El principal motivo para la realización de este Trabajo Académico fue investigar lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad en las respectivas relaciones de consumo que puedan establecer dentro del mercado y estudiar el marco de protección que estas gozan dentro del ámbito constitucional, supranacional y normativo. De esta manera, se tomará en cuenta para el desarrollo del mismo, jurisprudencia no solamente emitida por el ordenamiento jurídico peruano sino también jurisprudencia emitida por el ordenamientos jurídico español con la finalidad de realizar y establecer similitudes en cuanto al desarrollo y protección de los derechos de las personas con discapacidad en materia de protección al consumidor. No obstante lo señalado, otro motivo importante para la realización del presente artículo fue estudiar e investigar la discriminación hacia las personas con discapacidad. Vale decir, que dichas personas históricamente han sido discriminadas por diversos motivos, índoles trayendo como consecuencia el no disfrute pleno de los derechos que tenemos todas las personas reconocidas en nuestro marco constitucional, contenido en la Constitución Política del Perú. Teniendo en cuenta, resulta importante profundizar en el estudio de este tema tan importante con la finalidad de que a través del mismo poder brindar algunas posibles reflexiones sobre lo trascendente que resulta la debida protección y reconocimiento de las personas con discapacidad. Asimismo, mencionar que las personas con discapacidad gozan de un régimen especial de protección de sus respectivos derechos conforme se desarrollará a lo largo del presente Trabajo Académico. Finalmente, el presente Trabajo Académico abordará y desarrollará lo concerniente a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, como tema medular y cómo esta ha sido aplicada en las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú. De esta manera, se podrá tener en cuenta dos ámbitos, dos aspectos muy importantes en la comprensión del estudio de la eficacia horizontal, ya que se desarrollará el concepto e implicancias tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial sobre su importancia en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, con especial énfasis en personas con discapacidad.

El presente informe tiene como objetivo analizar los aspectos jurídicamente relevantes de la Resolución N°. 1121-2020/SPC-INDECOPI; en la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aborda el tema de discriminación en el consumo por motivo de sexo, específicamente, en el caso de un hombre al que se le denegó el uso de la fila de trato preferente por no tener la condición de mujer, pese a que llevaba a su menor hijo en brazos. En tal sentido, el presente informe examinará los argumentos desarrollados por Indecopi y por las partes para solucionar la controversia. Por tal motivo, se revisará la figura de la discriminación en el consumo tanto en la doctrina como en las resoluciones del Indecopi y el Tribunal Constitucional. Además, se analizará si la parte denunciada también habría podido incurrir en una presunta infracción al trato preferente. También se examinará si los medios probatorios presentados por la parte denunciante fueron suficientes para acreditar la conducta infractora. / The aim of this report is to go over the legally relevant aspects of Resolution N°. 1121- 2020/SPC-INDECOPI; in which the Specialized Chamber for Consumer Protection of the National Institute for the Defense of Free Competition and Protection of Intellectual Property (Indecopi) addresses the issue of discrimination in consumption based on sex, specifically, in the case of a man who was denied the use of the preferential treatment row for not having the status of a woman, despite the fact that he was carrying his child in his arms. In that regard, this report will examine the arguments presented by Indecopi and by the parties to resolve the controversy. Accordingly, the figure of discrimination in consumption will be reviewed in the doctrine and in the resolutions of Indecopi and the Constitutional Court. Furthermore, a subject to be analyzed is whether the accused party could have also incurred in an alleged violation of preferential treatment. It will also be examined whether the evidence presented by the complaining party was sufficient to prove the offending conduct.

