El presente trabajo de investigación busca demostrar que la –ciertamente- novedosa institución del Oficial de Cumplimiento ha cobrado, en poco tiempo, un rol relevante en el esquema empresarial actual y que, lo que antes era simplemente el cumplimiento formal de una obligación legal, se ha transformado no sólo en una necesidad empresarial, sino también en una de las posiciones más importantes dentro de un organigrama corporativo; ello debido a la fuerte influencia que tanto el Compliance como el Buen Gobierno Corporativo han tenido en los últimos años en las relaciones empresariales corporativas, motivado por el importante números de casos de delitos, especialmente relacionados a la corrupción, que se han ido descubriendo últimamente y en el que se han visto involucradas algunas de las empresas más importantes del mundo. Por ello, utilizando un enfoque basado en riesgos y de la mano del método comparativo, revisaremos si la legislación peruana resulta ser la más adecuada para determinar el perfil personal y profesional del funcionario que ocupará la Oficialía de Cumplimiento de una empresa peruana, así como si se llegan a determinar con claridad los roles y responsabilidades que debe cumplir, o si acaso la legislación peruana podría ser optimizada utilizando influencias de las legislaciones colombiana y chilena, o también del soft law español. De esta manera, conseguiremos revalorar la figura del Oficial de Cumplimiento y contribuir en el esfuerzo de que las empresas peruanas comprendan que dicha posición requiere de una persona que cumpla con determinadas características y requisitos que añadan valor a la sociedad y acentúen la utilidad de los programas de prevención que se puedan implementar.

Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier persona pueda alertar, informar o denunciar presuntos hechos de los que tengan conocimiento o que podrían ser parte de la comisión de delitos asociados a la corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros que comprende la ley N°30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la tendencia global a incentivar denuncias de irregularidades como mecanismo de prevención y persecución de delitos, su eficiencia, efectividad, las estrategias que implanta Estados Unidos, La Unión Europea y países que se encuentran proyectando su regulación como Chile. Desglosaremos la necesidad de establecer incentivos a los denunciantes, sus elementos mínimos y la eficiencia de los procedimientos de canales de denuncias; así como la necesidad de efectividad para obtener el éxito de esperado, por lo que, el objetivo es que se consiga una mayor participación de los posibles alertantes, que comprenda la entrega de información útil para investigarse hechos reales y se permita sancionar a los responsables. Posteriormente, se efectuará un análisis comparado de la regulación de incentivos, que van desde protección personal hasta incentivos económicos a los denunciantes. Finalmente abarcaremos la eficiencia y efectividad de los canales de denuncias, sus comunes obstáculos que impiden su uso y finalidad, además de propuestas de mejora para regular incentivos en Perú.

