Consumidor regulan la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios; para ello se ha otorgado a la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi las competencias de control y vigilancia sanitaria en tema de alimentos y bebidas. El presente trabajo académico se propone desarrollar, primero, las diferencias entre el Deber de Idoneidad, Inocuidad y Seguridad; segundo, analizar las competencias otorgadas en materia de alimentos a la Digesa y al Indecopi; tercero, busca reflexionar acerca de la aplicación de uno de los supuestos de las medidas correctivas complementarias. Para tal efecto, se ha recurrido a diferentes fuentes doctrinales, marcos normativos y a Resoluciones emitidas por el Indecopi desde el 2017. Todo ello con la finalidad de poder demostrar la relevancia de la actuación del Indecopi y la Digesa en materia de la vigilancia y control sanitario en los alimentos y bebidas. Asimismo, demostrar si efectivamente se cumple el objetivo que tienen las medidas correctivas complementarias; y, finalmente, exhibir el rol principal que cumple la Digesa en este tipo de casos. / The Food Safety Law, as well as its Regulations; and the Consumer Protection and Defense Code regulates the sanitary surveillance of food products; For this, the General Directorate of Environmental Health - Digesa and the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - Indecopi have been appointed the powers of health control and surveillance in the area of food and beverages. This academic work aims to develop, first, the differences between the Duty of Suitability, Innocuousness and Security; second, it analyzes the powers granted to Digesa and Indecopi in matters of food; third, it seeks to reflect on the application of one of the assumptions of the complementary corrective measures. For this purpose, different doctrinal sources, regulatory frameworks, and Resolutions issued by Indecopi have been used since 2017. All this to be able to demonstrate the relevance of the actions of Indecopi and Digesa in matters of health surveillance and control in food and beverages. Likewise, demonstrate whether the objective of the complementary corrective measures is being met; and, finally, show the main role played by Digesa in this type of case.

El trabajo se desarrolla en base al criterio respecto al deber de idoneidad que tienen los proveedores de servicios públicos, destacando su relevancia y entendiendo que son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la constitución o las leyes para satisfacer de manera regular y continua a cierta categoría de necesidades que serían de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal sujetos a un régimen de derecho público o privado. Asimismo, se destaca la relevancia de la creación de organismos reguladores a fin de que el estado cumpla con proteger el derecho de los usuarios de servicios públicos de manera eficiente, razonable y sobre todo entendiendo que toda regulación tiene como pilar fundamental la protección al usuario. Por ello, se desarrollará la función, objetivos y principios que cumplen los organismos reguladores en nuestro país

La presente monografía tiene como hipótesis demostrar que la aplicación del Código de Protección al Consumidor por parte del organismo de competencia encargado de aplicarlo, actúa en despropósito de su protegido: el consumidor. Todo ello debido a la ambigüedad en la regulación y más aún sobre los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, siendo que el concepto de Idoneidad que éstos últimos regulan no tiene un criterio objetivo a través del cual se pueda sancionar a los proveedores. La falta de un criterio objetivo para sancionar en un proceso Administrativo Sancionados, no sólo genera inseguridad jurídica, sino atenta contra el principio de tipicidad exhaustiva recogido en el artículo 230 inciso 4, titulado “Principio de la Potestad Sancionadora” en la Ley No. 27444 del Procedimiento Administrativo General y no es sostenible desde un análisis desde un punto de visto del Análisis Económico del Derecho

En esta tesis, las autoras, sobre la base de la pirámide de Braithwaite, proponen la utilización de las herramientas de Enforcement con las que cuenta el OSIPTEL durante la supervisión, fiscalización, sanción y post evaluación del cumplimiento regulatorio en el sector de las telecomunicaciones, en un esquema piramidal de aplicación, bajo el enfoque de Responsive Regulation. Dichas herramientas están consignadas desde las menos intrusivas y persuasivas, hasta aquellas otras que se sustentan en la no cooperación de los regulados, frente a lo cual se requiere el empleo de mecanismos de disuasión. Además, a fin de obtener un enfoque de Responsive Regulation, de forma integral, precisan que es necesario considerar diversas mejoras en la normativa del OSIPTEL, así como en el ejercicio de sus funciones, las cuales han sido desarrolladas en este documento.

El informe jurídico analiza principalmente dos problemas jurídicos principales identificados en virtud de la Resolución Nº 0278-2015/SDC-INDECOPI1, que declaró barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la disposición administrativa contenida en el numeral 34 del artículo 2º, artículos 4º y 33º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que exigen a los propietarios titularse como químicos farmacéuticos para denominar “farmacia” a sus establecimientos farmacéuticos. El primer problema jurídico principal refiere a la pertinencia de la entidad a exigir el cumplimiento de disposiciones administrativas contenidas en normas reglamentarias los cuales transgreden la finalidad de su ley primigenia; y, el segundo, sobre la viabilidad de que Indecopi proceda con ordenar la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas irrazonables materializadas en disposiciones administrativas. Para el análisis de los problemas jurídicos reseñados, tomé como referencia su base legal, exposición de motivos, proyectos de ley y documentos internos de Indecopi en el cual realizan críticas a las modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1256, aprobadas mediante la Ley Nº 31775; así como, la doctrina nacional correspondiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, sobre relevancia que el reglamento cumpla con las formalidades necesarias a fin de que guarde concordancia con su ley primigenia; y, en segundo lugar, respecto la importancia que Indecopi declare la inaplicación con efectos generales de las barerras burocráticas irrazonables contenidas en disposiciones administrativas. / The legal report mainly analyzes two main legal problems identified by virtue of Resolution No. 0278-2015/SDC-INDECOPI, which declared illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier the administrative provision contained in numeral 34 of Article 2, Articles 4 and 33 of the Regulation of Pharmaceutical Establishments, which require owners to be licensed as pharmaceutical chemists to call their pharmaceutical establishments "pharmacy". The first main legal problem refers to the pertinence of the entity to demand compliance with administrative provisions contained in regulatory norms which transgress the purpose of its original law; and, the second, on the viability of Indecopi to proceed with ordering the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers materialized in administrative provisions. For the analysis of the legal problems reviewed, I took as a reference their legal basis, explanatory memorandum, draft laws and internal documents of Indecopi in which they criticize the amendments to Legislative Decree No. 1256, approved by Law No. 31775; as well as the corresponding national doctrine. Finally, the conclusions are the following: firstly, on the relevance that the regulation complies with the necessary formalities in order to be in accordance with its original law; and, secondly, on the importance of Indecopi declaring the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers contained in administrative provisions.

