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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La razón que me condujo a la elección de este tema es la gran relevancia que ha adquirido el derecho laboral en los últimos años, producto del surgimiento de tópicos tan relevantes como la subcontratación, el salario ético o la semana corrida, entre otros, que han trascendido de la agenda netamente académica o jurídica para convertirse en origen de discusión al interior de ámbitos como la economía o la política en general. Dentro de lo interesante que podría resultar un estudio acabado de la Dirección del Trabajo en el agitado escenario laboral actual, la elección del tema en particular se debe a la poca información con que cuentan los ciudadanos respecto de cómo se lleva a cabo su procedimiento administrativo de fiscalización. En la actualidad, cuando la Dirección del Trabajo ejerce su función fiscalizadora, tanto los trabajadores como los empleadores fiscalizados se encuentran en una situación de incertidumbre frente a su accionar, puesto que existen varias instancias donde, en la práctica, no se siguen con rigurosidad las pautas generales del procedimiento administrativo de aplicación general. Es a raíz de ello que creo que es necesaria una sistematización del tema, para suplir la ausencia de normativa iluminadora al respecto. El objetivo del estudio se delimita a establecer si las normas de derecho administrativo que rigen el procedimiento administrativo de los órganos de la Administración del Estado en general se aplican o no a la Dirección del Trabajo y, específicamente, a su labor fiscalizadora. Esto teniendo en consideración las particularidades de la Dirección del Trabajo como servicio público, principalmente debido al importantísimo rol social que desempeña. La hipótesis que planteo es que las normas generales que rigen el procedimiento administrativo consagrado en la Ley 19.880 efectivamente son aplicables a la Dirección del Trabajo, tal como a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, más cuando éstas, en su mayoría, persiguen el tratamiento justo a los ciudadanos y la transparencia en el accionar de los servicios públicos. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación pueden aparecer matices que nos lleven a afinar esta hipótesis inicial. La metodología propuesta es clara. Debido a la poca información que existe sobre la materia en particular, el sustento de esta tesis será el estudio de textos propios del derecho administrativo que aborden la potestad inspectora de la Administración del Estado en general, el análisis de cuerpos legales y de jurisprudencia. La idea es aplicar el método deductivo, de modo que de lo general arribemos a una conclusión más particular que importe una sistematización de la materia. Para ello abordaré en principio la Dirección del Trabajo como institución, luego profundizaré sobre la potestad inspectora de la Administración y en el procedimiento administrativo de inspección, para terminar con lo medular de la tesis, es decir, ver si éste último se aplica a la primera y por qué

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación exponemos nuestra investigación sobre el Estatuto Jurídico de las Revisiones Técnicas Vehiculares vigente en nuestro País. éste se referirá a dar cuenta de nuestra investigación en el área referida a los sustentos jurídicos que el Estado Administración posee explícitamente para la concreción del sistema de Plantas de Revisión Técnica. Pasaremos por un análisis doctrinario, para luego adentrarnos en la normativa vigente, el sistema de concesión, los cuerpos reglamentarios, y en especial el procedimiento administrativo aplicable, donde la Ley N° 19.880, adquiere especial relevancia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de licenciatura tiene por objetivo efectuar un estudio sistemático de la institución del silencio administrativo. Teniendo en vista aquello, es que el trabajo se ha dividido en tres capítulos, los que a continuación mencionamos. El primer capítulo, titulado dogmática general del silencio administrativo, efectúa el análisis del sustento doctrinario de la institución. Comprendiendo que se trata de un aspecto que ofrece innumerables aristas es que hemos procedido a dividirlo en varios acápites, a fin de hacer más accesible la comprensión de todos los problemas que plantea. Este enfoque metodológico nos obliga a advertir la profunda interrelación existente entre cada uno de los tópicos analizados, lo que explica la suerte de imbricación que se produce y puede servir de disculpa ante los cuestionamientos referentes al porqué de los criterios de agrupación elegidos. También queremos hacer presente que las continuas referencias a la legislación española en este capítulo únicamente tienen por objetivo ilustrar las materias tratadas. La intención ha sido trascender legislaciones específicas, aunque la indesmentible influencia doctrinaria del régimen español resulta insoslayable. El segundo capítulo se encarga del somero estudio de la regulación que del silencio administrativo han efectuado ciertas legislaciones comparadas. Por las razones anotadas en el párrafo anterior, el análisis del régimen español es el más acucioso. La elección del resto de los países europeos (Francia, Alemania e Italia) se explica por la eminencia e influencia de sus regulaciones, lo que pretendemos demostrar en el desarrollo de la obra. Por lo que respecta a las legislaciones americanas tratadas, el factor que nos indujo a elegirlas y estudiarlas fue el de exponer, al menos tangencialmente, el contraste entre ellas y nuestro propio ordenamiento, sabiendo que estos países comparten un desarrollo jurídico y socioeconómico similar al nuestro. El tercer y último capítulo es el del estudio de la regulación que nuestro país ha hecho del silencio administrativo. En él se efectuará un análisis detallado de la Ley 19.880, 2 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, además de hacer mención a algunas paradigmáticas legislaciones sectoriales que se han encargado de regular en su ámbito la cuestión del silencio administrativo. El objetivo es tratar de dilucidar si el régimen chileno obedece a ciertos lineamientos macro-estructurales o se trata de una regulación variopinta sin mayor relación entre sus diversos elementos. Para dicho análisis se utilizará el bagaje doctrinario expuesto en el primer capítulo de esta obra, además de menciones esporádicas a la jurisprudencia, incluyendo la sui generis de la Contraloría General de la República. El objetivo de nuestro trabajo es indudablemente ambicioso. Eso, junto al interés inherente que supone el estudio de una herramienta que intenta hacer frente a la desidia de las administraciones públicas, amén de la notable falta de trabajos en nuestro país a su respecto, explica que nos hayamos consagrado a este tema. Esperamos que el resultado de nuestra investigación sirva de alguna utilidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar una de las actividades administrativas de más larga tradición histórica, a saber, la inspección administrativa. Ante la escasa dedicación que la doctrina nacional le ha concedido a este tema, pese a la incuestionable y gran aplicación práctica que el ejercicio de dicha actividad importa, este trabajo pretende desentrañar y establecer, por sobre todo, el desarrollo de esta actividad, buscando resolver preguntas tales como: ¿es necesario que la inspección se someta a un procedimiento administrativo?, ¿tiene el sujeto inspeccionado algún derecho ante la intervención de la administración?, ¿cuáles son las potestades con las que cuentan los órganos inspectores para ejecutar su labor?, ¿quién decide cuándo y a quién inspeccionar?, ¿es la potestad inspectora una potestad discrecional?. En directa relación con el tema anterior, pero ya desde la perspectiva de la garantía que tiene todo ciudadano frente al actuar dañino de un órgano de la Administración, se aborda el tema de la responsabilidad del Estado Administrador por inactividad en el ejercicio de sus potestades de inspección

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

Analiza la naturaleza, metodología y finalidad de la carga de la prueba en el procedimiento aduanero. Establece los criterios técnico-legales básicos para la configuración y asignación de la carga de la prueba en el procedimiento aduanero de duda razonable. / Tesis

Desde la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPGA,) y en correspondencia con el principio de unidad de la actuación de la administración pública en su conjunto, existe una regla general de colaboración y cooperación entre las entidades que la conforman, con lo que se deja de lado la idea de que solo era posible una interrelación conflictual entre ellas. La colaboración administrativa debe ser apreciada como una noción general en el Derecho administrativo, que trasciende a la cooperación entre entidades públicas, por lo que se torna ineludible dejar atrás el criterio de aplicación restrictivo contenido en la actual normativa. De este modo, el presente artículo —tras analizar aquellas disposiciones de la LPAG que regulan el tema planteado y tomando en cuenta el nuevo rol que vienen asumiendo las entidades públicas en sus relaciones con terceros— pone de relieve la necesidad de un nuevo enfoque de la colaboración administrativa, lo que precisa las modalidades, características y técnicas requeridas para poner en práctica eficientemente esta figura.

el presente trabajo de investigación se propone mejorar la información y gestión del Procedimiento Contencioso Tributario (PCT) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a través de las TIC. De este modo, se plantea mejorar el acceso y disponibilidad de la información del expediente del PCT a favor del contribuyente y colaboradores de la Sunat, a la vez permitir que los ciudadanos cuenten con mayor trazabilidad a fin de conocer los diferentes estados de su expediente y aquellos que intervienen en cada etapa del PCT. Así también, se propone la automatización de la verificación de los requisitos de admisibilidad de los recursos impugnatorios de reclamación y apelación, con fines de reducir los tiempos en la validación de los mismos, y trasladar dicha función a los contribuyentes.