Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En ese sentido, es de suma relevancia que todo ordenamiento jurídico cuente con los mecanismos necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los proveedores que se vinculan con la Administración Pública. Sin perjuicio de ello, también es importante que el sector privado vea protegida su inversión si es que la Entidad contratante procede de manera arbitraria. La presente investigación tiene como objetivo plantear que no existe alguna justificación para que las controversias que surjan a raíz de la ejecución de prestaciones adicionales sin la aprobación o aprobación parcial de la Entidad, sean llevadas ante el Poder Judicial, ya que, cualquier tipo de conflicto en la ejecución del contrato debería ser revisado empleando la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de controversias. En efecto, plantearemos que estas controversias, puedan ser llevadas ante los mencionados medios de solución de controversias. Para dicho fin, emplearemos la figura del principio de equilibrio económico financiero del contrato, el cual, si bien tiene como finalidad garantizar que deba existir reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera que exista correspondencia de unas con otras, y se los pueda considerar como equivalentes a las prestaciones pactadas (Rodríguez, 2011, pp. 55-87), también puede ser aplicado de forma extensiva hacia los mecanismos de solución de controversias, pues la equivalencia entre las prestaciones pactadas, también implica que los conflictos que surjan sean analizados por especialistas que tengan pleno conocimiento sobre la materia, y no encargar dicha tarea a una institución caracterizada por su lentitud en la resolución de casos.

El trabajo propone, la implementación de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno como modelo de Compliance para prevenir y controlar los actos de corrupción que pudieran consumarse en las Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional del Perú, toda vez, que al igual que en otras entidades del Estado existe un alto riesgo de corrupción en la Gestión de Adquisiciones de bienes y servicios, el mismo que permitirá garantizar el principio de buena administración que debe regir en toda administración pública, a fin de brindar un servicio público de calidad. Asimismo, esta investigación tiene como objetivo determinar si la implementación de la mencionada Norma ISO 37001 en la Gestión de Adquisiciones de Bienes y Servicios que realiza la institución policial, contribuye en la prevención y control de la corrupción, y en consecuencia a la materialización del principio de buena administración que debe existir en todas las actuaciones en sede administrativa, además, la presente investigación se abordó con el método deductivo, partiendo desde premisas generales a las particulares. Finalmente, se concluye en líneas generales que la implementación de la referida Norma ISO, en la Gestión de Adquisición de bienes y servicios que realizan las Unidades Ejecutoras Policiales, permitirá establecer sistemas de gestión de riesgos y sus controles respectivos para prevenir y controlar los posibles actos de corrupción, coadyuvando a la materialización del principio de legalidad, transparencia y eficacia que son parte de la buena administración en la institución policial, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional de brindar un servicio público de calidad en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana, en favor de la ciudadanía, siendo un rol importante el que cumplen en ese escenario el Oficial de Cumplimiento y el Oficial de la Oficina de Integridad Institucional.

El Estado se constituye como el mayor cliente de bienes y servicios, tanto por sus volúmenes como por su periodicidad, motivo por el cual, para regular las condiciones de dichas operaciones comerciales, se gestióno un sistema administrativo especializado: contratación pública Ahora bien, dicho sistema ha sufrido distintos cambios en el tiempo, por lo tanto, hemos producido cambios positivos que han generado eficiencia, como otros cambios que resultan discutibles; sin embargo, es innegable señalar que esta especialidad se encuentra en constante desarrollo, siendo que los casos individuales como el presente nos permiten enriquecernos de manera práctica. En el presente informe analizaremos la ejecución del contrato N°010-2012-MIDIS-PRONAA (en adelante, el Contrato) que fuese suscrito entre el Consorcio de Alimentos S.A.C (en adelante, el Consorcio) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (en adelante, el PRONAA). La controversia se suscita en un accidente automovilístico ocurrido al transporte de los bienes del Consorcio, en el que posteriormente los bienes son entregados a la Entidad, aceptados y posteriormente rechazados, lo cual permite analizar distintas figuras jurídicas como la ampliación de plazo, penalidades, resolución parcial y, finalmente un arbitraje. La perspectiva que buscamos presentar mediante el presente informe se da tanto por el lado del empresario, como por parte de la Entidad, pues en el ejercicio de sus obligaciones contractual ambos cometen errores, situación individual que puede mostrar un panorama general de las conductas de los actores de las contrataciones públicas.

El presente artículo aborda la aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante el periodo del 2003 al 2019. Para ello, la autora realizó una investigación de los mencionados laudos que se obtuvieron de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Como resultado, se identificaron cuatro casos en los que la autora considera que la decisión del laudo estuvo fundamentada en argumentos basados en las normas de derecho privado, lo cual no resultaba pertinente legalmente, debido a que pudo haber sido aplicada la normativa de contrataciones del Estado. / This article approachs the supplementary application of private law rules in the resolution of awards during arbitrations in which the Programa Nacional de Asistencia Alimentaria acted as an Entity during the period from 2003 to 2019. For this, the author carried out an investigation of the aforementioned awards that were obtained from the platform of the Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. As a result, four cases were identified in which the author considers that the decision of the award was based on arguments based on private law, which was not legally relevant, since the State contracting regulations could have been applied. / Trabajo académico

El presente trabajo abarca la aplicación de la normativa general de Derecho Administrativo, el Texto Único y Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de la normativa especial, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850. Esto en el Arbitraje CCI N°20513/ASM, en referencia al Laudo Arbitral Final que puso fin a la controversia entre el Consorcio Nippon Koei -OIST y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esta controversia se inicia con la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obras del Proyecto de Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Piura – Castilla y Chimbote. / This work covers the application not only of the general rules of Administrative Law, the Sole and Orderly Text of the General Administrative Procedure Law, but the special rules, the State Contracting and Procurement Law, Law 26850. This in ICC Arbitration N°20513/ASM, in reference to the Final Arbitral Award that put an end to the dispute between the Nippon Koei -OIST Consortium and the National Urban Sanitation Program. This dispute began with the liquidation of the Consulting Services Contract for the Supervision of Works for the Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the Cities of Piura - Castilla and Chimbote.

