With the entry into force of the Constitution of Peru of 1993, the economic model of social market economy, which was accompanied by an institutional reform, creating four (4) regulators of utilities and one (1) competition agency, was established. The economic model of social market economy, guarantees free competition in the market as a general rule, establishing a regulatory framework for public services that before the reform, were managed directly by the State. Thus, in this paper we will learn how to set up the Peruvian institutional framework and what are the main similarities and differences between competition and regulation, for which we will detail the functions of the competition agency and regulatory bodies as well as interaction between the two. / Con la entrada en vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993, se estableció el modelo económico de economía social de mercado. Como parte del mismo, se realizaron una serie de reformas institucionales del Estado, creándose cuatro organismos reguladores de los servicios públicos y una agencia de competencia. El modelo económico de economía social de mercado garantiza la libre competencia en el mercado como regla general, estableciendo un marco regulatorio para los servicios públicos que, antes de la reforma, eran gestionados directamente por el Estado. Así, en el presente trabajo podremos conocer cómo se ha establecido el marco institucional peruano y cuáles son las principales similitudes y diferencias de la competencia y la regulación, para lo que detallaremos las funciones de la agencia de competencia y la de los organismos reguladores, así como la interacción que existe entre ambos.

El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria emitido por el ente regulador a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD que precisa entre otras cosas que el ejercicio de la mencionada función siempre será de oficio. En ese sentido, es posible advertir que el mencionado criterio produce potenciales escenarios de inseguridad jurídica, por lo que realizando un análisis de la referida facultad y su evolución a través de los últimos 15 años proponemos una serie de modificaciones que tiene por objetivo reforzar el marco jurídico de concesiones de infraestructura en el Perú

El objetivo del presente informe jurídico es analizar la sanción impuesta a Southern Perú por parte del Consejo Directivo del OSINERGMIN mediante la Resolución N°131-2010-OS/CD; por haber incurrido en cinco infracciones ambientales relacionadas con el incumplimiento del PAMA de la Fundición y Refinería de Cobre – Ilo, y por el incumplimiento de dos proyectos contemplados en dicho PAMA: “Planta de Metales Preciosos y de Selenio”, y “Mejora en la Zona de Lavado de Carros de Ferrocarril”. Para ello, se recurre a la revisión de la Constitución, el TUO de la LPAG y las normas que regulaban el procedimiento sancionador del OSINERGMIN en el momento en que resolvió sancionar a Southern Perú. Esto se realiza, por supuesto, sin perder de vista las normas ambientales y de carácter administrativo que resultan aplicables al caso. Además, también se toma en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organismo que dota de contenido a los principios constitucionales a través de sus sentencias. A partir del análisis, se advierte que la Resolución de Consejo Directivo N°131-2010-OS/CD del OSINERGMIN carece de validez por contravenir los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento y non bis in ídem. Ellos se encuentran reconocidos tanto en el TUO de la LPAG como en la Constitución, por lo que dicha resolución no solo resulta contraria a la ley, sino también a la norma fundamental. Por lo tanto, incurre en la primera y segunda causal de nulidad del artículo 10 del TUO de la LPAG, siendo nula de pleno derecho. / The aim of this legal report is to analyze the sanction imposed on Southern Peru by the OSINERGMIN Board of Directors through Resolution N°131 -2010-OS/CD; for having incurred in five environmental infractions related to the breach of the PAMA of the Copper Smelter and Refinery – Ilo, and for the breach of two projects contemplated in said PAMA: “Precious Metals and Selenium Plant”, and “Improvement in the Zone Railway Car Wash”. To do this, a review of the Constitution, the LPAG TUO and the rules that regulated the sanctioning procedure of OSINERGMIN at the time it decided to sanction Southern Peru is resorted to. This is done, of course, without losing sight of the environmental and administrative regulations that are applicable to the case. In addition, the jurisprudence of the Constitutional Court is also taken into account, an organism that gives content to the constitutional principles through its sentences. From the analysis, it is perceived that the Resolution of the Board of Directors N°131 -2010- OS/CD of OSINERGMIN is invalid for breaking the principles of legality, typicality, due process and non bis in ídem. They are recognized both in the LPAG TUO and in the Constitution, so the resolution is not only contrary to law, but also to the fundamental norm. Therefore, it incurs in the first and second grounds for nullity of article 10 of the TUO of the LPAG, being void ab initio.

