Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 18.216, que vino a establecer en nuestro sistema jurídico la institución de las antiguamente llamadas “medidas alternativas” a las penas privativas de libertad, encarnó al momento de su dictación el deseo eminentemente prevencionista del legislador chileno frente a un ámbito de delincuencia menor, cuyas ideas matrices estaban marcadas por una finalidad de reinserción, resocialización y el uso racional de la pena efectiva de cárcel. Frente a esto, en el presente trabajo analizamos cómo con el transcurso del tiempo dicha institución ha debido acomodarse dentro de nuestro sistema jurídico de manera tal que pueda ser justificada también desde una perspectiva retribucionista de la fundamentación de la pena, fenómeno que se manifiesta claramente en las modificaciones que dicha ley ha sufrido desde su dictación, que van desde cuestiones tan simples como la modificación de la nomenclatura de “medidas alternativas” a “penas sustitutivas”, hasta la reducción del catálogo de delitos que permiten acceder a estas penas. Este análisis comprende también una revisión histórica acerca de la evolución en la concepción teórica de la sanción penal y su aplicación en la política criminal, lo que demuestra -a nuestro juicio- que el fenómeno descrito a propósito de esta ley no es algo aislado, sino más bien viene a ejemplificar lo que ha sucedido en diversos momentos de la Historia en los cuales ha existido una orientación predominante en las decisiones político criminales en relación a la imposición del ius puniendi Estatal y en los cuales diversas instituciones sufrieron este mismo proceso de “intervención”, de manera tal que pudieran ser justificadas desde otra perspectiva y así poder hacer frente a las necesidades de la sociedad en cada momento, dejando en evidencia su permeabilidad ante la realidad y el devenir histórico. Palabras clave: Ley 18.216, penas sustitutivas, medidas alternativas, justificación de la pena, prevención, resocialización, reinserción, retribución, culpabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, busca determinar si la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social se acomoda a los estándares establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales relativos a la materia. Para lo anterior, en el primer capítulo nos centraremos en los Estándares internacionales en el derecho penal de adolescente relativos a las penas privativas de libertad, sentando los criterios bajo los cuales analizaremos posteriormente la jurisprudencia. En el segundo capítulo, nos centraremos en los fines de las penas privativas de libertad en el derecho penal de adolescentes, analizando estos tanto en los denominados modelos de responsabilidad como en nuestra legislación. En el tercer capítulo, nos centraremos en la figura de la sustitución de penas establecida en los art. 53 y 54 de la ley 20.084, con la idea de poder entender los objetivos de la misma, al mismo tiempo de analizar cómo han sido entendidos sus requisitos por la doctrina y por el legislador histórico. En el cuarto capítulo, nos centraremos en analizar la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social, centrando el análisis en una serie de situaciones y elementos que se repiten en la jurisprudencia, determinando las diversas posturas que pueden apreciarse respecto a los mismos. Por último, para finalizar el presente trabajo, procederemos a señalar cómo, a nuestro juicio, existen manifestaciones en la jurisprudencia que van en contra de los estándares internacionales ya señalados, partiendo por un análisis de la jurisprudencia en términos generales, para después pasar a analizar los diversos elementos y situaciones individualmente señalados, determinando qué posturas respecto a los mismos contradicen los estándares internacionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país, cuatro son los casos de suicidios consumados de jóvenes infractores a la ley penal, desde el inicio de la Reforma Penal Adolescente en el año 2007, a la fecha. Abordar la prisión como un factor de riesgo que puede detonar o acrecentar patologías de salud mental en los menores de edad, la cobertura mediática de los decesos ocurridos y el análisis de los Informes de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC) son, entre otros, los aspectos que surgen en la presente investigación y que permiten no sólo establecer características específicas de una realidad carcelaria que, en general, envuelve variados aspectos negativos, sino que, además, la contrapone directamente a los deberes de cuidado y protección que el Estado detenta respecto de todo menor, y más aún, respecto de aquellos infractores que se encuentran en una particular vulnerabilidad por estar en absoluta sujeción al poder estatal. Una confrontación que a fin de cuentas, dilucida cómo el Estado de Chile es responsable de las muertes de jóvenes adolescentes por medio de la autolesión, al interior