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

En los años 90 el Perú experimentó una de las más grandes reformas en el sector eléctrico, pasando de un mercado bajo características de un “monopolio estatal verticalmente integrado” a uno de “competencia mayorista”, debido a que el anterior modelo poseía numerosas deficiencias se vio por necesario abrir camino a uno que fomente la inversión privada y que pueda alinear los interés privados con los estatales mediante la regulación. Es así que nace el COES como una entidad operadora del sistema encargada principalmente de ordenar el despacho diario de energía al mínimo costo entre las generadoras y, posteriormente, determinar y valorizar las inyecciones de potencia y energía activa realizada al sistema. De esta manera, en el presente informe analizaremos el Expediente N° 66-2012-STCOSINERGMIN la cual aborda una problemática surgida en el ámbito de ejercicio de funciones del COES como operador del sistema y OSINERGMIN como Organismo Regulador del sector eléctrico. Por lo cual, recurrimos al análisis tanto de la normativa aplicable durante los hechos acontecidos como de doctrina autorizada a efectos de tener un panorama completo del caso y poder concluir que las valoraciones emitidas por el COES son actos administrativos vinculantes a CASAPALCA y que el mecanismo para hacer efectivo el derecho de crédito creado a favor de ELECTROPERÚ no es la vía de solución de controversias ejercida por OSINERGMIN. / In the 90s, Peru underwent one of the largest reforms in the electricity sector, moving from a market with the characteristics of a "vertically integrated state monopoly" to one of "wholesale competition" because the previous model had numerous deficiencies. It was necessary to open the way to one that encourages private investment and can align private and state interests through regulation. Thus, the COES was born as an operating entity of the system in charge of ordering the daily dispatch of energy at minimum cost among the generators and, later, determining and valuing the injections of power and active energy made to the system. In this way, in this report, we will analyze Resolution No. 66-2012-STC-OSINERGMIN which addresses a problem that arose in the field of exercise of functions of the COES as system operator and OSINERGMIN as Regulatory Body of the electricity sector. Therefore, we resort to the analysis of both the applicable regulations during the events that occurred and the authorized doctrine to have a complete overview of the case and to be able to conclude that the assessments issued by the COES are administrative acts binding on CASAPALCA and that the mechanism for making the credit right created in favor of ELECTROPERU effective is not the means of dispute resolution exercised by OSINERGMIN.

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, que es la calidad de cosa juzgada, en ese sentido desarrollaré y analizaré los hechos, los puntos controvertidos y los argumentos vertidos en el laudo arbitral. El Tribunal Arbitral anterior, cuyo Expediente N° 099-2009, declaró infundada la sexta pretensión del Consorcio; por tanto, declaró como válida Resolución Directoral N° 1202-2009-MTC/20, en la que PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato de Consultoría de Servicio N° 035-2009-MTC/20, por exceso en el plazo de la entrega del Informe N° 2. Además, de lo expuesto en la parte considerativa del laudo anterior se pronuncia afirmando que sí correspondía que la Entidad impusiera la penalidad establecida en el contrato y que dicha penalidad superó los máximos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (10% del monto del contrato). Por consiguiente, el nuevo Tribunal Arbitral, con Expediente N° 289-59-12, al amparar el punto 3.2 de la tercera pretensión en el presente laudo arbitral materia de análisis, se estaría dejando sin efecto la causal, el artículo 41° de la Ley2, y los artículos 224° a 226° del Reglamento3, que ha servido como fundamento para la resolución del contrato declarado por el primer Tribunal

En el presente informe se hace un recorrido a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizara problemas jurídicos surgidos a lo largo del procedimiento, los argumentos presentados por las partes basado en normas legales e interpretación de cláusulas contractuales, colocando mayor énfasis en la cuestionable actuación de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del OSITRAN, que además de alargar innecesariamente el procedimiento en perjuicio del privado, perdió la oportunidad de establecer el punto de partida para reconocer y corregir ese grave problema señalado en el párrafo precedente. Lo anterior hubiera sido muy importante a la hora de establecer un nuevo marco normativo donde se determine con precisión la separación entre obligaciones legales y obligaciones contractuales, así como, reservar al procedimiento administrativo sancionador solo para sancionar incumplimientos de las normas de policía correspondiente a su actividad regulada, en lugar de hacer malabares jurídicos aplicando figuras propias del derecho civil para determinar la responsabilidad o no de una supuesta infracción administrativa, o aplicar figuras propias del derecho administrativo sancionador para evaluar la exigibilidad o no de una obligación contractual desvirtuando lo pactado.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.