Con la presente investigación se pretende hacer un análisis a unos datos dados por la Contraloría General de la República, en la se muestra la exposición de los recursos públicos en una situación de peligro, situación que resulta alarmante teniendo en cuenta que los recursos públicos son los ingresos que permiten ejercer la función pública. Se ha procedido a hacer un análisis en el ámbito del Arbitraje en las Contrataciones Públicas, para ello se ha creído conveniente que la presente investigación sea dividida en tres capítulos; en el capítulo I, se habla de la figura del Arbitraje de manera amplia, se han desarrollado puntos referidos a los antecedentes históricos, definición, naturaleza y el procedimiento que se debe seguir en este mecanismo de resolución de controversias; en el capítulo II, se hace referencia a aquellos aspectos de la institución de las Contrataciones Públicas en nuestro país, y finalmente en el capítulo III, se ha procedido a realizar un análisis del Arbitraje Ad Hoc y el Arbitraje Institucional en el ámbito de las Contrataciones del Estado, habiéndose llegado a la conclusión de que el Arbitraje Institucional se consolidaría como un mecanismo que asegure la defensa de los intereses del Estado, en el tema de las contrataciones públicas.

El propósito de este Informe es estudiar una serie de instituciones jurídicas en las áreas del Arbitraje y Derecho de la Construcción, a través del análisis de las posiciones de las partes y de la decisión del Tribunal Arbitral, en el expediente del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL. El objetivo es estudiar las instituciones (i) arbitrales de partes signatarias, partes signatarias por referencia, partes no signatarias y arbitraje multicontrato; y, (ii) del derecho de la construcción, de riesgo de ingeniería básica, cronograma contractual, time bar clauses y derecho a extensión de plazo. La metodología utilizada para estudiar estas instituciones es bibliográfica, en base al análisis de doctrina especializada, jurisprudencia y decisiones arbitrales, con una aproximación dogmática y funcional para la interpretación de los contratos celebrados por las partes y las normas aplicables, con especial atención a los usos y costumbres arbitrales y de la práctica constructiva. La conclusión principal del Informe es que el Tribunal Arbitral del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL hizo un uso adecuado de las instituciones arbitrales y del derecho de la construcción necesarias para resolver la disputa entre las partes, por lo que los laudos emitidos (Laudo Parcial y Laudo Final) en el caso fueron correctos. Para efectos de este Informe, estas decisiones y su sustento nos permiten estudiar las instituciones jurídicas desarrolladas para la mejor resolución de casos posteriores.

El presente trabajo académico analiza la importancia de la facultad de solución de controversias a cargo de los organismos reguladores como instrumento de regulación y como mecanismo que busca armonizar los intereses privados con el interés público. En ese sentido, el trabajo académico reconoce a la facultad de solución de controversias como una auténtica función pública al servicio del interés general. Como consecuencia de lo anterior, el trabajo académico cuestiona el retroceso que se viene experimentando en el ejercicio de la facultad de solución de controversias debido, principalmente, a la creciente popularidad del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. En esa línea, en el trabajo se abordan las posibles causas que habrían derivado en el retroceso en el ejercicio de la facultad de solución de controversias. Finalmente, el trabajo académico contiene una propuesta normativa que busca reafirmar la naturaleza de la facultad de solución de controversias como función pública y garantizar su ejercicio efectivo por parte de los organismos reguladores. Como se indica en el presente trabajo académico, la implementación de una mejora normativa resulta indispensable para evitar el ocaso de la facultad de solución de controversias frente al avance de la jurisdicción arbitral.

El presente trabajo se dirige a analizar el parámetro de control judicial de la motivación de los laudos arbitrales. En ese sentido, primero se realiza una aproximación histórica-conceptual sobre la relación entre el arbitraje y el debido proceso, tal que se puede advertir sobre la concepción racional-formal sobre la cual se debe concebir el arbitraje, la justificación que se tiene de la institución, así como las teorías existentes respecto a su naturaleza y su relación con el debido proceso, así como el cambio de visión que se debe tener frente a la constitucionalización del arbitraje. Posteriormente, se identifica la relación entre la motivación y la teoría de la argumentación jurídica adoptándose una concepción racional de la motivación entendida como justificación de la decisión y la existencia de razones que analíticamente sustenten la decisión. Asimismo, se evidencia que no existe un estándar de control judicial de la motivación de los laudos arbitrales, así como la importancia del problema al ser una causal de anulación usada frecuentemente por los justiciables. Por ello, ante la imposibilidad de revisar judicialmente el fondo de la controversia, se propone que se analice tan solo la justificación interna en los laudos arbitrales para determinar su anulación, pues de ingresar a la justificación externa, se transgrediría dicha limitación legal.

Típicamente se sostiene que el Estado tiene por función garantizar la correcta prestación de una serie de servicios públicos que permitan a los ciudadanos desarrollar su vida en sociedad con un determinado nivel de comodidad. En ese contexto, se le presenta la posibilidad de prestar directamente dichos servicios públicos y proveer la infraestructura que les sirva de soporte, o valerse de la experiencia y especialidad de los privados para que lo hagan. Así, se inició un proceso de delegación a los particulares de una serie de actividades que tradicionalmente habían recaído directamente en el ámbito estatal. A tales efectos, el mecanismo jurídico más eficiente para lograr una colaboración de los privados para la satisfacción de intereses públicos fue la concesión. No obstante, esta delegación de facultades en favor de los particulares efectuada bajo el manto de la concesión administrativa ha pasado a convertirse hoy en día en un fenómeno de colaboración público privada que se rige bajo las normas especiales de Asociaciones Público Privadas. Estando a ello, tenemos que en los últimos años se ha generado una fuerte discusión doctrinaria respecto a la competencia de la sede arbitral para conocer aquellas controversias derivadas de la actuación de los organismos reguladores en marco de la ejecución de los Contratos de APP. Al respecto se han planteado diversas posturas, tan distantes entre ellas, que pueden vislumbrarse no solo desde un punto de vista jurídico sino también económico. De acuerdo con las consideraciones que se expresan en el presente trabajo, se postula que debería reconocerse expresamente a nivel normativo la posibilidad de someter a arbitraje las decisiones de los organismos reguladores, incluyendo la aplicación de penalidades, derivadas de contratos que se suscriban en el marco de mecanismos de colaboración público privada, a efectos de otorgarle certidumbre y mayores garantías a los inversionistas para promover la inversión con el Estado, la cual constituye uno de los fines fundamentales de nuestro Sistema de Promoción de la Inversión Privada.

La finalidad de esta investigación es determinar si resultaría conveniente la aplicación de las acciones de clase arbitrales estadounidenses en nuestro país, tomando en consideración la amplia cultura arbitral que se ha desarrollado en él, así como la existencia de diversos tipos de arbitraje como, por ejemplo, el derecho de consumo, el derecho ambiental y el derecho laboral. Sin embargo, debemos tener presente que en el Perú no existe una regulación integral respecto a procesos colectivos lo que genera que los derechos supraindividuales no sean tutelados adecuadamente; en consecuencia, se utilizaría el arbitraje de manera experimental para medir la viabilidad de estos mecanismos procesales que agrupan un gran número de personas y, debido a esta posible situación, consideramos que sería pertinente que, previo a ella, se requiera una regulación completa sobre procesos colectivos y que los jueces desarrollen jurisprudencia sobre ella.

El presente artículo analiza la Ley de Arbitraje peruana aplicada en las Contrataciones Públicas, de la mano con diversas posturas de la doctrina nacional y comparada; así mismo, se refuerza con jurisprudencia nacional. Por tanto, tiene por finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, el cual es la cosa juzgada. En ese sentido, desarrollaré la implicancia que tienen los laudos arbitrales en las Contrataciones con el Estado, debido a que, siendo el Estado una de las partes, las controversias que puedan surgir dentro del periodo de ejecución contractual tendrá que ser resuelto por un tercero imparcial, independiente de ellas. Por tanto, el problema que logro identificar es que, si bien se otorga cierta facultad jurisdiccional a los miembros del tribunal arbitral para emitir pronunciamiento y que estos sean plasmados a través de un laudo arbitral, el cual tiene la particularidad de constituir cosa juzgada y siendo así, se genere la prohibición que dicha decisión se vulnere en sede judicial o arbitral por algún aspecto del fondo de la controversia resuelta; sin embargo, aún queda pendiente la necesidad de ser correctamente fundamentada con la finalidad de ser ejecutables, sobre todo en temas de Contrataciones Públicas. donde lo que se quiere garantizar es el interés general. En conclusión, se logra establecer que, el arbitraje en contrataciones con el Estado, parecería ser, un tema distinto entre privados, cuando es el Estado una de las partes. / In this article analyzes the Peruvian Arbitration Law applied to Public Procurement, together with positions of the national and comparative doctrine, likewise, it is reinforced with national jurisprudence. Therefore, its purpose is to study one of the most important aspect in arbitration matters, which is the res judicata. In this context, I will develop the implication that arbitral awards have in State Contracting, due to the fact that, being the State one of the parties, the controversies that may arise within the contractual execution period will have to be resolved by an impartial third part, independent of them. Consequently, the problem that I am able to identify is that, although certain jurisdictional power is granted to the members of the arbitral tribunal to issue statements and that these are expressed in an arbitral decision, which has the particularity of constituting res judicata and being so, it generates the prohibition that such decision is violated in judicial or arbitration forum due to any aspect of the merits of the dispute resolved. However, it is still pending the need to be properly grounded in order to be enforceable, especially in matters of State Contracting where the general interest is to be guaranteed. In conclusion, it is possible to establish that, arbitration in State Contracting, would seem to be, a different issue between private parties, when the State is one of the parties.

El análisis de la evolución de los contratos administrativos en el Perú, demuestra que —aunque todavía existe discusión sobre los tipos de contratos que celebra la Administración Pública— la mayoría de la doctrina ha optado por reconocer la concepción unitaria de los contratos administrativos. Con ello se ha podido evidenciar que tal criterio no resultaría suficiente para derivar uno u otro contrato a la vía arbitral o al Poder Judicial para solucionar las controversias que se pudieran originar. Las principales controversias por las cuales las partes de un contrato público van a arbitraje se resumen en deficiencias en las etapas precontractual y en ejecución de contrato, y en el incumplimiento de prestaciones que determina la aplicación de penalidades. La adopción del arbitraje como medio de solución de controversias constituye una manifestación de esa apertura económica al sector privado y, de ninguna manera, un debilitamiento del Derecho Administrativo. Con sus aciertos y bemoles, el arbitraje en materia de contratación pública sigue siendo un sistema de administración de justicia perfectible, que constituye un respiro para un sobrecargado Poder Judicial.

Mediante el presente trabajo se analizan los fundamentos del presente Laudo Arbitral (Segundo Arbitraje) que evalúa la eficacia de la Resolución administrativa que aprueba una liquidación final de un contrato de obra, en torno a criterios de “irregularidad” y “extemporaneidad”. Dicha evaluación se da en observancia a la normativa aplicable sobre ejecución contractual en la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente al momento de suscitada la controversia, y en atención a normativa supletoria aplicable, en lo que resulte compatible. En ese sentido, se evalúa los componentes integrantes de la liquidación final del contrato de obra y la observancia a los plazos establecidos en la normativa aplicable, esto en relación al Primer Arbitraje, que resuelve la primera controversia sobre la Ampliación de Plazo N°9, que antecede al presente arbitraje materia de análisis. Adicionalmente, se evalúa las atribuciones y límites del Tribunal Arbitral y la delimitación en sus pronunciamientos sobre las pretensiones planteadas por el Consorcio en este Segundo Arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior, se amerita evaluar el fondo que motivó el presente Segundo Arbitraje; es decir, el sustento de la Liquidación administrativa en base al hallazgo de Contraloría sobre la Ampliación de Plazo N°3. / The present dispute develops in order to determinate the tecnichal conceptos includes in the cost of a public work, that are involves in two arbitrations. Also, will be evaluate the rules to aply acording to the nature of the dispute. Finallly, it also will be analize the limits about the pronouncement in the arbitration, acording it nature and other legal provisions and principles involved.

La presente investigación, titulada “La adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio vía laudo arbitral”, gira en torno al arbitraje como un mecanismo mediante el cual los árbitros, ante la imprecisión de la norma, resuelven como materia arbitrable la prescripción adquisitiva de dominio. Para el desarrollo del tema, se ha optado por dividirlo en tres apartados: 1) Referida a las nociones generales sobre el arbitraje y las materias arbitrables, 2) referida a la prescripción adquisitiva de dominio en el ordenamiento jurídico nacional, y 3) respecto a las disposiciones normativas del D.L Nº1071 y la norma registral. En ese marco, el propósito de esta investigación consiste en analizar si la prescripción adquisitiva de dominio puede o no considerarse como materia arbitrable. Finalmente, después del desarrollo de esta investigación, se concluye que dicha forma de adquisición de la propiedad no es una materia arbitrable debido a que considerarla como tal desnaturalizaría el proceso de ese acto jurídico, por lo que es necesario realizar algunas modificaciones normativas en el D.L. Nº1071 y el TUO de los RR.PP.