de distintos centros cerrados o semicerrados de cumplimiento de una sanción penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tuvo por objeto analizar cada una de las disposiciones del régimen disciplinario penitenciario chileno a la luz de los principios y derechos fundamentales que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes garantizan a todas las personas. Con miras a lo anterior, en primer lugar se da cuenta de la normativa que resulta aplicable a la ejecución de las penas privativas de libertad que cumplen efectivamente adultos de sexo masculino sometidos al subsistema cerrado, con énfasis en lo señalado en torno a la imposición de sanciones disciplinarias. En el mismo sentido, se describe el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, así como los sujetos que intervienen en el mismo. En seguida, se estudian cada una de las conductas calificadas como faltas leves, menos graves y graves, así como las medidas disciplinarias destinadas a ser aplicadas ante la comisión de dichas conductas, precisando como las normas referidas en los hechos vulneran los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Por último, se expone el régimen de recursos con que cuentan las personas ante la infracción de derechos constitucionales por medio de la imposición de sanciones disciplinarias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria responde a la necesidad de plasmar en una materialidad parte del trabajo desarrollado por estos memoristas en calidad de analistas documentales durante el tiempo arriba indicado. Es por ello que hemos escogido un tema específico, a saber, la aplicación de la Ley 18.216 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, seleccionando una cantidad acotada de sentencias relevantes y atingentes a esta materia, para extraer los criterios aplicados por nuestros tribunales. La presente memoria constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajos. En este punto debemos reconocer un hecho fundamental: la utilización de la tecnología de la información aplicada al Derecho, entrega ventajas impensables a los operadores jurídicos en lo que dice relación con la sistematización y utilización del material jurisprudencial, doctrinal y legislativo. Un trabajo como el que se desarrolla en esta memoria, no es concebible sin esta herramienta que es la informática jurídica. Para ser más precisos, la memoria que presentamos reconoce su pertenencia a la informática jurídica documental, que es aquella parte de la informática jurídica que trata del procesamiento a través de soportes computacionales, de la información jurídica contenida en documentos para su posterior recuperación. En nuestro caso nos circunscribimos al procesamiento de información procesal penal de tipo jurisprudencial. En este sentido, esta memoria viene a ser un aporte en el contexto de la informática jurídica documental, dado que el incesante flujo de datos jurídicos – leyes, doctrina, jurisprudencia- exige una capacidad cada vez mayor de sumirse en esta inflación normativa para lograr un óptimo aprovechamiento de ésta. Una memoria como la nuestra, constituye un aporte real en esta tarea

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En todos los sistemas en que se encuentra consagrada la institución del abono de las medidas cautelares personales a la pena, ésta apela a la reducción de la extensión de una pena impuesta cuando el condenado ya ha sido afectado por providencias cautelares que han limitado o restringido los mismos bienes jurídicos que serán limitados o restringidos como consecuencia del castigo penal. Siendo indiscutible que tal reducción debe tener por fundamento, al menos, la existencia de medidas adoptadas en el mismo proceso en que se impone la respectiva pena, se ha defendido la operatividad del “abono en causa diversa”, vale decir, del cómputo procedente en virtud de privaciones de libertad decretadas en procesos diversos de aquel en que se impone la pena susceptible de reducción en su extensión. La presente tesis pretende abordar la figura del abono en causa diversa, con el fin de determinar si es procedente su operatividad en el ordenamiento nacional, limitando nuestro análisis al abono sobre penas, amén de temporales y divisibles, privativas de libertad. Para lograr tal objetivo, junto con un tratamiento general de la institución del abono, abordaremos la recepción del abono en causa diversa en la jurisprudencia y doctrina nacional y en algunas legislaciones extranjeras, representativas de las principales tendencias existentes a su respecto. Se concluye que dicho abono sí es procedente en nuestro derecho, a la luz de la interpretación extensiva del artículo 26 del Código Penal. Este precepto, al tener incidencia en la vigencia de un derecho fundamental como es la libertad personal, debe interpretarse de un modo acorde a su mayor extensión y vigencia, como lo exige el respeto por la dignidad humana. Es esta interpretación extensiva