La investigación desarrollada contiene un análisis riguroso y completo de los mecanismos de selección de causas vigentes en tanto en la Argentina como en el Derecho Comparado. En nuestro medio, se examina su funcionamiento en la órbita del recurso extraordinario federal (art. 280 del CPCN) y en el ámbito de la casación local (art. 31 bis de la ley 5827). A tales efectos, se presta especial atención al régimen del ‘certiorari’, pieza clave dentro de los llamados mecanismos “discrecionales” de selección de casos por parte de los superiores tribunales del país (Corte Suprema de Justicia de la Nación y Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires). El estudio comprende tres partes fundamentales. En la primera de ellas (que comprende los tres capítulos iniciales), se desarrollan los aspectos generales del ‘certiorari’ y de los mecanismos de selección acordados a las cortes supremas. En tal sentido, luego de la introducción general (capítulo primero), se analizan los fundamentos del instituto (capítulo segundo) y sus antecedentes en el derecho comparado (capítulo tercero). La segunda parte está dedicada fundamentalmente al estudio del régimen nacional, consagrado en el ámbito del recurso extraordinario federal (capítulo cuarto). Se analizan allí los antecedentes del art. 280 del CPCN, su dogmática (ámbito de aplicación, alcances de la discrecionalidad conferida por el dispositivo citado, causales que habilitan su utilización, el quid motivación, etc.). Inmediatamente después (capítulo quinto), se realiza panorama de previsiones del género contenidas en otras jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. art. 30, ley 402) y Tierra del Fuego (art. 293, CPC). La tercera parte (capítulo sexto) está dedicada al estudio del ‘certiorari’ en la Provincia de Buenos Aires, examinando también sus antecedentes, su ámbito de aplicación, las causales o motivos que autorizan a emplearlo y, especialmente, la incidencia del mismo como instrumento para procurar una reformulación de la casación local, sin perder de vista el rol que un superior tribunal estadual como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está llamado a cumplir en el sistema federal argentino.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se enmarca dentro del ámbito normativo chileno. Tiene por objetivo argumentar que el artículo 2331 del Código Civil chileno se encuentra plenamente vigente y no es contrario a la Constitución Política de la República. Y que por tanto, no dar indemnización por daños morales, en caso de vulneraciones contra el honor, no afecta la esencia de este último derecho. Para lo anterior, se apoyó en el análisis del precepto a través de normas de interpretación, doctrina y también en las justificaciones entregadas en los fallos del Tribunal Constitucional tanto a favor como en contra de la declaración de inaplicabilidad de éste. Tras el análisis, se llega a la conclusión de que existen otras formas de reparación más idóneas para reestablecer las cosas al estado anterior a la vulneración. Asimismo, se concluye que el artículo 2331 queda acotado a determinados casos, debido a la existencia de normas especiales en sede penal y normas aplicables a los medios de comunicación

Tesis (doctorado en derecho) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al reflexionar sobre el significado jurídico de la pasividad o inactividad del legislador, parece necesario analizar primeramente, si existe un deber jurídico de legislar en situaciones donde este comportamiento omisivo provoca consecuencias que vulneran el espíritu y la razón del ordenamiento jurídico. En un primer momento del análisis, al referirnos al contenido formal de la estructuración del Estado, podemos dar cuenta de la existencia de ciertas normas y principios que tienen a bien ordenar, dirigir y limitar los poderes que a su turno validan.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es hoy una de las acciones constitucionales más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico. A raíz de la reforma constitucional introducida por la Ley Nº 20.050 se modificó sustancialmente, desde el órgano llamado a conocerla hasta sus legitimados activos. En la presente tesis nos centraremos en identificar el procedimiento y particularidades de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad cuando ha sido deducida por órgano legitimado, para lo cual nos referiremos a la acción en sí misma, al procedimiento establecido para su sustanciación y evolución histórica, realizando un análisis pormenorizado en las diferencias teóricas que presenta cuando el legitimado activo es un tribunal, así como una revisión de la jurisprudencia emanada desde año 2006 a 2017, respecto de requerimientos deducidos por órgano legitimado, a fin de determinar si, efectivamente, existen diferencias teóricas en la acción, y si, de existir, estas se manifiestan en la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional / 8 mayo de 2020

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación se centra en analizar las implicancias que tiene para la protección del patrimonio cultural, su inserción dentro del fenómeno de la constitucionalización del derecho, de tal suerte que en su primer apartado, se identifica cómo se ha desarrollado conceptualmente su objeto de protección, verificando del examen de sus componentes y características, que éste no se circunscribe únicamente a la definición tradicional de bienes culturales. En su segundo apartado, y por medio del análisis histórico de los antecedentes y la evolución de su regulación, se busca determinar qué normas en nuestra carta fundante cumplen un rol particular (como ‘ejes’) en la protección del patrimonio cultural. Para luego en el tercer apartado, examinar cómo se sitúa dicha protección en el contexto de la constitucionalización del derecho, confirmando que los efectos derivados de esta última actúan sobre normas cuyo contenido no se encuentra del todo definido, lo que incide en que la factibilidad de la protección tiende a relativizarse ante la ausencia de un vínculo determinado entre las normas identificadas como ‘ejes de protección’, el que a su vez debe ser desarrollado principalmente por la vía hermenéutica frente a un caso en particular que requiera ser resuelto en derecho. Lo que nos presenta la necesidad de mejorar la coherencia entre tales normas. En su apartado final, se examina brevemente la legislación comparada en aras de ilustrar (a nivel constitucional) las soluciones concebidas en la protección del patrimonio cultural en cuatro países de Iberoamérica.

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de contestación de paternidad iniciado por B. Y. G. C. contra A. I. G. G. y S. N. G. L., así como en el proceso iniciado por J. I. C. G. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. En el primer proceso, los problemas están referidos, en primer lugar, a la constitucionalidad del artículo 364° del Código Civil y demás normas que, como ésta, imponen límites al cuestionamiento de la paternidad en el ámbito de la filiación matrimonial; en segundo lugar, a la correcta aplicación del control difuso en estos casos; y, en tercer lugar, al rol que juega el principio del interés superior del niño en la determinación de la filiación. Si bien estos temas han sido abordados por la jurisprudencia nacional, lo cierto es que ésta adolece de una falta de uniformidad en los criterios que son aplicados por los órganos jurisdiccionales del país con relación a ellos. Por eso, con la elaboración del presente trabajo, además de dar respuesta a la problemática planteada por el expediente, el tratar de extraer los principales criterios jurisprudenciales con relación a la identidad filiatoria y verificar qué factores sirven a ella para determinar la preeminencia de la verdad biológica o la verdad socioafectiva para determinar la filiación. Respecto al segundo proceso, se pretende analizar el principio de primacía de la realidad, el principio protector (principio Indubio Pro-Operario, principio de la norma más favorable, principio de la condición de más beneficiosa) y principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, los cuales se encuentra reconocidos y protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Constitución Política, la doctrina y la jurisprudencia, por lo que se ahondará en los beneficios que se obtienen a partir de estos. Asimismo, se pretende analizar la primacía de la Constitución sobre una norma de menor jerarquía y sobre cualquier documento que no describa la realidad. / Trabajo de suficiencia profesional