La pandemia ocasionada por el “COVID-19” trae consigo que las autoridades de diversos países opten por el confinamiento como una medida para evitar que el mencionado virus se propague rápidamente. Sin perjuicio del reto para la política pública de salud que significa este escenario, también implica un cambio en el empleo de los servicios públicos de telecomunicaciones que en la actualidad tienen un rol prioritario e indispensable para el desarrollo humano. El presente trabajo académico se justifica precisamente en el análisis de las principales medidas adoptadas por el gobierno peruano para garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones de forma continua desde la declaración del estado de emergencia nacional por el brote de la COVID-19, ya que el cumplimiento de esta característica de los servicios públicos es indispensable para su prestación. Así, el objetivo de esta investigación es determinar si el marco normativo dispuesto permitió preservar la continuidad del servicio de telecomunicaciones, en concordancia con los derechos de los usuarios y de las empresas concesionarias. A partir del análisis elaborado, se advierte que las medidas adoptadas por las autoridades del sector de telecomunicaciones fueron oportunas para asegurar la continuidad y análogas con lo previsto en la regulación internacional, sin perjuicio de las diferencias que se presentan con las medidas promulgadas en otros sectores y que pudieron ser adoptadas para los servicios públicos de telecomunicaciones en favor de los usuarios.

En el presente trabajo académico trato de determinar si los canales de televisión de señal abierta, sobre la base de su producción propia tienen derecho a celebrar uno o más contratos de exclusividad con los servicios de televisión de paga (o, también denominadas ‘empresas de cable’ o ‘cableras’), con exclusión de otros servicios de televisión de paga, o si esto se trataría de una práctica colusoria vertical o de un abuso de la posición de dominio ilícitos de la empresa operadora de servicio de televisión de paga que celebra contrato de exclusividad con los canales de televisión de señal abierta. La conclusión principal a la que he llegado es que si un agente del mercado tiene posición de dominio y, abusando de ella, celebra contratos de exclusividad con otros agentes del mercado, exigiéndoles que restrinjan sus relaciones comerciales con otros agentes del mercado, sin acreditar beneficios al proceso competitivo, estaría en la potencialdiad de afectar injustificadamente a la competencia. Este análisis debe realizarse caso por caso, verificpandose los efectos positivos y negativos que pudieran tener. En sector de Telecomunicaciones, es particularmente relevante el abuso de la citada posición de dominio y afectación al proceso competitivo, por afectar normas de orden público, como la prohibición del monopolio y exclusividades (injustificadas) en el mercado de las comunicaciones.

La presente investigación se circunscribe en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando analizar retos regulatorios actuales en ese sector. Se trata de un mercado dinámico que, en las últimas décadas, ha buscado evolucionar a la par de las mejoras tecnológicas y dar políticas que permitan mayor competencia, en favor del usuario. El objetivo fue analizar dos tipos de abordaje que se le puede dar a un nuevo reto, detallando el contexto en el que surgieron, cómo se diseñó la estrategia y cuáles fueron los resultados observables. El primero, sobre Operadores Móviles Virtuales, parte de una política pública nacional, por lo que puede evaluarse los objetivos planificados y cuál es el estado actual. El segundo ejemplo parte de la experiencia comparada para constatar la diferencia de tratamiento de un mismo caso entre Europa y Perú, reflexionando sobre qué modelo sería más adecuado. Respecto al reto de los "Operadores Móviles Virtuales", encuentro que se trató de una propuesta interesante de política pública para incrementar la competencia en el sector sorteando la dificultad de la instalación de grandes infraestructuras. Su formulación tuvo varios elementos adecuados, como la accesibilidad, las provisiones orientadas a una sana competencia y la determinación del mandato de interconexión. Sin embargo, a día de hoy no ha producido los efectos deseados y considero que sería importante modificar algunos aspectos para darle un nuevo impulso. Respecto a los servicios de telecomunicación que he denominado "híbridos", por utilizar redes de internet y de telecomunicaciones, encontré que nuestra regulación no los ha contemplado, a pesar de que funcionan en nuestro país. Al determinar que tienen importantes similitudes con los OMV y que sí implican la prestación de servicios que ya se encuentran regulados, mi propuesta es que se amplíe la primera categoría jurídica para incluirlos, determinando las obligaciones que le son aplicables.

