El trabajo de investigación versa sobre la evaluación y análisis del marco jurídico para la implementación (construcción) de carreteras de la Red Vial Regional, y su impacto sobre las Áreas Naturales Protegidas en la Región de Madre de Dios; y, un estudio de caso correspondiente a la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado. La investigación comprende dos capítulos: en el Capítulo I, desarrollamos los conceptos principales sobre la ejecución de proyectos viales y áreas naturales protegidas, identificamos a las principales instituciones involucradas en la ejecución de proyectos viales, evaluamos el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, analizamos el procedimiento de certificación ambiental para la ejecución de proyectos del sub sector transporte; y, en el Capítulo II, evaluamos la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado, caso que nos permite identificar las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales. El Registro Nacional de Carreteras - RENAC es un instrumento que nos permite identificar la trayectoria de todas las vías terrestres que recorren el país (construidas o en proyecto), y por ende cuáles de éstas vías afectarán las áreas naturales protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento; dicha información se encuentra al alcance de todas las autoridades públicas para que éstas puedan adoptar las medidas de protección de las áreas naturales protegidas y/o su zona de amortiguamiento que correspondan con la debida anticipación al inicio de la ejecución (construcción) de una carretera.

En el marco del cumplimiento, de los “Objetivos de desarrollo al 2015” (Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 2000), orientado por el objetivo “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, Perú implementa proyectos ambientales. Es así, el Gobierno Regional Cusco desarrolla el proyecto “Educación ambiental para mejorar los hábitos y costumbres en la conservación del medio ambiente de la población en la cuenca del Vilcanota – Cusco” (PREA), cuyo horizonte es de 5 años, iniciándose el 2008 hasta el 2012. En el 2011 comienza la preocupación sobre los objetivos esperados del PREA, los actores hacen algunas comparaciones empíricas, concluyendo que las actitudes y comportamientos frente a los problemas ambientales no han cambiado sustancialmente. La tesis analiza el proceso de sensibilización y capacitación de la educación ambiental en el mejoramiento de hábitos y costumbres de la población en la Cuenca del Vilcanota – Cusco (cabecera), mediante la estrategia metodológica del enfoque cualitativo y como estudio de caso. El estudio confirma que el PREA ha logrado resultados importantes de avance, como también tiene dificultades de consideración subsanables. Entre las debilidades sustanciales identificadas tenemos, la aplicación de una secuencia metodológica debilitada, técnicas progresivamente no utilizadas, capacitadores con limitada motivación para sensibilizar en temas con poco interés de los capacitandos, horario no consensuado con los capacitandos, convocatorias sin asegurar su difusión, los cambios frecuentes de personal y, muchas veces, con profesionales que no cumplen los requisitos exigidos por el PREA. Para lograr que el PREA obtenga los resultados esperados, se debe retroalimentar a los capacitadores para evitar lo expositivo en demasía, entender el espíritu de la secuencia metodológica y fases, utilizar las técnicas necesarias, disponer capacitadores con motivación y amplia experiencia, consensuar horarios con los capacitandos, asegurar convocatoria y gestionar el equipo profesional como lo recomienda el proyecto PREA. En consecuencia, la tesis presenta un plan con propuestas de oportunidades de mejora, siendo necesaria su incorporación en la ejecución del PREA en el 2016 y proyectos similares. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.

En marzo del año 2010, cuando comenzamos esta investigación, el diario “El Comercio” informó que pobladores de la provincia de Ica, específicamente del caserío de Comatrana habían bloqueado el acceso al desierto iqueño impidiendo el pase de seis camiones recolectores de basura, los que pretendían descargar su contenido en un botadero improvisado debido a que el botadero de La Huega había colapsado luego de casi 25 años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el diario local “La voz de Ica” que indicaba que la ciudad de Ica se encontraba en emergencia ambiental puesto que había amanecido con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa concesionaria. De acuerdo con el diario, el Alcalde Provincial de Ica Mariano Nacimiento, sería el culpable de dicha situación debido a que las críticas a su gestión lo habrían llevado a ordenar que se detuviera la recolección de residuos sólidos. Para empeorar la situación, las instalaciones de un campo ferial cercano al caserío de Comatrana, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica, habría sido utilizado como botadero informal para descargar estos residuos.

El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente.

En el presente informe se abordan y desarrollan los principales aspectos jurídicos relacionados a la Resolución N° 005-2015-OEFA/TFA-SEM. En este sentido, se aborda el tema del principio de prevención sobre la seguridad jurídica que deben tener las empresas en el Perú. Además, se abordará el tema de la retribución que la autoridad fiscalizadora puede desarrollar en sus resoluciones en aras de evitar los vacíos legales y que las empresas puedan evadir sus obligaciones. En tal sentido en el presente informe se desarrolla los principios pertinentes con los que se deben trabajar para lograr un equilibrio entre la fiscalización y la actividad económica. Asimismo, se concluye en que debe existir normativa pertinente con la cual se indique que las obligaciones de los titulares mineros deben estar incluidas en sus instrumentos de gestión ambiental. Además, se concluye en que el OEFA puede brindar una mejor cadena de valor en sus resoluciones. Finalmente, también se precisan recomendaciones pertinentes para que se genere un mejor funcionamiento en nuestra legislación. / This report will address and develop the main legal aspects related to Resolution No. 005-2015- OEFA/TFA-SEM. In this sense, the issue of the principle of prevention on the legal certainty that companies in Peru must have will be addressed. In addition, the issue of remuneration that the supervisory authority can develop in its resolutions to avoid legal loopholes and that companies can evade their obligations will be addressed. In this sense, this report develops the pertinent principles with which work must be done to achieve a balance between control and economic activity. Relevant recommendations are also required to generate better functioning in our legislation.

