El sistema penitenciario peruano se encuentra en crisis. Los centros penitenciarios hoy día son vistos como lugares donde se mantienen a los reos para castigarlos y rebajarlos a categorías infrahumanas. Los brotes de violencia al interior de los establecimientos penitenciarios dejan al descubierto serias inconsistencias y problemas profundos que ameritan una pronta solución por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, con gran incidencia de población juvenil recluida por el delito de robo agravado. Para el análisis y estudio de la actual situación carcelaria en nuestro país se requiere un estudio y propuesta integral y multidisciplinaria, que nos permitirá establecer los presupuestos básicos del sistema científico individualizado de la pena, acorde con el respeto a los derechos fundamentales del reo y a su dignidad como persona, en un régimen abierto y con la implementación de programas más cercanos al tratamiento penitenciario.

La población penitenciaria ha sido víctima de vulneraciones de sus derechos fundamentales sistemáticamente, no solo por causas de infraestructura o respecto las condiciones en que se encuentran las cárceles en el Perú, sino porque obedece a factores estructurales. En ese sentido, es importante preguntarnos quién vela por ellos, si el Estado viene incumpliendo sus obligaciones internas y compromisos internacionales en materia penitenciaria. Entonces, son los jueces constitucionales que tienen el deber de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales, pero sobre todo de aquellos que representan parte de la población vulnerable, pues existe un deber especial para con ellos. Así, la figura del Estado de Cosas Inconstitucional se presenta como aquella competencia de los jueces de mayor instancia para poder pronunciarse y no tener un rol pasivo frente a vulneraciones graves, masivas y generalizadas de aquellos que se encuentran privados de su libertad, los mismos que han sido excluidos e ignorados a lo largo de muchos años. Para revertir esta situación inconstitucional, es necesaria la participación conjunta de los poderes del Estado, de las entidades, de la sociedad en general y del trabajo conjunto a nivel nacional de todos los actores. Por lo tanto, los jueces son competentes de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, así como establecer las medidas para superar la situación y el seguimiento de estas medidas, para lo cual es necesaria la cooperación y abordar el tema de manera multidisciplinaria, pues el problema del hacinamiento y las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles del Perú necesita ser abordado desde varias aristas, incluyendo voces de diversos actores, con el fin de que paulatinamente se pueda respetar y reconocer los derechos fundamentales de los presos, quienes a pesar de estar cumpliendo condena, no merecen ser tratados de forma inhumana. / The prison population has been the victim of systematic violations of their fundamental rights, not only because of infrastructure or the conditions in which Peru's prisons are located, but also because of structural factors. In this sense, it is important to ask ourselves who is watching over them, if the State is failing to comply with its internal obligations and international commitments in prison matters. Therefore, it is the constitutional judges who have the duty to guarantee the satisfaction of fundamental rights, but especially of those who represent part of the vulnerable population, since there is a special duty towards them. Thus, the figure of the State of Unconstitutional Things is presented as the competence of the judges of higher instance to be able to pronounce and not have a passive role in the face of serious, massive and widespread violations of those who are deprived of their liberty, the same who have been excluded and ignored for many years. To reverse this unconstitutional situation, it is necessary the joint participation of the powers of the State, of the entities, of society in general and of the joint work at the national level of all the actors. Therefore, judges are competent to declare a State of Unconstitutional Things, as well as to establish the measures to overcome the situation and the follow-up of these measures, for which cooperation and a multidisciplinary approach to the issue is necessary, The problem of overcrowding and the appalling living conditions inside Peruvian prisons needs to be addressed from various angles, including the voices of various actors, in order to gradually respect and recognize the fundamental rights of prisoners, who despite serving their sentences, do not deserve to be treated inhumanely. / Trabajo académico

"Se ha dicho, hace ya mucho tiempo, que un hombre colgado no sirve para nada y que los suplicios inventados para el bien de la sociedad deben ser útiles a esta sociedad. Es evidente que veinte ladrones vigorosos, condenados a trabajar en las obras públicas toda su vida, sirven al Estado con su suplicio y que su muerte no sirve más que al verdugo, que cobra por matar a los hombres en público" (VOLTAIRE, 1766, 133).

Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblación carcelaria, la Política Nacional Penitenciaria ha establecido como uno de sus lineamientos la promoción de las penas limitativas de derechos, cuya principal pena es la prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado situacional de la prestación de servicios a la comunidad nos indica que su imposición y ejecución no es óptima, debido, entre otros factores, a la ausencia de un modelo de implementación que, además de promover su aplicación, permita el control efectivo de su cumplimiento. Por esta razón, esta tesis propone un modelo de implementación que permite superar las deficiencias advertidas en el modelo actual. El modelo propuesto distingue las tres formas que la norma peruana admite para la imposición de la prestación de servicios a la comunidad, dotando a la pena autónoma y sustitutoria de ciertas ventajas respecto a la pena convertida. Asimismo, pretende que todos los actores clave de este modelo tengan roles definidos y responsabilidades claras: la participación activa del condenado, que el Instituto Nacional Penitenciario se constituya como ente rector de las decisiones administrativas, y que el Juez se convierta en el actor principal en todas las etapas del proceso, incluso en la ejecución de la pena, fomentando mecanismos dinámicos y céleres en la toma de decisiones. Lo que se busca es que, en la medida de lo posible, la práctica judicial deje de privilegiar la imposición de penas privativas de libertad, orientándose hacia la prestación de servicios a la comunidad, en concordancia con la política criminal y penitenciaria del Estado Peruano.

El Sistema Penitenciario Peruano mantiene la función principal de rehabilitar, reeducar para resocializar, para lo cual, los programas de tratamiento penitenciario continúan siendo una de las respuestas más acertadas de acción. En ese sentido, se propone realizar una investigación que aborde el espacio penitenciario y la acción institucional para la ejecución de los programas de tratamiento; más aún, cuando el panorama de la penitenciaria peruana suele caracterizarse por sus deficiencias, sobrepoblación, hacinamiento y escasez de recursos para el INPE. En este panorama, el programa Creando Rutas de Esperanzas y Oportunidades (CREO) logra desarrollarse y mantenerse activo desde su institucionalización en el año 2008. Asimismo, obtiene diversos reconocimientos en cuanto a la gestión institucional y la acción de prevención del delito. Frente a este caso, el presente trabajo busca establecer una plan para el desarrollo de una investigación sobre la base de la pregunta de ¿cuáles son los factores que explican la implementación del programa CREO en el periodo oficial del 2011 al 2019? Siendo tres argumentos tentativos los que se proponen como respuesta a esta interrogante: por una parte, se argumenta que la capacidad institucional del INPE funciona para sobrellevar las deficiencias estructurales de los establecimientos penitenciarios; por otra parte, se sostiene que la intervención de nueva corriente de la gestión pública en la administración penitenciaria aporta a mejorar las acciones para la implementación del programa; finalmente, se propone que el rol de los directores de los establecimiento penitenciario es fundamental para la dirección del Penal en favor al desarrollo del programa.