El artículo académico tiene como finalidad demostrar si se presenta una afectación a los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas que presuntamente son generadas por la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea que estos hayan sido instalados en bienes de dominio público o en bienes de dominio privado de los gobiernos locales por parte de los operadores de telecomunicaciones. En el mismo sentido, se busca determinar si los referidos gobiernos locales pueden emitir disposiciones normativas y/o adoptar decisiones administrativas que limiten la aprobación de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, argumentando la referida afectación de derechos. Para responder dichas interrogantes se ha recurrido a la identificación, revisión y análisis de la normativas, doctrina, jurisprudencia y el análisis de casos concretos referidos las autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, a la actuación de los gobiernos locales sobre la emisión de las mismas y los límites de su función normativa; así como a la presunta afectación de derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas a partir de la emisión de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El presente informe jurídico desarrolla el contenido de la Resolución 0030-2018/SDC INDECOPI, en el que América Móvil Perú S.A.C. interpone una denuncia contra Entel Perú S.A. por actos de competencia desleal principalmente en las modalidades de comparación indebida, engaño y denigración. De este modo, el tema central del trabajo es analizar la decisión de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia respecto de la configuración del caso como publicidad comparativa, primordialmente, sobre el elemento de la alusión inequívoca hacia la empresa competidora; sin perjuicio del análisis posterior de otros elementos influyentes, tales como el mensaje desprendido de los anuncios televisivos, el porcentaje de participación en el mercado de las empresas de telefonía móvil, los votos discordantes y los pronunciamientos anteriores en casos similares por parte de la autoridad resolutiva. Asimismo, también se desarrolla el concepto de la exceptio veritatis como aquel que engloba los requisitos de licitud para la publicidad comparativa, o la publicidad alusiva en general. Adicionalmente, también se presenta el tema de actos de engaño, como supuesto normativo en el que la Sala debe identificar un determinado parámetro para determinar la objetividad de una afirmación y poder, posteriormente, realizar el análisis respecto del principio de veracidad. Finalmente, el último tema jurídico que desarrolla el presente informe está relacionado a la decisión de la Sala de declarar la nulidad de la imputación de cargos por actos de denigración, cuando la denuncia versa a la vez sobre comparación indebida; pues cuando prevalece el elemento comparativo, el órgano instructor tiene el deber de encajar las conductas en una determinada calificación jurídica. / This legal report develops the content of the Resolution 0030-2018/SDC-INDECOPI, in which América Móvil Perú S.A.C. files a complaint against Entel Perú S.A. for acts of unfair competition mainly in the modalities of undue comparison, deception and denigration. In this way, the central theme of the work is to analyze the decision of the Specialized Chamber for the Defense of Competition regarding the configuration of the case as comparative advertising, primarily, on the element of the unequivocal allusion to the competitor company; without prejudice to the subsequent analysis of other influential elements, such as the message detached from the television advertisements, the percentage of participation in the market of the mobile telephone companies, the discordant votes and the previous pronouncements in similar cases by the resolving authority. Likewise, the concept of exceptio veritatis is also developed as the one that encompasses the legality requirements for comparative advertising, or allusive advertising in general. Additionally, the issue of acts of deception is also presented, as a normative assumption in which the Chamber must identify a certain parameter to determine the objectivity of an affirmation and be able, later, to carry out the analysis regarding the principle of veracity. Finally, the last legal issue that this report develops is related to the decision of the Chamber to declare the nullity of the imputation of charges for acts of denigration, when the complaint is both about undue comparison; because when the comparative element prevails, the investigating body has the duty to fit the behaviors into a certain legal classification.

