En la actualidad, el Perú es un país que cuenta con diez denominaciones de origen reconocidas, que entre otros, protege a productos que representan bebidas alcohólicas, frutos, granos, cereales y artesanías. Ante esta situación, en esta investigación cuestionamos si ese número de productos declarados como dicho signo distintivo reflejan la diversidad natural y cultural de este país. Con la finalidad de responder esta incógnita, hemos escogido un producto que, a nuestro criterio, cumple con todos los requisitos para ser declarado una denominación de origen: el Café de Jaén - San Ignacio, en Cajamarca. Cabe resaltar que, a la par, consideraremos a la marca colectiva como posible alternativa de protección, toda vez que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, viene implementando un Plan Nacional de registro gratuito de estos signos distintivos y a plazos bastante cortos. Es a raíz de estas dos alternativas que optaremos por elegir la mejor opción de protección en función a los mayores beneficios que puedan obtener los productores cafetaleros de las mencionadas provincias. En tal sentido, se analizará la normativa nacional e internacional vigente, así como diversos factores como son el de la asociatividad en el Perú y el estado de los Consejos Reguladores. Asimismo, realizamos un par de visitas a la zona en búsqueda de un mayor acercamiento al producto, a los actores y los retos que hoy viene enfrentando el café peruano. Por último, hemos visto conveniente tomar como referente un caso de éxito internacional, que es Café de Colombia, para identificar al final de esta investigación, qué estrategias podrían aplicarse con el café peruano en búsqueda de una mejor protección jurídica, promoción y posicionamiento / At present, Peru is a country that has ten recognized appellations of origin, which, among others, protect products that represent alcoholic beverages, fruits, grains, cereals, and handicrafts. Faced with this situation, in this investigation we question whether this number of products declared as said distinctive sign reflects the natural and cultural diversity of this country. In order to answer this question, we have chosen a product that, in our opinion, has all the requirements to be declared an appellation of origin: Café de Jaén – San Ignacio, in Cajamarca. It should be noted that at the same time, we will consider the collective trademark as a possible protection alternative, since the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property – (Indecopi in Spanish), has been implementing a National Plan for the free registration of these distinctive signs and in fairly short deadlines. It is as a result of these two alternatives that we will choose the best protection option based on the greatest benefits that coffee producers in the aforementioned provinces can obtain. In this sense, the current national and international regulations will be analyzed, as well as various factors such as the associativity in Peru and the state of the Regulatory Councils. Likewise, we made a couple of visits to the area in search of a closer approach to the product, the actors and the challenges that Peruvian coffee is facing today. Finally, we have seen fit to take as a reference an international success story, which is Café de Colombia, to identify at the end of this investigation, what strategies could be used with Peruvian coffee in search of better legal protection, promotion, and positioning.

A mediados del año 2016, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos presentó al pleno el Proyecto de Ley 289/2016-CR, un proyecto de ley muy polémico que buscó modificar la legislación vigente en torno al servicio de estacionamientos; obligando a las empresas, entre otras cosas, a establecer un sistema de precios que cobre por minuto, prohibiendo así otros sistemas de cobro habituales como el típico “por hora o fracción”. Así, gracias a esta y muchas otras propuestas regulatorias polémicas en el país, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué tan bien estamos regulando en el Perú? Existe una tendencia global, encabezada por la OCDE, de mejorar la calidad de la regulación en todos los países miembros y observadores, mediante la propuesta de metodologías y herramientas que garanticen un proceso de formulación de políticas regulatorias de calidad que aumente las probabilidades de éxito de la regulación propuesta; siendo el más importante y reciente, el modelo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA). Considerando las intenciones del país de formar parte de la OCDE en el futuro cercano, resulta de gran importancia la adopción de los modelos propuestos por este organismo en los procesos de toma de decisión de políticas regulatorias. El objetivo central de la presente tesis fue analizar los avances y las limitaciones en la aplicación de herramientas de calidad regulatoria en el proceso de formulación de políticas regulatorias en el Perú, empleando el caso del Proyecto de Ley 289/2016-CR como caso de estudio. Para ello, se planteó un marco metodológico en torno a un proceso RIA, incluyendo una serie de características y condiciones que un proceso RIA ideal debería contener. Luego, se realizaron entrevistas a dos congresistas y un asesor miembros de la Comisión, con el fin de conocer, al mayor detalle posible, el proceso que siguieron al formular este proyecto de ley. Finalmente, se realizó un análisis crítico de este proceso, contrastándolo con las características del RIA ideal propuestas en el marco metodológico; y sumando las opiniones sobre este proceso de expertos en economía, expertos en políticas públicas y expertos en RIA. El análisis evidenció que, a pesar de que el proceso de formulación del proyecto de ley sigue las etapas requeridas por un proceso RIA, existen falencias en todas las etapas, y a distintos niveles, entre las que destacan problemas con la identificación del problema y sus causas, así como errores lógicos en el árbol de objetivos; los que se verán con mayor detalle en el capítulo de resultados.

