El presente trabajo analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C, por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios de venta, a nivel nacional, en el periodo 2008-2009. Para ello, se ha hecho uso de instituciones propias del Derecho Administrativo, así como de otras ramas del Derecho, como el Derecho Constitucional, con la finalidad de determinar si era posible la atribución de responsabilidad administrativa a los laboratorios farmacéuticos, como agentes económicos intervinientes en la fijación concertada de precios. Por lo mismo, el análisis ha tenido énfasis en la posibilidad de (i) imputar la comisión de prácticas colusorias verticales y (ii) la concurrencia con medidas correctivas. Posteriormente, los resultados de la investigación permiten constatar: en primer lugar, que, en efecto, era factible atribuir responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos como participes de una conducta anticompetitiva. En segundo lugar, que la imputación idónea debió ser de “prácticas colusorias verticales”, en lugar de prácticas colusorias horizontales. En tercer lugar, que era admisible la concurrencia de una sanción y medidas correctivas, tanto para las cadenas de farmacias como para los laboratorios, siempre que se hayan garantizado los principios de tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. / This paper analyzes the problems arising from the administrative sanctioning procedure against Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. and Nortfarma S.A.C., for the commission of horizontal collusive practices, in the modality of concerted fixing of sales prices, at national level, in the period 2008-2009. For this purpose, use has been made of institutions of Administrative Law, as well as other branches of Law, such as Constitutional Law, in order to determine whether it was possible to attribute administrative liability to pharmaceutical laboratories, as economic agents involved in the concerted fixing of prices. In this way, the analysis has emphasized the possibility of (i) imputing the commission of vertical collusive practices and (ii) the concurrence with corrective measures. Subsequently, the results of the investigation show: firstly, that it was indeed feasible to attribute liability 2 to the pharmaceutical laboratories as participants in an anticompetitive conduct. Secondly, that the appropriate charge should have been "vertical collusive practices", instead of horizontal collusive practices. Thirdly, that the concurrence of a sanction and corrective measures was admissible, both for the pharmacy chains and for the laboratories, provided that the principles of typicality, reasonableness and proportionality were guaranteed.

El papel que las aerolíneas juegan en nuestro mundo moderno, a través del servicio de transporte aéreo civil de personas y bienes, es sumamente relevante: han auxiliado a reducir los tiempos y las distancias, de modo que los seres humanos prácticamente ya no concebimos medios más lentos e ineficientes como alternativas de viaje. Su presencia resulta, a la vez, muy extendida: casi todos los países del mundo tienen este servicio, de una u otra manera, de modo que desde hace muchos años ya no se le considera un tipo de transporte esencialmente exclusivo.

El presente trabajo de investigación persigue la finalidad de proponer los aspectos principales cubiertos por un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. El estudio de los aspectos principales implica una revisión detallada de bibliografía especializada del ámbito jurídico, así como del campo académico de la gestión de negocios y de la ética empresarial. Así, primero se realiza una evaluación de los estándares internacionales para el marco general de los programas de cumplimiento. La guía ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, así como las publicaciones de la Society of Corporate Compliance and Ethics y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos brindan un marco de referencia para entender qué es un programa de cumplimiento y cómo debe gestionarse. Asimismo, se hace una comparación de las propuestas chilena, brasilera y peruana de los aspectos principales de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia. Los aspectos clave para la implementación de un robusto programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia son bastante similares para las autoridades de Chile y Brasil. En Perú, las resoluciones 078- 2016/CLC-INDECOPI y 01 0-2017/CLC-INDECOPI nos dan un alcance de las expectativas de la autoridad peruana respecto a los programas de cumplimiento. Finalmente, se realiza un análisis de los alcances y limitaciones de un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. / Trabajo de investigación