De la revisión de la normativa sectorial emitida recientemente se puede constatar que por vía legal o reglamentaria se ha atribuido a algunas entidades de la Administración Pública la facultad para no dar inicio a un procedimiento sancionador. Al respecto, el análisis sobre si el ejercicio de la potestad sancionadora es de carácter obligatorio o facultativo ha sido objeto de debate en la doctrina española originándose posturas contrapuestas sobre el tema, con lo cual no habría un consenso sobre la admisión del principio de oportunidad en el ámbito sancionador. En ese contexto, este trabajo tiene por finalidad analizar cuáles serían los alcances y límites de la aplicación del principio de oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación se justifica en la ausencia de un reconocimiento expreso del citado principio en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS (TUO de la LPAG). Luego del análisis de la regulación sectorial y acogiendo la postura planteada por el profesor Rebollo Puig, se concluye que sería admisible incorporar el principio de oportunidad en materia sancionadora en el TUO de la LPAG, pero esta situación se encontraría condicionada al cumplimiento de tres aspectos: (i) en primer lugar, siguiendo el planteamiento del profesor Rebollo, que los criterios de oportunidad que otorgan discrecionalidad sobre la decisión de dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador tendrían que estar regulados en una norma con rango de ley; (ii) en segundo lugar, que la aplicación de este principio tendría que darse antes del inicio formal del procedimiento sancionador, concretamente durante las actuaciones previas al procedimiento sancionador; (iii) en tercer lugar, que este principio únicamente sería aplicable para las conductas calificadas como infracciones leves.

El presente trabajo se divide en 3 ejes principales. El primer eje desarrolla el rol y las funciones centrales propias de los Organismos Reguladores, especialmente, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. Además, se ilustra sobre la contribución que reciben estos Organismos: el aporte por regulación. El segundo punto que se desarrolla es acerca de la institución llamada Facilidades Esenciales. Asimismo, el trabajo hace especial énfasis a lo referido a las facilidades esenciales en el sector de transporte aéreo, tratando de explicar en qué consisten todas éstas. Y, por último, como tercer eje del trabajo, se aborda los conceptos relativos al acceso a la infraestructura esencial. Todo ello con la finalidad de exponer a lo largo del presente trabajo el análisis del grado de intervención que tiene el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público respecto a las facilidades esenciales aeroportuarias y el acceso a éstas. No obstante, dando un pequeño adelanto de lo que se podrá advertir luego, se puede indicar que la intervención por parte del Organismo Regulador encargado de la regulación, supervisión, fiscalización de las Facilidades Esenciales y acceso a éstas mismas es alta; pero que, en muchos casos, es lo más óptimo para asegurar la buena explotación de la infraestructura esencial y asegurar un mercado en competencia.

El presente informe desarrolla el procedimiento de denuncia realizada por Miguel Ángel Céliz Ocampo en contra de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros por la infracción del Código de Protección al Consumidor. Específicamente los artículos 1.1 literal d) y 38 del referido Código. El INDECOPI confirma, en el procedimiento ante la Comisión y la Sala de Protección al Consumidor, que los hechos acaecidos constituyeron un acto de discriminación en razón de la discapacidad e Sandra Céliz e imponen una multa y una medida correctiva. Adicionalmente, se examina el cumplimiento de la medida correctiva a partir del ofrecimiento de la póliza por Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. En el presente documento se analizan los hechos a la luz del marco nacional e internacional sobre la efectivización del derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad, la prohibición de discriminación y el ejercicio de la autonomía privada, para determinar que el razonamiento del INDECOPI fue acertado al momento de resolver la controversia. Todo ello teniendo en cuenta el modelo social de la discapacidad como pilar en el análisis del caso. En razón de ello concluimos que la Comisión y la Sala resuelve bien al determinar la comisión de un acto de discriminación en el consumo y que el razonamiento del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor no cumplió con resolver adecuadamente respecto de la medida correctiva.