En el presente informe se analiza el laudo del caso arbitral N° 0072-2016-CCL emitido por el Tribunal Arbitral en el marco del proceso arbitral interpuesto por Metro de Lima Línea 2 S.A. (en adelante el “Concesionario”), ante la Cámara de Comercio de Lima, contra el Ministerio de Transporte de Comunicaciones, actuando en representación del Estado de la República del Perú, (en adelante el “Concedente”) por la aplicación de las penalidades contractuales impuestas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (en adelante “OSITRAN1”) a Metro de Lima Línea 2 S.A. por el incumplimiento de la cláusula 6.74 del Contrato referido al Mantenimiento de Tránsito y Desvío de Tráfico en el Área de la Concesión denominada “PV23” de la Etapa 1A del proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” (en adelante el “Proyecto”). Como cuestión previa, se analiza y determina que las controversias relativas a las penalidades contractuales por el incumplimiento de la cláusula 6.74 del Contrato pueden ser resueltas a través de la vía arbitral por tener naturaleza contractual. Conclusión que coincide con la interpretación y decisión del Tribunal Arbitral que determinó que las penalidades tienen naturaleza contractual y, por ello, son arbitrables. Seguidamente, se desarrolla el alcance y forma de aplicación de las penalidades por parte de OSITRAN. Determinándose que el Concesionario incumplió la cláusula 6.74 del Contrato correspondiendo la aplicación de las penalidades contractuales por los siguientes motivos. En primer lugar, porque CSIL2 fiscalizó en base a los planos vigentes y aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante el “MML”), los cuales no han sido modificados por la MML. Corroborándose que los informes emitidos por CSIL2, que sirven se base a OSITRAN para verificar el incumplimiento de Metro, han tenido como insumo documentación correcta y vigente. En segundo lugar, respecto a la intimación en mora, de conformidad con la cláusula 17.13, se coincide con el Tribunal Arbitral de que no es posible afirmar que OSITRAN debe primero imputar incumplimiento y luego aplicar las penalidades. Las cláusulas 17.7 y 17.13 establecen que en un mismo acto OSITRAN se encuentra facultado para comunicar el incumplimiento e imponer las penalidades. La única exigencia impuesta a OSITRAN consiste en acreditar el incumplimiento imputado como condición para aplicar las penalidades. Situación que se ha demostrado en cada uno de los casos referidos de las penalidades. En tercer lugar, Metro no ha podido demostrar la existencia de causas que generen que el incumplimiento de la totalidad de los componentes del Plan de Desvío no le sea imputable. Metro no presentó sustento alguno sobre causas que generen que el incumplimiento del componente del Desvío de Tráfico no le sea imputable. Asimismo, las denuncias por los hurtos de las señalizaciones no abarcan la totalidad del periodo penalizado. El incumplimiento de cualquiera de los componentes del Plan de Desvío, faculta a OSITRAN a imponer la penalidad establecida en el Anexo N° 10 del Contrato. Por lo que, las penalidades son exigibles a Metro, coincidiendo con el Tribunal Arbitral. Finalmente, sobre la base de los hechos y de la normativa aplicable, se concluye que el Tribunal Arbitral pueda hacer uso de su facultad excepcional para reducir las penalidades impuestas por OSITRAN a fin de atenuar las consecuencias patrimoniales de responsabilidad, correspondiendo la reducción de las penalidades contractuales

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Por consequência de tais inovações, diversas áreas administrativas tiveram de serem adaptadas, sobretudo as relacionadas à atividade de controle no âmbito administrativo. Para tanto, tornou-se necessário conciliar, dentro de um escopo sistematizado, mecanismos capazes de atender as demandas oriundas do recente Estado regulador brasileiro. Com efeito, a função controle adquire relevo no sentido de evitar que tais agências reguladoras apartem-se de limites impostos por lei ou de que divirjam de suas missões institucionais. Assim, o presente trabalho investiga a atuação do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no desempenho das agências reguladoras de Estado. Diante de o assunto permear várias áreas epistemológicas, entende-se que abordá-lo sob o enfoque interdisciplinar pode estender em contribuições sobre o objeto investigado. Nesse contexto, esta dissertação visa incorporar, também, outras áreas de conhecimento. Longe de defender um isomorfismo para o arranjo regulatório brasileiro ou de promover uma saída paradigmática, esta pesquisa busca, com amparo na metodologia qualitativa e sob os enfoques exploratórios e descritivos, reunir conhecimentos e constatações no sentido de propiciar maior aproximação acerca do assunto e concorrer para o delineamento de diretrizes futuras do controle externo sobre a regulação brasileira. Destaca-se que tanto a regulação como o controle sobre o ambiente regulatório são assuntos que se encontram em desenvolvimento no contexto brasileiro, o que enseja a pertinência desta pesquisa. Em face do exposto, esta dissertação visa investigar o estado atual