En el presente informe académico se analiza los problemas identificados en la Resolución Nº 0199- 2013/SDC-INDECOPI con la finalidad de demostrar que la imposición de barreras burocráticas implica el ejercicio de la función normativa de las entidades de la Administración Pública; es decir, implica la creación y emisión de nuevas normas que innovan el ordenamiento jurídico. Además, se precisa que no toda imposición de una barrera burocrática es ilegal y/o carente de razonabilidad, toda vez que las barreras son necesarias para equilibrar el interés privado (libertad de empresa y libre iniciativa privada) con el interés general. En tal sentido, se concluye que la Municipalidad Distrital de Miraflores no ha impuesto una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, puesto que no ejerció la función normativa. Por otro lado, se busca demostrar que la definición de espacio público cerrado contenida en el Reglamento de la Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control del Riesgo del Consumo del Tabaco ha transgredido y desnaturalizado la referida ley; pues dicha definición es más restrictiva, debido a que incluye como espacio público cerrado a los balcones y terrazas. Con la finalidad de demostrar lo señalado, se estudió la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud y su Reglamento; asimismo, se consideró como parte del análisis la doctrina y la jurisprudencia. / This academic report analyzes the problems identified in Resolution No. 0199-2013/SDCINDECOPI with the purpose of demonstrating that the imposition of bureaucratic barriers implies the practice of the normative function of the entities of the Public Administration; that is, it implies the creation and issuance of new rules that innovate the legal system. Furthermore, it is specified that not every imposition of a bureaucratic barrier is illegal and/or unreasonable, since the barriers are necessary to balance the private interest (freedom of enterprise and freedom of private initiative) with the general public interest. In this sense, it is concluded that the District Municipality of Miraflores has not imposed an illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier, since it did not exercise its regulatory function. On the other hand, it is sought to demonstrate that the definition of enclosed public space contained in the Regulation of Law No. 28705, General Law for the Prevention and Control of the Risk of Tobacco Consumption has transgressed and distorted the referred law; since said definition is more restrictive, due to the fact that it includes balconies and terraces as enclosed public space. In order to demonstrate the above, Law N°. 27972, Organic Law of Municipalities, Law N°. 27783, Law of Bases of Decentralization and Law N°. 26842, General Law of Health and its Regulations were studied; likewise, doctrine and jurisprudence were considered as part of the analysis.

Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

En el presente informe jurídico se analiza la Resolución Nº 0116-2018/SEL-INDECOPI, correspondiente al procedimiento de oficio seguido por el Indecopi contra el Colegio de Abogados de Lima. A tal efecto, el autor aborda la metodología del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi y la evolución normativa del concepto de barrera burocrática en el ordenamiento jurídico peruano, así como los fundamentos constitucionales y legales de los procedimientos seguidos en sede administrativa sobre la materia. / This paper analyze the Resolution Nº 0116-2018/SEL-INDECOPI, related to the ex - officio procedure initiated by the Indecopi against the Lima Bar Association. For that purpose, the author address the methodology of the administrative procedure for the elimination of bureaucratic barriers in charge of Indecopi, and the legal development of the concept of bureaucratic barrier in the peruvian legal framework, as well as the constitutional and legal bases of the administrative procedure.

El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de telecomunicaciones dedicada a la prestación del servicio público móvil por satélite, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entidad administrativa encargada del cálculo y cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La referida denuncia tiene por finalidad que el Indecopi declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon a su caso concreto, al considerar que esta constituye una barrera burocrática ilegal e irracional. El caso bajo análisis presenta una cuestión jurídica compleja, que parte por determinar la naturaleza del cobro del canon efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dependiendo de la postura que se asuma, las consecuencias jurídicas serán diametralmente distintas. De esta forma, se presentan problemas relativos a la conceptualización del tributo, sus características, los límites de la potestad tributaria, las competencias de los órganos administrativos, la interpretación constitucional y la vía idónea para cuestionar el carácter confiscatorio de un tributo. Estas materias tienen implicancias de significativo valor económico y jurídico, dado que los criterios que resuelven este caso son aplicables a similares cobros que hace el Estado por otro tipo de recursos naturales. En ese contexto, el presente caso invita a explorar las conexiones entre el derecho tributario, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho administrativo, ello enmarcado en la teoría de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario utilizar las herramientas de la teoría general del derecho. En ese sentido, la hipótesis del presente informe sostiene que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, específicamente califica como una tasa, de la especie derecho, que se distingue de los precios públicos. En consecuencia, en el presente informe se sostendrá que la forma de cuestionar la razonabilidad del cobro es mediante un control de constitucionalidad (confiscatorio), que no forma parte de la competencia del Indecopi, toda vez que existen otras vías pertinentes, tales como el proceso contencioso tributario o los procesos constitucionales de acción popular o amparo. / The objective of this legal report is to analyze the complaint for the alleged existence of a bureaucratic barrier, filed by Geo Supply SAC, a telecommunications company dedicated to the provision of the public mobile satellite service, against the Ministry of Transport and Telecommunications, an administrative entity in charge of the calculation and collection of the fee for the use of the radioelectric spectrum. The aforementioned complaint is intended for Indecopi to declare the non-application of the fee calculation methodology to its specific case, considering that it constitutes an illegal and irrational bureaucratic barrier. The case under analysis presents a complex legal issue, which starts by determining the nature of the collection of the fee made by the Ministry of Transportation and Communications. Depending on the position taken, the legal consequences will be diametrically different. In 2 this way, there are problems related to the conceptualization of the tax, its characteristics, the limits of the tax authority, the powers of the administrative bodies, the constitutional interpretation and the ideal way to question the confiscatory nature of a tax. These matters have implications of significant economic and legal value, since the criteria that resolve this case are applicable to similar charges made by the State for other types of natural resources. In this context, the present case invites us to explore the connections between tax law, telecommunications law, administrative law, framed in the theory of a Constitutional State of Law, so it is necessary to use the tools of the theory general of law. In this sense, the hypothesis of this report maintains that the fee for the use of the radioelectric spectrum has a tax nature, specifically it qualifies as a rate, of the right kind, which is distinguished from public prices. Consequently, in this report it will be argued that the way to question the reasonableness of the collection is through a constitutionality control (confiscatory), which is not part of Indecopi's competence, since there are other relevant channels, such as the process tax litigation or constitutional processes of popular action or protection.

La Constitución de 1993 reconoce la participación de las personas en la economía nacional a través de la puesta en práctica del derecho de libertad de empresa bajo un contexto en el que la iniciativa es privada y se mueve en el marco de la economía social de mercado, donde el Estado establece políticas y regulaciones que velan por proteger tales derechos; sin embargo, resultará necesario que sea limitado o restringido con el objetivo de velar por el interés público. Las condiciones establecidas y emitidas por el Estado imponen barreras burocráticas que limitan dichas libertades, cuya validez se basará en principios de legalidad y razonabilidad; debido a que de lo contrario, se causaría un perjuicio a la actividad privada con los requisitos, exigencias, cobros y/o prohibiciones que imponen las Entidades como las Municipalidades, en virtud de su autonomía constitucionalmente reconocida y desarrollada mediante leyes como la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, debe ser ejercida observando todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, las condiciones establecidas por las Municipalidades que limitan la libertad de empresa, a través de la imposición de un horario de apertura y/o cierre a los establecimientos comerciales, son barreras burocráticas que podrían ser declaradas ilegales o irrazonables por la entidad competente para ello. / The 1993 Constitution recognizes the participation of people in the national economy through the implementation of the right to free enterprise in a context where free private initiative moves within the framework of the social market economy. The State establishes policies and regulations that ensure the protection of such rights; however, it will be necessary to be limited or restricted to protect the public interest. The conditions established and issued by the State impose bureaucratic barriers that limit the freedom of enterprise and free private initiative. Its validity will be based on principles of legality and reasonableness. Failure to comply with these conditions would jeopardize the liability to private activity involving requirements, demands, prohibitions, and charges imposed by an Entity, such as municipal offices, under the autonomy constitutionally recognized and developed through laws such as Law No. 27783, Decentralization Bases Law and Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 28976, Framework Law for Operations License and Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Nevertheless, the observation of the entire legal system must be exerted. In this sense, he conditions established by de local government that limit the freedom of business through the imposition of opening and closing hours on commercial establishments are bureaucratic barriers that could be declared illegal or unreasonable by the competent entity.

Los procedimientos de eliminación barreras burocráticas en la actualidad han ganado relevancia, al considerar la diversidad de barreras establecidas en las entidades de la Administración, las cuales influyen en la interacción realizada por el administrado. El Decreto Legislativo 1256, busca solucionar ello en su artículo 8, ante la inaplicación general de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas, evitando que la administración tenga que llevar a cabo procedimientos idénticos, a razón del fondo y la forma, variando tan solo por el administrado que lo solicitado. No obstante, tal competencia ejercida a través de mandatos de la CEB y la Sala al declarar la ineficacia de una disposición administrativa, conlleva el mismo efecto – la ineficacia de la norma vigente – al dado en las competencias exclusivas reconocidas a los jueces, de poder un control concentrado y con ello, llevar a cabo derogaciones o nulidades, que al fin de cuentas, genera la ineficacia con efectos generales de la norma cuestionada. Es el poder determinar si se atenta contra la competencia de los jueces y con ello, el considerar si el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256 es inconstitucionalidad, lo que permite establecer si se puede considerarse como tal, ante la vulneración dada por medio el control de legalidad ejercido por la CEB y la Sala, frente a las competencias otorgadas por la Constitución a los jueces en poder generar ineficacia con efectos generales en las disposiciones. En ese sentido, si bien es admisible el que la CEB y la Sala puedan ejercer un control de legalidad, mas es el efecto de ello – similar al dado en la derogación y la nulidad en sus procedimientos respectivos– es lo que vulnera la Constitución, al reconocer y atribuir una competencia que es exclusiva de los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

La tesis plantea que la reforma de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), efectuada durante el período 2011-2015, surge como respuesta a la problemática que afecta a tal punto su labor como administradora del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, desde el Congreso de la República, el sector privado, y la sociedad civil, surgen propuestas encaminadas a su desaparición institucional. Con vista a superar tal escenario adverso, la entidad pasa del modelo de gestión clásico hacia el modelo de la Nueva Gestión Pública, orientando su esfuerzo institucional hacia la simplificación administrativa, la agilización de la maquinaria institucional y la implementación de una lógica meritocrática, lo cual aúna al fortalecimiento de un cuerpo burocrático incentivado, alineado con los objetivos institucionales y con la nueva matriz cultural de la entidad; esfuerzo que se enmarca en una estrategia técnica y política plasmada en propuestas formales y no estipuladas formalmente que, aun con la presencia de limitaciones, viene consiguiendo resultados favorables a la generación de valor público, aspecto que de mantenerse en el tiempo, sustentaría la sobrevivencia de la ONP, así como su viabilidad a futuro. 2

El informe jurídico analiza principalmente dos problemas jurídicos principales identificados en virtud de la Resolución Nº 0278-2015/SDC-INDECOPI1, que declaró barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la disposición administrativa contenida en el numeral 34 del artículo 2º, artículos 4º y 33º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que exigen a los propietarios titularse como químicos farmacéuticos para denominar “farmacia” a sus establecimientos farmacéuticos. El primer problema jurídico principal refiere a la pertinencia de la entidad a exigir el cumplimiento de disposiciones administrativas contenidas en normas reglamentarias los cuales transgreden la finalidad de su ley primigenia; y, el segundo, sobre la viabilidad de que Indecopi proceda con ordenar la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas irrazonables materializadas en disposiciones administrativas. Para el análisis de los problemas jurídicos reseñados, tomé como referencia su base legal, exposición de motivos, proyectos de ley y documentos internos de Indecopi en el cual realizan críticas a las modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1256, aprobadas mediante la Ley Nº 31775; así como, la doctrina nacional correspondiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, sobre relevancia que el reglamento cumpla con las formalidades necesarias a fin de que guarde concordancia con su ley primigenia; y, en segundo lugar, respecto la importancia que Indecopi declare la inaplicación con efectos generales de las barerras burocráticas irrazonables contenidas en disposiciones administrativas. / The legal report mainly analyzes two main legal problems identified by virtue of Resolution No. 0278-2015/SDC-INDECOPI, which declared illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier the administrative provision contained in numeral 34 of Article 2, Articles 4 and 33 of the Regulation of Pharmaceutical Establishments, which require owners to be licensed as pharmaceutical chemists to call their pharmaceutical establishments "pharmacy". The first main legal problem refers to the pertinence of the entity to demand compliance with administrative provisions contained in regulatory norms which transgress the purpose of its original law; and, the second, on the viability of Indecopi to proceed with ordering the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers materialized in administrative provisions. For the analysis of the legal problems reviewed, I took as a reference their legal basis, explanatory memorandum, draft laws and internal documents of Indecopi in which they criticize the amendments to Legislative Decree No. 1256, approved by Law No. 31775; as well as the corresponding national doctrine. Finally, the conclusions are the following: firstly, on the relevance that the regulation complies with the necessary formalities in order to be in accordance with its original law; and, secondly, on the importance of Indecopi declaring the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers contained in administrative provisions.

El presente informe jurídico analiza el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, el cual resuelve la denuncia interpuesta por la empresa ENERGIGAS S.A.C. contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería por la presunta imposición de dos barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, materializadas en los párrafos segundo, así como tercer y cuarto del artículo 17A del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD. El análisis desarrollado en el presente informe tiene como objetivo dar respuesta a tres problemas jurídicos que consisten, en primer lugar, en determinar si las barreras burocráticas materia de cuestionamiento son ilegales dentro de aspectos establecidos en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. En segundo lugar, se tiene el problema jurídico de si correspondía o no que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi analice la razonabilidad de la primera barrera burocrática, materializada en el segundo párrafo del artículo 17A. Por último, el tercer y último problema jurídico consiste en establecer si la primera barrera burocrática carecía o no de razonabilidad. Para dar respuesta a los problemas jurídicos antes mencionados, se analizará el cumplimiento de la normativa aplicable en Derecho Administrativo, en lo referente a actos administrativos, requisitos que puede solicitar la Administración Pública, así como normativa transversal a todo el ordenamiento jurídico como es la aplicación de la normativa en el tiempo. De igual manera, se consideran criterios de interpretación jurídica como el criterio teleológico y el método de interpretación sistemática, así como los principios que sustentan fundamentalmente el procedimiento administrativo. Todo ello, tomando en consideración la realidad y los efectos que tiene en la práctica la regulación en los agentes que desarrollan actividades de hidrocarburos.

Producto del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Nutrifish S.A.C. contra el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI), se declaró como barreras burocráticas ilegales todas las exigidas por esta empresa. Este órgano determinó que existía una vulneración al principio de legalidad por la contravención del artículo 9 de la Ley General de Pesca – Decreto Ley 25977. Dicha resolución final quedó firme, imposibilitando al administrado utilizar algún recurso administrativo para solicitar la nulidad de este. Ante ello, lo que procede a realizar PRODUCE es una solicitud de nulidad de oficio ante la secretaria técnica de la Comisión, el cual eleva al superior jerárquico para que dé respuesta a esta. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (Sala) admite a trámite la solicitud procediendo a evaluar la existencia de un vicio que afecte la validez de la resolución emitida por la Comisión y la existencia de una vulneración de un derecho fundamental o un grávido a un interés público. Así pues, la elección del presente expediente evidencia la posibilidad de realizar un análisis sobre las decisiones tomadas por estos dos órganos sobre el cual es posible cuestionar su análisis jurídico sobre barreras burocráticas y la petición de gracia para la toma de sus decisiones de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, y la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas – Decreto Legislativo 1256. / As a result of the administrative proceeding initiated by the company Nutrifish S.A.C. against the Ministry of Production (PRODUCE) before the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Commission) of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI), all requirements imposed by this company were declared illegal bureaucratic barriers. This body determined that there was a violation of the principle of legality due to the contravention of Article 9 of the General Fisheries Law – Decree Law 25977. The final resolution became final, preventing the party from using any administrative remedy to request its annulment. In response, PRODUCE is required to file a request for annulment ex officio with the technical secretariat of the Commission, which then forwards it to the hierarchical superior for a response. The Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Chamber) admits the request and proceeds to evaluate the existence of a defect affecting the validity of the resolution issued by the Commission and the existence of a violation of a fundamental right or harm to a public interest. Thus, the selection of this case file demonstrates the possibility of conducting an analysis of the decisions made by these two bodies, which may be subject to legal scrutiny regarding bureaucratic barriers and the discretionary power for their decisions in accordance with the General Administrative Procedure Law – Law 27 444 and the Law on the Prevention and Elimination of Bureaucratic Barriers – Legislative Decree 1256.