I. El concepto de recurso y su naturaleza. Los recursos como derecho fundamental; fuentes de apoyo de carácter constitucional, y de carácter internacional, mención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las Constituciones Políticas. La doble instancia, en relación con la existencia en Guatemala de un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado denominado Apelación especial. Mención de algunas reglas comunes para el planteamiento de los recursos, aplicadas en diversos países de América Latina, y de las clases de recursos existentes en el procedimiento penal guatemalteco y español.II. Apelación. Historia, naturaleza y formas, la apelación plena y la limitada, coexistencia en las legislaciones contemporáneas; datos y características de la apelación española, así como de la denominada Apelación Especial en el procedimiento guatemalteco, los requisitos para su planteamiento, trámite, comentario crítico sobre los aspectos principales de la regulación de la apelación guatemalteca en materia penal, señalándose como el esencial, que el tribunal de apelación conozca solamente los puntos de la sentencia expresamente impugnados; mención de algunos aspectos prácticos para el contenido de un escrito de apelación especial.III. Revisión penal, su naturaleza, como un recurso y como un proceso especial; motivos de revisión en el código de procedimiento penal guatemalteco, planteamiento y trámite. Análisis de la revisión española, colombiana, argentina y costarricense.IV. Recurso de casación, historia y generalidades, importancia de los derechos fundamentales en relación con el mismo. Importancia del artículo 24 de la CE y de los derechos fundamentales para fundar un recurso de casación especialmente por la existencia del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según algunos constituye una tercera vía casacional y ha servido para eliminar las barreras tradicionales de acceso al recurso. El recurso de casación en España, su origen histórico y naturaleza, mención de otros sistemas casacionales europeos; estudio histórico de la casación guatemalteca y los fundamentos y objetivos generales. Importancia de la distinción de los hechos y el derecho en la casación; motivos de inadmisión tanto en el derecho español como el guatemalteco y planteamiento del recurso. V. Motivos del recurso de casación y casos de procedencia en España. Se tratan aquí los motivos de fondo y de forma y la alegación en casación de la infracción de precepto constitucional con un comentario a la infracción del principio de presunción de inocencia.VI. Motivos del recurso en la legislación guatemalteca; comentario relativo a la existencia de las mismas bases para el recurso de apelación especial. Estudio de resoluciones recurribles en casación con alusión a la variabilidad de la doctrina jurisprudencial, pese a la existencia de normas concretas. Se analizan los motivos de fondo y de forma así como el planteamiento y la sentencia de acuerdo con la ley guatemalteca. VII. Propuesta para redefinir el sistema de recursos en la legislación guatemalteca, consistente en que el recurso de casación que conoce la Corte Suprema, sea para la unificación de la doctrina jurisprudencial, es decir que dicha Corte a través de sus fallos centralice la interpretación judicial, consecuentemente la llamada apelación especial debe ocuparse de la función revisora del fallo de primera instancia.VIII. Comentarios respecto del presente y futuro de la casación. Señalamiento sobre incidencia de regulación actual en el retardo en la tramitación del proceso, que se agrava cuando los litigantes plantean Amparos, "contra" la sentencia de casación. Fundamentos y una regulación posible de la nueva casación guatemalteca.IX. La necesidad de una nueva casación en España, y en general una nueva regulación sobre recursos; corriente que se inclina por la necesidad de la regulación de una apelación con carácter previo a la casación. Propuestas del Tribunal Supremo español para la reforma del sistema de recursos en el orden jurisdiccional penal.X. Conclusiones: A) el derecho al recurso es un derecho fundamental equiparable al derecho de acción. B) La Constitución de Guatemala establece el derecho al recurso a través de dos vías: i) la del artículo 12 que se refiere al derecho de defensa y al debido proceso, cuya interpretación por la Corte Constitucional señala como consecuencia la posibilidad recurrir ante el tribunal competente, la Constitución española a través del 24 ii) la del artículo 46 que establece la preeminencia de los Tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos sobre el derecho interno. C) El Recurso de apelación especial guatemalteco tiene un similar contenido al del recurso de casación; existe una duplicidad de la revisión del fallo de primera instancia que implica retardo en la administración de justicia, por lo que es necesaria una reforma legal que redefina el recurso de apelación y dé nuevo contenido a la casación. D) En España la doctrina y especialmente el Tribunal Supremo a través de la Sala segunda han estimado que a la par de una nueva casación penal ha de rediseñarse un nuevo sistema de recursos.