En la actualidad, en el Perú existe un evidente problema en los centros penitenciarios de la capital. De acuerdo con el informe estadístico penitenciario (INPE, 2018), hasta diciembre de 2018 se contaba con una población de 90 934 reos a nivel nacional, de los cuales el 74.39 % (67 650) son reingresantes, y el 47 % del total se encuentra en Lima. De los 17 penales que hay en esta región, la mayoría presenta niveles considerables de hacinamiento, lo cual en conjunto suma un porcentaje del 151 %. Sin embargo, desde una perspectiva global, el Perú no es el único país que evidencia estos problemas. Muchos países han decidido promover proyectos de inversión bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas para mejorar esta realidad. Una APP se define como una relación de transferencia, de un activo público al sector privado; para que este, con facultades otorgadas por el Estado, pueda concesionar un activo e incluso encargarse de la construcción y gestión de alguna actividad previamente manejada exclusivamente por el Estado. A partir del 2008 se ha motivado la creación de diversos proyectos de inversión de este tipo enfocados en el sector penitenciario. No obstante, en nuestro país, por diversas razones, solo uno ha conseguido llegar a la ejecución. En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo identificar cuáles fueron los factores críticos dentro del proceso de formulación de proyectos bajo la modalidad de la Asociación Público Privada que favorecen o complejizan el desarrollo este tipo de proyectos dirigidos al sistema penitenciario peruano. El marco de la investigación tendrá un enfoque cualitativo ya que recoge las percepciones vertidas en diversas publicaciones. De acuerdo a la metodología, se iniciará analizando estas publicaciones que están en el campo bibliográfico, se ha acudido a varios artículos que evalúan la temática desde varios enfoques, tanto aquellas basadas en la experiencia internacional positiva y negativa, como en la nacional; identificando factores críticos presentes en esos contextos aplicados a los proyectos de APPs y el sector penitenciario. Partiendo de esta recopilación de información, se identifican doce factores que coinciden con la casuística presentada en el sistema penitenciario peruano, los que serán clasificados en tres dimensiones: transversales, aquellos que intervienen dentro de cualquier tipo de APP; específicos, los que están enfocados en el sector penitenciario; y los del contexto peruano, aterrizados a la capacidad administrativa pública. Finalmente, producto del cruce de esta información, se presentará una breve descripción del papel que cada factor tienen en esta clase de proyectos a fin de explicar el impacto de este sobre la factibilidad del proyecto. Posteriormente se explicarán las conclusiones y aportes para futuras investigaciones.

Esta investigación corresponde a una propuesta de evaluación cualitativa con personas privadas de libertad, que cumplen condena y que están sometidas a un tratamiento sistemático de reeducación mediante diversas acciones. Los complejos sistemas penitenciarios o de alta seguridad, desarrollan variadas operaciones para resocializar a grupos de personas condenadas, utilizando metodologías emergentes de evaluación de procesos. Estas mediciones, consideran restringidamente las observaciones cualitativas desde los presos, lo que representa un dominio de observaciones no menos relevantes para evaluar resultados de procesos, especialmente cuando éstos son psicosociales. Por ello, el estudio se sitúa en Valparaíso, en el Complejo Penitenciario, con la finalidad de desarrollar un proceso de evaluación cualitativa para un programa de intervención psicosocial, desde la mirada de los reclusos como evaluadores.

Memoria para Optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

[pt] Esta dissertação procura traçar um panorama da atual situação do sistema penitenciário brasileiro, discutindo o papel da educação como Programa de Ressocialização na política de execução penal. Através de uma análise documental e de uma coleta de relatos orais a respeito do modelo de política pública de educação penitenciária aplicado no Estado do Rio de Janeiro, que já possui uma experiência de mais de 30 anos, procuramos, entre outras questões, compreender o papel que a educação escolar desempenha no sistema penitenciário, descrevendo e analisando as relações entre educação escolar ressocialização dentro de um sistema penal. Desse modo, propomos analisar a versão oficial da política de educação desenvolvida nos presídios; a percepção que os professores têm a respeito dessa política; e como os internos penitenciários (e/ou ex-alunos) analisam a educação da qual participam. Diante da especificidade do tema e da escassa produção acadêmica direcionada para essa área de estudos, acreditamos que esse material poderá contribuir com a discussão na área de educação, visto que essa problemática só vem sendo objeto de preocupação de juristas, cientistas sociais, assistentes sociais e psicólogos. / [en] This essay tries to show in detail an overall view of the current situation of the penitenciary system, discussing the role of education as a Program of resocialization in the penal educational policy. Through a documental analysis and selection of oral statements concerning the public policy of Penitenciary Education in the State of Rio de Janeiro, with more than 30 years of experience, we try, among other questions, to understand the role that the school education performs in the penitenciary system, describing and analysing the relations between school education e resocialization within a penal system. Therefore, we propose to analyse an official version of educational policy developed within prisons; the perceptions that the teachers have in relation to this policy; and how prisoners or former students analyse the education process in which they participate. In view of this specificity of the topic and the scarce academic production in this area of study, we believe that this material will contribute to the discussion in the educational area, since this issue has been the object of study only by jurists, social scientists, social assistents and psychologists.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)