La presente investigación tiene como objeto establecer parámetros generales que, bajo la regla de la razón, permita a los stakeholders (empresas y agencia de competencia) realizar una mejor ponderación entre los efectos procompetitivos y anticompetitivos que puede presentar la fijación de precios mínimos de reventa en el mercado, de tal forma que se realice una mejor toma de decisiones. La investigación se apoya en artículos, ensayos y jurisprudencia comparada sobre el tema (método dogmático, funcional y comparado), desde la jurisprudencia y doctrina de Estados Unidos de América, la Unión Europea y los países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Ello, complementado con una encuesta dirigida a abogados y economistas en el Perú especialistas en Libre Competencia. Las conclusiones de la presente tesis permiten evidenciar que la ausencia de criterios generales es un factor importante que explica la razón por la que no han existido casos sobre fijación de precios mínimos de reventa. En ese sentido, la investigación concluye estableciendo parámetros para que la agencia de competencia peruana: (i) determine la existencia de indicios razonables que justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador (tres niveles de análisis más factores adicionales); y, (ii) pueda determinar si la práctica es sancionable. A la par, estos criterios también se presentan a modo de matriz de riesgos, a fin de que sean implementados por las empresas en sus respectivos programas de cumplimiento normativo en Libre Competencia. / The purpose of this research is to establish some general parameters, under the rule of reason, in a way that stakeholders (companies and the Peruvian competition agency) can carry out a better weighing between the pro-competitive and anti-competitive effects of resale price maintenance. This could improve the decision-making in those cases. The research is based on articles, essays and jurisprudence (dogmatic, functional and comparative methods) from USA, European Unión and Latin American countries such as Colombia, Brazil, Uruguay, Chile and Argentina. This is complemented by a survey addressed to lawyers and economists in Peru specialized in antitrust law. The conclusion of this thesis shows that the absence of a general criteria is an important factor that explains why there were zero cases regarding resale price maintenance. In this sense, this investigation establishes suitable parameters so that the Peruvian competition agency: (i) can assess the existence of some evidence that justify the initiation of a procedure (three levels of analysis and plus factors); and (ii) can determine if RPM is an illegal practice in each case. At the same time, these criteria are also presented as a risk matrix in a way that firms can implement it in their antitrust compliance programs.

The Constitution, being the Supreme Law of the Peruvian legal system, irradiates its normative force towards all the legal fields. For its part, Commercial Law is an area based on privatea utonomy; however, in our legal system a zone free of constitutional control does not exist.In this article, the author conducts a remarkable analysis about the constitutionalization of Commercial Law, making reference to the Constitutional Court’s jurisprudence which, applying fundamental principles  and  rights,  has had an effect on the application of the commercial laws in our country. / La Constitución, al ser la Norma Suprema del sistema jurídico peruano, irradia su fuerza normativaa todos los ámbitos del Derecho. Por su parte, elDerecho Mercantil es una rama que se basa en laautonomía privada; sin embargo, en nuestro orde-namiento no existe zona que esté exenta de controlconstitucional.En este artículo, el autor realiza un notable análisis acerca de la constitucionalización del Derecho Mercantil, haciendo un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, aplicando principios y derechos fundamentales, ha influido en la aplicación de las normas mercantiles en nuestro país.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo aborda, desde una perspectiva conceptual y legal, la noción de servicio público y cómo esta se refleja en la organización concreta de ciertos servicios económicos en red: los servicios eléctricos, sanitarios, de gas y telecomunicaciones. Para ello, se analiza la evolución conceptual del servicio público desde una visión de carácter predominantemente orgánico hacia una funcional, que abre espacio para la entrada de los privados a la gestión del servicio, y cómo este tránsito se materializó posteriormente en una atención de las necesidades generales a través de mecanismos de mercado y libre competencia, en sectores anteriormente publificados. Se analizan y comparan las leyes reguladoras de los sectores antes mencionados, los que tienen por finalidad la cobertura de necesidades esenciales para la vida humana y fueron desarrollados en el marco de procesos de urbanización e industrialización durante el siglo XIX, en un diseño jurídico que llamaremos tradicional. A partir de la década de 1970, estos servicios comienzan a experimentar reformas liberalizadoras y procesos privatizadores, que posteriormente debieron complementarse con una nueva regulación que enfrente los desafíos en materia de libre competencia y permitiera a su vez compatibilizar las necesidades de interés general con los intereses empresariales de los nuevos gestores de estas actividades. Trataremos el rol que le corresponderá a los agentes públicos y privados en la gestión de los servicios, la definición de las áreas en que éste se prestará, las prerrogativas públicas que poseerán los concesionarios, los principios que rigen la prestación y explotación del servicio, el régimen tarifario y la forma en que se pondrá fin a los contratos en que se encarga la gestión de los servicios a agentes privados

