La presente investigación, elaborada hasta mediados de 2020, tiene como principal objetivo esclarecer la facultad disciplinaria del club deportivo en el régimen especial del futbolista profesional, deslindar sus alcances y justificar los motivos por los que la estructura piramidal de la Fédération Internationale de Football Association, «FIFA», puede, de acuerdo a las circunstancias, limitar sus atribuciones punitivas como empleador, lo cual no solo acontece a nivel deportivo, sino que hasta incluso trasciende a la rama del derecho del trabajo, logrando afectar los intereses de las partes que suscribieron dicho acuerdo bipartito. Con tal fin, ésta inicia describiendo el poder de dirección desde una óptica estrictamente laboral, para luego dilucidar las funciones y características de los tres (3) protagonistas del sector: (i) atleta, (ii) club deportivo y (iii) organización FIFA o fútbol organizado. Por último, ella recurre al análisis de la lex publica y lex sportiva, así como al de la doctrina y la casuística, dando espacio a la creación de ejemplos que facilitan la comprensión de lo cuestionado. Correlativamente, a lo largo de este texto se demuestra que lo tipificado actualmente dentro de la legislación laboral nacional –específicamente, en el literal d) del artículo 6° de la Ley 26566, «Régimen Laboral de los Jugadores de Fútbol Profesional»– resulta insuficiente para abarcar lo que acontece en la realidad, motivo por el cual se propone la modificación y adecuación de dicha normativa; un proceder primordial, sobre todo, en el caso de las sanciones pecuniarias usualmente impuestas por las entidades deportivas nacionales y mundiales

El presente informe jurídico se orienta a analizar las instituciones del personal calificado de confianza, así como las implicancias de las modificaciones del contrato de trabajo y los actos de hostilidad en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del poder de dirección del empleador regulado en el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No.728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR (en adelante, la LPCL), el cual se encuentra sujeto a determinados límites como son la razonabilidad y las necesidades empresariales. Sin embargo, se explicará que no en todos los casos, el empleador se encuentra obligado a motivar las razones objetivas y razonables de tal decisión, dado que, podrán existir excepciones (como es el caso de las modificaciones que derivan del retiro de confianza). En ese escenario, el objetivo del informe es demostrar que la Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante, la CSJR), en la emisión de la Casación Laboral No. 16973-2017-Tacna, no advirtió las consecuencias de la calificación de personal de confianza de la demandante, pues, partiendo de la situación especial y naturaleza subjetiva de dicho vínculo laboral, ya no sería necesario justificar la reducción de categoría profesional (en razón a la movilidad funcional descendente) ante un eventual retiro de confianza, dado que calificaría como motivo y/o sustento suficiente y, por ende, no configuraría un acto de hostilidad. Para dicho fin, se tomarán en consideración los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la República, así como el Informe No. 145-2019-MTPE/2/14.1 de la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y doctrina comparada, los cuales desarrollan el elemento subjetivo del retiro de confianza