El presente informe jurídico contiene el análisis de los hechos y problemas jurídicos que se presentan en la Resolución 1121-2020/SPC-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2020. La referida resolución versa sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Crediscotia Financiera S.A. por haber incurrido en un acto discriminatorio en contra del señor Rafael Delgado Carranza por razón de su género. El acto analizado en la referida resolución consiste en la denegación de brindar la atención preferente al señor Delgado debido a su condición de hombre, quien acudió al local de la denunciada acompañado de su hijo de dos años. La Resolución 1121- 2020/SPC-INDECOPI representa un caso emblemático en materia de discriminación por género en el marco del derecho de protección al consumidor, y constituye un ejemplo del uso de este derecho como uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado, y en el presente caso el Indecopi, para combatir la discriminación que pueden enfrentar los ciudadanos en su calidad de consumidores. Al respecto, en el presente informe analizaremos el razonamiento empleado por los órganos resolutivos del Indecopi en materia de discriminación, los medios probatorios empleados en el presente caso y el empleo de capacitaciones como medidas correctivas / This legal report contains the analysis of the most relevant facts and legal questions that were introduced in Decision 1121-2020/SPC-INDECOPI. The aforementioned decision consists of an administrative sanctioning proceeding initiated against the company Crediscotia Financiera S.A. for having committed a discriminatory act against Mr. Rafael Delgado Carranza. The conduct that was analyzed in the decision consists on the refusal to provide preferential attention to Mr. Delgado for his male gender, who went to the premises of the defendant in company of his two-year-old son. Decision 1121-2020/SPC-INDECOPI represents a relevant case on gender discrimination in consumer protection law, and an example of the use of consumer protection law as one of the instruments that the State institution can employ to fight against discrimination that the citizens may face as consumers. In this report we will analyse the reasoning of Indecopi's decision bodies regarding discrimination cases, the evidence used in this case and the use of trainings as a corrective measure

El Estado, los proveedores y los consumidores constituyen los tres agentes relevantes dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, siendo los consumidores la parte más frágil y por ende sobre los cuales el Estado despliega su rol tuitivo. Las asociaciones de consumidores, como representantes de la sociedad civil, ejercen un rol importante dentro de este diseño y por ello es relevante su fortalecimiento. A través del presente trabajo de investigación, se explora una de las aristas que pueden fortalecerlas, como es el caso del aspecto financiero, por parte del Estado y a través de un mayor acercamiento hacia los proveedores dentro del marco de convenios de cooperación. Sin duda ambos aspectos son controversiales dado el estado actual de la normativa en materia de protección del consumidor en el mercado peruano, más no necesariamente en el ámbito comparado con otros países. Por tanto, se concluye que la apertura de las opciones de financiamiento para las asociaciones de consumidores y convenios con proveedores incidirá en un mayor fortalecimiento y desempeño de la defensa de los consumidores, las mismas que deberán de estar sujetas a reglas de transparencia y disponibilidad presupuestal. Para ello, se aborda la problemática, se cuestiona los principales aspectos en pro de la propuesta y se plantea la forma normativa sobre la base del análisis del desempeño de las asociaciones de consumidores, el análisis comparado y regulatorio. / Trabajo de investigación

El Tribunal Constitucional reconoce a favor de los consumidores el derecho a la reparación, lo hace al interpretar el artículo 65 de la Constitución, sustentando una pluralidad de principios, dentro de los que se encuentra el restitutio in integrum. Principio que debe ser entendido como el restablecimiento de la situación anterior a la comisión de una infracción, lo que no siempre es posible, por ello la indemnización juega un rol de trascendente importancia. Se puede manifestar entonces que el derecho en mención está garantizado en un contexto en el que se da viabilidad a ambos supuestos, lo que no es factible a través del procedimiento administrativo sancionador, que posibilita se orden únicamente medidas correctivas para resarcir consecuencias patrimoniales directas e inmediatas. Esta situación, queda evidenciada