El presente Informe Jurídico tiene como finalidad analizar la Resolución N° 0067- 2022/SDC-INDECOPI, cuya controversia versa sobre la denuncia formulada por el señor Roberto Esteban Delgado Casanave, contra la empresa Diseños Casanave International LLC sobre la infracción de los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, a través de páginas web en donde el denunciado transmitió la siguiente información: tener un acuerdo de asociación con FAME S.A.C., que su oferta comercial consistía en armamento de guerra y no civil y que su tipo societario era una Sociedad Anónima. El análisis presenta una posición contraria a la asumida por la Sala y concluye que sí hubo actos de engaño sobre las tres afirmaciones. Asimismo, del análisis de la Resolución se ha advertido que conforme a los hechos del caso también se produjo actos de confusión directa que no fueron advertidos por el órgano resolutivo. Finalmente, el análisis incluye que la Resolución debió advertir los principios de informalismo, verdad material y primacía de la realidad, generando un decidendo distinto, acorde al correcto funcionamiento del mercado y respetando la libre iniciativa privada en un contexto de economía social de mercado. / The purpose of this report is to analyze the Resolution N° 0067-2022/SDCINDECOPI, whose controversy concerns the complaint made by Mr. Roberto Esteban Delgado Casanave against Diseños Casanave International LLC for committing acts of unfair competition in the form of acts of deception, through websites where the defendant conveyed the following information: having an association agreement with FAME S.A.C., that its commercial offer consisted of warfare and not civilian armament, and that its corporate type was a Sociedad Anónima. The analysis takes a stance contrary to that assumed by the Chamber and concludes that there were indeed acts of deception regarding the three statements. Furthermore, the analysis of the Resolution has revealed that direct acts of confusion also occurred according to the facts of the case. Finally, the analysis includes that the Resolution should have considered the principles of informalism, material truth, and primacy of reality, resulting in a different decision, in line with the proper functioning of the market and respecting free private initiative within a social market economy context.

El presente Informe de Relevancia Jurídica tiene como propósito examinar el análisis realizado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado en la Sentencia de vista del Expediente Judicial N.º 12880-2019. Este análisis se centra en la interpretación y aplicación del Artículo 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de determinar si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tenía la facultad de establecer parámetros para una medida correctiva en relación con dicho artículo. La controversia surge a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Molitalia S.A. El informe desarrolló un análisis de las decisiones tomadas en primera y segunda instancia administrativa, identificando los problemas jurídicos planteados. Para ello, se examinó si el Artículo 37° es de aplicación directa por sí mismo. A continuación, se evaluó si la Sala de Indecopi infringió el principio de legalidad al establecer parámetros específicos en la medida correctiva impuesta en la instancia administrativa. Finalmente, se abordó la cuestión de si se vulneró el derecho a la información de los consumidores al revocar la medida correctiva contra Molitalia S.A. Finalmente, se concluye que el Artículo 37° es autoaplicativo, exigiendo el etiquetado de alimentos genéticamente modificados desde su implementación. La revocación parcial de medidas contra Molitalia S.A. compromete la transparencia y el derecho de información. / This report of legal relevance aims to address the analysis of the fifth chamber specialized in administrative litigation with market speciality (hereinafter, the chamber) resolved in the hearing judgment issued in court file no. 12880-2019, which deals mainly with the regulations of article 37 of the consumer protection and defense code (hereinafter, the consumer code), In order to determine whether the instituto nacional DE defensa DE la competencia y DE la proteccion DE la propiedad intelectual (indecopi) was entitled to develop parameters for a corrective measure in the light of that article, which is based on the complaint filed by the Peruvian association of consumers and users (hereinafter, contested) against Molitalia s.a. Identifying existing legal problems. For this purpose, it will be analyzed whether article 37e of the consumer code is a self-applicable rule. Next, to determine whether the indecopi board infringed the principle of legality by developing parameters in the corrective measure imposed in the administrative proceeding. Finally, whether the consumers' right to information was infringed when the corrective measure against molitalia s.a. was revoked.

