Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación trata el problema del centralismo en Chile, sobre la tesis de un eventual incumplimiento, por parte del Estado de Chile, de lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 3° de la Constitución Política de la República, los que propugnan la descentralización y regionalización del país. Con este objetivo, en septiembre de 2011, el Gobierno de Chile envió un proyecto de reforma a la Ley N° 19.175, Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, para su posterior discusión en el Congreso, poniendo especial énfasis en la creación de un sistema de transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales. Con ocasión del envío de este proyecto, se desarrolló una investigación de los principales factores que deben estar involucrados en todo proceso de regionalización, sea ésta exitosa o no. Analizando, entre otros, la experiencia extranjera y la historia de la descentralización en Chile, se termina con el estudio de las disposiciones sometidas a la aprobación del Congreso. De todo lo anterior, se concluye que si bien se ha cumplido con lo señalado en el inciso 2°, este logro no se extiende a lo señalado en el inciso 3°, ya que este último supone un estándar de exigencia mayor para el Estado

Identifica los principales elementos de los arreglos institucionales que posibilitan una implementación de políticas nacionales o sectoriales con un bajo nivel de conflicto intergubernamental. Dicha implementación constituye una forma de generar valor público, de acuerdo a los planteamientos del profesor Mark Moore. La tesis tiene cuatro capítulos. El primero define el marco teórico y la metodología de investigación empleada, enfatizando la relación existente entre los principales postulados de la teoría neoinstitucional y aquella correspondiente a la creación de valor público para terminar exponiendo la metodología empleada para la tesis. El segundo capítulo expone el proceso de descentralización peruano y como este se encuentra inmerso en el contexto de la teoría neoinstitucional. Se detallarán los antecedentes del actual proceso así como el diseño del proceso de descentralización vigente. El tercer capítulo revisa el marco jurídico y conceptual correspondiente a las políticas nacionales y sectoriales en el Perú, enfatizando los diferentes enfoques y la tipología existente para su caracterización, considerando el marco normativo vigente actualmente sobre la materia. El cuarto capítulo desarrolla la relevancia de la reducción del nivel de conflicto intergubernamental en la implementación de políticas nacionales y sectoriales. Para ello se expone una definición de conflicto intergubernamental así como los actores vinculados. A manera de conclusiones se incluyen reflexiones específicas sobre las materias desarrolladas, así como determinadas recomendaciones de ajuste normativo que proponemos sean consideradas para su progresiva aprobación e implementación en los procesos de mejora institucional de cada entidad subnacional.

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación que existe entre la desigualdad de ingresos y sus determinantes en las regiones del Perú durante el periodo 2010-2019. Para ello se empleó un enfoque cuantitativo y un modelo econométrico de datos de panel, en el que se utilizó la información estadística de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el desarrollo del estudio se tuvo como variable dependiente a la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini y como variables explicativas al crecimiento económico, medido a través del PBI per cápita; la educación, medida a través de la tasa de alfabetización y los años de estudio; y el gasto público, medido a través del gasto corriente y el gasto de capital. Entre los principales resultados se pudo determinar que durante el periodo de análisis existe una relación inversa entre las variables crecimiento económico y educación con la desigualdad de ingresos, en tanto existe una relación directa entre el gasto público medido desde el gasto de capital con la desigualdad de ingresos, mientras que el gasto público medido desde el gasto corriente evidencia una relación inversa, no obstante, resultó ser no significativo para el modelo.

Esta investigación analiza la problemática en la desigualdad de ingresos por regiones en el Perú desde el año 2008 hasta el 2018, tiene como objetivo principal evaluar el impacto de los determinantes que influyen en la desigualdad de ingresos. La presente investigación se utilizará un panel de datos por lo tanto es un modelo econométrico, también es de nivel cuantitativa y aplicada, la cual se toma datos de las páginas del Instituto Nacional de Estadística e informática y del Sistema de Información regional para la toma de decisiones de las variables de estudio. Los resultados nos indica que las variables independientes aportan significativamente a la desigualdad de ingresos, teniendo dos de ellas una relación directa, donde nos dice que ante un crecimiento en la tasa de analfabetismo y de fecundidad aumenta significativamente el índice de desigualdad, por lo tanto, las variables como el PBI Per cápita y la Presión Tributaria tienen una relación inversa ante esta situación en las regiones del Perú.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación fue esclarecer los reales alcances de las facultades normativas que poseen los Gobiernos Regionales en Chile. Se sostenía, por parte de organismos del Gobierno Nacional, que la facultad normativa regional, contemplada en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, sólo podía operar previa una delegación legal específica. Otra posición, sustentada por autoridades regionales, era que la potestad normativa operaba en forma autónoma y que por tanto, no requería ninguna delegación previa, ni legal ni reglamentaria. Para ilustrar el contexto institucional en que se plantea la polémica, se efectúa un recorrido por la historia de la Administración en Chile y se aborda la experiencia internacional en materia de descentralización, antes de analizar la normativa constitucional y legal pertinente. Se expone la resolución actual del debate, la que hasta la fecha no ha sido cuestionada. Esta se expresó en la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de los reglamentos regionales de Atacama y Valparaíso, autónomamente generados, normas que son descritas en cuanto a su origen y contenidos.

