Este trabajo se enmarca dentro de los estudios que dan cuenta de la implementación del colonialismo en la Araucanía en la primera mitad del siglo XX. Si bien las relaciones políticas entre el Estado chileno y la sociedad mapuche sufrieron transformaciones que encuentran sus raíces en el siglo XIX, es en las primeras tres décadas del siglo XX que se genera el corpus documental emanado del accionar de los Protectores de Indígenas. Esta figura del sistema administrativo chileno, instaurada por el Presidente de la República Manuel Montt mediante la ley de 4 de marzo de 1866, produjo innumerables escritos en favor de los indígenas a los que representaba durante el cumplimiento de sus funciones, contenidas en la mencionada ley de 1866.

El valle del Cuzco, está conformado por dos clases de nobleza inca: los descendientes de los gobernantes incas y la gente reconocida como parientes lejanos de los incas. El estudio del sistema de tenencia de tierras de los ayllus y panacas, es importancia para entender la organización social de los incas, nobles de privilegio y el sistema complejo de ceques y huacas. Los ayllus reales de Hanan Cusco, conforman los descendientes por línea paterna de los incas gobernantes y situados en el sector del Chinchaysuyu y Antisuyu, del norte al sur margen izquierda del valle del Cusco y son: la descendientes de Huayna Capac, "Ayllu Tomibamba", Tupa Inca Yupanqui, el "Capac Ayllu", Pachacuti Inca Yupanqui, el "Hatun Ayllu"; Viracocha Inca el Zuczo Ayllu, Yahuar Huacac- Aucaylli Ayllu; Inca Roca -Ayllu Vicaquirao; Capac YupanquiAyllu Apomayta; Lloque Yupanqui -Ayllu Haguainin o Andamachay; Sinche Roca - Ayllu Raorao y de Manco Capac, el Ayllu Chima. En Cambio, la parcialidad de Hurin Cuzco, constituían “los panaguarmis o esposa y hermana carnal del inca gobernante” ubicados en el sector del Collasuyu y Cuntisuyu, en este espacio el parentesco fueron señalados como “panacas” y se ubican del sur al norte del valle del Cusco. Así: Iñacapanaca, Ayllu Panaca Aucaylli, Zuczo panaca, Apomayta panaca, Vicaquirao panaca, Raurau, Chima panaca, Uscamayta panaca y Hauainin panaca. Del centro administrativo político y religioso, de la traza urbana inca, nacen todo un sistema de caminos de integración hacia los pueblos de los cuatros suyus del Gran Estado del Tawantinsuyu. Explica de qué manera las Kanchas o palacios de los incas gobernantes dieron paso a la formación y establecimiento de las casas principales de los vecinos feudatarios y el surgimiento de los espacios públicos, como la plaza mayor al interior de la Parroquia Matriz de los españoles. / Tesis

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La sociedad mapuche del siglo XX vivió en la primera mitad de esa centuria importantes transformaciones sociales, políticas y culturales. Una de ellas fue el proceso de radicación o constitución de reducciones, conocidas hoy como comunidades indígenas. El patrimonio territorial de 10 millones de hectáreas reconocidas por la corona española a través de 28 parlamentos y posteriormente por el gobierno de Ramón Freire, en plena República, quedó durante ese periodo drásticamente reducido a 500 mil hectáreas (5%) El 95% restante, de acuerdo a los estudios de José Aylwin y Martín Correa, fue apropiado por el Estado y distribuido a través de distintos mecanismos regulados por decretos leyes, como lo fue la colonización con extranjeros y nacionales, la fundación de pueblos, la constitución de una propiedad fiscal, las subastas públicas y los pagos por servicios a la oficialidad del ejército. Este drástico cambio en la propiedad de la tierra y los recursos, fue antecedido por la esquilmación económica de la base ganadera de la sociedad mapuche. Como bien lo demuestra José Bengoa, y también Pizarro en la zona de Lebu, miles de cabezas de ganado vacuno, equino, ovejuno fueron subastadas en las plazas de armas de los pueblos fronterizos suministrándoseles a los nuevos parceleros y latifundistas a bajos precios, pero con ganancia “redonda” para el erario del Estado conquistador. Ambos procesos trajeron aparejadas la instalación de la institucionalidad del Estado, primero el ejército y a su zaga la nueva legislación. También surgieron las misiones y por extensión la escuela, el