Una regulación especial referida a la investigación y enjuiciamiento penal en casos de adolescentes menores infractores de la ley penal es legítima en tanto existan razones objetivas y razonables para su adopción. Esta investigación plantea que, entre otras razones, los principios del interés superior del niño y de especialidad cobran especial importancia para redefinir este tratamiento legislativo especializado. Bajo este planteamiento, el presente trabajo pone en evidencia la necesidad de construir y reforzar un marco normativo de procesamiento del menor infractor, especialmente reforzado por garantías específicas y generales, que oriente al órgano judicial en su conducción del proceso y en la toma de sus decisiones, siempre en el marco de un debido proceso. Se plantea diversas garantías reforzadas para el operador judicial frente a una solicitud fiscal de intervención del derecho a la libertad personal del menor infractor: el derecho a una defensa técnica indispensable, el juicio a puertas cerradas como excepción a la regla de publicidad, la aplicación diferenciada del internamiento preventivo, la garantía del plazo razonable en sentido inverso, el reforzamiento al derecho a no autoincriminarse, entre otros más, constituyen tópicos de especial aporte por esta investigación, así como también la incorporación de dos audiencias específicamente definidas que sirvan como el canal legítimo de concentración para la aplicación de esta tutela reforzada de garantías.

La Iglesia Católica, además de ser una religión, es un estado llamado Santa Sede o Estado de la Ciudad del Vaticano ubicado en la ciudad de Roma, en Italia. El cual, como cualquier otro, cuenta soberanía e independencia respecto de sus actos tanto en su sede o ubicación geográfica como también a nivel internacional mediante los mecanismos que el Derecho Internacional confieren. En ese sentido, la Iglesia Católica en el Perú, cuenta con dicha autonomía e independencia, es por ello que el 26 de julio de 1980 se suscribió el Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú con la finalidad de regular las relaciones entre ambos estados soberanos. Así también, según lo regulado por nuestra Constitución Política de 1993, dicho tratado o acuerdo adquiere la categoría o rango de ley, con lo cual las disposiciones pactadas en dicho documento son el marco especial al que se adecúan ambos estados al iniciar sus relaciones jurídicas. Por otro lado, las instituciones de la Iglesia Católica son concebidas con la intención de dedicarse a fines pastorales, educativos, sociales, eclesiales, de salud, funerarios, entre otros, lo cual, en la medida que dicha actividad se incremente también así lo hará la administración de sus bienes temporales o económicos. En consecuencia, dicho incremento de actividad económica conllevará riesgos legales, reputacionales, penales, entre otros, que alejan a la Iglesia Católica de su propia finalidad, como lo es la evangelización. Por lo que, se propone, en la presente investigación que la referida Iglesia cuenta con la implementación de programas de cumplimiento que eviten la comisión de delitos económicos o reduzcan al mínimo sus riesgos y así pueda cumplir con su finalidad apostólica.

Las empresas dedicadas al servicio de educación básica regular afrontan diversos retos dado los altos estándares de calidad que deben cumplir, la diversa normativa coherente con el interés superior del niño que generan riesgos legales que resultan de gran importancia prever, así como los volátiles criterios del gobierno de turno en torno a la educación, incluso generándose riesgos reputacionales que adquieren particular importancia en este sector empresarial. En este escenario el compliance se manifiesta como una herramienta de gran importancia en este sector, aportando a su competitividad, prestigio y trascendencia en el tiempo teniendo en cuenta los requerimientos de sus clientes y la importancia de sus usuarios, más aún si se observa que los fines y principios de las empresas educativas permiten una natural inserción de un programa de cumplimiento dada su estrecha relación con la ética en todos los niveles de la organización. Los efectos de la aplicación del compliance en empresas educativas a la vez alcanzan efectos positivos en la lucha contra la informalidad y lograrán un futuro real ejercicio del compliance empresarial en tanto que rebasará el cumplimiento preventivo de la comisión de infracciones y la obtención de sanciones en tanto que concientizará el cumplimiento por un espíritu empresarial competitivo y sobre todo ético.

