consideramos de gran relevancia, para de esta manera no se vea vulnerado así, uno de sus derechos constitucionales del que está siendo investigado y de este modo protegerlo de toda intromisión ilegítima a su derecho, ya que al ser la figura de la habitualidad una agravante en nuestro Código Penal, deberá tenerse como elemento esencial para su aplicación.

En nuestro país, se han establecido, desde 1999 con el gobierno de Alberto Fujimori hasta la actualidad, medidas legislativas con la finalidad de promover tanto la formalización de la vivienda como la promoción de acceso a ésta que luego de tener programas representativos como Mi vivienda el Estado ha propuesto el Decreto Legislativo 1177 siguiendo con su búsqueda de establecer un régimen de promoción del arrendamiento para la vivienda no solo proponiendo el arrendamiento sino que se tiene con él la opción de adquirir la vivienda en propiedad en un futuro utilizando el Leasing como mecanismo; sin embargo en dicha norma se ha caído en errores, legislando sobre lo que ya se encuentra propuesto y establecido en nuestro ordenamiento jurídico, además de presentar ciertos vacíos es por ello el cuestionamiento de la creación de dicha normativa. Debido a ello la presente tesis busca establecer y analizar las deficiencias normativas que presenta el Decreto Legislativo así como ver en qué medida ha contribuido al acceso de la vivienda desde su promulgación.

En la actualidad, las leyes penales en blanco son una forma de delegar poder a otro poder del estado para completar y desarrollar el supuesto de hecho de las dichas normas, se deberá tener en cuenta el tipo de normas a las que se hace el reenvío para evitar causar ilegalidad. Es por ello, que la problemática del presente trabajo se centró en que las leyes penales en blanco vulneran el principio de legalidad y la seguridad jurídica; sin embargo, la doctrina mayoritaria considera de mucha relevancia realizar el reenvío a normas de menor jerarquía, para tratar de desarrollar los tipos penales en blanco, dejando de lado el cuidado del Derecho Penal, permitiendo la creación de nuevos tipos penales. El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos, en los cuales se trató de desarrollar los aspectos más esenciales de las leyes penales en blanco, y también el principio de legalidad en la medida que este tipo de leyes vulneran los sub-principios de certeza y reserva de ley, al igual que la mala aplicación de las mismas causara la inconstitucionalidad de dichas leyes. Pero basándonos, en las posturas minoritarias, demostraremos que lo correcto será remitirnos a normas de igual jerarquía normativa, para completar los supuestos de hecho, pese a no estar de acuerdo, debe realizarse el reenvío para tener certeza de la aplicación del derecho penal.