En los últimos años, el INDECOPI ha conocido y se ha pronunciado, de oficio o por denuncia de parte, sobre las actividades empresariales desarrolladas por determinadas Entidades del Estado. Debido a que muchas de estas, usando los recursos económicos del Estado y la infraestructura pública, entran a competir en un determinado mercado y afectan la libre competencia. De ahí se deriva la relevancia de analizar este tipo de casos. De acuerdo al modelo económico adoptado por la Constitución de 1993 (economía social de mercado), se determinó que la libre competencia es el mejor sistema económico para el Perú, pero admite la intervención del Estado en determinados supuestos. El artículo 60 de la Constitución Política del Perú de 1993 reguló los requisitos para que las Entidades del Estado puedan intervenir en un mercado (estos requisitos son autorización por ley expresa, la actividad tiene que ser subsidiaria y ser una actividad de interés público). Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, “Ley de Competencia Desleal”), la actividad empresarial de Estado sin cumplir con los requisitos dispuestos por el artículo 60 de la Constitución de 1993 es sancionada. El Estado no puede utilizar infraestructura pública para realizar actividad empresarial, sin que medie un procedimiento transparente y se cumpla con lo dispuesto por la Constitución. Lo contrario significaría afectar el proceso competitivo y usar de forma ilegal los recursos del Estado. El presente Informe tiene como finalidad analizar si el INEN cumple con los requisitos para poder intervenir dentro del mercado, ello de acuerdo al procedimiento establecido por el INDECOPI para analizar este tipo de casos. Además, verificaremos las condiciones en que se prestan los servicios brindados por el INEN a las personas. Mi conclusión, luego de haber analizado a detalle este caso, es que el INEN no posee (i) una ley que autorice la actividad empresarial, y (ii) que el INDECOPI no ha analizado y determinado el mercado relevante de forma adecuada, lo cual genera cambios sustanciales en el análisis de subsidiariedad. Además, no se puede hacer diferenciaciones en las prestaciones de salud, lo cual origina que el servicio se brinde de forma inequitativa. Es por ello que concluyo que el INEN no se encuentra autorizado para realizar actividad empresarial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria estudia, desde la perspectiva jurídica, la política de estatización bancaria en Chile llevada a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que tenía como fundamento “acceder al objetivo del socialismo, dentro de los marcos de sufragio, a través del uso de la institucionalidad vigente y en democracia, pluralismo y libertad” . Considerando las estrategias jurídicas seguidas por el oficialismo y la oposición, se estudia el uso y abuso estratégico del cual puede ser objeto la legislación vigente en un sistema democrático, ya sea por parte del Estado o de los particulares, analizando las incidencias legales de la operación de adquisición masiva de acciones bancarias de acuerdo a los argumentos jurídicos de los participantes del proceso, conforme al desarrollo y aplicación en Chile del Derecho de Libre Competencia en la época estudiada y los límites impuestos por el propósito democrático del gobierno, en un sistema jurídico formado principalmente por normas de orden público como marco de trabajo para la cooperación social

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis desarrolla las reformas procesales introducidas al Decreto Ley 211 en el contexto de la criminalización de la colusión, con el objeto de analizar críticamente las deficiencias del diseño dual utilizado por el legislador nacional. Para ello, en el primer capítulo se estudia el problema de la aplicación de los principios penales al derecho administrativo sancionador y como esto incide en el sistema de defensa de la libre competencia. Luego, en el segundo capítulo de la tesis revisamos los diseños institucionales de persecución de la colusión y la evolución del castigo penal de este ilícito en Chile. Finalmente, el tercer capítulo del trabajo está dedicado al análisis de los conflictos procesales que hemos detectado en el sistema de persecución penal de la colusión, esto es, la constitucionalidad de la regla de legitimación activa, la infracción al principio ne bis in ídem, la vulneración del derecho a defensa, la utilidad penal del material probatorio producido por la Fiscalía Nacional Económica en sede de libre competencia y la vigencia del artículo 285 del Código Penal.

Memoria de prueba para optar la grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La captura del regulador es un fenómeno que abarca una multiplicidad de eventos y situaciones, donde un organismo estatal muestra en sus acciones una apariencia de estar velando por los intereses particulares del sector sobre el cual tiene una obligación legal de regular con miras al bien común. A simple vista se aprecia la actuación y su resultado, sin embargo debe analizarse con profundidad las condiciones en las que se gestó dicha actuación, si se pretende corregir esa conducta y evitar su ocurrencia. En razón de lo anterior, el presente análisis busca delinear el estudio de la situación en la que la acción del regulador no sea afín a los propósitos o intereses bajo los cuales se creó. Posteriormente, esbozar el concepto de captura del regulador y evaluar si es posible establecer un modelo de detección para estas situaciones. Luego, aplicar dichas nociones a un conflicto judicial producido entre la Fiscalía Nacional Económica y la Junta Aeronáutica Civil en el año 2007, en relación a la licitación de frecuencias aéreas entre Santiago de Chile y Lima. Se verán casos similares ocurridos en la legislación antimonopólica estadounidense y de la Unión Europea, lo cual permitirá apreciar el tratamiento de esta situación por parte de la legislación comparada. Finalmente, se evaluará si es posible encuadrar la figura de la captura del regulador en el tipo infraccional presente en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211, junto con analizar las responsabilidades y sanciones que contraería el regulador en el sistema jurídico chileno como consecuencia de dejarse capturar.