En esta investigación se estudian los precedentes constitucionales desarrollados por la Corte Constitucional de Colombia, para salvaguardar las libertades en el Estado Constitucional en construcción, durante el período 2002 a 2010, en el cual se enarboló la bandera de la guerra para alcanzar la paz a través de la política del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la que denominó Política de Seguridad Democrática (PSD). Nuestro propósito fue comprobar que el papel de la Corte Constitucional colombiana, durante el período estudiado, superó el sistema de controles horizontales entre las ramas del poder, y se convirtió en un modelo de garantismo judicial, a través de la interpretación auténtica de la Constitución y con ello de la salvaguarda de la democracia constitucional y de las libertades, bajo el difícil contexto de un Estado en medio de una guerra irregular. Esta investigación es de especial importancia para los juristas en la medida en que pueden recurrir a ella para identificar los precedentes constitucionales desarrollados por la Corte Constitucional para la protección de las libertades; para los investigadores, debido a que aquí se presenta un proceso que integró análisis histórico sobre la violencia en Colombia, análisis jurisprudencial y revisión de la situación de este país en el contexto de terrorismo internacional, todo ello con el objetivo de poner de presente la forma como, en un país en medio de una guerra irregular, se desarrolla el Estado Constitucional, bajo el paradigma del garantismo judicial de la Corte Constitucional. De otra parte, la investigación cuenta con una coherencia interna ya que constituye un gran aporte para el ciudadano del mundo en general, y de la población de Colombia en particular, en la medida en que en ella, se ha vaciado un conocimiento técnico y científico bajo una estructura pedagógica, de fácil acceso a diverso público. Como elemento de coherencia externa, esta investigación es pertinente ya que en el mundo actual, en el que se dilatan las fronteras, el caso del desarrollo constitucional colombiano, específicamente en materia de protección judicial a las libertades, se constituye en un marco de justicia y presión para nuevos desarrollos legislativos internacionales. Así también, esta investigación se constituye en una referencia, frente a aspectos específicos como procesos de justicia transicional y negociaciones de paz, debido a que lo aquí desarrollado, representa una guía frente a procesos orientados a la consecución de los mismos objetivos: el fortalecimiento del Estado Constitucional, a partir de la protección de las libertades, en el marco de la amenaza internacional e interna del terrorismo. / This project explores the constitutional precedents developed by the Constitutional Court of Colombia, to safeguard the constitutional liberties in the state in construction during the period 2002 to 2010, which raised the flag of war to achieve peace through policy of President Alvaro Uribe Velez, which he called Democratic Security Policy (DSP). Our purpose was to test the role of the Colombian Constitutional Court, during the study period, exceeded the horizontal control system between the branches of power, and became a model of state protection of law, through the authentic interpretation of the Constitution and thereby safeguarding of constitutional democracy and freedoms under the difficult context of a state in the midst of an irregular war. This research is particularly important for lawyers to the extent that it can use to identify the constitutional precedents developed by the Constitutional Court for protection of freedoms, for researchers, because here there is a process that integrated analysis history of violence in Colombia, jurisprudential analysis and review of the situation in this country in the context of international terrorism, all with the aim of putting into context the way in a country in the midst of an irregular war, develops the Constitutional State, under the paradigm of judicial guarantism the Constitutional Court. Furthermore, research has internal consistency as it is a great contribution to the citizen of the world in general, and the population of Colombia in particular, to the extent that it has been emptied a technical and scientific knowledge under a pedagogical structure, easy access to diverse audience. As an element of external coherence, this research is relevant because in today's world, where borders are dilated, the case of Colombian constitutional development, specifically in protecting judicial freedoms, constitutes a framework of justice and pressure for new international legal developments. Also, this research constitutes a reference against specific issues such as transitional justice and peace negotiations, because what developed here represents a front guide processes aimed at achieving the same objectives: strengthening Constitutional State, from the protection of freedoms under international and domestic threat of terrorism.