La presente investigación se justifica en la necesidad de esclarecer los límites del poder de autotutela de la Administración Pública; por ello, el objetivo principal es determinar si, mediante el uso del poder de autotutela, la Administración puede ejecutar actos administrativos a través de multas coercitivas, en el marco de procedimientos trilaterales, a favor de terceros. La hipótesis de la autora es que dicha opción es inviable, si lo que se pretende es compeler a pagar sumas de dinero a favor de terceros ajenos a la Administración, ya que como veremos en las siguientes líneas, ese privilegio está reservado para beneficiar únicamente a la Administración a título propio, y que, además, esa actividad escapa a la competencia administrativa, dando pase así a actividades reservadas para la jurisdicción del Poder Judicial. Asimismo, las metodologías empleadas para sostener la hipótesis de la autora son: funcional y dogmática. Finalmente, la conclusión principal a la que se arriba es que el poder de autotutela de la Administración, en un Estado Constitucional de Derecho, debe ir en concordancia con el respeto a la separación de poderes. / The present investigation is justified by the need to clarify the limits of the self-protection power of the Public Administration; Therefore, the main objective is to determine if, through the use of the power of self-protection, the Administration can execute administrative acts through periodic penalty payments, within the framework of trilateral procedures, in favor of third parties. The author's hypothesis is that this option is unviable, if the intention is to compel the payment of sums of money in favor of third parties outside the Administration, since as we will see in the following lines, this privilege is reserved to benefit only the Administration in its own right, and that, furthermore, this activity escapes administrative jurisdiction, thus giving way to activities reserved for the jurisdiction of the Judiciary. Likewise, the methodologies used to support the author's hypothesis are: functional and dogmatic. Finally, the main conclusion reached is that the self-protection power of the Administration, in a Constitutional State of Law, must be in accordance with respect for the separation of powers.

Este trabajo es el resultado de mi experiencia profesional como economista en una empresa de consultoría económica especializada en temas de competencia durante el periodo 2017 a 2023. En particular, se analiza la experiencia vinculada a la elaboración de informes periciales económicos sobre la estimación de daños en el contexto de infracciones de la normativa de la competencia sancionadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y la Comisión Europea. Este documento aborda los aspectos centrales de la estimación de daños en el caso de una fijación indirecta de precios en el sector de distribución minorista de diésel en Alemania durante el periodo 2007-2015. 1 Este trabajo describe por un lado el planteamiento conceptual económico en el análisis de infracciones a la normativa de competencia atendiendo a las características del sector que se analiza, así como las particularidades de la infracción sancionada. Por otro lado, realiza una estimación del precio del mercado en ausencia del cártel (precio contrafactual) con el fin de determinar el daño causado por la infracción. El caso analizado también representa una referencia para el análisis de multas en el caso peruano dado que éstas se estiman a partir del daño causado por las infracciones.

El siguiente informe aborda un procedimiento administrativo sancionador en el cual la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ratifica la Resolución 021-2015/CCDINDECOPI, que desestimó la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y el Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM) contra Nestlé Perú S.A., por supuestos actos de competencia desleal. El informe examina las principales etapas de este procedimiento, considerando la impugnación presentada contra el acto administrativo emitido por la primera instancia y mi posición respecto a la controversia. En primer lugar, se analiza el mandato normativo que exige una evaluación completa y superficial de todo el contenido publicitario, así como su aplicación en este caso específico, centrándose en la cuestión de si los términos de la publicidad en disputa fueron transmitidos de manera clara y perceptible, especialmente, en lo que respecta a la fecha de inicio de la promoción. En segundo lugar, se discute la importancia de interpretar la naturaleza de un concurso publicitario que depende del azar, y se abordan las objeciones planteadas por las asociaciones denunciantes sobre la falta de divulgación por parte del proveedor de las fechas en que se distribuirán los premios principales, junto con mi postura al respecto. Finalmente, se revisa la confirmación por parte de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal N.°1, que desestimó la imputación de oficio contra Nestlé por una presunta violación del principio de legalidad.

