The article is related to an autonomous constitutional body responsible for the selection, appointment, ratification and dismissal of the judges and prosecutors. Strictly speaking, it exercises a political and administrative function. The first one is understood because, by the rule of the Constitution, it exercises power of institutionalized determination and directs its decisions in accordance with ideological and juridical principles and values provided in said text. The second one is meant to expose a unilateral declaration of will made in the name and representation of the State that produces individual legal effects, immediately. / El artículo trata de un órgano constitucional autónomo encargado de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales. En puridad, ejerce una función político-administrativa. La primera se entiende en razón a que, por mandato de la Constitución, ejerce potestad de determinación institucionalizada y orienta sus decisiones conforme a los principios y valores ideológicos y jurídicos previstos en dicho texto. La segunda s e e ntiende e n r azón a e xponer u na d eclaración u nilateral de voluntad realizada a nombre y representación del Estado que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata.

A presente pesquisa é um estudo de caso de natureza qualitativa, com apoio nos pressupostos teóricos do materialismo histórico e dialético. Tem por objetivo compreender como se desenvolvem as atribuições do Conselho Escolar – CE, fixadas pelos dispositivos legais estabelecidos pelo artigo 42 da lei 10.576/95, alterada pela lei 11.695/01 de acordo com os integrantes desse organismo e as observações realizadas em uma escola estadual de ensino fundamental, localizada no centro da cidade de Porto Alegre, RS. Baseia-se nas análises dos documentos: leis, regimentos, atas e outros, na literatura pertinente, na experiência da pesquisadora, em entrevistas semi-estruturadas e nas observações semidirigidas, realizadas com os conselheiros da escola em questão. Esta pesquisa se desenvolve a partir da seguinte hipótese: existe um divórcio notável entre as atribuições do CE, estabelecidas no artigo 42 da lei 10.576/95, alterada pela lei 11.695/01, e a prática dos integrantes desse organismo. Também, existem possibilidades concretas, reais, de desenvolver, na Escola, teorias e práticas democráticas de aperfeiçoamento profissional e de cooperação na comunidade escolar. A partir dos resultados da pesquisa, analisando as atribuições dos conselheiros escolares, no processo de desenvolvimento da teoria e da prática, há evidências concretas de que esse processo se manifesta na gestão da escola pública, atendendo necessidades de uma participação cerceada pelas autoridades capitalistas. Esse trabalho, desenvolvido pelos conselheiros escolares, é um trabalho consciente, determinado pelas experiências destes indivíduos, no modo de produção capitalista. O desenvolvimento desta pesquisa revelou que há uma relação direta entre as orientações neoliberais do gerencialismo e a teoria (lei) na qual encontramos essas atribuições. Como também existe uma relação bastante tênue entre tais atribuições e o seu fazer-se com as teorias gerais da administração. Com todas essas ideologias que perpassam a prática dos conselheiros escolares de uma escola estadual, há a necessidade de aproximar os trabalhadores que fazem parte da comunidade escolar e desenvolver mecanismos que tornem possível a participação efetiva dos indivíduos na gestão da escola pública. / Esta pesquisa esta baseada en el estúdio de un caso de naturaleza cualitativa, apoyada en fundamentos teóricos del materialismo histórico y dialéctico. Su objetivo es comprender como se desarrollan las atribuciones del Consejo Escolar – CE, dispuestas por los dispositivos legales establecidos en el artículo 42 de la ley 10.576/95, alterada por la ley 11.695/01 de acuerdo con los integrantes deste organismo, asi como también por observaciones realizadas en una escuela de enseñanza primaria localizada en el centro de la ciudad de Porto Alegre, RS. Con base en analisis de documentos: leyes, regimientos, actas y otros, en la literatura pesquisada, en la experiencia de la pesquisadora, en las entrevistas semi-estructuradas y en las observaciones semi-dirigidas realizadas con los consejeros de una escuela publica de enseñanza primaria, esta pesquisa se desarrolla a partir de la hipótesis de que existe un divorcio notable entre las atribuciones del CE, establecidas en la legislación antes citada y la práctica de los integrantes de ese organismo. También existen posibilidades concretas, reales, de desarrollar, en la escuela, teorias y prácticas democráticas de perfeccionamiento