en resoluciones que emite la Sala Especializada en Protección al Consumidor, si se toma en cuenta que las infracciones que dan sostenibilidad a lo resuelto, trascienden las consecuencias mencionadas, sin que el INDECOPI pueda ir más allá. A ello se debe agregar que el arbitraje de consumo, tal como está planteado, no permite la garantía del derecho a la reparación. Al ser voluntario se genera un punto de quiebre en la aceptación del proveedor a someterse al mismo, frente a la solicitud del consumidor u optar por la adhesión. Agrava esta situación que se deja en consideración de los proveedores el establecimiento del monto máximo por concepto de indemnización, incluso determinar los conceptos. Además, se excluye la indemnización por daño moral. Y si bien, la vía judicial está pensada en la indemnización, existen barreras relacionadas a la competencia que no lo hacen viable. En efecto, cuando se trata de procesos de indemnización se da prevalencia a la competencia por la materia. Lo que implica que los jueces de paz letrado se pueden pronunciar únicamente en casos que provienen de accidentes de tránsito. Frente a ello, están los jueces civiles que declaran improcedentes las demandas presentadas por razón de la cuantía, ya sea en el marco de un proceso sumarísimo o abreviado. En este contexto, queda únicamente expedito el proceso de conocimiento, que es lato y oneroso, para que se pueda solicitar una indemnización, pese a que el valor de lo pretendido sea incluso menor a 50 URP. Por ello, la solución encuentra cabida en la ampliación de la competencia de los juzgados de paz letrado.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analiza la inclusión de las llamadas acciones colectivas en la legislación chilena en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 19.955 a la Ley Nº 19.496 Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Seguidamente y como objetivo fundamental, se analiza como un caso emblemático de la modificación legal, las acciones interpuestas en nuestros Tribunales de Justicia contra siete bancos, precisamente en protección de los intereses colectivos de los consumidores afectados. El análisis de las mismas se centra en aspectos tanto de forma como de fondo de la acción deducida y pretende dilucidar el efecto de las mismas como mecanismo de protección eficaz de los derechos de los consumidores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo analiza, en el marco del estudio de la aplicación privada de las normas de libre competencia (private antitrust enforcement), el problema de la indemnización por daños a los consumidores afectados por un ilícito anticompetitivo. En base a un estudio comparado de dos legislaciones (la estadounidense y la chilena), serán identificadas dos formas específicas de tratar esta cuestión que se corresponden con visiones distintas del private enforcement y la función de la responsabilidad civil. El estudio de las principales figuras jurídicas disponibles para obtener reparación pretende mostrar el panorama actual y ofrecer una interpretación de la normativa chilena según la cual ésta se propone, en lo central, hacerse cargo de un objetivo específico, como es la compensación de las víctimas, dando cuenta de dos principios centrales para un sistema de derecho privado arraigado en la tradición jurídica occidental de derecho civil: la justicia correctiva y el rechazo al enriquecimiento injustificado. La falta de jurisprudencia en esta sede y la ausencia del impulso privado, que –en cambio- ha mostrado ser vigoroso en el sistema norteamericano, motivan el análisis y reflexión jurídicos de esta materia en Chile, mostrando que el 9 entramado normativo representa sólo una base desde la cual construir una aplicación sólida de las normas de competencia de parte de los privados, y en particular, de los consumidores. Desde allí se evalúa la posibilidad de corregir ciertos mecanismos, considerando aquellos que han mostrado su eficacia en el derecho comparado en relación a aspectos probatorios tanto del daño como de la causalidad. Por último, y a propósito de un caso reciente iniciado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se abre la discusión sobre la existencia de acciones de clase, procedencia del juicio colectivo y legitimación activa de organismos públicos y privados en representación del interés difuso y colectivo de los consumidores. Esta tesis no se hace cargo de los avances y de la evolución que ha existido en la Unión Europea sobre aplicación privada de las normas de libre competencia, en primer lugar por la heterogeneidad que presentan los 28 sistemas de protección a la competencia de sus Estados miembro y en segundo lugar, pues, pese