Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de las conductas de abuso del derecho de accionar y del de petición, y sus efectos en materia de libre competencia, realizando un primer análisis acerca de estos derechos y de su consagración a nivel constitucional y legal, refiriéndonos acerca de los requisitos necesarios para su ejercicio. Una vez dibujada la esfera de protección de estas garantías, procederemos a analizar la teoría del abuso del derecho, determinando sus implicancias y desarrollándola particularmente a propósito del abuso procesal. Definido el abuso, tanto de la petición como de la acción, nos referiremos al tratamiento de este tema en materia de competencia, analizando principalmente la doctrina y jurisprudencia, nacional y extranjera, y razonar sobre su implicancia tanto desde la perspectiva de la libre competencia como de la competencia desleal. Determinada la ilicitud de esta conducta en el ámbito de la competencia, procederemos a tratar las diferentes formas en que estos derechos, petición y acción, pueden afectar la competencia en los mercados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con este trabajo hemos querido analizar el elemento intencional propio de la noción de abuso. La noción de abuso está presente en diversos ilícitos dentro de nuestro ordenamiento. Por lo que junto con ahondar en la noción misma de abuso, veremos el elemento intencional, característico de la figura de abuso. El elemento intencional tiene gran importancia en virtud del rol que juega al definir la antisocialidad de la conducta y por lo tanto al establecer la ilicitud de la conducta. Creemos necesario ver cómo este elemento ha evolucionado y cómo esto se ha reflejado en la jurisprudencia actual. Tomando como punto de partida la teoría del abuso de derecho analizaremos si la noción de abuso proveniente del derecho privado tiene alguna relación con el ilícito de abuso de posición dominante en sede de libre competencia. Y en el caso de ser la misma noción de abuso, nos interesará ver cómo se presenta el elemento intencional. Haciendo especial énfasis en la opinión doctrinal y jurisprudencial evaluaremos cómo se ha plasmado este concepto de abuso a lo largo del ordenamiento jurídico y como se ha concretizado su elemento intencional. De esta forma llegaremos a observar la tendencia a la objetivización que ha sufrido el elemento intencional, tendencia que tiende a evaluar la intención o la finalidad de la conducta a través de hechos concretos y prescindiendo de elementos subjetivos. 6 Es por ello que analizaremos en primer lugar la noción de derecho subjetivo que nos llevará a determinar qué es lo que se entiende por abuso de derecho. Luego compararemos esta noción de abuso dentro del derecho de la libre competencia a la luz de la regulación nacional y europea. Finalmente examinaremos la tendencia a la objetivización que ha sufrido el elemento intencional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dentro del Derecho Administrativo, una de las materias que presenta mayor interés, tanto por la constante y amplia discusión doctrinaria, como por la ausencia de normas que la sistematicen, es el estudio de la actividad formal de la Administración del Estado, actividad que se manifiesta a través de actos administrativos. Considerando la falta de normas que regulen dicha actividad en términos orgánicos, se ha elaborado por la doctrina y jurisprudencia la “teoría del el acto administrativo”. Ésta, influenciada en su tratamiento por la doctrina civilista, ha clasificado el acto administrativo según sus requisitos, efectos, vicios y mecanismos de impugnación. Dentro de los vicios, uno de los elaborados más recientemente por la doctrina es el llamado vicio de desviación de poder, o de desviación de fin.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Mediante este trabajo se pretende ofrecer una aproximación al tratamiento otorgado a la teoria del abuso del derecho y a su aplicación en materia contractual, en cuanto típifica una circunstancia que involucra no solo un interés legítimo de la "víctima del abuso", sino que la propia extensión de las obligaciones establecidas como correlativas por el acuerdo. La primera parte esta dedicada cómo la doctrina ha definidio esta teoría, para luego establecer la relación que presenta con el principio de las buena fe contractual y concluir sobre su plena correspondencia no solo con el espíritu general de nuestra legislación y sus principios, sino que con sus normas expresas, a partir del artículo 1546 del código civil. Estos argumentos se ilustran con opiniones de juristas, leyes y fallos judiciales apoyados en los fundamentos de la teoría del abuso del derecho. Los resultados se observan a lo largo de todo el trabajo y se deja para la conclusión una reflexión de carácter general y a nivel de principios. Algunos de ellos los podemos resumir de la siguiente manera. Las normas que integran el ordenamiento jurídico recogen, necesariamente, preceptos morales. La prohibición del abuso del derecho es de naturaleza positiva en cuanto entraña la desobediencia de reglas morales incoporadas en la norma que concede el derecho abusado. Constituye un principio general del derecho chileno y nuestra legislación actual nos da suficientes argumentos para considerarla parte de ella.