El presente informe jurídico analiza la denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuesta por Geo Supply S.A.C., empresa del sector telecomunicaciones prestadora del servicio público móvil satelital, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por la presunta existencia de una barrera burocrática consistente en la fórmula de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La denuncia tiene como pretensión que se declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon, al considerarla como una barrera burocrática irracional que impide la ejecución de sus actividades comerciales. El caso refleja un problema jurídico medular que radica en evaluar la naturaleza jurídica del cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La posición que se adopte sobre la naturaleza de esta obligación deriva en consecuencias jurídicas distintas respecto a las reglas que deberían regir su determinación y sus características Del caso analizado se derivan diversos tópicos controvertidos en materia jurídica como la naturaleza de los cobros efectuados por la Administración, las características del tributo, el alcance de la potestad tributaria, los mecanismos de interpretación del ordenamiento jurídico, las competencias de Indecopi, la evaluación de la vía idónea para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon, entre otros temas que serán evaluados bajo el prisma de la teoría general del derecho. En las conclusiones de este informe se confirman nuestra primer hipótesis de investigación referida a que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, al calificar como una tasa de la especie derecho, así como nuestra segunda hipótesis que sostiene que la vía adecuada para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon es el proceso contencioso administrativo o los procesos de acción popular o amparo en sede constitucional, en cuyo ámbito se puede efectuar un control de constitucionalidad de la razonabilidad del importe cobrado. / This legal paper analyzes the complaint filed before Indecopi by Geo Supply S.A.C., a telecommunications company engaged in the provision of public mobile satellite service, against the Ministry of Transportation and Telecommunications for the alleged existence of an administrative barrier consisting in the formula to calculate the fee for the use of the radio electric spectrum (“canon fee”). This complaint seeks to declare the non-application of the fee calculation methodology, considering that such methodology qualifies as an irrational administrative barrier that prevents the execution of its commercial activities. The case reflects a key legal problem that lies in evaluating the legal nature of the canon fee charged by the Ministry of Transportation and Communications. The position adopted on the nature of this obligation leads to different legal consequences with respect to the rules that should regulate its determination and characteristics From the case analyzed, several controversial topics in legal matters are derived, such as the nature of the fees charged by the Administration, the characteristics of the tax, the scope of the taxation power, the mechanisms of interpretation of the legal system, the competences of Indecopi, the evaluation of the suitable procedure to question the reasonableness of the canon fee, among other topics that will be evaluated under the prism of the general theory of law. The conclusions of this report confirm our first research hypothesis that the canon fee it’s a tax, as it qualifies as a fee of the type of law, as well as our second hypothesis that the appropriate way to question the reasonableness of the canon fee is the administrative litigation process or the processes of popular action or amparo in constitutional venue, in which a control of constitutionality of the reasonableness of the amount charged by the Administration can be carried out.

La finalidad de la investigación es comparar las iniciativas que se desarrollaron en el marco de las políticas impulsadas por el Estado para promover un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales y lugares de preferente interés social, específicamente con respecto a la ampliación de cobertura del servicio de telefonía móvil. Los principales resultados de los proyectos tradicionalmente efectuados con los recursos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) en el año 2011, se comparan con los resultados de las iniciativas que se han ejecutado desde el año 2018, con la finalidad de incentivar que las empresas operadoras destienen parte del pago correspondiente al canon por el uso del espectro radioeléctrico a la ampliación de la cobertura del servicio de telefonía móvil. Los Proyectos FITEL y la iniciativa del canje del canon son evaluados en términos de eficacia, es decir con relación al cumplimiento de los objetivos y las condiciones definidas en los diseños iniciales, así como respecto a la eficiencia, que se enmarca en el aprovechamiento de las capacidades o el control de los recursos de manera óptima. El principal resultado es que la iniciativa del canje del canon del periodo 2021-2022 ha obtenido mejores resultados en términos de eficacia que los proyectos FITEL al haber beneficiado a 307 localidades en un tiempo promedio de 12 meses. Asimismo, la iniciativa del canje del canon del periodo 2021-2022 presenta resultados que permiten deducir que ha resultado, en términos relativos, más eficiente que los Proyectos FITEL. / The goal of this research is to compare the initiatives developed within the framework of State-enforced policies aimed at fostering more spread access to telecommunication services in rural areas and locations of preferred social interest, specifically regarding the enlargement of mobile coverage. The main results attained by projects traditionally fulfilled by the Telecommunication Investment Fund (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL) in 2011 are compared with the results achieved by the initiatives being executed since 2018, directed at encouraging operators to destinate part of their canon payments due to the use of the radioelectric-spectrum to the expansion of mobile telephone coverage. Both FITEL and the canon exchange initiatives are assessed in terms of efficacy, that is, in relation to the accomplishment of set objectives and the conditions defined in their original design, as well as in terms of efficiency, set by the maximization of capacities and the optimal control of used resources. The primary result is that the canon exchange initiative in the 2021-2022 period has yielded better results in terms of efficacy, compared with FITEL projects, having benefited 307 communities in an average span of 12 months. Likewise, the canon exchange ventures display indicators that establish them as more efficient than their FITEL counterparts.

