Considero que el presente expediente tiene especial relevancia debido a que recientemente se ha aprobado la Ley N° 31112, el cual establece el control previo de operaciones de concentración empresarial; y mediante la cual se derogó la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. De esta manera, mi elección del presente expediente se encuentra justificada en el hecho de que, una vez que entre en vigencia la Ley antes mencionada, se necesitará de profesionales que cuenten con conocimiento tanto del lado corporativo de una fusión y adquisición, así como del lado regulatorio, referido al control de concentraciones. En atención a lo antes mencionado, el objetivo principal de la investigación materia del presente es, en primer lugar, profundizar en la definición de operación de concentración en el Perú, así como del concepto de control. Del mismo modo, en segundo lugar, es determinar la necesidad del respeto de los principios del derecho administrativo sancionador para un eficaz procedimiento sancionador. Se utilizaron como principales métodos de interpretación jurídicos para poder arribar a las conclusiones pertinentes, los métodos de interpretación literal, teleológico y sistemático a través de la comparación con otras normas, ya sean nacionales o de derecho comparado. Ello en relación a que la interacción entre los distintos métodos de interpretación permite un análisis que le otorgará mayor riqueza a las conclusiones, teniendo en especial consideración que nacionalmente no poseemos mucho desarrollo tanto normativo como doctrinario respecto de un régimen de control de concentraciones. La conclusión principal del presente informe es que INDECOPI tuvo un criterio correcto al momento de determinar que se debía imponer la sanción, ya que el acto realizado lo ameritaba, sin embargo, finalmente, la misma no fue correctamente cuantificada tomando en consideración el administrado imputado.

El objetivo del presente trabajo es analizar los conceptos relevantes en la operación de concentración empresarial que se llevó a cabo por China Yangtze Power International al adquirir el 100% de las acciones de Sempra Americas Bermuda y el 50% de las acciones de Peruvian Opportunity Company obteniendo con esto el control de Luz del Sur e Inland Energy. Dentro de estos conceptos están, el mercado de distribución para atender a usuarios regulados, el mercado de usuarios libres en el sector eléctrico peruano, las restricciones horizontales, el cierre de clientes, las posibles restricciones a la competencia que se podrían dar en el mercado de usuarios libres y el análisis de las condiciones impuestas a la operación por el INDECOPI. La metodología utilizada fue la revisión de fuentes bibliográficas, tanto nacionales como extranjeras y la revisión de jurisprudencia nacional relacionada. Las principales conclusiones del presente trabajo son que efectivamente puede darse un cierre de clientes dentro del mercado de compra de energía para satisfacer la demanda de usuarios regulados, pero recién a partir del año 2028. Una segunda conclusión es que, dentro del mercado de usuarios regulados, la operación no altera el número de suministradores por lo que no habría impacto en este mercado. Por último, las condiciones impuestas por el INDECOPI cumplen con el análisis de razonabilidad. / The purpose of this paper is to analyze the relevant concepts in the corporate concentration operation carried out by China Yangtze Power International when it acquired 100% of the shares of Sempra Americas Bermuda and 50% of the shares of Peruvian Opportunity Company, thus gaining control of Luz del Sur and Inland Energy. These concepts include the distribution market to serve regulated users, the market of free users in the Peruvian electricity sector, horizontal restrictions, the closing of clients, possible restrictions to competition that could occur in the market of free users, and the analysis of the conditions imposed on the operation by INDECOPI. The methodology used was the review of bibliographic sources, both national and foreign, and the review of related national jurisprudence. The main conclusions of this work are that there can indeed be a closing of clients within the energy purchase market to satisfy 2 the demand of regulated users, but only from the year 2028 onwards. A second conclusion is that, within the market of regulated users, the operation does not alter the number of suppliers, so there would be no impact on this market. Finally, the conditions imposed by INDECOPI comply with the reasonableness analysis.