El presente trabajo aborda la cuestión de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad penal, según lo establecido por el artículo 20 del Código Penal peruano. Al respecto, se ha identificado la necesidad de conocer cómo se encuentra actualmente regulada la anomalía psíquica en la legislación nacional, y cómo se interpretan los alcances de la misma, a partir de la doctrina penal y haciendo uso de los aportes de la neurociencia. Así, se desarrolla primero el concepto de imputabilidad penal a través de las diversas teorías de los fines de la pena, pasando por el enfoque de las medidas de seguridad y la regulación actual de la semi-imputabilidad y la imputabilidad restringida. A partir de ello, se pasa a la estructuración de lo que deberá entenderse como inimputabilidad penal. A continuación, se desarrolla la naturaleza jurídica de la anomalía psíquica, haciendo a su vez uso del conocimiento ofrecido por la psiquiatría para comparar los términos con aquel conocimiento ampliamente aceptado por la doctrina penal respecto a los tipos de anomalías psíquicas existentes. Finalmente, el presente trabajo reconoce la necesidad que tiene el Derecho penal de hacer uso de otras disciplinas como lo son, principalmente, la neurociencia y la psiquiatría, a fin de comprender a cabalidad la inimputabilidad penal y sus causales; en el mismo sentido, determina que el análisis de la concurrencia de una de ellas deberá realizarse en cada caso concreto, no siendo posible ni necesario establecer de antemano un listado de anomalías psíquicas a ser consideradas en sí mismas como indicadoras de inimputabilidad penal. / This article focuses on the issue of the psychic abnormality as a cause for the non-imputability under criminal standards, according to the established through article 20 of the Peruvian Criminal Code. On the matter, there’s a current need to understand how the psychic abnormality is regulated in national legislation, and how the scope of it is interpreted, starting from the criminal doctrine and making use of the contributions of the neuroscience. Thus, this article first develops the concept of criminal imputability through the diverse theories of the criminal sanction, passing by the approach of the curative safety measures and the current regulation of the semi-imputability and the restricted imputability. Furthermore, there’s a development of what should be understood as criminal imputability. Consequently, the legal nature of psychic abnormality is discussed, appealing to the knowledge offered by the psychiatry to compare its terms with those widely accepted by the criminal doctrine regarding the existing types of psychic abnormalities. Finally, this article recognizes the need for Criminal Law to draw on other subjects as, for instance, neurosciences and psychiatry, in order to fully comprehend criminal non-imputability and its causes, as well as the fact that the analysis of the existence of one of said causes must be done on a caseby- case basis, so that it is neither possible nor necessary to establish, beforehand, a list of certain psychic abnormalities that must be taken in themselves as indicators of criminal non-imputability.

La colaboración eficaz constituye una figura jurídica que actualmente está reconocida en muchos países e internacionalmente –como se verá después–, a manera de expresión particular del Derecho Penal Premial, el que da origen a una justicia laudativa, consensuada o negociada, todas denominaciones que responden a la misma lógica. Un ámbito que, como se puede deducir de la expresión misma, sigue un esquema penal basado en el reconocimiento de premios, como es la reducción de penas, y no en una lógica punitiva, esencial a la justicia penal / Tesis

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar las posibles consecuencias de la aplicación de la Norma XVI del Código Tributario, conocida como norma anti-elusiva general, la cual tiene como propósito luchar contra la evasión y la elusión, producto del diseño y aplicación de planificaciones fiscales agresivas. Es por lo que se hace necesario revisar, evaluar y analizar las acciones determinativas en las que los hechos económicos efectuados por los administrados (contribuyentes) se calificaron como actos simulados o en algunos otros casos se detectaron actos de simulación parcial o fraude a la ley y si tales procedimientos pueden conllevar a que dichas calificaciones tengan un contexto penal. Ante ello, surge la pregunta de hasta qué punto y de qué forma es posible poder imputar una responsabilidad penal a los representantes legales de las empresas a las cuales la administración tributaria ha determinado simulación según la Norma XVI. El tema materia de investigación nos lleva a evaluar las consecuencias que podría acarrear la calificación económica que tendrá incidencia en diferentes impuestos, como el Impuesto a la Renta (en adelante IRTA), el Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), los tributos laborales, entre otros.

