El presente informe de relevancia jurídica tiene como objeto resolver los diversos problemas jurídicos, en materia de Protección al Consumidor y Derecho Administrativo, surgidos a partir de un procedimiento sumarísimo iniciado ante INDECOPI por infracción al deber de idoneidad. La relevancia del caso materia de análisis recae, entre otros, en la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual ya que, mediante este, la Sala estableció un cambio de criterio del alcance del deber de idoneidad por la venta de producto defectuoso. Ante esto, se plantea la interrogante de si la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso o si, por el contrario, debe analizarse a partir del comportamiento desplegado por el proveedor una vez que este ha tomado conocimiento del defecto del producto. Dada la complejidad del tema, a nivel doctrinario existen aún posiciones discordantes al respecto. Sin embargo, como posición personal considero que la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso ya que, precisamente la finalidad de las leyes promulgadas en materia de consumidor tiene como finalidad su protección dada su clara posición desventajosa en el mercado. Asimismo, en cuanto al análisis del procedimiento mismo, se ha advertido la vulneración del principio de debido procedimiento referido a la debida motivación del acto administrativo. Esto, a raíz de una declaratoria de nulidad parcial contraria al ordenamiento jurídico y por vulneración del principio de congruencia que debe revertir a todo contenido del acto administrativo. Para arribar a las diversas conclusiones se ha hecho uso de doctrina, jurisprudencia nacional pertinente al caso, así como de las normas vigentes entre los años 2011 y 2013 y de aquellas vigentes en la actualidad.

El presente informe analiza los principales problemas jurídicos presentes en la tramitación del procedimiento administrativo trilateral seguido por Azteca contra Enel a cargo de los órganos de solución de controversias de OSIPTEL, recaído en el Expediente N°008-2018-CCO-ST/CI, donde se discute la devolución de supuestos montos cobrados por la empresa eléctrica que superaron el precio máximo legal establecido para el concepto de la contraprestación periódica por acceso y uso de infraestructura eléctrica, concepto regulado en la fórmula reglamentaria establecida bajo el Ley de Banda Ancha. Inicialmente, se analiza la competencia del Cuerpo Colegiado Ad Hoc para resolver las pretensiones de Azteca, en contraposición de lo resuelvo en Laudos Arbitrales emitidos en paralelo, que declaran su propia competencia. En la segunda parte, se analiza la cuestión de fondo de la controversia, que implica tomar posición respecto a la correcta interpretación de la fórmula reglamentaria que determina el monto de la contraprestación periódica antes referida. Asimismo, el presente informe está enfocado, desde una perspectiva práctica, en establecer un panorama general sobre la situación de las quince (15) reclamaciones similares interpuestas por Azteca y así poner de manifiesto los distintos criterios utilizados por los operadores jurídicos para resolver esta controversia. / This report analyzes the main legal problems present in the processing of the trilateral administrative procedure (PAT) followed by Azteca against Enel in charge of the dispute resolution organs of OSIPTEL, filed in Case N°008-2018-CCO-ST/CI, where the refund of alleged amounts charged by the electric company that exceeded the maximum legal price established for the concept of the periodic consideration for access and use of electric infrastructure, a concept regulated in the regulatory formula established in the Broadband Law Regulation, is discussed. Initially, the competence of the Ad Hoc Collegiate Body to resolve Azteca's claims is analyzed, as opposed to what was resolved in Arbitral Awards issued in parallel, which declare its own competence. The second part of the report analyzes the merits of the dispute, which involves taking a position on the correct interpretation of the regulatory formula that determines the amount of the periodic consideration referred to above. Likewise, this report is focused, from a practical perspective, on establishing an overview of the situation of the fifteen (15) similar claims filed by Azteca and thus highlighting the different criteria used by the legal operators to resolve this controversy.

En el año 2020, se publicó el VIII Pleno Casatorio Civil. A partir de esta sentencia, se buscó uniformizar la jurisprudencia en relación a los casos de disposición de bienes sociales, efectuados por solo uno de los cónyuges. Así, la Corte Suprema consideró que este acto era nulo, en razón a contravenir una norma de orden público, contenida en el artículo 315 del Código Civil. En el presente artículo, se analiza los problemas que podrían originarse, a raíz de la nulidad del mencionado acto jurídico, para los cónyuges y el adquirente. Además, se analiza la institución jurídica de la nulidad, y que alternativas de solución se podrían plantear, como respuesta a dichos problemas. A partir de este análisis, en base a doctrina y derecho comparado, se concluye dos posibles alternativas de solución: un replanteamiento o “adecuación” de la institución de la nulidad, o una modificación legislativa del art. 315 del Código Civil. / The VIII Pleno Casatorio Civil was published in 2020. Through this ruling, the Supreme Court wanted to stantardise the jurisprudence in relation to the cases of disposition of assets of the marital parnership in which only one of the spouses intervenes. So the Supreme Court stablished that this legal act was null because it contravenes a rule of public policy. This article analyzes the problems that can arise for the spouses and the purchaser. In addition, it analyzes the legal institution of nullity and posible solutions for those problems. From this analysis, based on doctrine and comparative law, it is concluded two possible solutions: a redesign of the legal institution of nullity, or a legislative amendment of the article 315 of the Civil Code.

El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el acto. En esta se explicará la problemática de los actos que reconocen el beneficio económico de promoción económica en el sistema administrativo de la Policía Nacional dicho beneficio se reconoce de manera excepcional y es cuando los policías en cumplimiento del deber fallecen o adquieren una discapacidad. La finalidad del beneficio es incrementar la pensión en un tiempo determinado de años tanto en las categorías de suboficiales y oficiales según los topes determinados por ley. Por ello la motivación administrativa es una garantía de todo procedimiento administrativo y permite una estructura sólida del acto. El presente artículo usará un enfoque de dogmática jurídica inteàreas aplicando instituciones jurídicas relacionadas a la problemática y explicativa por mostrar las causas y consecuencias que se han generado la falta de motivación administrativa de ciertos actos administrativos del beneficio que han llevado a un reconocimiento indebido a administrados y generando expectativas que el acto administrativo está debidamente motivado. Esta investigación explica las consecuencias de del error en la de motivación en los beneficios de promoción económica

El presente informe tiene como objetivo analizar y cuestionar el razonamiento de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 1645-2016 Arequipa, la misma que se inició con un proceso de nulidad de acto jurídico, sobre la compraventa realizada de un local comercial, por las causales de fin ilícito y contravención de orden público. Este caso es particularmente relevante, ya que si bien la doble venta de un mismo inmueble es un supuesto que se ha dado en varias oportunidades y ha sido resuelto a nivel jurisprudencial de distintas maneras, existen fallos contradictorios entre sí. En la asación bajo análisis, se tratan temas como; la aplicación de los supuestos de nulidad de acto jurídico, la aplicación del artículo 2014° del Código Civil y los requisitos para la transferencia inmobiliaria. En el presente informe se analizan los fundamentos jurídicos que fueron planteados por las partes intervinientes en el proceso, contrastándolos a nivel doctrinario y jurisprudencial, con la finalidad de llegar a conclusiones sobre los principales temas tratados en la Casación y en el proceso que llevó a esta.

La calificación registral es uno de los hitos del procedimiento registral. En este, de acuerdo al artículo 2011° del Código Civil, el Registrador debe verificar: (i) la capacidad, formalidad y validez del título (principio de legalidad); y, (ii) compatibilidad del título con los previamente presentados y/o inscritos o anotados. En el presente artículo desarrollaremos la calificación registral desde el análisis de validez que realiza el Registrador frente a los actos jurídicos consigo mismo. El tema en cuestión resulta ser en la actualidad controversial, en la medida de que estos actos jurídicos son considerados como anulables de acuerdo al Artículo 166º del Código Civil. En dicho sentido, se abre la discusión de si al ser actos jurídicos anulables, los Registradores deberían o no de observarlos por defecto subsanable, solicitando la confirmación del acto jurídico para su inscripción. Por este motivo, en el presente artículo pretendemos exponer los argumentos a favor y en contra de la inscripción, observación por defecto subsanable e incluso tacha de los títulos. Finalmente, concluimos que nos encontramos a favor de la observación por defecto subsanable de estos actos jurídicos; dado que, si se permitiera su inscripción, esto podría generar un efecto perverso, por los efectos jurídicos que caracteriza a los Registros Públicos.

Analizaremos el acto administrativo contractual como forma de manifestación de la voluntad de una entidad en el marco de una relación contractual de derecho publicó a propósito del procedimiento de liquidación del contrato de obra pública, distinguiéndolo del acto administrativo y de la manifestación de voluntad entre privados. Considerando que este trabajo de suficiencia profesional implica analizar un caso contrato, estudiaremos el laudo arbitral asignado durante el curso de seminario de investigación académica, identificando los argumentos de los árbitros con la finalidad de expresar nuestra postura concordante y las diferencias de opinión sobre lo decidido. Para el tribunal, las entidades manifiestan su voluntad a través de actos administrativos, por ello declara el consentimiento de la liquidación del contratista debido a la falta de pronunciamiento de la entidad, sostiene que, si bien se pronunció dentro del plazo, tal pronunciamiento no cumple los requisitos de validez del acto administrativo según la ley del procedimiento administrativo general. Respetuosamente discrepamos, sostenemos que el referido pronunciamiento no es un acto administrativo sino un acto administrativo contractual, de manera que de haber adoptado dicha figura el resultado del arbitraje sería distinto. Dejando de lado lo anterior, examinaremos como problemas secundarios lo relativo a las reclamos por elaboración deficiente del expediente técnico, la oportunidad en la entrega de los certificados de prestación, y por último si la figura del acto administrativo contractual afecta o no la arbitrabilidad de las decisiones de las entidad dentro de un contrato. Esta investigación no sería posible sin la ayuda de autores como Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos entre otros; también se utilizó las opiniones del OSCE comparando la variación de su postura a lo largo del tiempo, y como instrumentos normativas esenciales la ley de contrataciones y su reglamento aplicable al contrato, la ley del procedimiento administrativo general y el código civil. / We will analyze the contractual administrative act as a form of manifestation of the will of an entity within the framework of a contractual relationship of public law regarding the liquidation procedure of the public works contract, distinguishing it from the administrative act and the manifestation of will between private parties. Considering that this work of professional sufficiency implies analyzing a contract case, we will study the arbitral award assigned during the course of the academic research seminar, identifying the arguments of the arbitrators in order to express our concordant position and the differences of opinion on what was decided. For the court, the entities express their will through administrative acts, for this reason it declares the consent of the liquidation of the contractor due to the lack of pronouncement of the entity, it maintains that, although it was pronounced within the term, said pronouncement does not comply the requirements of validity of the administrative act according to the law of the general administrative procedure. We respectfully disagree, we maintain that the aforementioned pronouncement is not an administrative act but a contractual administrative act, so that if said figure had been adopted, the result of the arbitration would be different. Leaving aside the above, we will examine as secondary problems those related to the claims for deficient preparation of the technical file, the opportunity in the delivery of the performance certificates, and finally if the figure of the contractual administrative act affects or not the arbitrability of the decisions of entities within a contract. This research would not be possible without the help of authors such as Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos among others; The opinions of the OSCE were also used, comparing the variation of its position over time, and as essential regulatory instruments the contracting law and its regulations applicable to the contract, the general administrative procedure law and the civil code.

La resolución de determinación, por un lado, es el acto administrativo directamente vinculado a la obligación tributaria; por otro, dentro de ese contexto, es el acto declarativo efectuado por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades y/o función de fiscalización y de determinación, luego de la aplicación de un procedimiento tributario especial (procedimiento de fiscalización). Ahora bien, la resolución de determinación es un acto resolutivo, y como tal debe entenderse y aplicarse; no obstante, se verifica que el contenido del artículo 77 del Código Tributario es insuficiente para tal calidad. Así, pues, teniendo en cuenta que la resolución de determinación está dirigida al contribuyente (de todo tipo), y sabiendo que su contenido de por sí será técnico, debería tenerse regulado en los numerales 6 y 7 del artículo 77 del Código Tributario un texto mucho más claro y preciso que permita que dichas resoluciones sean entendidas justamente por cualquier contribuyente. En el presente artículo académico se desarrollará la naturaleza de acto administrativo del acto de determinación tributaria (resolución de determinación), así como su naturaleza resolutiva. Seguidamente, se desarrollará el contenido de la “debida motivación” como parte del Derecho al Debido Procedimiento y como elemento esencial del acto de determinación tributaria. Finalmente, a modo de conclusión y reflexión, se expondrá cómo la actual construcción del artículo 77 del Código Tributario, resulta poco clara, y no expresa el contenido adecuado de la “debida motivación”, de manera que, se pondría en estado de indefensión a los contribuyentes que no tienen la posibilidad de entender por su cuenta las observaciones de la Administración Tributaria

El presente trabajo académico busca analizar la motivación de los actos administrativos en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores de la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual, primeramente se realiza una labor dogmática, de carácter más puramente intelectual de la categoría jurídica de la motivación, posteriormente da a conocer el marco institucional en el cual se enmarca nuestro objeto de estudio, para finalmente hacer un análisis de la aplicación práctica que se viene haciendo de esta categoría en materia de procedimiento administrativo sancionador por transgresión a la legislación de recursos hídricos. Para ésta última parte, se empleó la metodología funcional-inductiva, considerando que una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis hasta lograr una generalización. El trabajo académico considera como población a la totalidad de las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS el año 2017 y la muestra comprende las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS durante el primer cuatrimestre del año 2017. Se concluye, entre otros, que en el 10% de las resoluciones emitidas por TNRCH, éste determinó que las resoluciones impugnadas fueron emitidas sin la debida motivación durante el primer cuatrimestre, lo cual hace resaltar la importancia de la motivación elemento sustancial y deber jurídico de la Administración Pública.

La presente investigación trata sobre la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por el personal de la Policía Nacional del Perú. Para ello, se realizará una investigación bibliográfica a efectos de advertir tanto los supuestos de irresponsabilidad que encierran en los daños no resarcibles que se pueden generar como consecuencia de una intervención policial, así como el criterio de imputación por el cual es responsable tanto el efectivo policial como el Ministerio del Interior subsecuentemente el Estado, quien es solidariamente responsable bajo el criterio de la garantía a través de la responsabilidad vicaria cuando se configuren los requisitos de esta. Es así, como se describe el ejercicio de la función policial a efectos de determinar los niveles del empleo de la fuerza ante una situación de intervención policial. Seguidamente, se realizará el método de análisis de la responsabilidad civil en función a los daños ocasionados por los efectivos del orden en estricto cumplimiento de sus funciones, ello, con la finalidad de hallar al verdadero responsable del hecho dañino que estriba tanto en el efectivo policial como en el Ministerio del Interior o el propio Estado cuando corresponde. Finalmente, se desarrollará el daño resarcible y/o exoneración de la misma aplicando los requisitos pertinentes de esta institución jurídica.