El principio de flexibilidad interviene en las diversas etapas del proceso arbitral, siendo uno de ellas la actividad probatoria, confluyendo, a su vez, con otras situaciones jurídicas de titularidad de las partes, que se plasman en principios tales como el dispositivo, aportación de parte y, además, con la llamada asunción de la carga de la prueba. Por otro lado, se ha sostenido que el ejercicio de la potestad con que cuenta el árbitro para hacer valer su iniciativa probatoria –al igual que un juez–, puede llevar a que incurra en excesos al momento de disponer u ordenar de oficio la actuación de una prueba. Partiendo entonces de ambas premisas examinaremos cómo estas interactúan en el arbitraje privado doméstico, tomando como marco normativo la actual Ley de Arbitraje (LDA), así como los reglamentos de los principales centros de arbitraje del país (RCA). / The principle of flexibility intervenes in the various stages of the arbitration process, one of them being the probative activity, converging, in turn, with other legal situations of ownership of the parties, which are embodied in principles such as the device, contribution of part and, in addition, with the so-called assumption of the burden of proof. On the other hand, it has been argued that the exercise of the power available to the arbitrator to assert his evidentiary initiative -as a judge- can lead to excesses when disposing or ordering the action of a test. Starting from both premises we will examine how they interact in private domestic arbitration, taking the current Arbitration Law (LDA) as a regulatory framework, as well as the regulations of the main arbitration centers of the country (RCA).

La Ley de Contrataciones del Estado vigente en el Perú, reconoce como mecanismo heterocompositivo de solución de controversias obligatorio, salvo excepciones, al arbitraje. Al estipular al arbitraje como obligatorio, se desnaturaliza la figura de esta institución jurídica como mecanismo adecuado de solución de controversias, dado que éste es esencialmente voluntario. Bajo este orden de ideas, a partir de la identificación, comparación y análisis de un supuesto normativo que es real en el Perú: la obligatoriedad del arbitraje en los contratos de los que forma parte el Estado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE); se postula, en aras de la coherencia que debe imperar en nuestro Sistema Jurídico, devolverle la voluntariedad como carácter esencial, proponiendo soluciones que a la vez de significar modificaciones legislativas que guardan coherencia con nuestra Constitución y la Ley que norma el Arbitraje, suponen un verdadero entendimiento de la institución arbitral y una coherente utilización de éste como mecanismo de solución de controversias, garantizando la Autonomía de la Voluntad, la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el respeto de los derechos de los contratantes en los contratos públicos en el ámbito de la LCE, bajo un marco de Legalidad. / Trabajo de investigación

El presente informe versa sobre el análisis realizado sobre la resolución N° 11 del expediente 00677-2018-0-1817-SP-CO-01 emitido por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual trata sobre el recurso de anulación interpuesto por el Gobierno Regional de Cusco. A través de este, se podrá observar que actualmente siguen existiendo fallas en la aplicación e interpretación del Arbitraje y, que, por su carácter, no es posible asimilar criterios normalizados en sede judicial a sede arbitral. Dichos criterios se evidencian en el análisis de la motivación en sede arbitral ya que si bien el recurso de anulación se inicia a partir de un supuesto incumplimiento de aplicación del reglamento y el acuerdo de las partes, la Sala resuelve argumentando que en el laudo arbitral se evidencia una motivación aparente y, es en razón a ello que se declara fundado el recurso de anulación; sin embargo, la sala no ha tomado en consideración lo pretendido por el Gobierno Regional de Cusco y; sumado a ello, habría sobrepasado sus límites de actuación delimitados por la Ley de Arbitraje. Finalmente, se puede concluir que el criterio utilizado por la Sala se deslinda de lo pretendido por el Gobierno Regional de Cusco toda vez que, para verificar la aplicación de la causal de anulación solicitada, la Sala debió analizar la existencia de la falta cometida por el Árbitro Único en la emisión del Laudo Arbitral; no obstante, se realizó un análisis sobre el criterio de justificación utilizado por el Árbitro Único.

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre las relaciones contractuales entre las Entidades Públicas y los sujetos privados. Específicamente, este trabajo analiza una controversia surgida en torno a la validez de las adendas de un contrato de arrendamiento suscrito entre un Gobierno Local y una empresa privada sobre un bien de titularidad estatal. El objetivo principal de ello es dilucidar la naturaleza jurídica de este tipo de contrataciones, con la finalidad de determinar cuáles son las normas aplicables a este tipo de controversias. Los objetivos secundarios se centran en analizar, por un lado, el razonamiento lógico jurídico aplicado por el Árbitro Único que resolvió la controversia y, por otro lado, evaluar si los argumentos de la defensa de la parte demandante fueron adecuados en este caso concreto. El mencionado análisis se desarrollará tomando en cuenta las normas del Derecho Administrativo y Arbitral y Civil que regulan las materias aplicables a la controversia, específicamente las normas consagradas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado y las normas supletorias aplicables del Código Civil. Finalmente, después del análisis efectuado, concluimos que el análisis jurídico y lógico utilizado por el Árbitro Único respecto de la nulidad de las adendas al contrato de arrendamiento analizado fue incorrecta. El Árbitro Único concluyó que las adendas al contrato son actos administrativos, por lo que resultaba de aplicación la Ley del Procedimiento Administrativo General. A nuestro parecer, ni el contrato ni las adendas son actos administrativos, por lo que la Ley del Procedimiento Administrativo General no resultaba aplicable, sino más bien la Ordenanza Municipal, por ser la norma especial y las disposiciones supletorias del Código Civil.