mercado y los correspondientes caminos, los juzgados y la policía, las comisiones de colonización y de radicación indígena, que junto a los órganos de poder provincial y local, las intendencias y los partidos políticos, le fueron dando a los antiguos territorios mapuches una continuidad que nunca tuvo con las provincias del norte del río Biobío. Esto terminó por sustituir la gobernabilidad de los grandes consejos de lonko (fütra trawün) por los organismos de gobierno chileno quien, desde entonces, fue haciendo efectivo el control del territorio. Hacia la década del cuarenta, un estudio en terreno sobre los mapuches en la zona precordillerana desarrollada por María Inez Hilger, indicaba sobre sus aspectos de gobierno que: "La cabeza de la unidad local araucana es, igual que antiguamente, el ülme y que ahora le dicen cacique (palabra española para decir jefe indio) Igual que en el pasado, el cacique tiene un ayudante llamado loŋko, que él elige. El cacique lleva el liderazgo en momentos que es requerido, sin embargo, su autoridad para interpretar la ley ha sido reemplazada, en gran medida, por los Juzgados de Indios y por carabineros (policía chilena) En el pasado, en algunos casos, el cacique podía aplicar la pena de muerte. El poder legislativo, que antiguamente estaba en manos de la población masculina actuaba como un organismo, y aún funciona, pero se restringe principalmente a entregar peticiones al gobierno chileno. Los sucesivos gobiernos reafirmaron en adelante su condición de Estado nación, es decir, la supremacía de un solo orden jurídico, religioso, cultural y lingüístico: el de los conquistadores, más específicamente el del grupo oligarca detentor del poder en Chile desde la independencia. El proceso fue violento en su génesis. Como bien lo demuestra Arturo Leiva, se trató de una guerra de invasión y conquista militar para luego colonizar desplazando a la población nativa. La violencia acompañó los episodios posteriores, pues no sólo la sociedad mapuche cayó bajo la derrota, sino también las formas de relación que hicieron entenderse a éstos con los chilenos durante el siglo XIX a través de parlamentos, como otrora con la corona española. Estos esquemas de relación habían institucionalizado funciones, funcionarios, ritos, procedimientos que de la noche a la mañana quedaron sin funcionalidad. Para autores como Leonardo León ahí estuvo el caldo de cultivo que activó la violencia -fenómeno de larga duración- que sacudió los espacios de la frontera, la violencia mestiza en contra del nuevo orden que no necesitó de interlocutores, funcionarios ni ritualidades más que las del propio Estado, la nueva y única autoridad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En su capítulo primero se dará un repaso al Arauco pre-hispánico, enfatizando la vinculación existente entre la familia y la propiedad, a la vista de los distintos cronistas que nos entregan información al respecto. La idea es dar una visión general de este pueblo y comprender en su esencia el modelo que llevaron con anterioridad a la llegada del conquistador español. Al desarrollar la temática de la tierra en relación con la legislación en general, nos ha movido la finalidad de arraigarse en el sentir indígena respecto a ese vínculo formado consuetudinariamente por el trabajo familiar de la tierra, formando agrupaciones que hoy entendemos por comunidades. Esta particularidad en la íntima relación existente entre las instituciones de propiedad sobre la tierra, han determinado no solo el título de nuestra obra sino que además se ha constituido en el denominador común para que hoy en día bajo el imperio de nuestra actual ley indígena Nº 19.253/1993, pueda accederse a los diversos beneficios plasmados en ese cuerpo legal como veremos. Debemos dejar plena constancia que este primer capítulo no ha tenido como finalidad dar una verdad histórica de este periodo, sino que meramente superficial, creemos que existe mucho aún por investigar, análisis que escapa a la competencia de esta obra, pero ilustrativamente se puede señalar la importancia que podría ser el estudio de la influencia incásica en el pueblo mapuche. En el capítulo segundo se abordará la situación del pueblo Araucano bajo la dominación