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:46:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Enzo de Lisita.pdf: 1537558 bytes, checksum: 376b9b64e5f0a69c943d5a957a344fe2 (MD5) Previous issue date: 2010-06-29 / El artículo 221 inciso III, de la Constitución de la República Federativa del Brasil determina que la programación y la producción de televisión, tal como la de radio, deben de ser regionalizadas, atendiendo a los criterios cultural, artístico y periodístico. Sin embargo, pese a que de ser este el deseo del legislador constituyente de origen, el referido dispositivo todavía no fue reglamentado, lo que lo mantiene con el status de norma constitucional de eficiencia contenida, o sea, sin aplicabilidad, hasta que surja una ley ordinaria que le dé vida práctica. Así, el objetivo de la presente disertación consiste en demostrar y analizar los motivos que conducen a la inercia al Poder Legislativo, que, después de dos décadas, aún no ha votado el Proyecto de la Ley 256/91, que propone justamente reglamentar el artículo en estudio. Tal inercia responde a los intereses de los sectores hegemónicos de la sociedad que ven en la televisión una herramienta útil. Con el propósito de mantener intactos estos intereses, sean ellos económicos, políticos, así como también, religiosos, siempre en perjuicio de la satisfacción de las necesidades reales de los integrantes de la esfera pública de la sociedad como un todo. Este conflicto de intereses se aborda a través de una descripción del contexto en el que fue redactado el artículo 221 inciso III, que afirma que, durante los trabajos de los constituyentes realizados entre 1987 y 1988, tal como se hace un análisis del contenido del Proyecto de Ley 256/91 y del texto que sustituye al del relator, que se aprobó en la Cámara de los Diputados con bastantes alteraciones y enviado al Senado Federal con el propósito de realizar un muestreo de los bajos porcentuales de la regionalización de las grandes redes de televisión que transmiten sus programaciones con su señal abierta y disponible a todo el país, fue realizado un seguimiento de la Red Record, a nivel nacional, y de la Red Record en Goiás, a nivel regional. En los campos político y jurídico, se muestran las experiencias recientes de dos países suramericanos, Argentina y Venezuela, los que podrán servir como espejo en la búsqueda de una solución a la cuestión brasileña. Se presentan alternativas legales para cobrar al Legislativo la reglamentación del Artículo 221 inciso III, de la Constitución Federal, al mismo tiempo en que se busca demostrar que las respuestas a esta problemática vendrán no apenas reglamentando la norma constitucional, sino, que por encima de todo, con la intermediación de la movilización de la sociedad. / O artigo 221 inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil determina que a programação e a produção de televisão, assim como a de rádio, devem ser regionalizadas, atendendo aos critérios cultural, artístico e jornalístico. Todavia, apesar de ser este o desejo do legislador constituinte originário, o referido dispositivo ainda não foi regulamentado, o que o mantém no status de norma constitucional de eficácia contida, ou seja, sem aplicabilidade, até que venha uma lei ordinária que lhe dê vida prática. Dessa forma, o objetivo da presente dissertação é mostrar e analisar os motivos que levam à inércia o Poder Legislativo, que, passadas duas décadas, ainda não votou o Projeto de Lei 256/91, que propõe justamente regulamentar o artigo em estudo. Tal inércia atende a interesses de setores hegemônicos da sociedade que enxergam na televisão uma ferramenta útil no propósito de manterem intactos esses interesses, sejam eles econômicos, políticos ou, até mesmo, religiosos, sempre em prejuízo da satisfação das reais necessidades dos integrantes da esfera pública da sociedade como um todo. Esse conflito de interesses é abordado mediante uma descrição do contexto em que foi construído o artigo 221 inc. III, a saber, durante os trabalhos constituintes realizados entre 1987 e 1988, bem como faz uma análise do conteúdo do Projeto de Lei 256/91 e do texto substitutivo do relator, que foi aprovado na Câmara dos Deputados com substanciais alterações e enviado ao Senado Federal. No propósito de construir uma amostragem dos baixos percentuais de regionalização das grandes redes de televisão que transmitem as suas programações em sinal aberto para todo o país, foi realizado um acompanhamento da Rede Record, em nível nacional, e da Record Goiás, em nível regional. Nos campos político e jurídico, são mostradas as experiências recente de dois países sul-americanos, a Argentina e a Venezuela, as quais podem servir de espelho para a busca de uma solução à questão brasileira. São apresentadas alternativas legais para cobrar do Legislativo a regulamentação do Artigo 221 inc. III, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que se-procura mostrar que as respostas a essa problemática virão não apenas regulamentando a norma constitucional, mas, e acima de tudo, por intermédio da mobilização da sociedade.