De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano (1999-2015) puede constatarse y/o inferirse que el sometimiento de las partes del convenio arbitral al arbitraje y sus efectos encuentra constitucionalmente límites explícitos e intrínsecos en la finalidad (causa final) ilícita de dicho convenio o de los contratos y demás actos jurídicos conexos y en la contravención del orden público. Estos límites constitucionalmente explícitos confluyen en uno solo: todo acto jurídico o contrato válido es de por sí lícito, para fines lícitos, conforme al orden público, que en sentido lato incluye a la moral social. Asimismo, de dicha jurisprudencia se desprende que el sometimiento al arbitraje y sus efectos encuentra constitucionalmente un límite implícito y extrínseco en el alcance de otros derechos fundamentales y constitucionales. Así como el Estado es el último garante de la autodeterminación de las partes para la solución contractual de los conflictos, es también el último garante del orden público en el ordenamiento jurídico sistémico y jerárquico. La Duodécima Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje vigente indica que “…el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo”. Esta disposición complementa el artículo 63° de la Ley de Arbitraje, sobre causales de anulación, terminando por admitir la anulación del laudo en casos de amenaza o vulneración de derechos sustentados en el orden público constitucional, indisponible incluso para el legislador, el cual incluye a los derechos fundamentales y constitucionales de carácter sustantivo y a los inherentes al debido proceso, como límites constitucionales a la libertad contractual. No existe en el artículo 63° de la Ley de Arbitraje ni en ninguna otra disposición de dicha ley una causal de anulación de un laudo de arbitraje nacional que proteja de la contravención del orden público de génesis legal. La causal existe en el inciso 1.f de dicho artículo de la Ley de Arbitraje sólo para el arbitraje internacional cuando el laudo es contrario al “orden público internacional del Perú”. Si bien las causales taxativas de la Ley de Arbitraje se explican por la naturaleza excepcional de la anulación, no puede soslayarse que dicha anulación debe proceder fundamentalmente por ausencia en el laudo de elementos esenciales del mismo. Si bien hay certidumbre de la omisión en la Ley de Arbitraje de tal causal para el arbitraje nacional, también la hay respecto a que conforme a la Constitución el derecho constitucional a contratar es en su esencia para fines lícitos, sin contravención de leyes de orden público. Tratándose de un elemento esencial, no hay racionalidad constitucional en que su ausencia no acarree invalidez. La omisión no se condice con el alcance limitado de la protección de la libertad contractual en el texto constitucional del inciso 14 del artículo 2° de la constitución, ya se trate de una relación contractual nacional o de una internacional. Los límites de la libertad en el arbitraje definen la esencia de dicha libertad, el campo de lo constitucionalmente disponible para los árbitros y lo constitucionalmente indisponible para ellos. Resulta, entonces, constitucionalmente procedente la anulación del laudo nacional contrario al orden público del Perú. Será control de la constitucionalidad si se trata del orden público constitucional. Será control de la legalidad si se trata del orden público de origen legal.

El presente informe aborda las competencias del Fondo MIVIVIENDA S.A en los proyectos de vivienda de interés social promovidos por el Estado Peruano a través del Ministerio de Vivienda, a partir de la constitución de fideicomisos inmobiliarios con la finalidad de atender proyectos Techo Propio con problemas de continuidad. El caso se desarrolla a raíz de la Demanda Arbitral por parte de una empresa promotora quien suscribió un contrato de fideicomiso con la citada entidad para culminar la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social “Las Garzas”. En la Demanda Arbitral, entre otras pretensiones, la empresa exige al Fondo MIVIVIENDA S.A se constituya como “mejorador” a fin de aportar recursos para la construcción del proyecto. Para el análisis se debe considerar en primer lugar que el Programa Techo Propio es un programa de fomento de la actividad privada inmobiliaria, fue creado mediante Ley N° 27829 y su Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 13-2007-VIVIENDA. Su funcionamiento está regulado en los Reglamentos Operativos vigentes para acceder al Bono Familiar Habitacional en las diferentes modalidades. Por su parte, el Fondo MIVIVIENDA S.A, cuyo principal rol es la administración y operatividad del Programa Techo Propio fue creado mediante Ley N° 28579, Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda a Fondo MIVIVIVENDA S.A., sus competencias se encuentran detalladas en su norma de creación y en el Estatuto Social del Fondo MIVIVIENDA S.A. De acuerdo a lo expuesto, del análisis del caso, se desprende la necesidad de que los roles de los actores que participen del Programa Techo Propio se encuentren adecuadamente definidos y se circunscriban a la normativa vigente con el objetivo de asegurar que el Bono Familiar Habitacional cumpla su finalidad. No resulta idóneo que, a efectos de buscar la continuidad de proyectos, se opten por alternativas que jurídicamente no son posibles. / This report addresses the competences of Fondo MIVIVIENDA S.A in social housing projects promoted by the Peruvian State through the Ministry of Housing, based on the constitution of real estate trusts in order to address Techo Propio projects with continuity problems. The case is developed as a result of the Arbitration Claim by a promoter company who signed a trust agreement with the aforementioned entity to complete the execution of a housing project of social interest "Las Garzas". The operation of the Techo Propio Program was created by Law No. 28579, Law on the Conversion of the Mortgage Fund of Housing to a Fondo MIVIVIVENDA S.A ., its powers are detailed in its creation standard and in the Social Statute of Fondo MIVIVIENDA S.A. For the analysis, it should be considered first of all that the Techo Propio Program is a program to promote private real estate activity, it was created by Law No. 27829 and its regulations were approved by Supreme Decree No. 13-2007-HOUSING. Its operation is regulated in the Current Operating Regulations to access the Family Housing Bonus in the different modalities. For its part, Fondo MIVIVIENDA S.A., whose main role is the administration and operation of the Techo Propio Program, was created by Law No. 28579, Law on the Conversion of the Mortgage Fund for Housing to Fondo MIVIVIVENDA S.A. its powers are detailed in its creation regulation and in the Social Statute of Fondo MIVIVIENDA S.A. According to the above, the analysis of the case shows the need for the roles of the actors participating in the Own Roof Program to be adequately defined and limited to current regulations in order to ensure that the Family Housing Bonus fulfills its purpose. It is not ideal that, in order to seek the continuity of projects, alternatives that are not legally possible are chosen.

El presente informe tiene como objetivo principal estudiar algunas de las instituciones jurídicas más comunes que se presentan en un arbitraje de construcción, a partir del análisis de los hechos, posiciones de las partes y decisión del tribunal arbitral en el expediente del caso arbitral N° 2879-2014-CCL. Este caso arbitral contiene muchas de las discusiones más comunes en un arbitraje sobre un proyecto de construcción, tales como partes signatarias del convenio arbitral, partes signatarias por referencia, incorporación de partes no signatarias, distribución del riesgo de la ingeniería en un contrato EPC Llave en Mano, cronogramas contractuales, y solicitudes de ampliaciones de plazo y sobrecostos. La hipótesis y conclusión principales de este informe son que el tribunal arbitral del caso N° 2879-2014-CCL, a través del Laudo Parcial y el Laudo Final, resolvió adecuadamente las controversias del caso, a través de un análisis y una aplicación de las principales instituciones jurídicas arbitrales y del derecho de la construcción, en base a la ley peruana, y los usos y costumbres del arbitraje y derecho de la construcción. La verificación de la hipótesis es realizada a través de una metodología dogmática y funcional, tomando en cuenta las opiniones de investigadores; tribunales arbitrales internacionales; cortes internacionales; los usos y costumbres arbitrales y del derecho de construcción; normas de soft law; y, principalmente, las normas del ordenamiento jurídico peruano.