española, basado en la legislación indiana en general. Se hará un contraste entre la costumbre indiana y la aplicación de la ley española, así como también, de la situación de la tierra, a raíz de la celebración de distintos parlamentos y el surgimiento a través de éstos, de una costumbre muy particular y útil en la conformación del derecho patrio en los albores de nuestra República e incluso como veremos, hasta ya entrado el siglo XX en lo dice relación a diversos aspectos de la vida, transformándose en una importante fuente para entender las normas que entraron a regular las relaciones mapuche-chilenas sin que escape el tema que nos convoca. Conforme al capítulo tercero, se analizará la cuestión en el derecho patrio, donde podremos haciendo una diferenciación entre su evolución antes de la pacificación de la Araucanía y después de ella. Esta diferenciación permite la realización de un mejor análisis a las consecuencias que traería este hecho histórico, que no solo se apreciará en el campo geopolítico sino que también en el marcó jurídico en todo lo relacionado con el tema de la capacidad de los indígenas como sujetos de derecho. Adelantando materia podemos señalar que siguiendo estos subperiodos se aprecia dos vertientes en la primera de ellas la absoluta libertad para los indígenas de enajenar sus tierras, es decir un intento de integración como ciudadanos chilenos y aplicación de una legislación común, para pasar luego a una prohibición relativa o interdicción, teniendo que cumplir ciertos requisitos para la enajenación de las mismas, donde veremos a la figura del Protector de Indios y al tribunal competente para conocer de sus asuntos la cual recaerá en el Juez de Indios, elementos que configurarán el puntapié inicial al proceso que se ha denominado “de la radicación”, cuyo desarrollo lo encontraremos hasta el comienzo del capítulo siguiente. Finalmente, en el capítulo cuarto se examinará la situación en el último siglo, donde asistimos a la etapa de división y radicación de las comunidades como se dijo, para luego observar como los procesos de reforma agraria se compatibilizan con las pretensiones indígenas, y como durante el gobierno militar las políticas de Estado, transformarán la propiedad indígena de raíz comunitaria a una de tipo individual, con el ánimo de hacer desaparecer las diferencias de calidades, bajo la idea de tener una sola ley de aplicación común.

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El último censo agrario en el Perú ha mostrado un incremento en la concentración de tierras para complejos agroindustriales, adquiridos a través de la ampliación de la frontera agrícola y apoyados por el Estado. La mayoría de ellos se encuentra en el norte del Perú, considerado como un polo de desarrollo agroindustrial por su ubicación estratégica que facilita el acceso a mercados nacionales e internacionales. No obstante, muchas de estas nuevas tierras se adjudican sobre territorios de comunidades campesinas y sus formas tradicionales de tenencia de la tierra. Basado en un trabajo de campo etnográfico en la comunidad de San Lucas de Colán (valle del Chira, Piura), esta tesis analiza las formas en que el agronegocio de la caña de azúcar para etanol redefine a la comunidad y transforma el vínculo entre esta y los comuneros a partir de la tenencia y el valor de la tierra. La agroindustria logra apropiarse de tierras comunales a través de formas directas (como el arriendo y la compraventa) e indirectas (como la agricultura por contrato), controlando efectivamente la tierra y reformulando las formas tradicionales de apropiación de la tierra y producción campesina. Estos procesos transforman los sistemas locales de tenencia de la tierra, cambiando las regulaciones comunales sobre el recurso y creando un desbalance en las relaciones entre la comunidad y las familias campesinas, quienes empiezan a cuestionar los antiguos roles y funciones de la comunidad. Así, la tenencia comunal de la tierra y las narrativas sobre el valor de las tierras comunales son puestas a prueba y cuestionadas por discursos sobre valor de la tierra bajo un esquema de producción agroindustrial, en un contexto de creciente presión sobre la tierra para su mercantilización y financiarización.