En el presente trabajo académico trato de determinar si los canales de televisión de señal abierta, sobre la base de su producción propia tienen derecho a celebrar uno o más contratos de exclusividad con los servicios de televisión de paga (o, también denominadas ‘empresas de cable’ o ‘cableras’), con exclusión de otros servicios de televisión de paga, o si esto se trataría de una práctica colusoria vertical o de un abuso de la posición de dominio ilícitos de la empresa operadora de servicio de televisión de paga que celebra contrato de exclusividad con los canales de televisión de señal abierta. La conclusión principal a la que he llegado es que si un agente del mercado tiene posición de dominio y, abusando de ella, celebra contratos de exclusividad con otros agentes del mercado, exigiéndoles que restrinjan sus relaciones comerciales con otros agentes del mercado, sin acreditar beneficios al proceso competitivo, estaría en la potencialdiad de afectar injustificadamente a la competencia. Este análisis debe realizarse caso por caso, verificpandose los efectos positivos y negativos que pudieran tener. En sector de Telecomunicaciones, es particularmente relevante el abuso de la citada posición de dominio y afectación al proceso competitivo, por afectar normas de orden público, como la prohibición del monopolio y exclusividades (injustificadas) en el mercado de las comunicaciones.

Nuestro trabajo de investigación presenta presenta una mirada innovadora y multidisciplinaria que conjuga el mundo jurídico con el mundo de la empresa, bajo una perspectiva, jurídica, económica, de gestión y estratégica. Para su desarrollo hemos construido la estructura de la empresa fiduciaria como organización económica y desarrollado las fases del proceso de constitución a nivel jurídico y a nivel de gestión, teniendo como base la LGS, la Ley de Banca y reglamentos de la SBS. Como ventaja competitiva de nuestra investigación hemos diseñado una serie de diagramas y cuadros que nos permiten visualizar, describir y justificar la problemática de nuestra investigación que son las barreras legales de entrada que genera el marco normativo del fideicomiso para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado fiduciario. Para demostrar la existencia de estas barreras, nos apoyamos de conceptos económicos como economía social de mercado, estructura de mercado, libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de competencia, costo beneficio, incentivos, costo de oportunidad y del análisis de razonabilidad y proporcionalidad aplicado por INDECOPI para determinar la existencia de barreras legales en el mercado. Finalmente llegamos a estructurar un modelo de negocio que simplificamos a través de una fórmula que consideramos se puede replicar a menor escala en todo tipo de empresas y como propuesta de valor planeamos la creación de sociedades anónimas cerradas fiduciarias, SACF, y un mercado alternativo fiduciario, MAVF, teniendo como base los regímenes especiales y las modalidades societarias de la LGS y la flexibilización del MV para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al MAVF. / Our research work presents an innovative and multidisciplinary view that combines the legal world with the business world, from a legal, economic, management and strategic perspective. For its development, we have built the structure of the trust company as an economic organization and developed the phases of the constitution process at a legal level and at a management level, based on the LGS, the Banking Law and SBS regulations. As a competitive advantage of our research, we have designed a series of diagrams and tables that allow us to visualize, describe and justify the problems of our research, which are the legal entry barriers generated by the regulatory framework of the trust for the access of small and medium-sized companies. to the fiduciary market. To demonstrate the existence of these barriers, we rely on economic concepts such as social market economy, market structure, free private initiative, freedom of enterprise, freedom of competition, cost benefit, incentives, opportunity cost and the analysis of reasonableness and proportionality. applied by INDECOPI to determine the existence of legal barriers in the market. Finally we came to structure a business model that we simplified through a formula that we believe can be replicated on a smaller scale in all types of companies and as a value proposition we plan the creation of closed trust companies, SACF, and an alternative trust market, MAVF, based on the special regimes and corporate modalities of the LGS and the flexibility of the MV for the access of small and medium-sized companies to the MAVF.

