El objetivo central del programa consiste en analizar la implementación de un programa estatal de conservación de bosques en una comunidad indígena y su influencia en las actividades económicas y organización social. Los objetivos secundarios de la investigación son describir el proceso de implementación del PNCBMCC y los compromisos de conservación establecidos entre éste y la comunidad nativa, identificar los posibles cambios en las formas de uso y manejo del bosque en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC e identificar los posibles cambios en las actividades económicas y organización social en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC. / Tesis

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.

El objetivo central del programa consiste en analizar la implementación de un programa estatal de conservación de bosques en una comunidad indígena y su influencia en las actividades económicas y organización social. Los objetivos secundarios de la investigación son describir el proceso de implementación del PNCBMCC y los compromisos de conservación establecidos entre éste y la comunidad nativa, identificar los posibles cambios en las formas de uso y manejo del bosque en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC e identificar los posibles cambios en las actividades económicas y organización social en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC.

Los conflictos socio ambientales sostenidos entre empresas mineras y las localidades que conforman su ámbito de influencia han cobrado cada vez mayor relevancia a nivel nacional1. De allí la importancia de prestar atención a las relaciones que establecen estas localidades con las empresas mineras, para el adecuado diagnóstico que permita su prevención y manejo. Así, cobra gran relevancia analizar el uso de una de las herramientas más importantes con las que cuentan los proyectos mineros para su relacionamiento con la comunidad: el proceso de participación ciudadana. En este sentido, el presente informe profesional examina la intervención sociológica realizada como parte de un equipo consultor, durante la implementación del proceso de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto minero Shahuindo, ubicado en la Región Cajamarca, entre los años 2012 y 2013. / Proyecto Profesional

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En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional.

El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.

En el presente informe jurídico se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2009-PI/TC que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Señor Gonzalo Tuanamá Tuanamá, en representación de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1079, que establecemedidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Es por ello que se analizará la importancia, creación, zonificación y procedimiento de aprobación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, las competencias del Ministerio del Ambiente, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, para lograr el Estado cumpla con el mandato constitucional de preservación y uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de que, al momento de los hechos del presente caso, el ordenamiento peruano no contaba con la Ley de Consulta Previa, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya había entrado en vigor, por lo cual implicaba una serie de obligaciones para el Estado en la gestión de políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas. En ese contexto, se evaluará como la obligación del Estado en materia ambiental se puede llevar a cabo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentren en dichas áreas protegidas. / This legal report analyzes the Constitutional Tribunal's Decision Nº 0023-2009-PI/TC which corresponds to the Unconstitutionality Action filed by Mr. Gonzalo Tuanamá Tuanamá, on behalf of 5000 citizens against Legislative Decree Nº 1079, which establishes measures to guarantee the patrimony of Natural Protected Areas. Therefore, we will analyze the importance, creation, zoning and approval procedure of the Natural Protected Areas in Peru, the competencies of the Ministry of the Environment, specifically the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP, and the disposition of natural resources to achieve the State's compliance with the constitutional mandate of preservation and sustainable use of natural resources. Despite the fact that, at the time of the facts of this case, the Peruvian legal system did not have the Prior Consultation Law, Convention No. 169 of the International Labor Organization had already entered into force, which implied a series of obligations for the State in the management of public policies involving indigenous peoples. In this context, we will evaluate how the State's obligation in environmental matters can be carried out without affecting the rights of the indigenous peoples located in these protected areas.

La presente investigación aborda la temática de participación comunitaria como parte de la gestión de proyectos de Manejo Forestal Sostenible [MFS]. Se pretende identificar el tipo de participación aplicado en la gestión de un proyecto de desarrollo forestal emprendido con comunidades nativas peruanas y su asociación con las percepciones generadas en los distintos actores sobre el rol de dicha participación en el éxito del proyecto. El estudio adopta la postura del Manejo Forestal Comunitario [MFC], a partir de la cual, se reconoce como primordial el involucramiento de las comunidades locales en el aprovechamiento de los recursos forestales para su conservación. Se presenta el estudio de caso de un proyecto emprendido por la ONG AIDER, cuya finalidad es mejorar el Manejo Sostenible de bosques comunales certificados en Ucayali, a través del reforzamiento de la gobernanza regional. A partir de este, se pretende evaluar la veracidad de la hipótesis de que los actores reconocen que el involucramiento de las comunidades en la gestión de proyectos, a través de procesos participativos, facilita el alineamiento de intereses e impacta positivamente en las percepciones de éxito del proyecto emprendido. Para efectuar el análisis a profundidad de la iniciativa, se ha diseñado una metodología con enfoque cualitativo que permite analizar las variables de participación y éxito de proyectos, bajo la perspectiva de MFC. Esto ha sido posible a partir del levantamiento de información efectuado por medio del contacto directo con los actores involucrados en la iniciativa, dentro de los que destaca la Comunidad Nativa Callería. El trabajo de campo realizado ha permitido establecer como resultados de la investigación, la validez de la hipótesis inicial. Esto debido a que, en base a las perspectivas de los distintos actores, el vínculo de la organización gestora del proyecto con la comunidad nativa estudiada ha permitido una adecuada identificación de necesidades y, por lo tanto, ha reforzado el compromiso de la población con el logro y la sostenibilidad de los resultados. La investigación concluye que la Comunidad Nativa Callería valora aquellas iniciativas emprendidas por instituciones que establecen una relación estrecha con la población, antes, durante y después de la intervención. Destaca que es en base a estas relaciones que se logra la sostenibilidad de los proyectos. Finalmente, el estudio resalta, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, la importancia de incluir en los procesos participativos a los órganos estatales de nivel regional para darle mayor alcance a los objetivos propuestos en materia de Manejo Sostenible y gobernanza forestal.

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en el Perú no forman parte de una problemática nueva debido a que han sido identificados desde la época colonial. Es por ello que la regulación siempre debe tener en cuenta que muchos de los PAM identificados en la actualidad datan de aquellas épocas. Lo anterior, en definitiva, dificulta la tarea de identificación de los responsables. Por ello, el presente trabajo detalla cuál es la regulación para la identificación e imputación de responsabilidad de los PAM en el Perú. Además, a través de un caso práctico (el caso de la empresa Servicios Corporativos Pacasmayo S.A.C., en adelante “SERCOPA”), analizaremos cuáles fueron los criterios de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo de Minería para imputar responsabilidad a la empresa. Se trata de los PAM de la ex unidad minera “Esquilache”, ubicada en el departamento de Puno. Es así que la finalidad principal del presente trabajo radica en la comprensión del razonamiento utilizado para la imputación de responsabilidad por la generación de PAM. Asimismo, en la identificación de los vacíos legales en la materia con la finalidad de formular propuestas de mejora.