Esta tesis esta dividida en tres partes. En la primera, se revisan los elementos dogmáticos más importantes que han permitido la construcción del derecho fundamental a la protección de datos; en la segunda, se determina el marco jurídico general y específico aplicable al tratamiento de datos personales en el ámbito de la cooperación policial; y en la tercera, se analizan dos aspectos críticos del tratamiento de datos con fines de prevención y represión penal: los interesados y sus derechos, y las transferencias internacionales de datos personales. En el capítulo primero, se realiza una pequeña síntesis del origen y evolución del derecho a la privacy en Estados Unidos de Norteamérica, partiendo desde las primeras elaboraciones doctrinarias a fines del siglo XIX, siguiendo con las transformaciones que se han formulado a este derecho para adecuarlo a los peligros derivados de la informática, y terminando con los problemas que se presentan actualmente con Internet. El capítulo segundo, se revisa la construcción del derecho fundamental a la protección de datos en tres países de Europa: Alemania, Italia y España. En todos ellos se ha producido un desarrollo legislativo, dogmático y jurisprudencial que les ha permitido, a lo largo de los últimos treinta años, configurar la protección de los datos de carácter personal como un nuevo derecho fundamental. Ello permite tener claro cuáles son los supuestos axiológicos sobre los cuales se articula la construcción del derecho a la autodeterminación informativa. El capítulo tercero, se destina al análisis de las directrices internacionales en materia de protección de datos personales. Se revisan particularmente las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); las directrices de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la regulación de los archivos de datos personales informatizados; y las directrices del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC). Asimismo, se propone la necesidad de un instrumento jurídico universal vinculante en la materia, tomando como base los estándares internaciones existentes. La segunda parte de la tesis, se destina al análisis del marco jurídico aplicable a la protección de datos. Para ello realizamos una primera distinción entre las normas que tienen su fuente en el Consejo de Europa y las que provienen de la Unión Europea. Por ello, el capítulo cuarto se destina al estudio de las principales normas del Consejo de Europa con incidencia en el objeto de nuestro estudio; el capítulo quinto al estudio de las normativa general sobre protección de datos; y el capítulo sexto se destina a las normas específicas o con incidencia directa en el tratamiento de datos personales con fines de prevención o sanción penal. Por último, la tercera parte de la tesis se destina al análisis crítico de dos aspectos centrales para el tratamiento de datos personales en el ámbito de la cooperación policial con fines de prevención o represión penal. El capítulo séptimo se dedica a lo que hemos denominado ámbito subjetivo del tratamiento de datos personales, donde se ve quienes son los titulares (interesados) cuyos derechos pueden verse afectados, los derecho y las condiciones para su ejercicio, así como los límites a los mismos. Por último, en el capítulo octavo, se estudia detalladamente la normativa actual y las eventuales modificaciones que se quieren introducir a las transferencias internacionales de datos personales con fines de sanción o prevención penal. Así mismo, en éste último capítulo se realiza un estudio de un caso crítico sobre transferencias internacionales de datos: los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros Estados sobre transferencia de datos personales contenidos en los registros de nombres de pasajeros (PNR), contenidos y gestionados por las líneas aéreas. / This thesis is divided into three parts.. In the first, the most important dogmatic elements that have allowed the construction of the fundamental right to data protection are reviewed; in the second, the general and specific legal framework applicable to the processing of personal data in the field of police cooperation is determined; stakeholders and their rights and international transfers of personal data and on the third, two critical aspects of data processing for the purpose of prevention and law enforcement are analyzed. The first chapter contains a short summary of the origin and evolution of the right to privacy in the United States, starting from the first doctrinal elaborations in the late nineteenth century, following the changes that have been made to this law to suit the dangers of computers, and ending with the problems that are currently presented by the Internet. The second chapter, the construction of the fundamental right to data protection is reviewed in three European countries: Germany, Italy and Spain. In all of them there has been a legislative, dogmatic and jurisprudential development that has allowed them, over the last thirty years, set the protection of personal data as a new fundamental right. This lets be clear about the axiological assumptions on which the construction of the right to informational self-determination are articulated. The third chapter is intended for the analysis of international guidelines for the protection of personal data. The recommendations of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is particularly reviewed; guidelines of the United Nations (UN) for the regulation of computerized personal data files; and guidelines of the forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). It also proposes the need for a binding international legal instrument in this field, based on the existing admissions standards. The second part of the thesis is intended to analyze the legal framework for data protection. We carry out a first distinction between rules that have their source in the Council of Europe and those from the European Union. Therefore, the fourth chapter is intended to study the main rules of the Council of Europe with a bearing on the object of our study; the fifth chapter to the study of the general rules on data protection; and the sixth chapter is intended for the specific or direct effect on the processing of personal data for purposes of prevention or criminal sanction rules. Finally, the third part of the thesis is intended to critical analysis of two central aspects to the processing of personal data in the field of police cooperation for the purposes of prevention or criminal penalties. The seventh chapter is devoted to what we call subjective scope of the processing of personal data, where you see who are the holders (stakeholders) whose rights may be affected, the right and the conditions for its exercise, and the limits thereto . Finally, in the eighth chapter studies in detail the current rules and any amendments that are to be introduced to international transfers of personal data for purposes of criminal punishment or prevention. Also in this last chapter a study of a critical case for international data transfers is performed: the agreements signed by the EU with third countries on transfer of personal data contained in the Passenger Name Record (PNR) , content and managed by the airlines.