la que permite incluir en el cómputo toda aprehensión cautelar padecida previamente por el sujeto, independientemente del proceso en que ha sido decretada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de la normativa existente para determinar si las personas condenadas a penas privativas de libertad por crímenes de lesa humanidad pueden acceder a los diversos beneficios penitenciarios y/o penas sustitutivas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación se inició debido a le existencia de cuatro proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso, ellos establecen penas alternativas a las penas privativas de libertad de los reclusos, incluyendo expresamente a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Para determinar si proceden aquellos beneficios penitenciarios y/o penas sustitutivas analizaremos nuestra normativa interna y aquellos instrumentos internacionales ratificados por Chile. Si bien nuestra premisa es que no debiesen concederse beneficios a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, este trabajo tiene por objetivo fundamentar en base a la normativa vigente en qué casos proceden

Essa dissertação tem como objetivo apresentar uma análise acerca do comportamento do delinqüente em relação ao quantum de pena previsto no Código Penal brasileiro, possuindo como fundamento a teoria economicista do crime e a legislação penal apresentada. Parte-se, em um primeiro momento, para uma explicação da evolução da sanção penal, destacando as teorias que explicam as finalidades das penas. Dá-se ênfase a dois grandes grupos teóricos: teorias absolutas da pena, que utilizam a pena como um juízo de reprovação/retribuição, e as teorias relativas da pena, que fazem da sanção penal um instrumento para impedir que novos crimes aconteçam (prevenção). Na seqüência, apresentase o modelo econômico básico do crime, desenvolvido por Becker (1968) e seus fundamentos teóricos em Beccaria (1764), em Bentham (1781) e na teoria da escolha racional. Esclarece-se que o modelo economicista do crime enquadra-se entre as teorias relativas da pena (prevenção). Ressalta-se que o instituto da pena é um dos principais mecanismos que o Estado possui para alterar o comportamento de potenciais infratores. Explica-se que o sistema criminal brasileiro estabelece como finalidade da pena tanto a reprovação quanto a prevenção. No entanto, considerando que o delinqüente é um ser racional, capaz de antecipar a quantidade de pena a que estaria sujeito caso fosse capturado e condenado, conclui-se que a pena, no contexto da legislação brasileira, perde a sua finalidade precípua de prevenção, uma vez que o agente criminoso constata que seu custo “real” é menor que seu custo “potencial”. Dessa maneira, embora no sistema criminal nacional, a pena possua como fim a reprovação e a prevenção, percebe-se reduzidas as suas características de prevenção, fazendo realmente do crime uma outra atividade, passível de ser realizada por aqueles que assim desejarem. / The goal of this work is to present an analysis concerning the criminal's behavior in relation to the quantity of punishment foreseen in the Brazilian Penal Code, having as fundaments the economic theory of crime and the penal legislation presented. In a first moment, it does an explanation of the evolution of the penal sanction, pointing out the theories that explain the purposes of the punishment. It does emphasis for two great theoretical groups: absolute theories of the punishment, that it uses the penalty as retribution, and the relative theories of the punishment, that it utilizes the penal sanction as an instrument to impede that new crimes happen (prevention). In the sequence, it presents the economic basic model of crime, developed by Becker (1968) and their theoretical fundaments in Beccaria (1764), in Bentham (1781) and in the theory of the rational choice. It is explained that the economic model of crime is framed among the relative theories of the punishment (prevention). It shows that the institute of the punishment is one of the main mechanisms that the State uses to alter the potentials offenders' behavior. It is explained that the Brazilian criminal system establishes as purpose of the punishment as much the retribution as the prevention. However, considering that the criminal is a rational being, capable to anticipate the amount of punishment that would be subject case was captured and convict, it concludes that the penality, in the context of the Brazilian legislation, loses its essential purpose of prevention, once the criminal agent verifies that his "real" cost is smaller than his "potential" cost. In this way, even though in the national criminal system, the punishment has as purpose the retribution and the prevention, it is possible to note that the characteristics of the prevention have been reduced, making the crime as one other activity, susceptible to be accomplished by those who want to do that.