a los avances de los últimos años, aún no representa un contrapunto acabado y estable de comparación. Lo anterior no permite, sin algún nivel de especulación, tenerlo como un referente definitivo en estas materias. Nos remitiremos a él, sin embargo, cuando sea pertinente en razón de las modificaciones que creamos necesarias, por ser aquella un modelo que 10 es, en último término, inevitable para nuestro país. Por una parte, debido a la común tradición que une nuestro derecho privado al europeo-continental, y por otra, en atención a los avances que este último ha mostrado en materia de competencia en general, promoviendo la eficiencia e integración de los mercados internacionales y respetando la normativa doméstica en cuanto a los estatutos de responsabilidad civil. Lo anterior puede ser una experiencia de un valor incalculable para analizar reflexivamente nuestro propio sistema, exista o no la posibilidad de una reforma global. Este trabajo pretende analizar e interpretar sistemáticamente nuestro ordenamiento, tal cual como es, y no tiene como pretensión fundamental la de modificar la ley. No es, por lo tanto, el punto central de este trabajo realizar propuestas de lege ferenda. En aquellas cuestiones en que no exista un correlato entre dicha interpretación y la práctica jurídica, se revisará la posibilidad de cambiar la perspectiva adjudicadora de la aplicación de la ley, sólo para, en último término, proponer algunas modificaciones legislativas menores que permitan una mayor realización de los mismos principios que informan el resto del sistema legal vigente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tal como se menciona en la portada de este trabajo, nuestro propósito es realizar un análisis crítico de la normativa que actualmente protege al consumidor financiero en nuestro país. Sin embargo estimamos que para realizarlo de manera apropiada es necesario el estudio de dos temas adicionales que ayudarán a comprender a cabalidad lo principal de nuestro trabajo, y que se expondrán al principio y al final de este trabajo respectivamente: por un lado entender si es necesario o no regular de manera especial la protección del consumidor financiero; y por el otro, como debería ser la normativa de marras, según lo propuesto por expertos o en comparación con las experiencias exitosas de otros países. Así las cosas, el primer capítulo se titula ¿Por qué otorgar una protección especial al consumidor financiero? Y como se puede deducir del título, lo que se buscará demostrar son las condiciones especiales del mercado financiero y de sus consumidores que justifican un tratamiento especial por parte de los poderes del estado y que además sirven de guía para determinar la forma y el contenido que debería tener dicha regulación. Para ello se abarcaran temas como la importancia de la intermediación financiera y la poca competencia en el sector bancario, como elementos que crean desequilibrio en la relación de los consumidores financieros y sus proveedores. En la segunda parte del mismo capítulo veremos las condiciones especiales de los consumidores financieros según los descubrimientos hechos por la economía conductual. Nos referiremos principalmente a las asimetrías en la información como obstáculos casi insalvables en el contexto del mercado financiero, y la propia naturaleza de los consumidores financieros que los hace vulnerables frente a los proveedores, en razón de su racionalidad limitada, voluntad maleable y sesgos a la hora de consumir productos y servicios financieros. Al concluir este capítulo, se espera que el lector pueda entender que el consumidor financiero se enfrenta a un panorama distinto al de otros consumidores tanto por las características del mercado que sirve de contexto, como por sus propias debilidades como consumidor; y que en razón de los argumentos allí expuestos, se evidencie la necesidad de que el estado otorgue una protección especial a estos consumidores. En el segundo capítulo denominado Protección del Consumidor Financiero en Chile, se realizará el análisis de la normativa que se ha dictado para otorgar una protección especial a los consumidores financieros. Al ser un tema que no se ha tratado muy extensamente en nuestro país, nos referiremos a las primeras regulaciones que se dictaron con este propósito y las técnicas de protección que trataron de implementar; para luego analizar la ley que actualmente está vigente con este propósito. Analizaremos la concepción de la economía que motiva la dictación de esta ley y la forma en que pretende solucionar los problemas que afectan al consumidor financiero, que según veremos, consiste principalmente en el aumento de los deberes de