While thousands of cross-border disputes are resolved each year through institutional arbitration, there appears to be little understanding of the role of arbitral institutions. In particular, very little academic scholarship has been produced on the nature of the functions exercised by arbitral institutions in the proceedings they administer. This thesis seeks to rectify this gap by (1) identifying in the literature conventional assumptions as to the functions of arbitral institutions in the institutional arbitration process; (2) critically assessing such conventional assumptions; and (3) offering a novel and more realistic representation of the functions of arbitral institutions. This thesis is principally based on a systematic study of the activities performed by over 40 international arbitration institutions in their administration of cases. This study also examines court decisions on the nature of the functions exercised by such institutions in some leading civil law and common law jurisdictions. The thesis finds that arbitration institutions are conventionally portrayed in the literature in one of two ways: According to a first representation, arbitral institutions are mere administrators with no decision-making power whatsoever. According to another representation, while institutions are occasionally called upon to exercise some measure of decision-making, measures taken by institutions remain immaterial because of their alleged ‗administrative‘/‗non-jurisdictional‘ nature. In both instances, it is conventionally assumed that, contrary to arbitrators, arbitral institutions should not be concerned by due process when they discharge their duties. This thesis argues that these two conventional representations are difficult to reconcile with the diverse reality of institutional arbitration. While some institutions have a very limited involvement in the arbitrations conducted under their auspices, others participate more actively in their resolution. The thesis therefore concludes that arbitral institutions can be more accurately described as ancillary participants in the adjudicative process which decisions, insofar as they may occasionally be outcome-determinative, should call upon the application of some due process standards.

La question de l’autonomie financière des collectivités territoriales a souvent été étudiée a la lumière d’un pouvoir de création ou de modification fiscale qu’elle sous tendrait a leur égard. Le modèle unitaire de l’état fait toutefois obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent bénéficier d’un tel pouvoir. Elles doivent d’abord être habilitées à l’exercer par la loi, qui demeure la gardienne de l’impôt, librement et démocratiquement consenti. Elles ne sauraient des lors se voir reconnaître une autonomie fiscale normative initiale, en faveur de laquelle le texte constitutionnel ne s’est d’ailleurs pas littéralement exprimé (ce que le Conseil constitutionnel eut l’occasion de confirmer en 2009). Il s’agit là davantage de protéger l’intégrité du système financier local face à une dépossession financière organisée par le jeu de la décentralisation. Dans ce cadre, l’autonomie financière des collectivités territoriales se définit comme la capacité de ces dernières à assurer des dépenses non légalement contraintes. L’exercice de cette capacité suppose que soit établie la garantie qu’elles bénéficient de ressources qu’elles puissent affecter à ces dépenses. Le rôle du législateur est alors central dans l’efficience de la protection puisque c’est à lui que revient la détermination de la ressource fiscale locale, seule ressource locale propre qui peut échapper a la compétence des collectivités territoriales décentralisées. Cette étroite dépendance centrale du système fiscal local milite en faveur d’une approche réaliste de l’impôt local qui, s’il obéit a une logique systémique qui lui est propre, ne peut se soustraire à sa nature juridique unitaire d’impôt, de sa création jusqu’à sa perception. / The question of the financial autonomy of the territorial collectivities was often studied in the light of a power of creation or tax modification which it under would tighten in their connection. The unit model of the State prevents however so that the territorial collectivities can profit from such a power. They must initially be entitled to exert it by the law, which remains the guardian of the tax, voluntarily and democratically agreed. They could not consequently be seen recognizing an initial normative tax autonomy, in favour which the constitutional text was not literally expressed besides (what the Constitutional council had the occasion to confirm in 2009). There it is a question more of protecting the integrity from the local financial system in front of a financial dispossession organized by the game of the decentralization. Within this framework, the financial autonomy of the territorial collectivities is defined as the capacity of these last to ensure of the expenditure not legally forced. The exercise of this capacity supposes that the warranty is established that they are given resources which they can allocate to this expenditure. The role of the legislator then central in the efficiency of protection since it is with him that returns the determination of the local tax resource, only own local resource which can escape competence from the decentralized territorial collectivities. This narrow central dependence of the local tax system militates in favour of a realistic approach of the local tax which, if he obeys a systemic logic which is clean for him, cannot withdraw himself from his unit legal nature of tax, of its creation until its perception.

by T. Magnanti, A. Balakrishnan, P. Mirchandani. / "February 2000." Title from cover. / Includes bibliographical references (p. 10).

La Globalización tiene por objeto, el encuentro de un horizonte común, para obtener el desarrollo sostenible y la paz entre todas las naciones, a través de la cooperación. Existen varias clases de globalización, económica, social, cultural, militar y ambiental. La globalización inicia con un proceso de regionalismo económico, como la respuesta de los estados para estrechar los lazos comerciales, basados en la economía global. Actualmente existe un nuevo regionalismo en donde los procesos de integración son más profundos, centrándose en los países pequeños, para que puedan competir por inversión extranjera directa y juegan un rol importante en extender y preservar el orden en el libre comercio. El fenómeno de la regionalización económica tiene dos contextos según el grado de desarrollo de los países. La diferencia estriba en las asimetrías que pueden encontrarse en ambas situaciones económicas y que inciden en los beneficios y el desarrollo que pueda proporcionarles este proceso. Dentro de las manifestaciones del impacto constitucional de la globalización, podemos apreciar el esfuerzo de la protección de los Derechos Humanos, por medio de la elevación del rango normativo de los tratados internacionales de Derechos Humanos. El denominado proceso de internacionalización de estos derechos ha llevado, a otorgarles en los tratados internacionales un rango superior al de la ley común. Otra manifestación de la globalización en materia de Derechos Humanos fue la creación de sistemas regionales para hacerlos más efectivos. Actualmente existen tres sistemas: europeo, americano y africano. Derivado de lo anterior, los ciudadanos gozan de tres niveles diferentes de protección: interno, internacional y comunitario. El segundo impacto constitucional de la globalización se refiere a las transformaciones que el Estado moderno ha sufrido tanto al exterior como hacia el interior. En el plano internacional, el proceso de globalización ha impulsando el cambio de un sistema Estado céntrico. Si bien, el Estado-nación continúa siendo el actor fundamental en este nuevo sistema global, la novedad es que ya no puede ser pensado ni como actor hegemónico del sistema de relaciones internacionales ni como único representante de los intereses y las necesidades de sus sociedades. No podemos negar que nuevos actores diferentes del Estado emergen en el proceso de globalización, y que adoptan formas de poderes públicos confederados a un nivel internacional. Como consecuencia de lo anterior, aparece una idea de un poder público sin Estado, en el que los Estados participan y, por tanto, lo legitiman. Asimismo, el Estado ha sufrido la pérdida de poder frente a las grandes corporaciones transnacionales. El Estado no está desapareciendo, se está disgregando en partes funcionales separadas y sufriendo una transformación como un Estado-red, de modelo cooperativo. Dentro de los límites de la globalización, podemos mencionar que los tratados internacionales, no pueden ser contrarios a la Constitución; por lo tanto, debe respetarse su estructura básica. Concluimos diciendo que la globalización puede ser rediseñada para incrementar su buen potencial. A la vez, es importante que en los Estados exista un poder judicial fuerte e independiente, responsabilidad democrática, apertura, transparencia; asimismo, permitir que se reduzcan las grandes asimetrías existentes, por medio de actuaciones responsables de los representantes de dichos países, quienes deberán actuar con una gran cuidado e informarse y asesorarse adecuadamente, antes de la suscripción de convenios, tratados internacionales o ante la contratación de préstamos. La lucha contra la pobreza se libra en el comercio internacional, pero el proceso globalizador no puede desarrollarse sin la garantía plena de la libertad, por lo que el ejercicio de la misma deberá ser garantizada plenamente.

Aquesta Tesi doctoral té com a objectiu l’estudi del municipi constitucional que es configura durant el període històric conegut com el trienni liberal (1820-1823). L’estudi abasta no únicament la seva vessant doctrinal i legal, és a dir, el municipi teòric; sinó també la seva vessant real, és a dir, l’aplicació de la normativa jurídica centrant-nos en un cas concret: el municipi de Vic. Hem pretès analitzar la dicotomia municipi ideal-municipi real, en un període determinat, 1820-1823 i en un municipi concret, Vic. Només amb l’estudi de múltiples treballs de microhistòria podrem arribar a conèixer la realitat del que va succeir en el nostre país, més enllà del marc legal. Veure fins a quin punt s’ha produït un divorci existent entre dret oficial i el dret de la pràctica. / The objective of this Doctoral Thesis is to study the constitutional municipality established during the historical period known as the “trienni liberal” (liberal three-year period) (1820-1823). The study focuses not only on the doctrinal and legal aspects, i. e. the theoretical municipality; but also on the real aspect, i. e. the implementation of the legal regulations in the specific case-study of the municipality of Vic. We have tried to analise the dicotomy ideal municipality-real municipality in a particular period of time (1820-1823) and in a specific municipality, Vic. Only through multiple micro-history studies it will be possible to determine exactly what happened in our country, beyond the legal framework. This will allow us to determine to what extent a divorce existed between the official law and the practice law.

Aquesta tesi doctoral examina, a partir del mètode del constitucionalisme multinivell, la configuració del dret a una bona administració en l’ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català. Així, s’analitza el dret a una bona administració en els tres nivells d’ordenaments que són d’aplicació a Catalunya: el dret de la Unió Europea, el dret públic espanyol i el dret públic català. D’aquesta manera es pot conjuminar una visió sistemàtica multinivell per a veure com tots aquests diferents ordenaments jurídics conflueixen en el dret públic de Catalunya. L’objecte d’aquesta tesi, és, doncs, delimitar com ha anat apareixent aquest Dret dins l’àmbit del Dret de la Unió Europea, que es proclama a l’article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, quin és el seu contingut davant de les corresponents administracions, quina és la seva configuració en el procés d’elaboració de les decisions (Governança) i de les normes (bona regulació i qualitat normativa), en el procés de creació com en el d’aplicació del Dret, i analitzar com s’ha traslladat aquest estàndard europeu al dret públic de Catalunya, passant pel marc normatiu de l’Estat espanyol dins el qual Catalunya es configura com a comunitat autònoma. D’acord amb aquesta sistemàtica, la tesi s’estructura en tres parts, corresponents als ordenaments europeu, espanyol i català, que vénen seguides d’una part final, la quarta, destinada a les conclusions. Quant a l’objecte material de la tesi, i sempre analitzant els diferents nivells d’ordenaments jurídics assenyalats, aquesta se centra en l’estudi del dret a una bona administració, i conté les tres construccions doctrinals següents: a) El dret a una bona administració com a conjunt de drets de tutela efectiva i de defensa en l’àmbit del procediment administratiu. b) La qualitat normativa com a manifestació del dret a una bona administració en l’exercici de la potestat reglamentària, i com a projecció del dret a una bona administració en l’àmbit de la Governança. c) La transparència com a manifestació del dret a una bona administració i la seva projecció en la Governança. En les conclusions de la tesi s’analitza el dret a una bona administració a partir dels estàndards que hem obtingut en els ordenaments jurídics europeu, espanyol i català, de manera que permet de visualitzar aquest dret en la seva integritat, i es sintetitzen les principals construccions doctrinals o conclusions que s’extreuen al llarg de la tesi. / This thesis examines, from the perspective of multilevel constitutionalism, the configuration of the right to good administration in European Union law and its incorporation into Spanish public law and Catalan law. It further analyses the right to good administration on the three levels of legal systems that are applicable in Catalonia: European Union law, Spanish public law and Catalan public law. In this way a systematic and multilevel vision can be established that permits an analysis how all these different legal systems are applied within the public law of Catalonia. Therefore, the object of this thesis is to delimit how this right has been introduced in European Union law, that proclaims it in article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; to delimit which is its content with regard to each public administration; to delimit which is its configuration in the process of decision-making (Governance) and the legislative process (better regulation and legislative quality); in the process of creation and enforcement of the law, and to analyse how this European standard of the right to good administration has been transferred from European Union law to the public law of Catalonia, considering the legislative framework of Spain, which establishes Catalonia as an autonomous community. In accordance with this approach, the thesis is structured in three parts, corresponding to the European Union, Spanish and Catalan law, which are followed by a fourth and final part, which contains the conclusions. Regarding the material object of the thesis, and always analysing the different levels of legal systems relevant to the study of the right to good administration, the thesis is based on the three following doctrinal constructs: a) The right to good administration as a group of defence rights in the field of administrative procedures. b) The legislative quality as an implementation of the right to good administration in the exercise of regulatory powers, and as an extension of the right to good administration to the field of Governance. c) Transparency as an implementation of the right to good administration and its extension to Governance. The conclusions of the thesis contain an analysis of the right to good administration from the point of view of the standards obtained through European Union, Spanish and Catalan law, in order to visualise this right in a comprehensive way. This final part also summarizes the main doctrinal constructs and conclusions reached in the course of the thesis.

La tesis explora los elementos constitutivos de la forma de Estado social desde el punto de vista del Derecho constitucional, y sus transformaciones a la luz de la integración europea. La integración en un ordenamiento supranacional dotado de unas características propias plantea la cuestión acerca de la afectación por este proceso de las estructuras propias del Estado social, pero ello requiere, previamente, establecer cuáles son propiamente dichas estructuras, que no han sido definidas de forma unánime por la doctrina. La tesis se dirige, por tanto, a la resolución de estos dos objetivos, proponiendo un esquema de comprensión del Estado social en los países europeos y analizando, a partir de él, las transformaciones que produce el ordenamiento de la Unión Europea. El estudio de los elementos constitutivos de la forma de Estado social a nivel nacional se realiza a través de la confrontación de dos modelos distintos, como son el modelo escandinavo y el modelo de continental de Estado social. Son analizados sus distintos elementos materiales –las normas que orientan sustantivamente la acción pública-, los elementos formales –aquellos instrumentos y poderes que tiene el poder público- y de articulación jurídica –la forma constitucional o legislativa de su determinación-, para hallar sus distintas configuraciones en ambos modelos, y los elementos comunes que subyacen a esta forma de Estado en todos los ordenamientos. Ello permite formular una propuesta de comprensión de la forma de Estado social en los países europeos, a partir de sus elementos comunes y de la designación de las vías para mejorar su garantía. La determinación de los elementos constitutivos de la forma de Estado social permite posteriormente analizar la influencia del Derecho de la Unión Europea sobre ellos, a través del análisis del Derecho primario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se analiza, en concreto, la influencia del Derecho de la Unión sobre el principio de igualdad real, sobre la obligación de procura existencial –examinando cómo se altera la configuración de los derechos sociales y de los derechos económicos-, y sobre los instrumentos de intervención que tiene el Estado, en particular, los instrumentos reguladores y administrativos. Todo ello conduce a una determinación precisa del sentido de las modificaciones producidas en la forma de Estado social, y a una propuesta de solución en lo que debería ser la relación entre el ordenamiento supranacional y los sistemas estatales, para preservar la actividad social del Estado. / The thesis explores the constitutive features of the form of “Social State” from a Constitutional Law perspective, and its transformations in the light of European integration. The integration of national States in a supranational order with particular characters poses the question as to what the effects are on the structures of the Social State, but this requires to establish previously what exactly these structures are, since they have not been unanimously defined by legal doctrine. Therefore, the thesis aims to solve these two objectives, and suggests a way of understanding the Social State in European countries, analysing, from that proposal, the transformations produced on it by the European legal order. The constitutive features of the Social State form are analysed through the confrontation of two different models, such as the Scandinavian and the Continental models of Social State. Their different features are examined, in particular their material features –the guiding substantive norms of public action-, their formal features –the instruments and powers the State has-, and their legal articulation –the constitutional or legislative form of definition-. This enables the formulation of a concrete proposal to understand the Social State in European countries, taking their common features as a basis and pointing out mechanisms that could enhance its legal guarantee. The formulation of the constitutive features of the Social State form allows later on the analysis of the influence of EU law, through the study of primary law and the European Court of Justice case-law. In particular, the influence of EU law on the principle of real equality is analysed, as well as the effect on the obligation of “providing for the existence” –examining the changes in the configuration of social rights and economic rights-, and the effect on the instruments of public intervention, in particular, the regulatory and administrative instruments. This enables a precise determination of the changes occurred in the Social State form, and leads to a suggested solution to what should be the relationship between the supranational legal order and the national systems, so that the social activity of the State could be preserved.