do controle exercido pelo TCU sobre o desempenho nas agências reguladoras de Estado – infraestrutura - com intuito de analisar e promover um debate sobre limites e (im)possibilidades dessa atuação. / With the creation of the first regulators in infrastructure, 90's, a new strategic of acting with the state to improve public governance. The Brazilian who was directly responsible for economic and social development sought to redefine itself against the regulatory model that emerged. Due to this new face state, the functional decentralization was strengthened resulting in the appearance of structures more flexible and autonomous in the nature of public law in order to operate in sectors typical of state. Thus were created the first Brazilian regulatory agencies in order to regulate, promote and regulate key sectors of society. As a result of such innovations, several administrative areas had to be adapted, especially those related to the activity under administrative control. To this end, it became necessary to combine, within a scope systematized mechanisms to meet the demands coming from the recent Brazilian regulatory state. Indeed, the control function gets relief in order to avoid such regulatory agencies to depart the limits imposed by law or that differ from their institutional missions. Thus, this paper investigates the performance of the external control exercised by the Tribunal de Contas da União (TCU) in the performance on State regulatory agencies. Before the subject permeate many areas of epistemology, it is understood that approach it in the interdisciplinary approach can be extended in contributions over the investigated object. So, this paper aims to incorporate also other areas of knowledge. Without defending the arrangement an isomorphism for Brazilian regulatory or promoting an output paradigm, this research aims, qualitative methodology based on the terms and under the exploratory and descriptive approaches, gather knowledge and findings in order to provide closer on the subject and compete for the design of future guidance of external control over Brazilian regulation. It is noteworthy that both the regulation and control of the regulatory issues that are under development in the Brazilian context, which entails the relevance of this research. Therefore, this paper aims to investigate the current state of the control exerted by TCU on the performance of state regulatory agencies - infrastructure - with the intention to analyze and promote argumentation, discussion about limits and (im)possibilities of acting. / Con la creación de los primeros reguladores en infraestructura, de los 90, una nueva forma estratégica de actuar el Estado para mejorar la gestión pública. El brasileño, que fue el responsable directo del desarrollo económico y social, trató de redefinirse en contra del modelo de regulación que surgieron. Debido a esta nueva situación, la descentralización funcional se ha reforzado como resultado la aparición de estructuras más flexibles y autónomos con la naturaleza de derecho público, con el fin de operar en sectores típicos del Estado. Así se crearon los primeros organismos reguladores brasileños con el objetivo de regular, promover y regular los sectores clave de la sociedad. Como resultado de las innovaciones, a varias áreas administrativas tuvieron que ser adaptados, especialmente los relacionados con la actividad bajo el control administrativo. Con este fin, se hizo necesario para combinar, dentro de um ámbito de mecanismos sistematizados para satisfacer las demandas provenientes de la reguladora estatal brasileña. De hecho, la función de control seayuda con el propósito de evitar tales agencias reguladoras para salir de los límites impuestos por la ley o que se diferencian de sus misiones institucionales. Por lo tanto, este trabajo se investiga la actuación del control externo ejercido por el Tribunal de Cuentas del Unión (TCU) en el desempeño de los organismos reguladores estatales. Pelo el tema impregnan muchas áreas de la epistemología, se entiende que el enfoqueen el abordaje interdisciplinario se puede ampliar en las contribuciones sobre el objeto investigado. Por lo tanto, este trabajo pretende incorporar también otras áreas del conocimiento. Lejos de defender la disposición de Brasil para un isomorfismo normativo o la promoción de un paradigma de la producción, esta investigación tiene como objetivo, la metodología cualitativa basada em los términos y bajo los enfoques exploratorio y descriptivo, reunir los conocimientos y resultados a fin de ofrecer más sobre el temay competir por el diseño de las futuras orientaciones de control externo sobre la regulación brasileña. Es de destacar que tanto en la regulación y el control de los problemas de regulamentación que se están desarrollando en el contexto brasileño, lo que implica la relevância de esta investigación. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo investigar el estado actual del control ejercido por el TCU en el desempeño de las agencias reguladoras estatales – infraestructura - con el fin de analizar y promover el debate sobre los limites y la (im)posibilidades de actuar.