La calificación de los títulos que acceden al registro se encuentra regulada en el artículo 2011° del Código Civil, en el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante RGRP) y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (en adelante, “RIRP”). Si bien ninguna de estas normas cuenta actualmente con un artículo referido a la calificación especial de documentos administrativos, en el XCIII Pleno se aprobó un Precedente de Observancia Obligatoria por medio del cual se detalló el tipo de calificación que los Registradores debían aplicar en estos casos. En el presente artículo, desarrollaremos la aplicación de la calificación de documentos administrativos a propósito de la Resolución N° 278-2016-SUNARP-TR-L referida a la solicitud de inscripción de una Independización de Predio Rústico que resulta observada puesto que el Registrador encuentra mediante Informe de Catastro que el predio materia de independización se encuentra cerca a zona de playa y dentro de un Área de Conservación Regional. Finalmente, podremos determinar si la calificación aplicada por el registrador y el Tribunal Registral fue la acertada o si no correspondía presentar observaciones al título

Actualmente, resulta importante crear un escenario de debate en la que se pueda discutir sobre la necesidad de que se pueda regular en el Perú un estatuto de derechos y obligaciones del propietario del suelo, a través de un instrumento normativo matriz -como bien podría serlo una Ley de Suelos. Es por esta razón que el presente trabajo de investigación pretende identificar los derechos y obligaciones del propietario del suelo en el marco de la función social de la propiedad. Para ello, se determinará de forma previa si la función social de la propiedad tiene reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Para el desarrollo del presente artículo, se ha recurrido al derecho comparado con la finalidad de realizar un análisis comparativo y crítico de lo regulado en el Perú, respecto de los ordenamientos jurídicos de países como España, Argentina, Brasil y Colombia. En el Perú, en tanto existen profesionales del derecho y el urbanismo que han desarrollado investigaciones sobre la necesidad de una Ley de Suelos, abordaremos aquellos análisis para desarrollar nuestra propuesta de investigación. / Currently, it is important to create a forum for debate in which it is possible to discuss the need to regulate in Peru a statute of rights and obligations of the property owner, through a principal normative instrument -as could well be a Soil Law. It is for this reason that this research work aims to identify the rights and obligations of the land owner within the framework of the social function of property. For this, it will be determined in advance if the social function of the property is recognized in our legal system. For the development of this article, comparative law has been used in order to carry out a comparative and critical analysis of what is regulated in Peru, with respect to the legal systems of countries such as Spain, Argentina, Brazil and Colombia. In Peru, while there are legal and urban planning professionals who have developed research on the need for a Soil Law, we will address those analyzes to develop our research proposal.

Este trabajo de investigación analiza el conflicto generalizado en la Amazonía peruana por el derecho y el uso del territorio, cuyo punto más visible es lo ocurrido en Bagua en junio del 2009, con lamentables resultados y donde se puso en evidencia una difícil relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades nativas de la Amazonía. Se plantea que más allá del origen y complejidad de los conflictos, algo de fondo condiciona todo lo demás: el choque de dos visiones y percepciones muy distintas; por un lado, el Estado defendiendo la necesidad de inversiones para el desarrollo del país a cualquier costo y, por otro, la de los pueblos indígenas en la necesidad de tener un ambiente saludable. Los pueblos indígenas tienen una manera de entender el mundo muy apegada a la tierra, al agua y a la biodiversidad de los territorios en los que llevan viviendo muchos siglos. Esta forma de situarse en el mundo, inseparable de su modo de vida, es una realidad incomprensible para el Estado, muestra de ello es el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras y madereras sobre territorios indígenas, con lo cual ha desencadenado conflictos sociales en el país. Se sostiene que el conflicto continuará si no se desarrolla una visión diferente de desarrollo desde el Estado con políticas públicas en favor del cuidado, protección y uso adecuado de los recursos de la Amazonía. Además se deben otorgar seguridad y garantías a los pueblos indígenas sobre los territorios. / --- This research analyzes the widespread conflict in the Peruvian Amazon by law and land use, being its most visible events in Bagua in June 2009, with unfortunate results and which revealed a difficult relationship between the state, extractive companies and Amazonian native communities. The research argues that beyond the complexity of conflicts, the background determines everything else: the clash of two very different visions and perceptions: On the one hand the state defending the need for investment in the development of the country at any cost and on the other, the indigenous peoples of the need to have a healthy environment. Indigenous peoples understand the human world as inseparable from the land, water, and biodiversity of the territories in which they have lived many centuries. However, It is something that the State is not well understood, on the contrary it has delivered oil concessions, miners and loggers on indigenous territories, triggering social conflicts in the country. This research argues the conflict will continue if the state develops not a different view of development for the country, with public policies for the care, protection and proper use of the resources of the Amazon. In addition safety and guarantees be afforded to indigenous peoples on the territories.