Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo de investigación trata sobre la aplicación que realizan los Tribunales Ambientales del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en la determinación de responsabilidad por daño ambiental. En este sentido, para el desarrollo de la misma, se presenta en primer lugar una conceptualización de dicho sistema de valoración, así como una caracterización de sus principales elementos, en contrapartida a otros sistemas de valoración, como el de prueba legal o tasada y el de libre valoración de la prueba. Luego, en segundo lugar, se analiza el sistema de responsabilidad por daño ambiental contemplado en la Ley 19.300 y la Ley 20.600, y de sus principales características, así como un desarrollo pormenorizado de los requisitos para la concurrencia de ella. Finalmente, se analiza la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales sobre responsabilidad por daño ambiental, con la finalidad de indagar en la aplicación que han hecho de la sana crítica al momento de determinar o no la concurrencia de responsabilidad ambiental. En este sentido, se presenta una breve caracterización de la evolución legislativa de este régimen de responsabilidad para luego revisar, en cada una de las sentencias de reparación de daño ambiental, tanto del 2° Tribunal Ambiental, como 3° Tribunal Ambiental, la aplicación del sistema de valoración en comento, así como de sus elementos, para la determinación de la responsabilidad por daño, presentando conclusiones a este respecto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En este trabajo se analiza la incorporación probatoria del Informe Final de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyo único objetivo, según el Anexo 13 del Convenio de Chicago, es el de establecer la causa del accidente para así efectuar recomendaciones de seguridad que permitan evitar la repetición del accidente y no el establecimiento de culpas o responsabilidades. La incorporación probatoria del Informe Final puede afectar dicho objetivo. Por ello, en esta tesis se analizan las relaciones entre la investigación técnica y los procesos judiciales, las limitaciones a la incorporación probatoria del informe y la naturaleza de éste como medio de prueba. En cuanto a sus relaciones, se evidencia que ambas comparten el objetivo de descubrimiento de la verdad del accidente, pero se diferencian en su regulación y contexto. En lo relacionado a su incorporación probatoria, el I.F es un medio de prueba ilegal e ilícito. En lo tocante a su naturaleza como medio de prueba, se consideran dos perspectivas. Como fuente de prueba no es un instrumento público, sino un documento oficial dotado de una presunción de autenticidad y veracidad. Como medio de prueba, es un testimonio experto documentado, por lo que, para proteger el derecho al contradictorio de las partes, no puede incorporarse como prueba documental, sino a lo más, como un testimonio documentado sometido a la validación de las partes con la aquiescencia del tribunal. 4 Al mismo tiempo, su valoración debe ser cuidadosa considerando que la DGAC es un ente parcial y que, por lo tanto, no es un auxiliar de la administración de justicia. También, debe considerarse que el I.F. es una prueba científica y debe evitarse su sobrevaloración. En sede civil, el I.F. es valorado como una presunción judicial

En el ámbito del Derecho Tributario la determinación de la obligación tributaria es un aspecto transcendental, pues por su intermedio, el individuo puede contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mientras que el Estado puede recaudar recursos tributarios que constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento. Empero, la determinación de la obligación tributaria, es un proceso que puede resultar complejo, pues en razón de que en nuestro país tenemos un sistema de autodeterminación, el administrado es quien determina la obligación tributaria que le corresponde, que al ser posteriormente materia de fiscalización o revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden surgir una serie de controversias que tienen como uno de sus aspectos más importantes y a su vez problemáticos, el sustento probatorio de las obligaciones tributarias, y más concretamente la oportunidad en la cual deben ser presentados los mismos. Pues bien, cuando tales medios probatorios no son presentados oportunamente, precluye la facultad de que sean admitidos, y consiguientemente no pueden ser valorados, tanto por la Administración Tributaria como por el Tribunal Fiscal, conforme a las reglas de preclusión procesal que el legislador ha previsto en los artículos 125°, 141° y 148° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; salvo que el administrado se encuentre en alguno de los supuestos de excepción que tales normas han contemplado. Y como producto de esta situación, los administrados acuden al Poder Judicial, para cuestionar las decisiones asumidas por los órganos administrativos antes mencionados, respecto a la denegatoria de admisión de medios probatorios extemporáneos sin que medie alguno de los supuestos de excepción. Así las cosas, de la revisión de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, se advierte que una de las líneas de interpretación es la admisión de medios probatorios extemporáneos sin el cumplimiento de alguno de los supuestos de excepción, principalmente, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho a probar de los administrados, y de esta manera se deja de lado las reglas de preclusión procesal previstas en el ordenamiento tributario así como aquellas previstas en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; todo ello, partiría de una interpretación que tiene como fundamento la prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, las reglas de preclusión procesal recogidas, tanto en los procedimientos como en el proceso contencioso tributario, tienen como sustento al principio constitucional de seguridad jurídica que a su vez permite la vigencia del sistema jurídico y del Derecho en sí mismo. En ese sentido, es menester efectuar un análisis desde la perspectiva constitucional, para evaluar la colisión entre el derecho a probar y las reglas de preclusión procesal; para tal fin, se aplicará el principio de proporcionalidad planteado por Robert Alexy, entendiendo al derecho a probar bajo la lógica de los principios (pues es un derecho que admite restricciones) y a las reglas de preclusión procesal, bajo el sustento del principio constitucional de seguridad jurídica. De esta manera, se permitirá establecer la constitucionalidad de las restricciones del derecho a probar en el ámbito del Derecho Procesal Tributario, y se podrá analizar las líneas jurisprudenciales adoptadas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre la admisión de medios probatorios extemporáneos. / Trabajo de investigación