Este Expediente está referido al procedimiento de oficio iniciado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contra UNITED DISCO S.A., por una práctica discriminatoria que fue detectada en su establecimiento comercial, la Discoteca Aura. Como primer problema jurídico analizado en este caso se evalúan los alcances de la discrecionalidad del INDECOPI para la realización de las acciones de fiscalización. Como segundo problema jurídico, se evalúan los alcances de la materialización del derecho al debido procedimiento y cómo podría haberse visto afectado en el procedimiento. En este sentido, con respecto al primer punto se concluirá que la realización de inspecciones con la colaboración de organizaciones civiles (la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal) fue ilícita, pero que la diligencia encubierta sí se encontraba en arreglo al margen de discrecionalidad de la Administración. Por su parte, con respecto al segundo punto, se concluirá en que el derecho al debido procedimiento se habría afectado debido a que el Tribunal omitió brindar respuesta a un pedido del administrado presentado en su recurso de apelación, y a que tanto la Comisión como el Tribunal graduaron inadecuadamente la sanción. Para estos efectos, se considerarán tanto doctrina y jurisprudencia vinculadas como los instrumentos legislativos vigentes al momento de ocurridos los hechos. Nos referimos principalmente a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y al Decreto Legislativo N° 807, Decreto que establece las Facultades, normas y organización del INDECOPI.

En la presente investigación, se pretende demostrar que en determinadas supervisiones ambientales realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a los establecimientos de venta al público de combustible líquido en los años 2019 y 2020, la recomendación de procedimientos sancionadores adoptado como único método de Enforcement no resultó ser una medida eficiente para promover el cumplimiento de obligaciones ambientales. Frente a ello, se plantea que en el marco de la supervisión ambiental, con base en el enfoque responsivo que propugna actualmente el Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, el OEFA pueda adoptar herramientas regulatorias alternativas, con la finalidad de alcanzar una fiscalización más eficiente y promover oportunamente el cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de los establecimientos de venta al público de combustible líquido.

La Resolución Nº 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, consiste en un caso de discriminación en el consumo, iniciado de oficio, en contra del Banco Interamericano de Finanzas. Esto, debido a que la entidad bancaria denunciada habría infringido el artículo 38 de la Ley Nº 29571, al establecer como requisito para el otorgamiento de créditos como El Nuevo Crédito MiVivienda y Crédito Hipotecario encontrarse dentro de cierto rango etario. En ese sentido, la resolución es de relevante importancia debido a que, no solo se analiza un criterio que afectaría a una población en situación de vulnerabilidad, sino también porque presenta un cambio de criterio en cuanto a la interpretación de discriminación en el consumo. Tomando en consideración ello, el presente informe jurídico se dividirá en tres apartados. En un primer momento, se tratará de determinar si el Banco actuó de forma discriminatoria al establecer como requisito para acceder a dos de sus productos, encontrarse dentro de un rango etario. En un segundo momento, se buscará analizar si el criterio etario puede ser considerado como un requisito razonable y objetivo, para evaluar si se debe otorgar un crédito o no a la persona quien lo solicita. Finalmente, se realizará un análisis sobre la los criterios utilizados por la Comisión, que fueron confirmados por la Sala, para imponer la multa por la infracción del artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / Resolution 2025-2019/SPC-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for Consumer Protection, consists of a case of discrimination in consumption, initiated ex officio, against the Inter-American Bank of Finance. This, because the bank denounced would have violated article 38 of Law Nº 29571, by establishing as a requirement for the granting of credits such as Nuevo Crédito MiVivienda and Crédito Hipotecario be within a certain age range. In this sense, the resolution is of importance because it not only analyzes a criterion that would affect a population in a situation of vulnerability, but also because it presents a change in the interpretation of discrimination in consumption. Taking this into account, this paper will be divided into three sections. In the first instance, it will be a question of whether the Bank acted in a discriminatory manner by making two of its products subjects to eligibility within an age range. In a second stage, it will be sought to analyze whether the age criterion can be considered as a reasonable and objective requirement, to assess whether a credit should be granted or not to the person requesting it. Finally, an analysis will be made of the criteria used by the Commission, which were confirmed by the Chamber, to impose the fine for the infringement of Article 38 of the Consumer Protection and Defense Code.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.