Un Estado al celebrar un tratado internacional acepta implícitamente la aplicación de esta norma en su ordenamiento jurídico, y si este versa sobre materia de Derechos Humanos se convierte en una norma de carácter universal. En consecuencia, se deben respetar y no limitarse, dando las condiciones necesarias para su correcto ejercicio; y así, no se vulneren los derechos ya reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales. Tras la promulgación de la Ley N.° 31042, el Estado peruano se estaría apartando de algunos de los tratados internacionales que ha ratificado. En razón de ello, la presente investigación, tiene por objetivo general determinar la constitucionalidad de la Ley N.° 31042 frente al principio-derecho de presunción de inocencia. Además, este trabajo corresponde a una investigación cualitativa, bajo la metodología de tipo analítica e interpretativa. Por consiguiente, se hizo una revisión bibliográfica sobre los temas de la presunción de inocencia, la participación política y los principios de interpretación constitucional. Luego de haber revisado las instituciones jurídicas y mecanismos constitucionales, se puede afirmar que la Ley N.° 31042 es inconstitucional, pues vulnera el derecho - principio de presunción de inocencia.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional es referente a la Implementación de la Ley de Cobre Equivalente “Ley Cu-Eq%” en Cía. Minera Condestable “CMC”, el cual surge a sugerencia del Gerente de Operaciones, con el objetivo de conocer el aporte geológico, mineralógico, metalúrgico y económico de los sub-productos “Au y Ag” respecto al Cu. La Ley Equivalente permite al Inversionista y a diversos profesionales, comprender más fácilmente la supuesta complejidad de múltiples metales y sus leyes asociadas. “Un yacimiento mineralizado, con varios metales de valor económico se convierten en un solo metal; generalmente los metales de menor valor, mediante una fórmula se añaden a la ley del metal principal” (Sinclair y Blackwell, 2004, p.253). Rendu (2013) define la ley equivalente con el siguiente enunciado: “Si una Tonelada de Material contiene dos metales, Cobre y Oro, con leyes promedios X1 and X2 respectivamente, el Cobre Equivalente es definido como la Ley de Cobre X1C, que una tonelada debe contener para producir el mismo valor económico, asumiendo que no se tiene Oro”. (p.36) El término “Grade Descriptor”, se refiere a un parámetro especifico que describe el “Valor” de un Yacimiento Mineralizado, “en términos Económicos” o “en términos de Ley Equivalente” (Hall, 2014, p.189). “CMC” considera al “Grade Descriptor en Términos de Ley Equivalente”; el cual, se divide en tres tipos: “In Situ” (Precios), “Recoverable” (Recuperaciones Metalúrgicas) y “Payable” (NSR-Factor), para los cuales, sus Valores fueron calculados en base a determinados parámetros técnicos y económicos para el Block Geológico N°4633 - Unidad Actinolita - Brecha 08 - Leyes Cu=1.10% Au=0.23g Ag=6.47g; obteniéndose leyes de Cu-Eq%: In-Situ (1.30%), Recoverable (1.25%) y Payable (1.27%). La Ley Cu-Eq% en CMC considera al “Grade Descriptor en Términos de Ley Equivalente” y específicamente al “Payable Grade Descriptor Equivalent (NSR Factor)”, el cual, mediante un análisis estadístico y técnico-económico, ha demostrado ser el óptimo. La Fórmula de la Ley de Cu-Eq% considerada en “CMC” se describe a continuación: CMC, tiene dos unidades mineras en etapas de Explotación: Raúl y Condestable; y una tercera, en etapa de Exploración: Vinchos, cuyo aporte de los sub-productos “Au y Ag” en la “Ley Cu-Eq”, para cada unidad, fueron calculados en base a determinados parámetros técnicos y económicos, se muestra a continuación: Mina Raúl: el aporte de Ag y Au es del 11% y sólo del Au es de 8% Mina Condestable: el aporte de Ag y Au es del 27% y sólo del Au es de 24% Mina Vinchos: el aporte de Ag y Au es del 20% y sólo del Au es de 16% La fórmula y los parámetros considerados para el cálculo de la Ley de Cu-Eq% en CMC fueron revisados y validados por el Consultor Senior de CMC; y posteriormente, por la consultora extranjera, contratada para la elaboración de un Technical Report basado en la norma y estándares del NI 43-101 del CIMM de Canadá por Southern Peaks Mining (SPM), propietaria mayoritaria de Cía. Minera Condestable CMC.

La débil legitimidad funcional es una problemática recurrente en la administración pública nacional, por tal motivo, la profesionalización de la función pública y, con ello, el respeto de la meritocracia, debe ser garantizada por el Estado y materializada por las instituciones públicas como EsSalud en los procesos de selección, permanencia y ascenso de su personal. Por medio de la presente investigación, se sustentará la propuesta de implementar los alcances del Decreto Legislativo 1024 en la contratación gerencial de las Redes Asistenciales de Salud – ESSALUD. Lo referido se desarrollará en virtud de una investigación cualitativa en la que implique analizar y contrastar las directivas institucionales, así como las normas nacionales sobre gestión de personal. Para ello, se evidenciará la ausencia de meritocracia en el actual proceso de contratación gerencial para ocupar el puesto de gerente de las unidades descentralizadas referidas y, posteriormente, se expondrá las ventajas de optar por un proceso de contratación gerencial que garantice la meritocracia sustentada en un perfil profesional idóneo en concordancia con los propósitos de la reforma del Servicio Civil.