La presente investigación tiene como finalidad realizar una adecuada interpretación del artículo 690-D del Código Procesal Civil, a efectos de incluir el abuso de derecho como sustento de contradicción de los procesos de ejecución de garantías reales, otorgándose así una adecuada tutela jurisdiccional al ejecutado, y generándose un criterio judicial sistemático para su identificación y posterior sanción.

En el presente año, se difundió la Casación N° 11823-2015, la cual estableció que las entidades financieras no podían cargar irrestrictamente las deudas de sus clientes sobre las remuneraciones depositadas en las cuentas sueldo que estos mantenían en la misma entidad. En virtud a ello, se manifestaron quienes respaldaban la compensación irrestricta a las remuneraciones y quienes estaban en contra de la misma. Por ello, urgía analizar los diversos pronunciamientos emitidos por la autoridad nacional de consumo que recogían dichas posiciones. La conclusión de aquello fue que el INDECOPI, al resolver las denuncias de los consumidores sobre compensaciones, ha interpretado erróneamente las normas que regulan dicha figura, vulnerando la garantía legal que protege a los consumidores financieros. La autoridad de consumo debió comprender que el inciso 11) del artículo 132° de la Ley del Sistema Financiero, que faculta a las entidades financieras a efectuar la compensación con los activos de sus usuarios, contiene expresiones que no se definen en dicho cuerpo normativo, por lo que resultaba necesaria la remisión al inciso 9) del artículo 1290° del Código Civil. Asimismo, a fin de comprender la prohibición establecida en el Código Civil, debía remitirse al artículo 648° del Código Procesal Civil, el cual detalla los límites a la compensación, entre ellas, que solo son compensables las remuneraciones hasta la tercera parte por el exceso de 5 URP de estas. En suma, en lo que concierne a los descuentos sobre las remuneraciones con sumas adeudadas por el trabajador a una entidad financiera, sólo serán constitucionalmente válidos los descuentos previstos en la ley y los aceptados por escrito por el trabajador que no impliquen una retención o descuento mayor a la tercera parte por el exceso de 5 URP sobre sus remuneraciones.

Mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No. 1421 (PDCT), publicado en septiembre de 2018, se reguló legislativamente el inicio del plazo de prescripción de la acción para exigir el cobro de las deudas tributarias, sobre deudas tributarias cuyo plazo de prescripción en mención ocurrió hasta el 1 de enero de 2012. La entrada en vigencia de la PDCT generó -en su momento y hasta la fecha- discusión en diversos foros acerca de si se infringió o no diversas disposiciones, constitucionales y legales, asociadas -principalmente- a la aplicación correcta de la ley en el tiempo y a la seguridad jurídica. Esta controversia, en el plano judicial, se resolvió con la sentencia No. 556/2020, emitida por el Tribunal Constitucional, en la que se analizó la declaración de inconstitucionalidad de la PDCT. En el presente trabajo, sobre la base previa del análisis de los principales aspectos jurídicos involucrados en la materia, se advertirá si la sentencia 556/2020 incurre en errores al realizar el análisis jurídico constitucional del principio de irretroactividad de las normas tributarias. Así, de un lado, apreciaremos si ha considerado en su análisis las decisiones previas sobre tal principio, afectando la predictibilidad que debe tener todo órgano del Estado que resuelve controversias y, con ello, la seguridad jurídica. Y, por otro lado, si al disponer la aplicación de la PDCT a situaciones que a su entrada en vigencia constituían hechos consumados, se ha generado dos (2) efectos inconstitucionales: (i) que la prescripción ya consumada se haya reiniciado; y, (ii) que, al día de hoy, el régimen de prescripción extintiva en materia tributaria sea imprescriptible. / By means of the First Transitory Complementary Provision of Legislative Decree No. 1421 (PDCT by its acronym in Spanish), published in September 2018, the beginning of the statute of limitations period of the action to demand the collection of tax debts was legislatively regulated, on tax debts whose statute of limitations period in mention occurred until January 1, 2012. The entry into force of the PDCT generated -at the time and to date- discussion in various forums as to whether or not it violated various constitutional and legal provisions, mainly associated with the correct application of the law in time and legal certainty. This controversy, at the judicial level, was resolved with Ruling No. 556/2020, issued by the Constitutional Court, which analyzed the declaration of unconstitutionality of the PDCT. In this paper, based on a previous analysis of the main legal aspects involved in the matter, it will be noted whether Ruling 556/2020 incurs in errors when carrying out the constitutional legal analysis of the principle of non-retroactivity of tax rules. Thus, on the one hand, we will appreciate whether it has considered in its analysis the previous decisions on such principle, affecting the predictability that every State body that resolves controversies must have and, thus, legal certainty. And, on the other hand, if by providing for the application of the PDCT to situations that upon its entry into force constituted consummated facts, two (2) unconstitutional effects have been generated: (i) that the statute of limitations already consummated has been reinitiated; and, (ii) that, as of today, the extinctive statute of limitations regime in tax matters is imprescriptible.

El presente informe jurídico analizará el caso arbitral seguido por la demanda interpuesta por Season Group Limited y Blue Orbis Corporation contra Comercializadora Llantas Unidas S.A.S., por terminación unilateral del pacto de accionistas en aplicación del derecho al desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil. A partir de esta controversia, se analizará la naturaleza jurídica del desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil y de los pactos de accionistas de carácter parasocietario para determinar si (i) dicha norma es de orden público aplicable a todos los contratos de ejecución continuada y a plazo indeterminado; (ii) si Llantas Unidas S.A.S. podía invocar dicha norma para poder resolver unilateralmente el pacto de accionistas que tenía suscrito con Blue Orbis Corporation; y, (iii) si Llantas Unidas S.A.S. tenía que invocar una “justa causa”, como argumenta el Tribunal Arbitral que resuelve el caso, para poder ejercer el derecho de terminar el pacto de accionistas de manera unilateral sin “abuso de derecho”. Finalmente, se analizará si el pacto de accionistas es un contrato coligado al contrato de compraventa de acciones mediante el cual Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. se convierte en accionista de Lima Caucho S.A. tras recibir el 50% de las acciones que tenía Season Group Limited en Lima Caucho S.A. Para ello, de acuerdo a la doctrina, se estudiará qué es la coligación contractual y los presupuestos para determinar que dos contratos son coligados. Con ello, se responderá si la resolución del pacto de accionistas conlleva, inescindiblemente, a la resolución del contrato de compraventa de acciones en el caso concreto.

El proceso hermenéutico de la norma subyace a toda rama del derecho, incluido el ámbito minero, el cual representa una industria clave para el desarrollo del país. La presente discusión jurídica surge de la interpretación que debe realizar la autoridad administrativa sobre el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, disposición que restringe la adquisición de concesiones mineras a ciertos individuos, de modo que se garantice la protección de la finalidad de la misma en consonancia con los principios generales del derecho. En este caso, se advierte la solicitud de sustitución presentada por Newmont Perú S.R.L. sobre el petitorio minero TACNA 101, cuyo titular es Back Arc Minerals S.A.C. Esta empresa fue constituida y dirigida por un ex trabajador de la compañía minera solicitante, quien tuvo acceso a información confidencial sobre la geología de dicha área en el ejercicio de sus labores. En tal sentido, la controversia se centra en analizar el alcance de la prohibición de la ley minera cuando el sujeto impedido presenta un petitorio no a título personal, sino utilizando una persona jurídica, lo que podría constituir un abuso de derecho o fraude a la ley. / The hermeneutical process of the norm underlies every branch of law, including the mining field, which represents a key industry for the development of the country. The present legal discussion arises from the interpretation that the administrative authority must carry out on article 36 of the Single Ordered Text of the General Mining Law, a provision that restricts the acquisition of mining concessions to certain individuals, so as to guarantee the protection of its purpose in accordance with the general principles of law. In this case, the substitution request presented by Newmont Perú S.R.L. is noted. on the TACNA 101 petition, whose owner is Back Arc Minerals S.A.C. This company was established and directed by a former employee of the requesting mining company, who had access to confidential information about the geology of the area during his employment. In this sense, the controversy focuses on analyzing the scope of the prohibition of the mining law when the impeded subject presents a request not in a personal capacity, but using a legal entity, which could constitute an abuse of rights or fraud of the law.