El presente informe analiza los principales fundamentos de la Resolución N° 1122-2007/TDCINDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante la cual declara responsable a la empresa Ferrocarril Trasandino S.A.C (en adelante, Fetrans) y le impone como medida correctiva el cese del abuso de la posición de dominio, así como una multa ascendente a 165,9 UIT. Ello a propósito del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio y como consecuencia de la denuncia interpuesta por la empresa Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. La sanción impuesta corresponde a la infracción a los artículos 3° y 5° del Decreto Legislativo N° 701 cometida por la empresa Fetrans, al haberse demostrado la negativa injustificada de alquilar el material tractivo y rodante otorgado en concesión por el Estado peruano. El análisis de los problemas jurídicos identificados nos permite afirmar la insuficiencia de la medida correctiva ordenada por el Tribunal, siendo que, con dicho pronunciamiento, se dejó abierta la posibilidad de que se continúe en un mercado con condiciones anticompetitivas, aún cumpliendo con el mandato; por lo que, la reformulación de la misma o la consideración del servicio de alquiler de material de locomotoras y vagones con capacidad de operar en el tramo Sur Oriente peruano (en adelante, el material) por parte del Ositran , resultan alternativas menos gravosas que pudieron haber sido consideradas por la autoridad administrativa o que podrían serlo en posteriores pronunciamientos. En el mismo sentido, el análisis de los requisitos de validez de la resolución previa que habilita el pronunciamiento del Tribunal nos permite afirmar la validez del acto administrativo en esta última instancia. / This report analyzes the main foundations of Resolution No. 1122-2007/TDC-INDECOPI, issued by the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of Indecopi, by which it declares the company Ferrocarril Trasandino S.A.C (hereinafter, Fetrans) and imposes as a corrective measure the cessation of the dominant position, as well as a fine amounting to 165.9 UIT, this in connection with the disciplinary administrative procedure initiated ex officio and as a consequence of the complaint filed by the company Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. The sanction imposed corresponds to the violation of articles 3 and 5 of Legislative Decree No. 701 committed by the Fetrans company, having demonstrated the unjustified refusal to rent the tractive and rolling stock granted in concession by the Peruvian State. The analysis of the legal problems identified allows us to affirm the insufficiency of the corrective measure ordered by the Court, being that, with said pronouncement, the possibility of continuing in a market scenario with anti-competitive conditions was left open, even in compliance with the mandate; Therefore, its reformulation or the consideration of the material rental service for locomotives and wagons with the capacity to operate in the Peruvian South East section (hereinafter, the material) by Ositran, are less burdensome alternatives that could have been considered by the authority or could be considered in subsequent pronouncements. In the same sense, the analysis of the validity requirements of the resolution that enables the Court's pronouncement allows us to affirm the validity of the administrative act in this last instance.

El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en el marco de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas que otorgó, entre otras, la facultad de emitir resoluciones con efectos generales cuando se declare una barrera burocrática ilegal. Este control ejercido por el INDECOPI puede ser confundido con el control realizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sus distintos procesos; en ese sentido, en el presente trabajo se establecerán las similitudes y diferencias de los mismos. Se concluye que el procedimiento de eliminación de eliminación de barreras burocráticas realizado por el INDECOPI tiene una finalidad diferente y particularidades frente a otros procedimientos y procesos similares.

La presente investigación busca realizar un examen del régimen sancionatorio de conductas anticompetitivas en el Perú, vigente desde la creación del Indecopi en noviembre de 1992. A lo largo de estos años, el Indecopi ha ido reforzando sus herramientas para la detección de conductas anticompetitivas, sancionando a diversas empresas y directivos con multas cuantiosas. No obstante, pese a la labor eficaz desplegada por dicha entidad, se ha detectado falencias tanto en la tramitación de los procedimientos sancionadores como en la imposición de las multas, como herramienta disuasoria con la que cuenta la autoridad. En tal sentido, se plantea algunas propuestas para mejorar el régimen sancionatorio y de esa forma contribuir con los objetivos perseguidos por la libre competencia. Así, en un primer plano, se expone la problemática actual en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores contra conductas anticompetitivas. Posteriormente, se analizan posibles reformas a nivel institucional, tal como la implementación de una única instancia administrativa, la pena privativa de libertad para directivos, la inhabilitación del cargo para gerentes y directores y el daño reputacional empresarial. Finalmente, se proponen mejoras a los mecanismos de colaboración y/o herramientas de enforcement existentes: programas de clemencia, recompensas y cumplimiento. Por tanto, se concluye replantear el enfoque punitivo actual, a través de la implementación de medidas complementarias a las multas; así como continuar fortaleciendo el diseño y ejecución de los instrumentos de detección de cárteles con los que cuenta la autoridad de competencia.

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio.