El principal problema del caso gira en torno a analizar si los remedios adoptados por el proveedor ante el defecto en el producto se encuentran dentro de los alcances del deber de idoneidad y, en consecuencia, determinar que Claro es responsable administrativamente. En base al criterio establecido en la Resolución 1008-2013/SPC-INDECOPI establece que, independientemente de que el proveedor haya corregido el defecto, basta que se acredite que hubo un defecto y que dicho defecto sea atribuible al proveedor, el proveedor debe de responder por dicho defecto. Por lo que, en el presente caso, el proveedor no logró acreditar que el golpe fue la causa de que el celular presentara defectos. Por lo que, Claro es responsable administrativamente por incurrir a una infracción al deber de idoneidad. Asimismo, analizar que no existió vulneración al debido procedimiento por parte de la Comisión al declarar nulidad parcial de la resolución de la primera instancia. Además, se analizará el recurso de revisión y si ante su interposición era posible ejecutar o exigir el cumplimiento de la medida correctiva y de la sanción emitida mediante Resolución Final Nº 3015-2012/PS3. Finalmente, cuestionar la aplicación del recurso de revisión en el presente caso. / The main problem of the case revolves around analyzing the remedies adopted by the supplier in the face of the defect in the product are within the scope of the duty of suitability and, consequently, determining that Claro is administratively responsible. Based on the criteria established in Resolution 1008-2013/SPC INDECOPI, it establishes that, regardless of whether the supplier has corrected the defect, it is enough to prove that there was a defect and that said defect is attributable to the supplier, the supplier must respond for said defect. Therefore, in the present case, the provider was unable to prove that the blow was the cause of the defects in the cell phone. Therefore, Claro is administratively responsible for incurring a breach of the duty of suitability. Likewise, to analyze that there was no violation of due process by the Commission by declaring partial nullity of the resolution of the first instance. In addition, the appeal for review will be analyzed and if before its filing it was possible to execute or demand compliance with the corrective measure and the sanction issued by Final Resolution No. 3015-2012/PS3. Finally, to question the application of the review resource in the present case.

La presente tesis analiza la factibilidad de un aplicativo con el propósito de aumentar la demanda móvil en la Región Piura, utilizando herramientas que sirvan para el sector productivo como medio informativo; y se estructura de la manera descrita en los siguientes párrafos. En el capítulo 1 se abarca el análisis general de la región, con respecto al contexto social, situación actual de infraestructura móvil despegada actualmente y la penetración móvil que se tiene en la región. En el capítulo 2 se encuentra el enfoque de la tecnología deseada para desplegar el aplicativo. Se relaciona la evolución de la tecnología móvil y su funcionalidad. En el capítulo 3, con base en los capítulos previos, se encuentra el análisis del uso que se daría y con qué tecnología se implementaría. En el capítulo 4 se abarca el diseño del aplicativo junto con la propuesta de solución. Considerando que la región es principalmente de sector agrícola, se enfocó el aplicativo móvil en un problema actual como la plaga de Roya Amarilla que afecta al Cafeto. La solución que se propone permitirá brindar información de la plaga

Este trabajo se desarrolla con motivo del pronunciamiento de la Sentencia de Casación N°474-2016 Lima de la Corte Suprema donde se concluyó que la provisión de capacidad satelital realizada por operadores satelitales no domiciliados en el país, a favor de titulares de concesiones y/o autorizaciones de servicios de telecomunicaciones domiciliados en el Perú se encontraba gravada con el Impuesto a la Renta en el país, según el inciso b) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 054-2019-EF. Este pronunciamiento reviste de gran importancia en la actualidad ya que la correcta categorización e identificación de los criterios de conexión determinan la tributación o no de la capacidad satelital en el Perú respecto del Impuesto a la Renta. Para ello, en primer lugar, se desarrollan las distintas posiciones planteadas por la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema, a fin de identificar los argumentos en cada instancia para sustentar la naturaleza y el tratamiento tributario aplicable a la capacidad satelital. Luego, se procede se realizar un estudio detallado de la naturaleza técnica y jurídica de la provisión de capacidad satelital, en base a las normas nacionales e internacionales del sector de telecomunicaciones. Y en base a las conclusiones arribadas, se realiza el análisis del tratamiento tributario aplicable de la provisión de capacidad satelital, lo cual me llevó a la conclusión de que dichos servicios no se encontraban gravados bajo la normativa del Impuesto a la Renta hasta la fecha y plantear una propuesta que permita su afectación en el país desde un “nuevo” concepto de fuente por “uso del mercado”.