El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar criterios jurídicos en la postura de garante de los altos funcionarios, a partir del análisis y verificación del estatus que poseen, en razón del cargo, como criterio configurador del delito de homicidio doloso en las manifestaciones sociales. La tesis explora-como referencia-la denuncia constitucional N°1502020, en contra del ex Presidente Merino de Lama, como presunto autor del delito en cuestión. De ahí que, se estudió el delito de omisión impropia, en tanto que, el sujeto activo/autor tiene incito el nexo de evitación, por lo que, está obligado a evitar que se produzca el resultado lesivo, y permite que se afecte al bien jurídico. Frente a ello, el estudio desarrollado tiene sustento en la tesis de infracción de deber, en la cual el estatus del alto funcionario por su condición especial y personal, no tiene relación directa con el resultado lesivo en el delito de homicidio. En tal sentido,no es posible pretender encajar la tesis del dominio del hecho, por cuanto, no domina ni el riesgo típico que exige un deber específico-deber que el Presidente no defrauda-previsto en una norma extra-penal. De ahí que, se propone la implementación de los criterios jurídicos de: el nexo de evitación, la previsibilidad y el hombre promedio en sociedad; en la postura de garante. Y a fin de operativizar los conceptos propuestos, se concluye que, no es posible atribuir responsabilidad penal al Presidente de la República. / The purpose of this research work is to determine legal criteria regarding the position of guarantor held by high-ranking officials, based on the analysis and verification of the status they possess by virtue of their office, as a determining factor in the crime of intentional homicide during social demonstrations. The thesis explores, as a reference, the constitutional complaint No. 150-2020 against former President Merino de Lama as the alleged author of the aforementioned crime. From there, improper omission offenses were studied, considering that the active/author subject has a duty to prevent the harmful outcome and allows the infringement of the legal interest. In light of this, the study is grounded in the theory of breach of duty, in which the status of a high-ranking official, due to their special and personal condition, does not have a direct relationship with the harmful outcome in the crime of homicide. Thus, it's not possible to fit the theory of control of the act, as there is no control over the typical risk that requires a specific duty - a duty that the president does not breach - provided by an extrapenal norm. Therefore, the implementation of the following legal criteria in the position of guarantor is proposed: the duty to prevent, foreseeability, and the average person in society. In order to operationalize the proposed concepts, it is concluded that it is not possible to attribute criminal responsibility to the President of the Republic.