La presente investigación analiza qué factores permiten explicar que una empresa agroindustrial se instale de manera irregular en una localidad de la Amazonía peruana, sin que previamente se haya determinado si los suelos son aptos para la agricultura intensiva y que, tras deforestar más de 2,000 hectáreas de bosques primarios, consiga el respaldo de las autoridades estatales para regularizar su situación. Para explicar qué factores influyen en que el Estado no cumpla con su responsabilidad de proteger los suelos no aptos para actividades agrícolas en la Amazonía, la presente investigación se orienta bajo el concepto de la autonomía relativa, la cual implica una aparente neutralidad en el funcionamiento del Estado, pero tal neutralidad se anula cuando el mismo Estado actúa de forma negligente e indiferente, favoreciendo en última instancia el accionar de una empresa que desde un principio actuó de manera ilegal, sin considerar las características socio ambientales de la región ni las normativas ambientales existentes. En el mediano y largo plazo, tales contradicciones e imprecisiones han terminado favoreciendo a la empresa

El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.

El presente Informe tiene como finalidad realizar un análisis critico de la Resolución Nº 041-2014-OEFA/TFA en el marco del caso Interoil Perú S.A. vs el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”). A través de la interpretación de la normativa peruana, el análisis nos permitirá conocer los lineamientos jurídicos sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las competencias atribuidas a diversos órganos del OEFA y la retroactividad benigna a favor del administrado, para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores. En base al análisis realizado podremos concluir que la Resolución Nº 041-2014- OEFA/TFA no fue debidamente emitida a favor de Interoil Perú S.A., puesto que en efecto, algunos de los considerandos establecidos en la Resolución carecen de fundamentos legales. Asimismo, se podrá conocer que no todos los lineamientos establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental constituyen compromisos ambientales, sin embargo, todas las actividades a ser realizadas por el administrado deberán tener en cuenta la protección y conservación del ambiente. Por otro lado, en el caso analizado, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA no era el órgano competente para analizar si la actividad efectuada por Interoil Perú S.A. se encontraba dentro de los alcances de la mejora manifiestamente evidente. Sin perjuicio de ello, el TFA sí era el órgano competente para determinar la retroactividad benigna a favor de Interoil Perú S.A.

En el Derecho Ambiental existen diversos principios orientadores, destacando entre ellos el principio de prevención, el cual tiene como finalidad anticipar los riesgos que puedan generarse en el medio ambiente como parte del desarrollo de actividades extractivas y productivas, para tomar las medidas que eviten o minimicen los impactos negativos y así podamos disfrutar todos de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida. Cabe destacar que los alcances de este principio han sido desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a través de un precedente administrativo de observancia obligatoria para la actividad minera. Sin embargo, la interpretación a que se ha arribado resulta ser muy amplia, toda vez que incluye conductas tipificadas y no tipificadas. Es decir, va más allá de la normatividad sectorial y de los instrumentos de gestión ambiental. Como consecuencia de ello, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha exigido a los titulares mineros desarrollen conductas que no estaban en posibilidad de conocer previamente, sometiéndolos a un procedimiento administrativo sancionador, lo cual no solo es un exceso de punición, sino que colisiona directamente con el derecho a la libertad de empresa de los afectados. Por ello, consideramos que el principio de prevención debe conciliarse adecuadamente con el derecho a la libertad de empresa. Por ello, proponemos realizar una interpretación sistemática de la norma, de tal forma que, para cada una de las posibles afectaciones al medio ambiente, exista una medida de prevención, establecida con antelación en el instrumento de gestión ambiental, cuyo conocimiento determinará la predictibilidad de la conducta esperada por los titulares mineros y, por ende, cuáles son los supuestos de incumplimiento que son sancionables administrativamente. De esta manera, estas omisiones no facultarían a la Administración a imponer una sanción alegando que el administrado omitió tomar las acciones preventivas necesarias para evitar los impactos ambientales negativos, toda vez que la conducta no fue tipificada previamente al proceso de fiscalización. En los supuestos en los que la medida de prevención no haya sido considerada en el instrumento de gestión, la obligación ambiental de proteger el medio subsiste. Ante ello, la Administración puede dictar otros tipos de medidas administrativas, como los Mandatos de carácter particular; las Medidas preventivas propiamente dichas; y, los Requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental. / Trabajo de investigación