profesional y de cooperación en la comunidad escolar. A partir de los resultados de esta pesquisa, analisando las atribuciones de los consejeros escolares en el proceso de desarrollo de teoria y práctica, hay evidencias concretas de que este proceso se manifiesta en la gestion de la escuela publica, atendiendo las necesidades de una participacion controlada por las autoridades capitalistas. La actividad desarrollada por los consejeros escolares es un trabajo consciente, que es determinado por las experiencias de estos indivíduos en la forma de produccion capitalista. Este proceso nos reveló durante el desarrollo de la pesquisa que hay una relación directa entre las orientaciones neoliberales de gerenciar y la teoria (ley), en la cual encontramos estas atribuciones. Como también la existencia de una relación bastante tenue entre las atribuciones y su correspondiente con las teorias generales de la administracion. Con todas estas ideologias que muchas veces son postergadas en la práctica de los concejeros escolares de una escuela pública, existe la necesidad de aproximar a los trabajadores que hacen parte de la comunidad escolar y desarrollar mecanismos que hagan posible la participación efectiva de los indivíduos en la gestion de la escuela publica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile la regla general en materia de acceso a la información pública es su publicidad y la excepción su reserva o secreto. Las causales de secreto o reserva a la entrega de información se encuentran establecidas en la Constitución Política y especificadas en la Ley de Transparencia. La Jurisprudencia Administrativa del Consejo para la Transparencia desarrollada en menos de una década, ha ido delineando sus criterios de aplicación de la normativa respecto de las causales de reserva. Dichos criterios de interpretación de la normativa y su aplicación, están ligados con una actividad que ha sido frecuente en las decisiones del Consejo, cual es, la actividad ponderadora desarrollada a través de los Test de Interés Público y Test de Daño. Resulta de importancia efectuar una aproximación esquemática a la forma en que el Consejo ha llevado a cabo esta actividad de ponderación, mediante el análisis de los criterios que se extrapolan de sus fallos, ya que se va sentando jurisprudencia que puede ser analizada a fin de tener mayor certeza sobre el modo en que el Consejo aplica la Ley de Transparencia y las causales de reserva, certeza que sirve para que los abogados estén al tanto de cómo funcionan los criterios aplicados, para que el ciudadano sepa a qué atenerse al momento de efectuar solicitudes de entrega de información y los funcionarios públicos conozcan con claridad cuando obran al margen de los dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

En Chile el proceso de elaboración y definición de políticas públicas se concentra usualmente en los Ministros de Estado quienes tienen alta responsabilidad en su diseño e implementación. En este contexto, se genera una innovación institucional con la creación en 2003 de una figura pluripersonal responsable de la elaboración y definición de políticas, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), que incorpora en su estructura decisional la participación de la sociedad civil. La relevancia radica en que existe una diversidad de actores que deben relacionarse en la lógica de arreglos más colaborativos, comportamiento, que se aleja de la burocracia tradicional, que tiende hacer más impositiva centrada en el Estado como único actor. En esta nueva institucionalidad cultural, se consagra un primer período fundacional y por el lanzamiento de las primeras políticas culturales período 2005-2010. En el año 2010 tiene lugar el segundo proceso de definición de políticas culturales, con la Política Cultural 2011-2016. En el marco de esta trayectoria es que el objetivo de la investigación es analizar los instrumentos de participación en el proceso de formulación de políticas públicas culturales 2011- 2016, identificando si hay cambios en los mecanismos institucionales y normativos que aplica el Estado para implementar los principios orientadores de las políticas culturales en Chile, además de establecer sus actores y procedimientos. El estudio de caso es de tipo exploratorio descriptivo, con uso de metodología cualitativa, mediante el análisis de contenido en base al marco conceptual, de documentación secundaria institucional. La relevancia de esta investigación radica en el aporte empírico y analítico de la participación en las políticas culturales, área que cuenta con escasos estudios sobre el caso chileno. Del análisis realizado se concluye: Primero el cambio de signo político del gobierno de turno impacta en la orientación de las políticas en cultura, con menor participación en el gobierno de centroderecha y un esfuerzo por volver a la institucionalidad ministerial tradicional, visión que se condice con un modelo de políticas pública, de arriba hacia abajo . Postura que difiere de los grupos focales quienes entienden la participación como el mejor y único mecanismo para construir, ejecutar y evaluar la política cultural. Abogando por la transformación de ésta en políticas y acciones desde abajo hacia arriba , siendo el tema de la descentralización muy fuerte. Segundo, se evidencia un desempeño limitado de la participación de la sociedad civil en el Directorio, sea por la existencia de fuertes resistencias administrativas, por el debilitamiento de los Consejeros, en términos de ejercer sus derechos a participar en el espacio generado para ello o bien por que las decisiones a abordar escapan a la competencia real que tienen, pudiéndose avanzar tanto el fortalecimiento de la participación como en la generación de mecanismos que promuevan una mayor apertura de la Administración permitiendo así la ampliación de lo público, incorporando al ciudadano no organizado, creando una red más abierta y plural, aumentando el carácter democrático de la relación Estado-Sociedad Civil. Por lo tanto el comportamiento que adopta la participación en la formulación de políticas públicas culturales 2011- 2016 nos lleva a concluir que se responde más bien a un enfoque de arriba hacia abajo , ya que el aparato estatal convoca a distintos agentes, pero para un objetivo concreto rescatar insumo para el Borrador de Políticas culturales 2011-2016, esta idea se refuerza aún más con la configuración de la red, que está constituida en gran parte por expertos, técnicos y la comunidad artística, cultural.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La noción de transparencia está relacionada con la posibilidad de ver a través de algo. En el caso de nuestro estudio, se trata de que el Estado deje a los ciudadanos ver a través de su gigante infraestructura y poderes casi ilimitados, qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos, cómo lo están haciendo y en qué se están gastando los recursos - siempre escasos- que nunca alcanzan a cubrir todas las necesidades del país

Memoria audiovisual para optar al Título Profesional de Periodista / Los santiaguinos tienen miedo. Sus prácticas sociales y ciudadanas están siendo destruidas por una paranoia que se propaga con efectividad. La idea de una ciudad derrotada por la delincuencia, se instala como verdad oficial a partir de la información transmitida por los medios de comunicación y se convierte en el camino más fácil para que políticos y empresas de seguridad hagan del miedo su negocio. Paradójicamente, Santiago sigue siendo una de las ciudades más seguras de América Latina.

Las políticas públicas sobre el tema de la discapacidad han evolucionado en las últimas décadas, pasando de un modelo en el cual se entiende que estas personas deben ser objeto de políticas asistenciales y/o paternalistas, a uno en el cual se comprende a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Este cambio de paradigma responde a la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. A partir de dicho enfoque, las políticas ofrecidas y las respuestas brindadas a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad pasan a ser pensadas y elaboradas -desde y hacia- el respeto de los derechos humanos. Dentro de este nuevo enfoque, en el Perú se crea el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al cual se le otorgó potestad fiscalizadora y sancionadora con el objetivo de corregir aquellas conductas que afecten los derechos de las personas con discapacidad, así como desalentar el incumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades públicas y privadas con las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de contar con esta potestad fiscalizadora y sancionadora, hasta la fecha no se ha podido diseñar ni implementar medidas para su aplicación. En este contexto, el presente trabajo formula lineamientos estratégicos para implementar la potestad fiscalizadora y sancionadora del Conadis. Para ello, realiza un análisis de la situación de la mencionada institución y de los problemas que ha afrontado y que no le han permitido ejercer sus funciones de fiscalización y sanción dispuestas en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (Congreso de la República 2012) y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP (Mujer y Poblaciones Vulnerables 2014). A partir de este análisis, se plantean lineamientos y acciones estratégicas dirigidas a implementar las facultades de fiscalización y sanción del Conadis con el objeto de garantizar de mejor manera el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

El presente trabajo esta dividido en tres partes básicas; describe el proyecto de adaptación de técnicas ágiles en el desarrollo de una solución de software que permitirá automatizar el proceso de selección y nombramiento en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en segunda instancia se presenta la propuesta de mejora del proceso analizado previamente mediante su modelado mediante el uso de la metodología BPM y la herramienta Bizagi, finalmente se muestra los resultados de analizar el uso de practicas del modelo CMMI en dos áreas de proceso en la Oficina de TI del CNM. / Tesis

Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de magíster en derecho con menciones, mención derecho público. / A comienzos del año 2010, y habiendo trascurrido un breve período de tiempo desde la puesta en marcha de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, el Consejo para la Trasparencia (CPLT), resuelve agregar de manera experimental, un nuevo trámite, a los requerimientos de amparo ingresados por los solicitantes de información ante dicho organismo; dicho trámite se denominó “Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC)”, y se caracterizaba por la incorporación de un papel más activo por parte del CPLT, el que asumiría un rol mediador o conciliador en la búsqueda de acuerdos entre el reclamante y el Órgano reclamado, y con ello, eventualmente una resolución temprana de los requerimientos formulados y un mayor ahorro de recursos. Ahora bien, dicho trámite, no sólo implicaba un nuevo rol para el mencionado Órgano, -encargado específicamente del resguardo del Derecho de acceso a la información pública- sino que también, estaba dando lugar, a una actividad, al parecer no regulada expresamente en nuestro Derecho público nacional relativo a la materia, instándonos con aquello, a analizar en este caso, temas como la competencia de los Órganos de la Administración del Estado, la iniciativa que debe regir en sus funciones, y como convive con el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado; y en particular, hasta qué punto llegan, pueden llegar, y deben llegar las atribuciones de los Órganos públicos, así como cuál pudiera ser la contribución que puede tener este procedimiento, tanto para los solicitantes de información pública como para los Órganos requeridos que intervienen en la entrega de dicho tipo de información. En este trabajo, nos interesa analizar el porqué, el CPLT estimó que su utilización e implementación en nuestro derecho, podría contribuir a alcanzar de manera célere y completa el Derecho de acceso a la información pública, a tan escaso tiempo, de la entrada en vigencia de la Ley N°20.285, y si es posible calificar esta implementación como un procedimiento dotado de juridicidad de acuerdo a nuestra legislación. La peculiar incorporación, de un procedimiento no contenido en la Ley de Acceso a la Información pública, nos lleva a indagar en sus particularidades, así como en la experiencia comparada que sirvió de fundamento a este Órgano para optar por la inclusión de un sistema alternativo de solución de controversias en nuestro sistema de acceso a la información pública, cuales son las dificultades que ha enfrentado en su incorporación, como integra y promueve la participación de los interesados, entendiéndose como aquellos, el Órgano requerido y los solicitantes de información; y si es posible construir, sobre diversos conceptos, un nuevo accionar de la Administración que optimice las intervenciones públicas en función de sus deberes de protección; en otras palabras que logre una relación eficiente entre el adecuado ejercicio de este Derecho por la población y la misión para la cual ha sido creada dicha institución. Por otra parte y considerando que el actuar de la Administración se ha fundado siempre en la normativa, y se encuentra especialmente sometido al principio de juridicidad, como se consagra expresamente en los artículos 6 y 71 de la Constitución Política de la República, y en los demás principios que le son aplicables, como son los contenidos en Ley Nº18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado es que en este trabajo hemos resuelto analizar, en qué ámbito de la actividad de la Administración se encontraría el Sistema de Soluciones Alternativas a los Amparos del Derecho de Acceso a Información Pública, y con ello si en definitiva se encuentra avalado por nuestra legislación, o en caso contrario, cuáles serían los efectos que tendría para nuestra institucionalidad su incorporación en el Derecho de acceso a la información, sino contar con un espacio dentro de la misma. Es por lo indicado, que, elegido y aprobado el tema de este trabajo de investigación, y luego de seleccionada y revisada la bibliografía en que se apoya el mismo, surgió la necesidad, -para su mejor desarrollo y comprensión- de estructurar este trabajo en cuatro grandes apartados, con su correspondiente introducción y conclusión. El primer apartado o capítulo, denominado “SARC, Sistema Anticipado de Resolución de Controversias en El Derecho de Acceso a La Información Publica En Chile.”, contempla, antecedentes del CPLT y del SARC, así como la implantación de dicho sistema al interior de dicha entidad. En el siguiente apartado de este trabajo titulado “La Experiencia Comparada En Materia De SARC.” Se analiza este sistema en legislaciones anglosajonas como continentales y de influencia del Derecho francés. En el tercer capítulo denominado “EL SARC y Su Aplicación en La Administración Del Estado”. Se trató analizar la figura en la realidad nacional desde su recepción por parte de los Órganos obligados por la Ley de Transparencia, como los resultados de su aplicación a dichas instituciones. Finalmente se analizó en el capítulo cuarto de este trabajo la “Juridicidad Del Sistema de Solución Alternativa de Amparos en el Derecho de Acceso a La Información Pública”, lo que se abordó considerando la convivencia de los principios de legalidad, competencia e iniciativa, así como otras instituciones actuales del Derecho, que han surgido con ocasión de la evolución de los tiempos, como es la discrecionalidad administrativa, la actuación entra iuris y la actividad informal de la Administración entre otras. En cuanto al objetivo principal de este trabajo, en él se pretende analizar la legalidad del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias del Derecho de Acceso a Información Pública-SARC, implementado por el CPLT a partir del año 2010 y como aquel ha incidido en el ejercicio del Derecho de acceso a la información pública en nuestro país por parte de los solicitantes de información desde su puesta en marcha hasta la fecha. La técnica de investigación que se utilizó en este trabajo fue la documental bibliográfica, abordando para ello, diversas fuentes de información contenidas en bibliografía nacional e internacional tradicionales, como libros y tesis, así como revistas electrónicas, páginas web, informes en línea y fallos de órganos administrativos y tribunales, etc. Y, en cuanto a una conclusión fundamental sobre esta tesis, está el hecho que el CPLT, en este rol especial que detenta, y en consideración a la experiencia comparada, decidió la implementación del SARC en el marco del Derecho de Acceso a la Información Pública, considerando los positivos resultados obtenidos en dichas legislaciones, aun cuando no estaba contemplado en la nuestra, en atención a que vio a dicho sistema, como una alternativa viable y legítima, para alcanzar el Derecho de acceso a la información pública en nuestro país, y economizar el ejercicio de sus funciones, disponiendo para el efecto un procedimiento sistematizado y socializado a los Órganos de la Administración del Estado sujetos a las normas de Transparencia Pasiva.

El proyecto consiste en implementar el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, este edificio judicial su principal función es velar por la justicia del Perú nombrando, ratificando y destituyendo a los jueces y fiscales de toda la nación. La necesidad de la investigación se basa en la implementación de mejores espacios arquitectónicos que requiere la institución, ya que en la actualidad los que presenta no son óptimos y no están a la altura de una institución de tanta importancia. La ubicación del proyecto es en Lima debido a que según su Ley Orgánica la sede principal debe ser en la capital, por ende se ubica en San Isidro por ser un espacio estratégico debido a su cercanía con avenidas importantes que facilitan su ubicación. / The project consists of implementing the new National Council of Magistrates, this judicial building whose main function is to ensure the justice of Peru by appointing, ratifying and dismissing judges and prosecutors throughout the nation. The need for research is based on the implementation of better architectural spaces required by the institution, since currently the ones presented are not optimal and are not up to an institution of such importance. The location of the project is in Lima because according to its Organic Law the main headquarters must be in the capital, therefore it is located in San Isidro because it is a strategic space due to its proximity to important avenues that facilitate its location. / Trabajo de suficiencia profesional