El presente informe consiste en analizar el Laudo Arbitral en mayoría emitido en el Expediente 1908-308-18 CARC-PUCP. Dicho arbitraje, tiene como antecedente la suscripción del Contrato N° 012-2017-MTC/20, entre el Consorcio Puentes del Norte y Provias Nacional, bajo la modalidad de suma alzada y concurso oferta; de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigentes en dicho momento. La controversia se resume en lo siguiente: El Consorcio considera que cumplió debidamente con la entrega del Expediente Técnico pese a que cuenta con un presupuesto de ejecución de obra mayor al inicialmente ofertado debido a que las condiciones originales del contrato variaron; y, por su parte, Provias Nacional considera que no se cumplió con presentar un Expediente Técnico idóneo ya que el presupuesto de ejecución de obra excedía el precio inicialmente ofertado. Ante la necesidad de determinar si el Consorcio cumplió o no con elaborar un Expediente Técnico acorde a lo requerido por la Entidad, se analizará si existió justificación válida para sustentar la presentación de dicho Expediente en los términos señalados por el Consorcio. Por lo que, contrastaremos los argumentos del Consorcio, de la Entidad y del propio Tribunal Arbitral en mayoría. Asimismo, analizaremos la naturaleza de la modalidad del contrato; la aparente rigidez de las Bases Integradas; y, también si existe algún mecanismo acorde a Ley que permita la conservación del Contrato, o si corresponde la resolución de este. / The present report consists of an analysis of the Majority Arbitration Award issued in Case 1908-308-18 CARC-PUCP. This arbitration has its background in the signing of Contract No. 012-2017-MTC/20 between Consorcio Puentes del Norte and Provias Nacional, under the lump sum and competitive bidding modality, in accordance with the provisions of the Law on Public Procurement (Legislative Decree No. 1017) and its regulation approved by Supreme Decree No. 184-2008-EF, in force at that time. The controversy can be summarized as follows: The Consortium argues that it duly complied with the delivery of the Technical File despite having a higher construction budget than initially offered due to changes in the original contract conditions. On the other hand, Provias Nacional argues that the Consortium did not present an appropriate Technical File since the construction budget exceeded the initially offered price. In order to figure out whether the Consortium fulfilled the obligation to prepare a Technical File per the requirements of the Entity, we will analyse whether there was a valid justification to support the submission of said File as told by the Consortium. Therefore, we will compare the arguments of the Consortium, the Entity, and the Majority Arbitration Tribunal. Additionally, we will analyse the nature of the contract modality, the plain rigidity of the integrated terms, and whether there is any legal mechanism that allows for the preservation of the Contract or if its resolution is proper.

El análisis del expediente con número de registro E-1832 es el objeto principal del presente informe jurídico, en virtud del cual el Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, mediante el cual se declaró fundada la imposición de una penalidad a Compañía Distribuidora S.A. por un monto de $36,000,000.00 (Treinta y seis millones con 00/100 dólares americanos), resolución que objeto de revisión de revisión en el Tribunal Constitucional, a través de un proceso a de agravio constitucional. La importancia del estudio de dicho caso se fundamenta en si bien es cierto que los árbitros tienen potestad para decidir su propia capacidad, lo cierto es que sus decisiones no pueden dejar de estar debidamente motivadas, siendo que los dictámenes que emiten están sujetos a las garantías y principios del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo la sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución, que deriva de la controversia resuelta mediante Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, desconoció los criterios ya trazados, principalmente, en materia de la potestad que tienen los árbitros en el Perú sobre su propia competencia, así como respecto a la procedencia de la revisión de las decisiones suscritas por los árbitros mediante un recurso de amparo. Asimismo, no puede dejar de mencionarse data del año 2009, a casi quince años de dicha decisión, en el arbitraje nacional aún son materia de discusión doctrinal cuestiones como la motivación de los laudos, los requisitos previos al arbitraje, entre otros. En ese sentido, el objetivo de este documento es evaluar: (i) la importancia de la motivación de los laudos; (ii) las cláusulas penales y el abuso del derecho; (iii) el agotamiento de la vía previa, (iv) los requisitos previos al arbitraje y (v) la jurisdiccional arbitral ante el control constitucional. Finalmente, para cumplir con este objetivo se realizará el análisis desde una perspectiva dogmática, apoyándose para ello en el estudio de las leyes pertinentes, la jurisprudencia asociada y la literatura jurídica correspondiente.

El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra realizada por la Entidad y, a su vez, sobre el consentimiento de la liquidación de contrato presentado por el contratista. Para ello corresponde evaluar las liquidaciones de obra presentadas por las partes a fin de determinar cuál de ellas siguió el procedimiento regular establecido en la ley. Cabe señalar que dicho examen se realizará bajo el análisis de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aplicable al caso. Asimismo, corresponde analizar si un hallazgo de contraloría puede generar variaciones en una ampliación de plazo aprobada y consentida y a su vez determinar la competencia del Tribunal Arbitral para tratar el enriquecimiento sin causa frente a la indemnización solicitada por el demandante. / This report analyzes the arbitration case N°122-2010 followed by the consortium Johesa Upaca against the Special Project of National Transportation Infrastructure - PROVIAS NACIONAL, through which the consortium's claim is analyzed in order to determine the irregularity and untimeliness of the resolution approving the liquidation of the construction contract carried out by the Entity and, in turn, on the consent of the contract liquidation presented by the contractor. To this end, it is necessary to evaluate the work settlements submitted by the parties in order to determine which of them followed the regular procedure established by law. It should be noted that this examination will be carried out under the analysis of the State contracting and procurement rules and regulations applicable to the case. Likewise, it is necessary to analyze whether a comptroller's finding can generate variations in an approved and consented extension of time and, in turn, to determine the competence of the Arbitral Tribunal to deal with the unjust enrichment in relation to the compensation requested by the claimant.