presente trabajo presenta el diagnóstico de las características éticas de los servidores púbicos peruanos de los tres principales regímenes laborales, describiendo el contexto laboral en el que se desenvuelven y formulando algunas posibles explicaciones a los perfiles éticos encontrados. En dicha línea, esta tesis busca responder a las siguientes preguntas: ¿A qué características responden los perfiles éticos que existen en el sector público peruano? y ¿Qué causas condicionarían la configuración de tales perfiles? Esta investigación llega a la conclusión que las normas laborales (bajo la forma de regímenes generales) ejercen, en cierta medida, influencia en las percepciones de los servidores públicos, respecto del clima ético que dichos regímenes habilitan en sus entidades. Ello se traduce en la configuración de perfiles éticos con atributos medianamente diferenciados según cada régimen laboral. En efecto, cada régimen laboral general regula y organiza la gestión humana de las entidades públicas de diferente manera, generando climas éticos que desafían la forma de pensar o la orientación ética de los servidores públicos bajo su alcance. La particularidades de cada régimen laboral se analizaron a partir de una investigación exploratoria cualitativa realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR-, a cuatro componentes o dimensiones del clima ético: (i) Capacitación, (ii) Liderazgo de la Alta Dirección, (ii) Capacidad para denunciar conductas no éticas y (iv) Socialización profesional. En este punto, otra conclusión es que existe una desconexión entre los regímenes laborales y las necesidades o expectativas de los servidores en tales aspectos. Arribo también a la conclusión que las percepciones, de acuerdo con la filosofía, la psicología y la economía del comportamiento, responden a la influencia del grupo, a procesos emocionales, a sesgos cognitivos y a criterios de reciprocidad equilibrada que inciden, en alguna medida, en la calidad de los perfiles éticos que se forman. Por tanto, hay un desafío para los entes rectores tanto de recursos humanos y de integridad en nuestro país, que consiste en modificar los contextos laborales y conciliar los elementos que impiden promover mejores perfiles éticos en el Estado. / This research work presents the diagnosis of the ethical characteristics of the Peruvian public servants contracted by the three main labor regimes, by describing the context in which they work and by formulating some explanations on the ethical profiles found. Accordingly, the thesis aims to answer the following questions: to which characteristics do the ethical profiles in the Peruvian public sector respond to? And, which are the causes of the actual configuration of those ethical profiles? This thesis concludes that labor norms (represented by general regimes) influence, to some extent, the perceptions of public servants regarding to the ethical environment that those regimes set up in the public agencies. That turns into the configuration of ethical profiles with moderately distinguishable attributes by labor regime. In fact, each labor regime rules and organizes the human resources management of public agencies in a different manner, generating ethical environments that defy the way public servants think or their ethical orientation. The characteristics of each labor regime where analyzed based on an exploratory qualitative research performed by the National Authority for the Civil Service – SERVIR (for its initial in Spanish) to four dimensions of the ethical environment: (i) Training; (ii) Leadership of top level management; (iii) Capacities for reporting unethical behavior; and, (iv) Professional socialization. At this point, another conclusion is that labor regimes are disconnected from the necessities or expectations of public servants on those matters. Another conclusion is that perceptions, according to the philosophy, psychology and economics of behavior, respond to group pressure, emotional processes, cognitive biases and balanced-reciprocity criteria, that have an impact, in some measure, on the quality of ethical profiles. Therefore, there is a defiance for the ruling agencies of both human resources management and integrity in our country: change the labor contexts and reconcile the elements that prevent promoting better ethical profiles in the State.

El presente informe jurídico problematiza desde la perspectiva constitucional y laboral sobre la Sentencia STC N° 00013-2021-PI/TC la cual analiza la constitucionalidad de la Ley N° 31131 "Ley que implementa medidas para eliminar la discriminación en los regímenes laborales del sector público". A partir de los fundamentos de la sentencia se discute principalmente sobre el problema de dispersión normativa del empleo público y de cómo la coexistencia de regímenes con derechos disminuidos como el del régimen CAS afectan, en primer término, los derechos de los servidores públicos, así como a los principios del empleo público y demás principios reconocidos en la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. A partir del análisis realizado previamente se exponen las razones por las que la Ley N° 31 131 afecta, en particular, el principio de igualdad en el acceso al empleo público, el principio de equilibrio y estabilidad presupuestal, así como la competencia constitucional del ejecutivo para realizar la gestión de recursos humanos, los cuales son principios constitucionales reconocidos también en instrumentos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Se usa la metodología de investigación dogmático jurídica, la cual se sirve del análisis de las normas, así como de la jurisprudencia y doctrina a través de los métodos de interpretación jurídica aplicables al caso concreto.

En este informe se analiza el expediente judicial No. 183407-2003-00135-0, que culminó con la emisión de un precedente vinculante de la Corte Suprema de la República, referido a la puesta a disposición del cargo como acto jurídico laboral que pone fin a la relación laboral. Específicamente, el caso trata de un trabajador de dirección a quien su empleador (una empresa municipal) le solicitó poner su cargo a disposición. Cuando el trabajador puso su cargo a disposición en virtud de dicha solicitud, el empleador dio por terminado el vínculo laboral al amparo del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Ante ello, el trabajador demandó el pago de una indemnización por despido arbitrario, pues alegó que su cese no obedeció a su voluntad sino a la voluntad arbitraria de la empresa. Pues bien, el conflicto narrado da pie a dos cuestiones jurídicas relevantes y actuales. La primera cuestión por determinar es el régimen laboral de una empresa municipal, habida cuenta de su cercanía con la administración estatal y los fines públicos que debe perseguir; ello incide en el trato que se debe dar a los trabajadores de dirección. La segunda cuestión por determinar es si un cese con las características descritas es válido; es decir, si es que la puesta a disposición del cargo, solicitada por el empleador a un trabajador de dirección equivale a una renuncia válida. En fin, son dos las cuestiones relevantes que se abordan en el presente informe, las mismas que han presentado debate hasta los años recientes y, por ende, siguen siendo de relevancia para nuestro ordenamiento.

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en el análisis de una supuesta contradicción normativa entre las normas laborales y las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones, específicamente del canal de ventas Retail que este sector terceriza para cumplir con su obligación de capilaridad, partiendo de la aplicación de los requisitos esenciales de la tercerización, conforme lo establece la Ley N.º 29245 y su Reglamento Para ello, analizaremos las normas laborales y regulatorias que adviertan esta supuesta contradicción, doctrina sobre la materia y pronunciamientos de Juzgados y Salas Laborales, que últimamente se han visto en aumento respecto al canal de ventas Retail, materia de análisis. Los principales lineamientos regulatorios para el canal de ventas Retail los encontramos en el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL, que establecen la obligación de la empresa de telecomunicaciones de brindar recursos técnicos y materiales a los trabajadores de la empresa de tercerización, lo cual discrepa con este elemento esencial que establece la Ley N.º 29245. Es así que, en el proceso de elaboración del presente trabajo académico, podemos advertir que existe contradicción entre las normas laborales y las normas regulatorias, las cuales se desconocen entre sí, provocando que la misma sea objeto de demandas judiciales sobre desnaturalización de tercerización laboral. / The main objective of this research work consists in the analysis of a supposed normative contradiction between labor norms and the regulatory norms of the telecommunications sector, specifically of the Retail sales channel, which this sector outsources to comply with its capillarity obligation, based on from the application of the essential requirements of outsourcing, as established by Law No. 29245 and its Regulations Therefore, we will analyze the labor and regulatory laws, doctrine, and decisions of Labor Courts, which have recently increased in the Retail sales service, subject of analysis. The main regulatory obligations for the Retail sales service are found in the TUO of the Conditions of Use of Public Telecommunications Services and the Regulation of the Information System and Registry of Rates of OSIPTEL, which establish the obligation of the telecommunications company to Provide technical and material resources to the workers of the outsourcing company, which disagrees with this essential element established by Law No. 29245. In this sense, during the preparation of this academic work, we can point out that there is a contradiction between labor laws and regulatory laws, causing this to be the subject of lawsuits about denaturing labor outsourcing.

A pesar de las amplias fluctuaciones macroeconómicas, la tasa de desempleo muestra poca variabilidad. La informalidad y la ausencia de seguros de desempleo sugieren que otras formas de ajuste también operan en el mercado laboral. Postulamos que un componente importante y poco estudiado de la dinámica del mercado laboral dependiente del Perú urbano se da en términos de variaciones en la calidad del empleo y no solo en cantidades. En la presente investigación adoptamos un enfoque dinámico (paneles bianuales apilados 2007-2017) y construimos un indicador de las diferentes dimensiones de la calidad del empleo que toma en cuenta dimensiones monetarias, horas de trabajo y formalidad. Se precisan qué factores y qué importancia tienen estos en las transiciones entre calidades de empleo mediante la estimación de un modelo logit multinomial no ordenado. Los principales resultados son: (i) la calidad del empleo muestra una tendencia general, aunque declinante, de mejora, (ii) las transiciones al interior y hacia afuera del mercado laboral son de gran magnitud, (iii) diversas características individuales y del hogar se encuentran asociadas tanto a transiciones negativas como a permanencia en empleos de mala calidad, y (iv) el contexto general de la economía peruana ha favorecido las transiciones positivas y la mantención de empleos de buena calidad, pero, al igual que la calidad del empleo, este patrón ha perdido fuerza en los últimos años.

La presente tesis propone la exoneración del período de prueba de los trabajadores que fueron contratados luego de superar una etapa de capacitación impartido por sus futuros empleadores. Ello en base a la aplicación de los principios del derecho laboral, específicamente de los principios de buena fe, razonabilidad y primacía de la realidad. Para lo cual, partimos de la premisa que la finalidad del período de prueba ya se habría cumplido durante la capacitación, es decir, que el empleador, a lo largo de la capacitación y las evaluaciones al cabo de ésta, tomó conocimiento de la aptitud del trabajador que decidió contratar para desempeñar un puesto específico, con lo cual se ha configurado la razón de ser del período de prueba y resultaría innecesario someter al trabajador a una nueva evaluación sobre su idoneidad para el puesto. En consecuencia, en caso de pactar en el contrato de trabajo un período de prueba, a pesar de que el empleador haya capacitado y evaluado al postulante antes de la suscripción del contrato de trabajo, se produciría la desnaturalización del mismo. En este sentido, primer capítulo describiremos y delimitaremos la naturaleza de los períodos de capacitación como compromiso futuro de contratación; efectuaremos una descripción general de los tipos de capacitación existentes en el mercado laboral peruano y la regulación legal de cada uno de ellos, a fin de delimitar las circunstancias que cuentan con una regulación legal en materia laboral y aquellas a las que serían aplicables otras instituciones de carácter civil. Finalmente, nos ocuparemos de la regulación legal que el período de prueba tiene en nuestro país, así como identificaremos su finalidad. En el segundo capítulo se analizará la razón de ser de los principios del derecho laboral, con la finalidad de delimitar su naturaleza tuitiva así como el ámbito de su aplicación; del mismo modo, daremos a conocer nuestra posición sobre la aplicación de éstos últimos a los períodos de prueba en contextos de contratación de personal por parte de empresas que efectuaron la capacitación y evaluación a sus postulantes antes de la suscripción del contrato de trabajo. Finalmente, en el último capítulo describiremos la tendencia en el tratamiento de las tratativas previas a la suscripción del contrato de trabajo; así mismo, desarrollaremos un caso práctico ocurrido en nuestro país, analizando el criterio adoptado por el magistrado al resolver el caso; y proponiendo la forma de aplicación de los principios del derecho del trabajo que consideramos conveniente.

El presente artículo busca abordar la respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuándo se justifica el pago de indemnizaciones en la etapa formativa del contrato de trabajo? Para ello, nos remitimos a la legislación prevista en el Código Civil peruano, que es aplicable supletoriamente al ordenamiento laboral. Así, siguiendo las normas civiles, llegamos a la conclusión que corresponde otorgar indemnizaciones en la etapa formativa del contrato de trabajo, en los casos en los cuales, además de producirse un daño, se incumplen los deberes que rigen la etapa formativa, tales como el deber de diligencia, deber de información, deber de protección, deber general de no causar daños y el deber de negociar de buena fe, generando un alto grado de confianza en este último caso. De otro lado, también se justifica el pago de indemnizaciones en los casos en los que, no existiendo aún un vínculo de naturaleza laboral, se incumpla un acuerdo de naturaleza civil. Consideramos que resulta necesario abordar este tema en la medida en que las situaciones jurídicas laborales que se presentan en la práctica peruana vinculadas a la etapa formativa del contrato laboral son frecuentes. Sin embargo, hasta la fecha ni la doctrina ni la jurisprudencia peruana se han ocupado del tema. De allí la relevancia de la presente investigación que ensaya respuestas a muchas de las interrogantes que se presentan en el día a día

La presente tesis analiza la regulación del contrato a tiempo parcial en el Perú, a partir de un análisis dogmático de esta figura contractual. Esta investigación parte del hecho de que, a través de los años, los contratos a tiempo parcial han sido instrumentos jurídicos que han permitido evadir y, a su vez, vulnerar derechos laborales, considerando que cuentan con una regulación flexible respecto de algunos derechos de los trabajadores y que, por ende, permiten que los empleadores reduzcan costos de personal. Esta situación se ha producido debido a que la regulación actual de estos contratos no establece una definición expresa ni una finalidad o fundamento que justifique el porqué de su existencia en el ordenamiento jurídico, lo cual genera que su uso sea discrecional. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo determinar cuál es la finalidad propia de los contratos a tiempo parcial y plantear la necesidad de que esta sea incluida, de manera expresa y concreta, en la normativa laboral peruana. Asimismo, y sobre la base de dicha finalidad, tiene como objetivo evaluar, a lo largo del documento, diversos aspectos jurídicos de la contratación a tiempo parcial vinculados a los derechos de los trabajadores, a fin de poder formular propuestas que ayuden a que su regulación sea la adecuada. Para estos efectos, se analiza legislación nacional y comparada, datos estadísticos, doctrina nacional e internacional sobre el tema, así como jurisprudencia que aporte criterios relevantes al respecto. Finalmente, se presenta una propuesta de regulación legislativa ad hoc de los contratos a tiempo parcial, tomando en consideración su finalidad.