La relevancia penal de la intervención de terceros en la propia puesta en peligro de la víctima que deriva en la configuración de un resultado típico, es analizada mediante las categorías de la participación en una autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro consentida. En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar que existen escenarios donde es posible imputar responsabilidad penal, conforme a criterios de imputación basados en la legitimidad de la intervención penal y los deberes de protección del tercero interviniente. Asimismo, la justificación de esta investigación radica tanto en su conveniencia Por tal motivo, sostengo que la presente investigación es conveniente porque mediante este se podrá identificar la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico prevé para estos casos, en su relevancia, pues se trata de la primera investigación en el ámbito nacional sobre el tema, y además por en su utilidad, porque permitirá unificar los criterios jurisprudenciales. Finalmente, se llega a la conclusión que los casos de participación en una autopuesta en peligro y de heteropuesta en peligro consentida deben ser analizados conforme las características del caso concreto y sobre la base criterios específicos a este tipo de conductas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto analizar las decisiones de confirmación de cargos y sentencias definitivas pronunciadas por la Corte Penal Internacional, con el objeto de identificar los principales criterios que han sido identificados y aplicados por la Corte al momento de analizar la imputación de un individuo de quien se alega la comisión de un crimen de competencia de la Corte, sea como autor o partícipe. Para esos efectos, esta memoria comienza con una descripción de los modelos de responsabilidad individual que han sido aplicados en derecho penal internacional a lo largo de los años teniendo en cuenta que los tribunales penales internacionales han tratado las formas de autoría y participación de manera más bien disímil a lo largo del tiempo, especialmente durante los siglos XX y XXI. A continuación, se describen los criterios identificados que han sido considerados por la Corte Penal Internacional, tanto al momento de confirmar cargos como de condenar o absolver a los imputados de crímenes de su competencia. En esa sección se presenta también un análisis crítico de las decisiones y criterios, a fin de determinar si la Corte se ha atenido a lo dispuesto en su Estatuto, o por el contrario, ha excedido los términos del mismo en su ejercicio interpretativo. Este trabajo finaliza con las conclusiones, que recogen los principales avances logrados por la Corte Penal Internacional, y los desafíos que ésta enfrenta en lo sucesivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se abordará el problema de la prueba del dolo en el proceso penal, teniendo como objetivo responder a la pregunta sobre cómo se puede acreditar en juicio el dolo del autor de un delito, todo lo cual se ejemplificará en un caso de responsabilidad penal del fabricante, específicamente en el llamado “caso de la colza”. En el primer capítulo nos referiremos al concepto de dolo, sus categorías y delimitación entre la culpa consciente y el dolo eventual. Además abordaremos los fundamentos para una mayor punibilidad de la conducta dolosa sobre la culposa. En el segundo capítulo, nos referiremos a la prueba en el proceso penal y a sus particularidades; para luego abordar las propuestas dogmáticas que se han formulado para acreditar el dolo del autor, sus problemas teóricos y críticas. En el capítulo tercero, en primer lugar, expondremos el caso de la colza, que corresponde a un caso de envenenamiento masivo de la población en España por consumo de un aceite contaminado con anilina, producto de lo cuál se produjeron muertes y lesiones; en segundo lugar, haremos una aplicación del análisis de la prueba del dolo a este caso. En el capítulo final, se enumeran las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo y la opinión de los autores, referida a la posibilidad de probar el dolo mediante prueba indiciaria o en virtud de una atribución de conocimientos - aplicando la teoría normativa de Ragués -, siempre que todo ello sea explicitado en la fundamentación de la sentencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto revisar las problemáticas fundamentales que giran en torno a los delitos de omisión impropia. Específicamente se centrará en aquellos delitos en los que interviene un colegio de personas que determina la decisión de omitir por medio de una votación, a partir del caso real del aerosol para cueros o “Lederspray”. Por una parte se analizarán las cuestiones referentes a la causalidad en este tipo de delitos y, por otra, aquellas que dicen relación con la coautoría. El trabajo comienza por un análisis del Caso en el que se revisan los criterios utilizados por el Tribunal Supremo Alemán para condenar a los intervinientes. Luego se explora el problema de la causalidad en las decisiones colegiadas, presentando posturas tanto que apoyan la argumentación del Tribunal como otras que se valen de argumentos diversos. A continuación se trata el problema de la coautoría, explicando los criterios utilizados para afirmarla en el caso concreto, como también presentando posturas alternativas. Finalmente se realiza una apreciación final que consiste en una síntesis de las apreciaciones provisionales y proyecta temas de discusión futura

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde la puesta en marcha de la ley 20.084, el 08 de junio del año 2007, el sistema penal destinado a los adolescentes sufrió un gran cambio. Sin embargo, existen múltiples factores que debemos analizar atendiendo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia para determinar si dicha reforma surtió efectos; en segundo lugar, si estos efectos fueron los deseados y, por último, si acaso el aparato estatal diseñado para dar respuesta a la necesidad de intervenir a los menores infractores de ley ha sido una herramienta útil, efectiva y real que esté a la altura de lo que se requiere en términos de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, además de lo establecido por la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, momento en el cual se hace una declaración de principios de este nuevo sistema penal, se fijaron sus penas –ciertamente menos gravosas que las establecidas para adultos que cometan los mismos delitos- se da cuenta del diseño de planes de intervención y equipos multidisciplinarios que traten a los menores, con todo lo que ello implica para que los menores infractores de ley retornen a la sociedad insertos en ella. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte las críticas son muchas, y no parece ser una solución convincente y efectiva al problema de los delincuentes menores de edad. Se abordará esta problemática desde distintos puntos, buscando identificar las falencias de un sistema que nació prometiendo un nuevo trato, el cual parece haberse ido diluyendo con el tiempo, la pregunta es ¿por qué?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente ensayo se efectuará un análisis sobre el informe favorable del Servicio Nacional de Menores que requiere el artículo 55 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que el juez pueda ejercer la facultad de remitir el saldo de la sanción penal. Específicamente nos centraremos en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, regulada en el artículo 17 de la misma ley. Dada su vaga regulación legal y reglamentaria, efectuaremos una construcción normativa respecto a las materias que el informe debe contener conforme a los principios de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los estándares internacionales y lo que ha señalado la doctrina, principalmente a través de entidades como Paz Ciudadana, Opción, entre otras. Luego pasaremos a contrastar dicho modelo de informe con aquellos presentados por el órgano administrativo en seis causas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago entre los años 2017 y 2018, donde se concedió la remisión de la sanción. Todo lo anterior está motivado por un cuestionamiento sobre las materias que los informes abordan y sobre los problemas en la intervención penal que realiza el órgano encargado del cumplimiento, que estos informes pudiesen evidenciar; ello para efectos de contribuir a que el juzgamiento penal adolescente y la intervención penal se materialice conforme a principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos.