Ingeniero Civil Industrial / La presente Memoria detalla las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas al Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional. Lo anterior a partir de un levantamiento de información de la gestión interna que tiene este instrumento al interior de 4 instituciones públicas: Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional del Consumidor y Consejo de Defensa del Estado. A partir de las entrevistas realizadas se detecta que el SMDI ha contribuido a la mejora de la gestión interna, al menos en las instituciones entrevistadas, ya que ha permitido mejorar procesos internos, reducir tiempos, solucionar problemas logísticos, entre otras medidas que se han visto beneficiadas con la instauración de sistemas que permiten monitorear el desempeño institucional en el sector público. Por otro lado, el SMDI ha entregado a las instituciones herramientas para ejercer control y aumentar la exigencia de los funcionarios públicos, cosa que antes del SMDI era muy difícil. Se detecta también que un buen funcionamiento del PMG y por consiguiente del SMDI, se da por tres pilares fundamentales. Una adecuada planificación estratégica permite desarrollar un correcto lineamiento entre los objetivos presidenciales, ministeriales, del servicio propiamente tal y los indicadores de desempeño; una constante participación del jefe de servicio, que se vincula al objetivo del PMG, donde el proceso de toma de decisiones se da en la alta dirección pública, en manos del jefe del servicio. Finalmente, el último pilar, es el desarrollo tecnológico, en donde Sistemas de información más robustos aumentan la flexibilidad a la hora de formular indicadores y analizar su avance y desarrollo durante el año. El mayor problema encontrado, guarda relación al rol coordinador de la DIPRES. El acceso dispar a la información de las instituciones, que se da debido a que la DIPRES accede a la información general del servicio y no a la detallada, no permite que la coordinadora del PMG conozca a cabalidad la institución, lo que dificulta analizar si un indicador es relevante y desafiante para el servicio. Las propuestas de mejora son: Fortalecer el rol del Encargado Ministerial del PMG, reinstaurar la obligatoriedad del Sistema de Gestión de la Calidad y de la Certificación ISO, desarrollar y dar acceso a la DIPRES a los Sistemas de Información de las instituciones, establecer una estructura organizacional enfocada en el jefe del servicio, fortalecer la planificación estratégica de las instituciones, elaborar informes de mejora de la gestión anuales y, finalmente, darle autoridad a la DIPRES para realizar seguimiento y control de los indicadores de manera periódica.

El proceso de descentralización ha presentado como característica esencial la carencia de un modelo claro y consensuado por las elites, y entre éstas y la sociedad civil. Este estudio de caso tiene por objetivo proponer cuáles serían los niveles y secuencias satisfactorias de centralización/descentralización para el Estado chileno. Para ello, se sustenta en el enfoque de la economía política y el neoinstitucionalismo, utilizando una metodología de tipo analítica y descriptiva, apoyada por herramientas cuantitativas y cualitativas. Se ha recolectado información a través del análisis bibliográfico y entrevistas en profundidad de corte semi estructurado. Los objetivos específicos de la investigación han sido descifrar la matriz institucional para explicar la trayectoria del proceso de descentralización, describir a los actores, estudiar las variables que caracterizan las distintas dimensiones de la descentralización, y formular una propuesta de niveles y secuencias satisfactorias de descentralización. Los principales hallazgos del estudio son, en primer lugar, que el centralismo está institucionalizado no sólo en reglas formales sino también en las informales, marcando así la infraestructura institucional y la manera de hacer las cosas. Esto se ha expresado en que la matriz institucional tiene como enfoque de economía política predominante el de Principal-Agente. Por otro lado, el centralismo se ha instalado como una cuestión que no se circunscribe exclusivamente al ámbito público, sino que también abarca a la esfera privada. En segundo lugar, la trayectoria institucional ha generado un país social y económicamente segregado, con una fuerte centralización del poder político, económico y social en la Capital. Los actores con mayor capacidad de veto en el mercado político son los que tienen menor compromiso con los procesos de transferencia de poder hacia los niveles subnacionales y la sociedad civil. Por ende, cualquier cambio profundo implicará una transformación en la manera de ejercer el poder. En tercer lugar, se observa que el proceso de descentralización presenta problemas de inconsistencia dinámica: sus costos políticos y económicos son de corto plazo, pero sus beneficios se expresan a largo plazo, lo cual genera muy pocos incentivos al Ejecutivo para realizar cambios institucionales profundos. La investigación ha concluido que el proceso de descentralización chileno se ha caracterizado por la carencia de capital humano avanzado, la duplicidad de competencias y funciones, y la escasez de recursos financieros, debida a la fuerte centralización de los ingresos y de la decisión del gasto. En la agenda pública se ha puesto énfasis en la descentralización política, sin embargo, la experiencia a nivel local es que ésta no ha sido catalizadora de mayores procesos de descentralización en las otras dimensiones. Se considera que es la descentralización fiscal la que debe ser promovida, ya que detona muchos otros procesos en lo administrativo, de capital humano, y de planificación estratégica y territorial, a nivel local y regional. Se recomiendan dos vías paralelas para avanzar en la descentralización. Por un lado, cambios a largo plazo que permitan generar reformas políticas, que se espera impacten en el sistema de creencias de las elites y una redistribución del poder en la sociedad. En el mediano plazo, una propuesta pragmática que pone el acento en el aumento de las capacidades de los receptores territoriales por medio del fortalecimiento de la dimensión fiscal de la descentralización, para lo cual se recomienda: i) un proceso sistémico pero gradual, es decir, sólo a aquellos territorios que hayan certificado capacidades; ii) a nivel regional, los instrumentos a utilizar son los Convenios de Desarrollo y el Presupuesto Regional, para permitir mayor autonomía de gasto; iii) a nivel local, es imperativo generar incentivos para el asociativismo municipal, traspasar atribuciones para que puedan decidir sobre la tasa del impuesto territorial, y devolver las exenciones que el fisco determina unilateralmente; iv) para ambos niveles es necesario generar incentivos significativos para la captura y retención de capital humano avanzado. La ejecución de medidas requiere una reformulación del rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, algunos cambios en las leyes del nivel regional y local, y cambios importantes en la Ley de Presupuesto.

La codificación del procedimiento administrativo es el signo más importante de la evolución del derecho administrativo en América Latina, pues con estas normas se comenzó a regular con mayor amplitud y precisión la actividad de la administración pública, tanto en sus aspectos sustantivos como en los referidos a su relación con los administrados. El presente artículo analiza la regulación brindada al procedimiento administrativo en diversos países de Latinoamérica, enfatizando en la ley 27444 del Procedimiento Administrativo General del Perú.

No disponible a texto completo / El presente trabajo aborda la problemática de la eficiencia y eficacia en la gestión de las políticas públicas, o mejor dicho, la gestión pública como una problemática en desarrollo. Esta temática de análisis cobra relevancia en países en transición hacia estadios de desarrollo (económicos, institucionales, democráticos) superiores y con procesos de modernización del Estado en curso, como el nuestro. El abordaje se hace en primer término, revisando brevemente la discusión teórica acerca de los procesos de modernización del Estado, sus énfasis y modelos, centrado en la discusión sobre la capacidad de las entidades públicas para planificar, monitorear y evaluar la obtención de sus objetivos. Todo lo cual, apoyado en las ciencias de la gestión, se agruparon bajo el concepto de New Public Management, gestión pública cada vez más profesionalizada, exigente, orientada a la eficiencia y a los resultados. Este enfoque está influenciado por los procesos de reforma en la administración del Estado en países desarrollados como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, entre otros. Bajo ese marco, el trabajo aborda la perspectiva de una gestión pública que se evalúa a partir del resultado de sus políticas, programas y/o proyectos, analizando la implementación de un Modelo de Gestión en un servicio público, la Comisión Nacional del Medio Ambiente -CONAMA-, como caso de estudio. Comparando dos periodos de su gestión entre los años 2004-2007 y el periodo 2008-2010. La hipótesis del trabajo busca demostrar que la creación de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO)1 como herramienta principal del modelo de gestión de la institución estudiada, permitiría mejorar el desempeño de las instituciones públicas integrando y alineando, bajo el concepto de “ventanilla única”, los actuales instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación que posee el Estado, fortaleciendo con ello la orientación de la gestión pública hacia sus resultados, más que a sus procesos. La metodología utilizada es un estudio de caso de carácter cualitativo, a través de tres fuentes de información: 1. La revisión y análisis de los datos de dos instrumentos que miden la gestión institucional, indicadores de desempeño colectivo (IDC) e indicadores de desempeño institucional comprometidos en el proyecto presupuesto, correspondientes a los indicadores del Formulario H. 2. La revisión del modelo de gestión asumido por la institución estudiada, instalado en el segundo periodo observado (2008-2010). 3. El desarrollo de entrevistas en profundidad a la alta dirección del servicio público analizado. Un primer aspecto a destacar como resultado es que, si bien, es un caso de análisis, el enfoque de gestión pública por resultados es correcto y necesario. No obstante, para implementarlo y mejorar la gestión se requiere, en primer lugar, decisión y voluntad real de los equipos directivos, líderes para gestionar los cambios y herramientas de gestión adecuadas. El segundo aspecto a mencionar es la importancia de la complementariedad de instrumentos y herramientas (internos-externos) de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión. Ambos aspectos tienen efectos positivos en los resultados de las instituciones. Un tercer aspecto a destacar como hallazgo del análisis, obtenido principalmente de las entrevistas, ha sido la importancia de elevar el nivel de conocimiento y adherencia de los directivos públicos a los instrumentos de evaluación y monitoreo actualmente vigentes, a fin de potenciar su involucramiento, permeando a todos los niveles institucionales. Finalmente, mencionar que la discusión presentada en este trabajo, es un aporte a la gestión de la institución estudiada, dado que el análisis se realiza en el marco de una transformación mayor de dicha Institución, de servicio a ministerio, lo que podría llevar a profundizar y robustecer las herramientas utilizadas en el marco de la nueva Institucionalidad Ambiental que se está implementando, a fin de apoyar la obtención de mejores resultados ambientales para nuestro país.

Ingeniero Civil Industrial / El siguiente trabajo corresponde a un estudio exploratorio sobre buenas prácticas en la gestión financiera municipal. Su alcance se acota a tres ámbitos donde es interesante levantar experiencias: impuesto territorial, derechos de aseo y servicios deportivos. Entre los objetivos se encuentra i) desarrollar un diagnóstico de los ingresos municipales, ahondando en los ámbitos seleccionados; ii) explorar y caracterizar tres buenas prácticas (una por ámbito) en municipios previamente seleccionados; y iii) proponer criterios para la transferencia de estas prácticas. Los antecedentes muestran que el 60% de las comunas tienen baja autonomía y el 56% una alta dependencia en la gestión de ingresos permanentes (autonomía del gasto). Pese a ello, la literatura consultada permite plantear como hipótesis de trabajo que los municipios tienen potencial para implementar prácticas en pos de sobrellevar las restricciones que condicionan dicha gestión financiera municipal. La metodología contempla la aplicación de un instrumento único de levantamiento de buenas prácticas en municipios donde, a juicio experto, puede existir evidencia experiencias destacadas. Las prácticas exploradas son Integración de la Información sobre Impuesto Territorial en la Municipalidad de Santo Domingo; Gestión de Cobranza por Derechos de Aseo vía Impuesto Territorial en la Municipalidad de San Miguel; y Gestión de Servicios Deportivos en la Municipalidad de Providencia. A partir de la exploración realizada, se encuentra que la integración de información que ejecuta Santo Domingo tiene por objetivo darle al municipio un rol activo como fiscalizador sobre los antecedentes de los predios de la comuna a fin de percibir los niveles correctos de ingresos que, por ley, se debiesen recibir. En lo que respecta a San Miguel, la práctica se traduce en un Convenio de Cooperación que busca apoyar administrativa y logísticamente a Tesorería General de la República en actividades de cobranza y recaudación a fin de disminuir los niveles de morosidad que tiene la comuna en el pago de contribuciones y derechos de aseo. Y en Providencia, se tiene como práctica la implementación de modelo de gestión deportiva que considera el diseño y la operación servicios deportivos de calidad para posicionar el deporte como un medio para mejorar la salud y calidad de los habitantes de la comuna. En las tres prácticas se corrobora que i) son resultado un largo proceso (entre 10 y 12 años), ii) el liderazgo de los alcaldes fue clave para potenciar la implementación de soluciones prácticas acordes a las características de cada municipio, ii) las personas y funciones son trascendentales considerando la existencia de actividades de análisis y coordinación que distan de ser procesos automatizados, iv) se necesitan recursos financiero tanto para la habilitación de los municipios tanto para la implementación como operación de las prácticas, v) ausencia de incentivos en el diseño de las experiencias, y vi) dificultad en la definición de una línea base para su evaluación. Finalmente, la transferencia de estas prácticas requieren i) una formalización que sea flexible en cuanto a las características de los municipios receptores (principalmente, en lo que respecta al capital humano y recursos financieros disponibles), ii) plantear indicadores que permitan medir y dar visibilidad a los resultados, y iii) evaluar la posibilidad de aprovechar potenciales sinergias de gestión al integrar dos prácticas en una, o bien al generar una relación colaborativa entre municipios para reducir el coste de actividades costosas.

Ingeniero Civil Industrial / El presente documento describe el proyecto de trabajo de título del alumno Camilo Jaramillo, el cual consistió en evaluar desde el punto de vista social un sistema de innovación en gestión pública basado en el mecanismo de co creación entre entidades de características y contextos similares. Los antecedentes generales de gestión pública en Chile indican que existen falencias tanto en la evaluación del desempeño de estas instituciones, como en la forma en que se estima el impacto de los diversos proyectos del cual son responsables. En este contexto, el Centro de Sistemas Público desarrollo el proyecto de Colaboración Púbica que tiene como objetivo establecer un método que genere y fomente la innovación en gestión pública, lo que a su vez requiere ir acompañado de un sistema que evalué el impacto de estas iniciativas y justifica la necesidad de realizar este trabajo. La metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo fue analizar cada caso de estudio y aplicar el método de evaluación social de proyectos, para identificar, medir y valorar los beneficios y costos incurridos en su ejecución. Del análisis de los resultados obtenidos del diseño y aplicación de este instrumento, se observa que por un lado, las innovaciones generadas tienen un impacto positivo en la operación de las instituciones y los usuarios de ellas, pero que debido a no contar con una medición previa a la innovación, no se logra estimar de forma cuantitativa los beneficios generados. Por otra parte, la identificación de los costos permitió reconocer y diferenciar las etapas que son fundamentales para que la innovación se concretice, cómo también aquellas en que se requiere invertir una mayor cantidad de recursos. Se agrega como resultado de este trabajo, la herramienta de evaluación que permite replicar el procedimiento realizado en estos casos de estudios, para nuevas experiencias de similares características. Las conclusiones de este trabajo indican que la evaluación social de las experiencias de innovación es un ejercicio complejo de realizar. En los casos analizados no se logra obtener una cuantificación del impacto de los beneficios, a diferencia de los costos, que se lograron describir y caracterizar de forma exitosa. Cabe destacar que para la estimación de los beneficios si se logró construir una serie de indicadores, para cada desafío, que permiten medir el impacto de la innovación, pero que debido a que no se levantó una línea base, previo a la materialización del cambio, no fue factible comparar la situación previa a la implementación con la post. Finalmente, para el desarrollo de nuevas experiencias de mejoras en gestión, se recomienda que se establezca un método de estimación del impacto que apoye el proceso de cambio y permita obtener como resultado una valorización de la innovación implementada.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El objetivo del presente estudio consistió en evaluar el diseño institucional de la independencia política y técnica de las Superintendencias en nuestro país, y cuanto condicionan estos factores el cumplimiento de sus roles en el contexto técnico, social, político y económico. Dicha evaluación se realiza considerando la reducción del papel del Estado. Y el hecho que ya no gestiona, direcciona y ejecuta las actividades económicas de sectores de interés público, lo cual no significa la eliminación de su rol como organización jurídico-política, sino más bien su transformación, desde la provisión directa, a la de supervisión y control. Una vez planteados los conceptos que justifican la intervención del Estado a través de organismos que regulen y fiscalicen los mercados, especialmente de sectores de interés público que cuando presentan fallos se crean órganos estatales, llamados, Superintendencias. Las Superintendencias entonces realizan un ejercicio normativo, en caso de falla de mercado o por razones sociales (interés público comprometido), y desde esa perspectiva, sus objetivos son esencialmente dos: promover la competencia y garantizar la eficiencia vinculada a la correcta y adecuada utilización de los recursos disponibles. La metodología aplicada fue de carácter descriptivo-interpretativo, y se realizó en dos etapas, un análisis y descripción de temas como: nociones del rol fiscalizador y regulador del Estado, sus justificaciones, características de las Superintendencias en Chile, objetivos, fundamentos y funciones, recomendaciones de entidades internacionales como la OECD; y en segundo lugar se complementó con la aplicación de una entrevista de corte semiestructurado a profesionales destacados, ligados al ámbito de las Superintendencias, para obtener sus opiniones respecto a estos organismos. Para ello se abordaron cuatro dimensiones: técnica, social, política y económica. Del análisis se desprende que de cumplirse algunos requisitos como: la independencia presupuestaria, la autonomía de los directivos que están a cargo para ejercer la función fiscalizadora y reguladora, una actuación y gestión transparente donde se hagan cargo de las decisiones que toman y los impactos que causan; se estaría utilizando gran parte la capacidad fiscalizadora y reguladora del Estado como modificadora de conductas. De las deficiencias encontradas se emitieron algunas recomendaciones las que se enmarcan en los siguientes temas: independencia del poder político, transparencia en sus procedimientos, trabajo con instituciones extranjeras y realizar un proceso sancionatorio racional y justo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el moderno Estado Constitucional la libertad constituye el valor sobre el cual se asienta la organización política societaria, pues configura el límite natural al poder público. Sin embargo, a menudo somos testigos de como la actividad estatal – específicamente la Administración - infiere en nuestras vidas, afectando, por consiguiente, nuestra libertad; ya sea positiva o negativamente. Precisamente, la actividad del Estado limitativa de derechos, se denomina actividad de policía. Ahora bien, la policía actúa utilizando diversas técnicas, que se diferencian entre sí, por la distinta forma en que afectan la libertad de los privados, es decir, más o menos intensamente. En este sentido, una de las técnicas de intervención más represivas es la autorización, la que podemos definir, en primera instancia, como un acto administrativo que habilita a los particulares para desarrollar una determinada actividad; esto significa, que en múltiples supuestos, es imperioso obtener un acto de consentimiento de la autoridad administrativa, pues sin él sería imposible desarrollar la actividad que en cada caso se pretende efectuar. Pero, ¿por qué es necesario obtener una autorización para ejercer una actividad determinada?, ¿ no somos acaso libres para elegir y realizar la actividad que deseemos?, de no ser así, ¿no basta ampararnos, para ejercer la actividad que pretendemos, en la disposición constitucional que consagra la libertad de empresa?. El presente estudio pretende responder éstas y otras interrogantes que surgen en torno al tema. Con tal objeto, nos abocaremos a analizar la situación existente en la doctrina comparada, principalmente española, ya que nuestro país carece de estudios al respecto. Debemos hacer presente, que esta memoria más que un diagnóstico, ofrece una exposición de planteamientos de varios tratadistas, quienes analizan la autorización a partir de su propia realidad jurídica. No obstante, esperamos que constituya un real aporte, de manera que sea el inicio para futuros y más acabados análisis, que al mismo tiempo configuren una herramienta que permitan comprender y vislumbrar la importancia de un adecuado manejo de esta técnica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria pretende demostrar que la facultad de juzgamiento no se encuentra radicada exclusivamente en el Poder Judicial. Por razones de índole histórica, jurídica o práctica, hay variados órganos pertenecientes a la Administración del Estado que hoy ejercen una clara y definida función jurisdiccional, toda vez que conocen, juzgan y hacen ejecutar las resoluciones dictadas por ellos, a fin de solucionar la litis que se les presenta a su conocimiento. El juzgamiento por órganos que no sean tribunales de justicia podría parecer inconstitucional. Sin embargo, nuestra Carta Magna establece, además de la justicia ordinaria, una justicia electoral, otra constitucional e incluso otorga facultades juzgadoras a un órgano netamente administrativo como es la Contraloría General de la República.

Doctor en Ciencias Sociales / Mantener unas matrices productiva y exportadora poco diversificadas o con bajo contenido de valor agregado es una limitante al desarrollo de un país. Asimismo, una economía orientada a la producción y exportación de servicios es más probable que alcance mayores niveles de desarrollo y pueda brindar una mejor calidad de vida a sus individuos, premisas que han sido demostradas por la literatura y casos de éxito, que se caracterizan por contar con políticas de desarrollo productivo, un Estado interventor y no subsidiario. Chile después de un largo proceso de orientación a la apertura comercial, que diera inicio en la dictadura de forma unilateral y se consolidara de manera concertada en democracia, aún mantiene una canasta exportadora primaria. Las ventajas de reorientarla a una de mayor complejidad y en especial de servicios ha sido evidente en los discursos presidenciales del período democrático del país. Sin embargo las cifras no se condicen con esta voluntad manifiesta. La presente investigación analiza el rol asignado y desempeñado por el Estado chileno en relación al desarrollo de la industria exportadora de servicios en los últimos veinte años. Esta se desarrolla a través del análisis de distintos planos de jerarquía, con los que se identifican las razones por las que el resultado de complejizar la matriz exportadora chilena, en particular hacia los servicios, ha sido limitado. La imposición de un modelo con una concepción que minimiza al Estado y una clase empresarial anclada en la explotación de los recursos naturales han sido clasificados en un primer plano. El segundo plano refiere a las especificidades del sector servicios y las consideraciones económicas en las cuales se ha desarrollado esta política. El tercer plano recoge el impacto de las políticas e instrumentos públicos y el análisis de los subsectores que han intentado internacionalizarse