información y la creación de un mecanismo de persuasión moral conocido como el sello SERNAC. Al finalizar el segundo capítulo se analizará la eficacia de estos métodos a la luz de lo sostenido por la doctrina y de los resultados empíricos que han según lo establecido en los informes del SERNAC. En el tercer y último capítulo, denominado Propuestas para una Mejor Política de Protección de los Consumidores Financieros, se procederá a revisar las prácticas y principios que se han propuesto por organismos especializados y que han sido implementados en otros países. Este último capítulo se basa en los dos anteriores y sirve como su punto de encuentro, por cuanto, luego de ver cuáles son los problemas que actualmente enfrentan los consumidores financieros, y ver cuales si se han solucionado con la actual normativa, en este capítulo se realizan propuestas para solucionar aquellos problemas que no se han tratado, adaptando a la realidad nacional políticas que ya han sido implementadas en otros países y que según organismos expertos han tenido éxito en equilibrar la relación entre los consumidores financieros y sus proveedores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como pilar fundamental el análisis de los conflictos que se suscitan entre consumidores y proveedores y los métodos de resolución que se han aplicado para resolverlos. De esta forma, se intentó afirmar la siguiente hipótesis: “el arbitraje es un método eficaz y eficiente para resolver conflictos en sede de consumo que es factible de ser establecido en Chile”. Para contextualizar se ha debido introducir el tema caracterizando el conflicto de consumo, describiendo en qué consiste un acto de consumo, los sujetos que participan de él y las normas y principios sustantivos que rigen en esta materia, para luego aportar información sobre la experiencia comparada de Argentina, España y México respecto de los cuales se ha realizado un análisis legal, doctrinario y jurisprudencial en materia de arbitraje de consumo: sus ventajas y desventajas, procedimiento previsto, cómo ha sido acogido por los sujetos de los actos de consumo y cómo conviven los distintos métodos de resolución de conflictos. La investigación se realizó conforme al método dogmático tradicional, combinado con metodologías propias de la investigación cualitativa, realizándose entrevistas semi-estructuradas a juristas del ámbito nacional e internacional. Como resultado se formulan propuestas susceptibles de ser aplicadas en la legislación chilena, además de servir de base para nuevas investigaciones y proyectos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿Existe en Chile legislación que permita reparar los daños causados por este tipo de productos? ¿Cuál es el verdadero sentido y alcance de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores respecto a los productos defectuosos? ¿A qué autoridad se debe reclamar por los daños producidos por el uso de productos defectuosos? ¿Cómo y a través de que medios se debe reclamar ante los tribunales de justicia por los daños causados por la utilización de un producto defectuoso? Estas y otras interrogantes constituyen la serie de objetivos que tendremos en cuenta para delimitar el ámbito de nuestro estudio y que nos servirán como guía para encausar nuestro curso de acción. De tal forma, nos hemos propuesto como principal objetivo, analizar el funcionamiento del actual sistema que ofrece la legislación chilena en materia de responsabilidad por productos defectuosos, para lo cual hemos decidido intentar delimitar primero, que se entiende por producto defectuoso en nuestra legislación y la Doctrina, luego identificaremos quién es el sujeto responsable por los perjuicios ocasionados por la circulación, uso o consumo de un producto defectuoso, y en contra de quién ha de dirigirse el afectado en caso de exigir la responsabilidad civil. Además identificaremos los tipos de responsabilidad que ofrece nuestra legislación al momento de decidir sobre asuntos concernientes a daños por productos defectuosos. También hemos estimado necesario y relevante explicar el procedimiento establecido en la Ley 19.496, ya que de esa manera podemos dar luces sobre la forma de exigir la responsabilidad por los daños provocados por el uso de un producto defectuoso, teniendo en cuenta que la modificación legal incluye la protección de los intereses colectivos de los consumidores, los que son libres para agruparse para defender sus Derechos. Respecto al análisis de la legislación protectora de los consumidores tomamos en consideración la reciente modificación a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, hecha por la Ley 19.955, publicada el 14 de julio de 2004.