El presente trabajo trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la denuncia de un tercero ante el Tribunal de Contratación del Estado contra la empresa Tesacom Perú S.A.C, por la presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta en el proceso de selección de menor cuantía N°016-2010-MGP/DIRTEL, convocada por la Marina de Guerra del Perú. La investigación se justifica en el problema persistente que atraviesan los postores, proveedores y contratistas por el supuesto de hecho relacionada a la presentación de información falsa y/o inexacta, toda vez que se encuentra impedimento para contratar con el Estado. Para el presente Expediente E-2488, en la redacción final del literal d) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones, Decreto Legislativo N°1017, establece que están impedidos de contratar “...los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia”, supuesto de hecho al parecer aplicable al oficial en situación de disponibilidad señor Jorge Adrián Dorrego Arias. El objetivo del trabajo es mostrar la existencia de una falta de motivación de la Sala del Tribunal de Contrataciones, así como la vulneración al principio de tipicidad del procedimiento administrativo. Del mismo modo, analizar respecto de la vinculatoriedad de las opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, y la naturaleza jurídica del militar en situación de disponibilidad. Con todo ello, abarcamos tres ramas del derecho: derecho administrativo, derecho constitucional y derecho laboral. Así, con este trabajo concluimos que no se le debió sancionador a la Empresa TESACOM PERU S.AC., pues el supuesto de hecho no calza realmente con el administrado, pero notamos que esta falta de redacción puede ser perverso con miras la transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado. / This work deals with an administrative sanctioning procedure initiated by the complaint of a third party before the State Contracting Court against the company Tesacom Perú S.A.C, for the alleged presentation of false and/or inaccurate documentation in the selection process for a minor amount N °016-2010- MGP/DIRTEL, summoned by the Peruvian Navy. The investigation is justified by the persistent problem that bidders, suppliers and contractors are going through due to the alleged fact related to the presentation of false and/or inaccurate information, since there is an impediment to contracting with the State. For this File E-2488, in the final wording of literal d) of article 10 of the Contracting Law, Legislative Decree No. 1017, it establishes that “... public officials, trusted employees and servants are prohibited from contracting public, according to the special law of the matter”, a factual assumption that appears to apply to the officer on duty, Mr. Jorge Adrian Dorrego Arias. The objective of the work is to show the existence of a lack of motivation of the Chamber of the Contracting Court, as well as the violation of the principle of typicality of the administrative procedure. Likewise, analyze the binding nature of the opinions issued by the OSCE Technical Regulatory Directorate, and the legal nature of the military personnel in a situation of availability. With all this, we cover three branches of law: administrative law, constitutional law and labor law. Thus, with this work we conclude that no sanction should have been imposed on the Company TESACOM PERU S.A.C., since the factual assumption does not really fit with the administration, but we note that this lack of wording can be perverse with a view to transparency and efficiency in state contracting.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objeto analizar los distintos criterios utilizados por dos Superintendencias del Estado a la hora de determinar específicamente una sanción monetaria. De este modo se realizará una breve descripción general del sistema regulatorio de las dos Superintendencias en que se centrará el estudio, para posteriormente realizar un análisis profundo, por cada Superintendencia, de cada uno de los criterios establecidos por las leyes respectivas. Además, veremos cómo fueron aplicados en casos concretos, mediante el estudio de resoluciones emanadas de los mismos organismos, con especial énfasis en aquellas donde se haya realizado un ejercicio interpretativo destacable y, en ciertos casos, en que se haya creado un nuevo criterio no establecido por la ley. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permitirá otorgar una mayor comprensión sobre la forma en que estos organismos aumentan o disminuyen los montos de sus sanciones para, así, enriquecer cualquier discusión sobre las potestades sancionatorias de los distintos órganos administrativos del estado chileno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)