Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo consta de dos partes. En la primera se analiza brevemente el contrato de estacionamiento masivo, sus características, elementos y obligaciones que genera tanto para el usuario como para el prestador del servicio. En la segunda parte nos enfocaremos en la responsabilidad del cuidador cuando dentro de su establecimiento ocurra un robo o hurto en contra de los vehículos que guarda. En particular, nos interesa determinar la situación en que quedan aquellos bienes que sin ser parte integral del vehículo (como ruedas de repuesto o radios) ni ser habituales de hallar dentro de uno (como un botiquín o herramientas), son sustraídos. Por último, concluiremos este trabajo haciendo un somero análisis de todos los proyectos legales sobre la materia que actualmente se tramitan en el Congreso, para terminar dando ciertas pautas para la redacción de una posible Ley General de Estacionamientos

Este informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis crítico de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, las cuales culminaron con la Casación Laboral N° 10956- 2017-TACNA; a través de la cual, la Corte Suprema asumió un criterio de defensa en cuanto al derecho al pago del lucro cesante y de la indemnización por daño moral, a consecuencia del despido incausado que disolvió el vínculo laboral entre el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna – PET y la demandante Marisol Calisaya. En los últimos años los juzgados han emitido diversos pronunciamientos que han ido delimitando las pretensiones de lucro cesante y daño moral, con imprecisiones o conclusiones contradictorias de los administradores de justicia, generando una inestabilidad con las decisiones y pronunciamientos jurisprudenciales. Por ello, el caso de Marisol Calisaya reviste no menor importancia y corresponde analizar si los fundamentos de las instancias judiciales se sustentan en razones jurídicas y lógicas. De igual manera, resulta necesario entender cuáles fueron los argumentos utilizados a lo largo del proceso y cómo el presente caso debería garantizar la uniformidad de criterios que apliquen los órganos jurisdiccionales, debiendo estos ser los más acertados a fin de asegurar predictibilidad en futuros casos similares.

En el presente trabajo el autor plantea la existencia de una insuficiente regulación de los remedios aplicables a infracciones al deber de lealtad en el derecho corporativo peruano. Desde una perspectiva del gobierno corporativo y de las instituciones sobre responsabilidad de administradores existentes en el derecho societario, el autor cuestiona el alcance de la reparación de daños como único mecanismo de compensación para este tipo de supuestos. La tesis defendida por el autor plantea que, en los casos en los que la sociedad sufre un daño a partir del aprovechamiento indebido de la posición que ostenta un administrador, éste último no solo debe compensar a la sociedad por el importe de los daños sufridos, sino que además debe reintegrarle a la compañía los beneficios que aquel haya percibido con motivo de dicha infracción. Si bien desde una concepción civilista de la responsabilidad de administradores (como la que rige en Perú) no son usuales los mecanismos de responsabilidad civil a partir de los cuales se indemnice por encima del importe de los daños sufridos, el autor sostiene que, en el caso de las infracciones al deber de lealtad, existen supuestos en los que se pueden distinguir entre los daños sufridos por la compañía y los beneficios percibidos por el agente infractor. De tal manera, basándose en: (i) la figura del “reintegro de beneficios”; (ii) legislación societaria vigente en el Perú; y, (iii) experiencias del derecho comparado en las que se ha optado por regular de esta manera a las infracciones al deber de lealtad; el autor propone extender el remedio de los daños y perjuicios establecido en la Ley General de Sociedades, incluyendo también al reintegro de beneficios como alternativa para determinados supuestos de infracción al deber de lealtad.

La presente investigación trata sobre la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por el personal de la Policía Nacional del Perú. Para ello, se realizará una investigación bibliográfica a efectos de advertir tanto los supuestos de irresponsabilidad que encierran en los daños no resarcibles que se pueden generar como consecuencia de una intervención policial, así como el criterio de imputación por el cual es responsable tanto el efectivo policial como el Ministerio del Interior subsecuentemente el Estado, quien es solidariamente responsable bajo el criterio de la garantía a través de la responsabilidad vicaria cuando se configuren los requisitos de esta. Es así, como se describe el ejercicio de la función policial a efectos de determinar los niveles del empleo de la fuerza ante una situación de intervención policial. Seguidamente, se realizará el método de análisis de la responsabilidad civil en función a los daños ocasionados por los efectivos del orden en estricto cumplimiento de sus funciones, ello, con la finalidad de hallar al verdadero responsable del hecho dañino que estriba tanto en el efectivo policial como en el Ministerio del Interior o el propio Estado cuando corresponde. Finalmente, se desarrollará el daño resarcible y/o exoneración de la misma aplicando los requisitos pertinentes de esta institución jurídica.

La presente investigación se desarrolla dentro del campos del derecho de obligaciones y la responsabilidad civil, como es la presencia del daño moral en los supuestos de inejecución de obligaciones. Lo que pretendemos primero es establecer el concepto de “daño moral” dentro del sistema jurídico peruano bajo los reflectores de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina, ya que será con dicha definición que se podrá apreciar el marco de actuación del artículo 1322 del Código Civil. Después, desarrollaremos el alcance del resarcimiento del daño moral en la inejecución o el incumplimiento de las obligaciones en la experiencia jurídica comparada, sobre todo la evolución y el actual entendimiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia, buscando principalmente los cánones que se emplean para aprobar o desaprobar la reparación del referido perjuicio. Finalmente, y habiendo adoptado una postura frente a las dos premisas anteriores, lo que se procurará será consignar que el resarcimiento del daño moral en el ámbito de la inejecución de las obligaciones merece una necesaria conjugación con la regla de “previsibilidad” y los grados de culpa del deudor, pues sólo así se podrá separar los escenarios en los que corresponderá la reparación del perjuicio moral a favor del acreedor, de aquellos casos en los que este daño no tendrá asidero alguno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de investigación procuraremos profundizar y analizar el razonamiento empleado en la jurisprudencia laboral nacional para determinar la indemnización de perjuicios en los casos que tengan relación a los accidentes del trabajo con resultado de muerte del trabajador. Se enfocará el estudio en el desarrollo y evolución que han tenido nuestros tribunales frente a la tesis planteada y los principales cambios que han existido en el criterio al momento de determinar la indemnización de perjuicios del trabajador fallecido. En este sentido se abordará la temática desde una perspectiva dogmática y doctrinaria, tanto nacional como comparada y a su vez se considerarán los cambios que ha sufrido la legislación laboral y como estos elementos inciden hoy en la determinación de la indemnización de perjuicios por muerte del trabajador en sede laboral. Importante examen se efectuará, a su vez, a la evolución y a las variaciones que ha experimentado nuestra jurisprudencia en la percepción de transmisibilidad de la acción por daño moral en los accidentes de trabajo cuando el resultado es la muerte del trabajador, del monto de la indemnización y la relación entre los diversos tipos de indemnizaciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo analiza en profundidad el artículo 16 B de la Ley N° 18.410 referente a las compensaciones en materia eléctrica, norma que regula tanto el monto como al ente responsable de llevar a cabo dichas compensaciones. Ello, con el objeto de exponer a la comunidad académica dos problemáticas, la primera referente a la indemnización de los daños sufridos por los clientes regulados, la cual no es siempre proporcional al daño causado. Y la segunda, en relación a la situación del ente encargado de llevar a cabo las compensaciones, quien es siempre la distribuidora, independiente de que el culpable sean las generadoras o transmisoras, y que aún cuando se le concede la posibilidad de repetir en contra de los responsables, esto es susceptible de variadas trabas. Todo lo cual es tratado a lo largo de cinco capítulos, siguiendo un orden deductivo, en el primero, se explica el funcionamiento del mercado eléctrico, sus agentes, deberes y obligaciones, en el segundo, se exponen los problemas mencionados en el párrafo anterior, mientras que en el capítulo III y IV, se establece el estatuto de responsabilidad civil aplicable, junto a un estudio de los elementos, para luego finalizar en el capítulo V con análisis de los pros y contras de las diversas soluciones propuestas, frente a la difícil determinación 7 del sujeto pasivo, y así, entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo tiene por objeto investigar y dilucidar los criterios que permiten entender que una determinada “actividad” sea considerada como “peligrosa”, tanto por la doctrina, jurisprudencia, como legislación nacional, y que llevarían a que ciertos quehaceres humanos tengan un tratamiento jurídico distinto. Para lograr dicho objetivo, fijamos como objeto de estudio dos fenómenos jurídicos particulares que emplean la expresión: la denominada presunción de culpa por el hecho propio, consagrada en el artículo 2329 del Código Civil, y los distintos estatutos de responsabilidad estricta consagrados en la legislación nacional. Para efectos de lograr nuestro cometido, estudiamos ambos objetos de estudio desde un punto de vista doctrinario (capítulo I), complementando dicho análisis con una mirada breve a determinadas legislaciones comparadas (capítulo II), para posteriormente, y luego de tener una base de conocimiento suficiente, analizar la historia de la ley de los distintos estatutos de responsabilidad estricta (capítulo III) y la aplicación jurisprudencial de la presunción analizada (capítulo IV) Posteriormente, presentamos unas breves conclusiones sobre cada uno de los capítulos, para finalmente presentar una propuesta de sistematización de criterios a emplear para calificar una determinada actividad como peligrosa

Memoria de prueba para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Durante los últimos años hemos observado la vertiginosa evolución que ha experimentado el Derecho de la competencia, tanto a nivel internacional como local. Pruebas de lo último lo son las sucesivas transformaciones que ha experimentado la institucionalidad chilena de la competencia, por cuanto la regulación competitiva que hoy poseemos difiere radicalmente de la que existía hace tan sólo veinte años. En razón de lo anterior, la presente Memoria tiene por objeto el detenerse a reflexionar sobre la última modificación experimentada por nuestro sistema de la competencia con la dictación de la Ley Nº 20.945 que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia. En particular, el presente trabajo consistirá en el análisis pormenorizado del programa chileno de clemencia. Para alcanzar dicho propósito, nos hemos propuesto como metodología el comenzar con una reflexión respecto a los fundamentos que subyacen a la regulación competitiva, en general, y la estructura específica de nuestro programa de amnistía, en particular. Tras ello, proponemos esbozar los principales argumentos que existen en torno al establecimiento de los programas de clemencia, en especial, buscaremos dar cuenta de las fortalezas y los desafíos principales que enfrenta esta herramienta competitiva. A fin de que los esfuerzos aquí vertidos constituyan un verdadero aporte a la discusión y no un mero discurso descriptivo, proponemos realizar una revisión prospectiva de cuáles son los principales desafíos que presenta nuestro modelo actual de delación compensada tras la entrada en vigor de la mencionada ley. En concreto, el objeto principal del análisis refiere a la vinculación que posee el programa de clemencia con las dos aristas fundamentales que un cartel posee, a saber, la compatibilidad de la delación compensada con la indemnización civil de los perjuicios y la criminalización de la colusión.

A través del presente informe jurídico se analiza el Expediente No. 2002-093-06-0101- JX-01-C (E-2575), correspondiente al proceso judicial iniciado por Giovanna Angélica Quiroz a título propio y en representación de sus tres menores hijos, en contra de Minera Yanacocha S.R.L., Ramsa S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, mediante la cual pretendieron una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ocasionados a causa del derramamiento de mercurio en el centro poblado Choropampa el 2 de junio del año 2000. El objetivo del informe radica en advertir una serie de aplicaciones e interpretaciones de normas materiales y adjetivas realizadas por la Corte Suprema de Justicia e instancias de mérito que, a nuestro entender, resultan indebidas e incorrectas, las cuales están referidas a los siguientes tópicos: (i) la legitimidad para obrar para solicitar tutela jurisdiccional en defensa del medio ambiente, (ii) la posibilidad de plantear excepciones procesales sustentadas en transacciones extrajudiciales no homologadas, y (iii) el análisis de validez de transacciones extrajudiciales celebradas entre las partes del proceso. Las conclusionesa la que se arriban son principalmente las siguientes: (i) toda persona natural tiene legitimidad para interponer demandas en tutela del medio ambiente, (ii) no cabe oponerla transacción extrajudicial no homologada judicialmente como excepción procesal y, (iii) las transacciones celebradas entre las partes adolecen de vicios de validez por ir en contra de las buenas costumbres.