El Gobierno Regional de Junín, en el año 2008, decidió emprender un proceso de reforma de su estructura orgánica para asumir las transferencias de funciones del Gobierno central hacia los Gobiernos regionales. Este proceso puso a prueba el modelo de desarrollo sostenible con el que se habían creado los Gobiernos regionales en el Perú. El presente estudio analiza el enfoque de desarrollo sostenible en el proceso de regionalización del Perú y toma el caso de la reforma de la estructura orgánica del Gobierno Regional de Junín para resaltar los desafíos que las regiones deben enfrentar hacia una gestión del territorio que sea más sostenible para el país. Entre el 2008 y el 2009, FORO Nacional Internacional implementó un proyecto de apoyo a la reestructuración del Gobierno Regional de Junín, el cual concluyó con la propuesta de una nueva estructura orgánica de dicha institución. En este estudio se analizan los desafíos que enfrentaba el Gobierno Regional de Junín desde el enfoque de desarrollo sostenible y los resultados de la intervención. El primer capítulo presenta un análisis del enfoque de desarrollo sostenible y el marco legal en el Perú. El segundo capítulo describe el proceso de regionalización del país. El tercer capítulo relata el proceso del proyecto implementado en Junín por FORO Nacional Internacional. Finalmente, el cuarto capítulo presenta las lecciones y conclusiones del proceso. / Tesis

El presente trabajo se enfoca en cómo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA ha resuelto ciertos procedimientos administrativos sancionadores analizando, en primer lugar, el real estrato minero de un minero o mineros que, en la práctica, pertenecían a la pequeña minería o minería artesanal, es decir, esta fiscalización en principio pertenece a los respectivos Gobiernos Regionales. La facultad que utilizó el OEFA se justifica en el Artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ley del SINEFA, el cual fue modificado el 26 de abril de 2013. Este artículo citado otorga al OEFA la posibilidad de aplicar la prueba indiciaria para determinar el verdadero estrato minero de aquellas actividades que supuestamente están dentro de la pequeña minería y minería artesanal, para que de esta manera, luego de verificar que en la práctica pertenecen a la mediana o gran minería, puedan fiscalizarlos, y posteriormente sancionarlos. El objetivo del presente trabajo es analizar si, en efecto, la facultad que se desprende del Artículo 17 de Ley del SINEFA no afecta las facultades ya otorgadas a los Gobiernos Regionales. Para ello, se estudiará el proceso de descentralización y las competencias en materia de minería, para que, finalmente, se desarrolle la posición que se adoptó en el desarrollo del trabajo.

La construcción del Estado en el Perú es un proceso complejo por el fraccionamiento de la sociedad entre las mayorías y las élites, y por la persistente demanda de descentralizar la administración al percibirse a Lima como un centro expoliador del resto del país. En este contexto, el objetivo principal de la presente investigación es explicar las causas que dificultan la construcción del Estado unitario y descentralizado. El enfoque metodológico de la investigación es multidisciplinario con énfasis en la geografía, la historia y la política, y, sustentado en información estadística oficial. Revisada la bibliografía respectiva se comprueba que los esfuerzos realizados para descentralizar el país no tuvieron éxito fundamentalmente por restricciones fiscales al no poder financiar la prestación de servicios públicos que reclamaba la población. Por el contrario, el proceso en el período 2002-17 ha sido acompañado de suficientes recursos fiscales gracias al boom de los minerales que han facilitado que en dicho período el PBI per cápita crezca en términos reales al 3.8% anual, la pobreza monetaria pase del 54.3% al 20.6%, y la participación de Lima-Metropolitana (Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao) en el VAB nacional en S/. 2007, se reduzca del 48.4% al 44.1%. Por otra parte, son importantes debilidades del proceso: a) la generalizada corrupción en el sector público y empresarial, b) la debilidad y corrupción del sistema judicial, c) la precariedad y obsolescencia del sistema político, d) la persistente concentración de la riqueza y del ingreso en los niveles más ricos de la población, e) la extrema dependencia del financiamiento fiscal a los vaivenes de los precios de los minerales, f) el no aprovechar el boom minero de los últimos años para diversificar la economía y g) la consolidación política de los departamentos lo que dificulta que se junten dos o más de ellos para conformar macrorregiones. En este contexto se colocan en la agenda política los siguientes problemas: a) Fortalecer la lucha contra la corrupción, b) Reformar el sistema de administración de justicia, c) Reformar el sistema político d) Reformar el aparato estatal, e) Reforma fiscal, f) Diversificación productiva, g) Desarrollo territorial equilibrado y h) Regionalización.