El presente informe tiene interés jurídico por la relevancia de los temas que aborda la Casación N° 1609-2019 – Moquegua. El caso implica el estudio de la absolución del encausado Christian Mario Rospigliosi Mendoza como autor del delito de Peculado doloso en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, el cual es analizado por la Corte Suprema en virtud del recurso presentado por el despacho Fiscal Superior competente. Se denunció que las instancias recurridas incurrieron en vulneraron el precepto material y de la garantía de motivación, acorde al artículo 429, incisos 3 y 4 del Código Procesal Penal. En ese sentido, el informe estudia la naturaleza jurídica del Principio de Confianza, la aplicación de la teoría de infracción de deber en el delito de peculado y sus consecuencias en la imputación objetiva. De manera complementaria se analiza la afectación constitucional a la debida motivación por ilogicidad e insuficiencia en la argumentación. El informe plantea que las instancias recurridas interpretaron erradamente los alcances y aplicación del Principio de Confianza en el delito de Peculado. Ello produjo la exclusión de imputación del encausado en base a argumentos no motivados como consecuencia de inferencias probatorias que no se corresponden con fundamentos jurídicos desarrollados por la jurisprudencia, la doctrina, y la razonabilidad exigible a la actuación jurisdiccional. / This report has legal interest due to the relevance of the issues addressed by Cassation No. 1609-2019 – Moquegua. The case involves the study of the acquittal of the accused Christian Mario Rospigliosi Mendoza as the author of the crime of intentional embezzlement to the detriment of the Regional Government of Moquegua, which is analyzed by the Supreme Court by virtue of the appeal presented by the competent Superior Prosecutor's office. It was reported that the appealed authorities committed a violation of a material provision and violation of the guarantee of motivation, in accordance with article 429, paragraphs 3 and 4 of the Criminal Procedure Code. In this sense, the report studies the legal nature of the Principle of Trust, the application of the theory of breach of duty in the crime of embezzlement and its consequences in objective imputation. In a complementary manner, the constitutional impact on due motivation due to illogicality and insufficiency in the argumentation is analyzed. The report states that the appealed authorities wrongly interpreted the scope and application of the Principle of Trust in the crime of Embezzlement as one of breach of duty. This meant the exclusion of the accused from being charged based on unmotivated arguments as a consequence of evidentiary inferences that do not correspond to legal foundations developed by jurisprudence, doctrine, and the reasonableness required of jurisdictional action.

Este presente trabajo titulado Una sentencia con sabor a impunidad: La Sala de Apelaciones y las implicaciones del estándar (re)interpretativo del art. 28 en los conflictos armados contemporáneos analiza la absolución de Jean-Pierre Bemba Gombo por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y sus implicaciones en la interpretación del art. 28 del Estatuto de Roma. Bemba, líder del Movimiento por la Liberación del Congo (MLC), fue inicialmente condenado en 2016 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003. Sin embargo, en 2018, la Sala de Apelaciones de la CPI revocó esta condena, lo que generó un debate significativo sobre la jurisprudencia de la CPI y la interpretación de la responsabilidad de mando. El documento, se centra en cómo la Sala de Apelaciones introdujo una nueva distinción entre "control efectivo" y "control remoto", también reemplazó el concepto de "medidas necesarias y razonables" por el de "proporcionales, viables y discrecionales", todo ello podría hacer que el precepto de responsabilidad de mando sea inaplicable en muchos conflictos armados contemporáneos, fomentando así la impunidad. Finalmente, se concluye que la reinterpretación del art. 28 puede establecer un peligroso precedente que favorece la impunidad sistémica en los conflictos armados. El desconocimiento de los enfrentamientos armados contemporáneos por parte de la justicia penal internacional perpetúa la comisión de crímenes graves sin consecuencias legales, socavando la salvaguardia de las víctimas y justicia que requieren. / This present work, titled A Sentence with a Taste of Impunity: The Appeals Chamber and the Implications of the (Re)interpretative Standard of Article 28 in Contemporary Armed Conflicts, analyzes the acquittal of Jean-Pierre Bemba Gombo by the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) and its implications for the interpretation of Article 28 of the Rome Statute. Bemba, leader of the Movement for the Liberation of Congo (MLC), was initially convicted in 2016 for war crimes and crimes against humanity committed by his troops in the Central African Republic (CAR) between 2002 and 2003. However, in 2018, the ICC Appeals Chamber overturned this conviction, sparking significant debate about ICC jurisprudence and the interpretation of command responsibility. The document focuses on how the Appeals Chamber introduced a new distinction between "effective control" and "remote control," and replaced the concept of "necessary and reasonable measures" with "proportional, viable, and discretionary" measures. This shift could render the precept of command responsibility inapplicable in many contemporary armed conflicts, thus fostering impunity. Finally, it concludes that the reinterpretation of Article 28 may establish a dangerous precedent that favors systemic impunity in armed conflicts. The international criminal justice system's lack of understanding of contemporary armed confrontations perpetuates the commission of serious crimes without legal consequences, undermining the protection and justice that victims require.

Magíster en Psicología, mención Psicología Comunitaria / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento