La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú.

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

Nuestra investigación se ocupa de las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y su impacto en la seguridad jurídica urbanística. Las opiniones surgen en un contexto de incertidumbre provocada por la actuación cuestionable de las autoridades municipales frente al ordenamiento jurídico vigente, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Nuestra hipótesis principal es la siguiente: las opiniones vinculantes emitidas por el MVCS constituyen una herramienta necesaria y adecuada para la consolidación del principio de seguridad jurídica en materia urbanística En esa línea, diversas entidades vienen sumando esfuerzos para consolidar la seguridad jurídica en materia urbanística, entre ellas, el MVCS, que, en su condición rectora del sector urbanístico, emite opiniones vinculantes que aclaran, precisan o completan la normativa urbanística, lo que contribuye con la certidumbre jurídica que exige el sector. En nuestro estado del arte abordaremos el estudio de institutos jurídicos fundamentales, como la autonomía municipal, el informe administrativo o la función consultiva de la administración pública, por la importancia que tienen en la temática que abordamos. También evaluaremos los antecedentes normativos de estas opiniones, los que nos permitirán la comprensión de su contexto y su función, asunto que nos lleva inevitablemente al examen de su régimen jurídico vigente. En el problema de investigación analizaremos con detalle la importancia de las opiniones vinculantes del MVCS en el contexto urbanístico nacional, conforme a lo planteado en el estado del arte. Asimismo, es examinada la relación entre la seguridad jurídica y otros principios fundamentales, de lo que ya ha dado cuenta numerosa jurisprudencia y doctrina de primer nivel. En la discusión del trabajo, analizaremos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de la interacción entre las competencias urbanísticas de las municipalidades y del MVCS, lo que nos permite extraer una reflexión final sobre la cuestión según el panorama jurídico existente. Evaluaremos también la potencial repercusión de las opiniones vinculantes en el derecho y la economía, lo que, a nuestro juicio, es un asunto clave que no viene considerando el MVCS en el ejercicio de su labor rectora. Finalmente, ofrecemos una sistematización de las opiniones vinculantes que constituya una aproximación empírica de los problemas que realmente se vienen presentando en el marco de las opiniones vinculantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un tratamiento sistematizado de los principales recursos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico chilenos, que no son otros que los consagrados en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. El mencionado cuerpo legal establece y regula los recursos ordinarios de reposición y jerárquico, además del extraordinario de revisión y el recurso de aclaración. Previo a realizar el tratamiento acabado de cada uno de éstos, nos referiremos a los recursos administrativos en general, a su tratamiento en los sistemas comparados que nos parecieron de mayor relevancia para efectos de evaluar la experiencia nacional y, a la identificación del régimen aplicable a los recursos estudiados de conformidad a las normas de procedimiento administrativo común. En todo caso, el propósito principal de esta memoria es proporcionar una descripción detallada de todos los elementos que caracterizan los recursos de reposición, jerárquico, extraordinario de revisión y de aclaración, y en dicho ejercicio evidenciar cómo la doctrina y jurisprudencia nacional han comprendido aquéllos caracteres que en el texto legal quedan menos definidos o dan espacio a dudas. De la misma forma, procuramos retratar el espacio que los recursos contemplados en la mencionada ley ocupan en el sistema recursivo nacional, dispuesto para la impugnación de los actos de la Administración del Estado, y la especial forma de interacción que se da entre éstos y los recursos administrativos especiales y los recursos jurisdiccionales establecidos con el mismo propósito en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar que por medio del trabajo de memoria que se presenta, se pretende realizar un aporte para el estudio y tratamiento de los recursos administrativos en el derecho nacional, en circunstancias que, no obstante ser una materia ampliamente desarrollada en la literatura comparada, no encuentra en nuestra doctrina autores que realicen un estudio extendido sobre la misma. Por lo mismo, a lo largo de este trabajo se importan variadas discusiones tratadas en el derecho extranjero y por los autores nacionales a propósito de materias cercanas a la discusión sobre los recursos administrativos en específico, tales como el silencio administrativo, el agotamiento de la vía v administrativa, el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de la Administración, la función garantista que cumplen los mecanismos impugnaticios, entre otros. Todo lo anterior con el propósito de acercar estos mecanismos de impugnación a través de su conocimiento, y hacerlos de esta forma más operativos para efectos de los fines de protección, defensa y garantía que justifican su consagración

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Para ello abarcaremos primeramente al Derecho Administrativo Sancionador y su naturaleza jurídica, nutrida por la rama administrativa y penal; el cual, al no poseer principios ni reglas propias debe recurrir a los principios del Derecho Penal para la aplicación de ius puniendi, o Derecho Punitivo del Estado, sin embargo, esta aplicación será en forma matizada. Dentro de este contexto nuestra hipótesis se centra en que una correcta aplicación del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador debe considerar además cuatro aristas: legalidad en la determinación de la infracción, en la atribución de potestad al órgano sancionador, en la determinación de la sanción y finalmente en el procedimiento sancionador. En este sentido, este proyecto se justifica, pues que no existe en nuestro medio jurídico, un texto acabado que analice desde estas cuatro perspectivas el principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se busca profundizar en el estudio del factor tiempo dentro de los procedimientos administrativo-sancionatorios, su origen, incidencia, consecuencias y necesario respeto para que éste sea conforme a derecho, estudiando tanto la normativa, doctrina y jurisprudencia atingente al caso. En dicho trabajo, se le otorga especial énfasis a reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, a propósito de que ésta ha acuñado una nueva figura extintiva denominada “decaimiento del procedimiento administrativosancionador”, que extingue el procedimiento administrativo-sancionador. Así, es que dicho estudio busca reivindicar la necesidad de que todo procedimiento administrativo-sancionador se desarrolle dentro de límites temporales que den pleno respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano.

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