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de contar con herramientas o mecanismos que sean efectivas y eficientes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas que perjudican el mercado peruano y por ende a los consumidores ya que pueden generar sobreprecios que oscilan entre el 15% y 25% aproximadamente, teniendo como principal supuesto el de las prácticas colusorias horizontales de prohibición absoluta. En ese sentido, como se abordará el tema, la implementación de las Competition Disqualification Orders y las Disqualification Undertaking podrían ser consideradas medidas idóneas en la lucha de las referidas prácticas ya que cuenta con un efecto disuasivo (deterrence) potente que en el mediano y largo plazo generarían efectos positivos en el mercado peruano. Aunado a ello y para asegurar el cumplimiento del objetivo de la medida sub examine se comenta la importancia que otras políticas públicas tienen, con el fin de asegurar el enforcement en materia de libre competencia. De igual forma, con el fin de ilustrar la conveniencia de esta propuesta es que se recurre a la legislación comparada y la legislación peruana en otras materias para brindar aproximaciones sobre la inhabilitación funcional y compromiso de inhabilitación, las cuales resultan ser medidas más eficientes en el marco de régimen sancionador

En el marco de la creación e innovación, existen quienes crean obras y se benefician de la explotación de las mismas, quienes son usuarios de obras y claro, quienes son usuarios ilícitos de dichas obras y se aprovechan indebidamente de las mismas. En el caso de los programas de ordenador, el carácter utilitario de estas creaciones permiten que formen parte de nuestra vida cotidiana y de la vida empresarial, sea como producto estrella o como herramienta para las áreas de soporte al giro principal del negocio, de ahí que coadyuvan a generar valor en las empresas que luego repercute en el crecimiento económico del país, el incremento del acervo tecnológico, y la generación de beneficios a diversos grupos de interés (accionistas, gobierno, sociedad, comunidad, colaboradores, etc.) Este carácter particular de los programas de ordenador ha generado que se recoja su protección bajo el derecho de autor, aunque de una manera sui generis lo que se refleja en la existencia de presunciones de titularidad, cesión de derechos, contenidos de licencia, originalidad,y ha marcado la tendencia para que mayor cantidad de personas puedan tener acceso a bienes a través del denominado software libre. El problema del uso indebido de programas de ordenador configura delito a nivel penal como constituye también una infracción en la vía administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan. Así, es posible que el uso no autorizado de programas de ordenador y los signos que los identifican puedan generar diversos procedimientos administrativos sancionadores que no se pueden acumular en uno solo dadas las competencias de las comisiones y direcciones del INDECOPI. Sin embargo, surge un problema en la legitimidad para obrar dado que se necesita acreditar la titularidad de un derecho de autor sobre un programa de ordenador o un derecho de propiedad industrial relacionado a signos que distinguen programas de ordenador o productos o servicios relacionados. Ello puede ser limitado dado que el uso no autorizado de programas de ordenador puede afectar a personas que no son titulares, pudiendo generarse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno dado que no se obtiene la licencia respectiva y sin embargo se explotan bienes intelectuales de terceros pudiendo generar beneficios económicos indebidos, distorsiones en el mercado no deseadas, ventajas competitivas injustificadas y daños concurrenciales alejados de los deseados y perseguidos en relación a la buena fe comercial. La pregunta que nos formulamos entonces es si el programa de ordenador –softwareadquirido de manera ilícita puede configurar un acto de competencia desleal. De ser así, cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, qué supuesto de competencia desleal configuraría y qué tipo de concurso de infracciones ocurren a nivel administrativo. Para desarrollar y dar respuestas a estas inquietudes, comenzaremos por desarrollar el esquema legal en torno a la protección diferenciada y particular (sui generis) de los programas de ordenador bajo el derecho de autor, haciendo mención a los derechos de propiedad industrial que podrían estar relacionados, luego abordaremos el esquema legal de tipo penal civil y administrativo de protección de derechos en torno a los programas de ordenador que justifican la legitimación activa restringida al titular de derechos. Finalmente enfocaremos la aplicación de la normativa de competencia desleal para estos casos como una rama que tiene una relación de complementariedad con los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que permita corregir este defecto en la normativa en cuanto a la legitimidad para obrar limitada exclusivamente a los titulares de derechos y que permita proteger el proceso competitivo y sus efectos en el mercado nacional e internacional. Si bien a nivel de jurisprudencia, legislación y doctrina existe literatura respecto a software y las consecuencias legales de su uso indebido bajo el derecho de autor, salvo el caso norteamericano existe muy poca referencia sobre las consecuencias de dicho uso indebido en el marco del Derecho de la Competencia Desleal, por lo que consideramos que este trabajo puede ser útil para abrir un nuevo debate que pueda repercutir en un mensaje más claro a todos los agentes del mercado acerca de la importancia de contar con las respectivas licencias de uso de dichos programas, no solamente para proteger el interés de un titular, sino para proteger la transparencia del proceso competitivo.