Las Universidades Públicas son definidas por la Ley Universitaria vigente, como personas jurídicas de derecho público. Ello implica que sean consideradas como Entidades Públicas, según la definición utilizada por el Estado Peruano en la Directiva N° 002-2010-PCM/SGP. Por tanto, su accionar se encuentra limitado por la regulación que rodea a dicho tipo de entidades. Uno de esos límites es el referido a la actividad empresarial que realizan, si es que con ella se vulnera el principio de subsidiariedad del Estado, recogido en el artículo 60° de la Constitución, y que constituye también un supuesto de competencia desleal según el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1044. En ese sentido, el presente Trabajo Académico busca determinar que las Universidades Públicas no sólo están habilitadas a realizar actividad empresarial (artículo 54° de la Ley Universitaria), sino que su realización es necesaria para la autogeneración de recursos, elevar la calidad educativa y para aprovechar las ventajas competitivas que tienen las universidades frente a sus demás competidores en relación a la producción de bienes y servicios que sean acordes a sus fines como universidad, en conformidad con el artículo 6° de la Ley Universitaria. Para ello, se parte del análisis del criterio adoptado por el Indecopi en la Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI, mediante la cual se prohibió a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a realizar actividad empresarial por infringir el artículo 60° de la Constitución. Posteriormente, se analizará el principio de subsidiariedad y las formas en las que las universidades (como entidades públicas) están habilitadas para la producción de bienes y la prestación de servicios en el mercado.

Aplicar reformas que apunten a la modernización de la gestión pública considera un horizonte de mediano plazo para su implementación, considerando los tiempos en el proceso de elaboración de una política pública. Este reto se hace aún mayor cuando la reforma tiene como base la gestión de personas, debido a la complejidad de regímenes laborales, conceptos remunerativos, entre otros; como ocurre con la implementación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, entre los años 2013 al 2020, se han incorporado quinientos un (501) entidades al tránsito, de las cuales solo ocho (8) han culminado el proceso de tránsito de la entidad. En noviembre del 2020, el MINDEF decidió continuar el desarrollo del mencionado proceso y en el transcurso de cinco (5) meses, ha culminado la aplicación de los instrumentos establecidos por el ente rector, quedando pendiente únicamente el inicio de los concursos de selección bajo el nuevo régimen. En ese sentido, la presente investigación busca identificar cuáles han sido las facilidades y barreras que se presentaron en el MINDEF en el desarrollo del proceso de tránsito al régimen del servicio civil bajo el contexto actual; analizar las acciones que se realizaron para atender las barreras generadas durante la implementación de este; exponer las estrategias que se desarrollaron para generar facilidades a la ejecución y desarrollo del proceso; y plantear recomendaciones para el impulso del tránsito, desde los subsistemas del proceso de gestión de recursos humanos. Es así como a partir de un método de carácter exploratorio-descriptivo a través del análisis de entrevistas individuales se identificó que entre los factores que propiciaron la celeridad del proceso de tránsito se encuentran el apoyo político de la alta dirección y la gestión operativa de recursos humanos en la planificación e implementación de estrategias de difusión y comunicación. Por otro lado, entre las barreras presentadas se encontró a la presencia de personal de la carrera militar en puestos con funciones de carácter civil, contar con documentos de gestión desactualizados, y la resistencia al cambio de los servidores de la entidad, entre otros. La descripción de estas facilidades y barreras presenta un punto de partida referencial para la implementación del proceso en otras entidades con características similares. La investigación y análisis de los factores mencionados es útil para que las entidades cuenten con buenas prácticas que les permitan generar estrategias y espacios para facilitar la implementación del proceso; y también para que conozcan las posibles barreras y cómo podrían ser mitigadas durante la aplicación de las herramientas de tránsito.