La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.

En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel sub-nacional, las compras irregulares han involucrado a autoridades Regionales y Locales por colusión, sobornos y presupuestos ficticios. En ese contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis los Gobiernos Regionales de Callao y Ancash, durante las gestiones de Félix Moreno, y César Álvarez (2010-2017), quienes se encuentran involucrados en el caso Odebrecht. La constructora brasileña habría realizado una serie sobornos a los exgobernadores regionales mediante un esquema sumamente complejo de corrupción a cambio de ganar licitaciones, luego inflar sus costos con numerosas adendas, y repetir el ciclo de corrupción. Por ello, esta investigación pretende responder qué factores explican el funcionamiento de los mecanismos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse contrataciones públicas de infraestructura en dichos gobiernos regionales (2010-2017). Se sostiene que la colusión entre políticos y empresarios depende de tres factores: i) eficacia del contratista, ii) contactos en el Estado y la Sociedad y iii) sofisticación del mecanismo de corrupción. De esa manera, dichos mecanismos pueden funcionar para obtener la buena pro, incluso con el cumplimiento de entrega de la obra en el tiempo acordado. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, el cual realiza entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos fiscales, judiciales y contractuales. Así, esta investigación pretende entender las dinámicas de corrupción en las contrataciones del Estado: un concurso sin competencias

En el presente trabajo académico se desarrolla un análisis del conflicto que se origina en la redacción de la normativa de contratación estatal peruana, referente a la nulidad de oficio del contrato administrativo, esto es, aquel que ha sido producto de un proceso de contratación en los que se han llevado a cabo actos que contravienen estas normas, lo que en suma con las potestades administrativas discrecionales que ostenta la entidad estatal que lo suscribe, deviene en una distorsión interpretativa de la misma, con consecuencias de diferente envergadura: desde una percepción general de impunidad ante las contrataciones nulas, hasta la convalidación de una serie de actos de corrupción1. Por ello, el exceso de discrecionalidad de la entidad debe ser objeto de control a través de la norma, separando de manera clara los actos anulables de los nulos, donde los primeros adolecen de vicios que no afectan el orden público, por lo que es posible privilegiar el interés general en su valoración sobre aquellos; mientras que, en los segundos, no cabe esta potestad al ser el ordenamiento jurídico el que ya ha realizado esta valoración y los califica de vicios que no pueden convalidarse debido a su innegable afectación del orden público. Por tanto, ningún acto propiamente nulo puede ser objeto de discrecionalidad en su declaratoria. Es así que mediante el análisis teórico de los presupuestos doctrinarios, en conjunto con una interpretación sistemática de la normativa en cuestión, se concluye en ratificar lo antedicho, debido a que no se puede negar la naturaleza de un acto que es nulo, ni aun amparándose en las potestades discrecionales de las que puede hacer uso una entidad.

La presente investigación analiza la experiencia de la Municipalidad Provincial de Canchis en materia de procesos de contratación de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública tomando la obra “Construcción de la Plaza de Armas de la Ciudad de Sicuani” como caso de estudio. La investigación se lleva a cabo en un gobierno local de Cusco que realizó adquisición de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública, detallando este proceso de ejecución de obra en dos contextos temporales: la ejecución de la obra por una empresa privada y la ejecución de la misma por una entidad estatal. Se estudia la variada casuística presentada en los procesos de contratación de bienes y servicios para la mencionada obra pública, describiendo las ventajas y desventajas de las contrataciones en ambos situaciones: ejecución privada como ejecución pública.

El presente Informe de Relevancia Jurídica se analiza los principales problemas sobre Derecho Administrativo, Concesiones y Arbitraje acerca de la controversia surgida a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por OSITRAN contra el Concesionario COVIPERU, a propósito del Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la sociedad Concesionaria COVIPERU. Los problemas surgen de una interpretación errada por parte de OSITRAN del Contrato de Concesión, así como de contradicciones respecto a determinar el alcance de las obligaciones por parte de la empresa. A partir de ello, se determinará si la interpretación efectuada por OSITRAN es correcta teniendo en cuenta los hechos y fundamentos presentados por las partes para imponer sanción a COVIPERU. Asimismo, se analizará si es que la Resolución que deniega la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador cumple con el requisito de la motivación y si la aplicación de las normas invocadas es pertinente. De igual manera, se analizará si es que el artículo 64 es pertinente de aplicación para dilucidar si la suspensión del procedimiento sancionador, frente al proceso arbitral es conforme a derecho. Para ello, se utilizará doctrinas propias del Derecho Administrativo, Constitucional y Arbitral, así como de las Concesiones. Así, en el presente informe se concluirá que la interpretación efectuada por OSITRAN carece de sustento normativo, dado que su actuación no se condice con los Informes emitidos. De igual forma, la resolución que deniega la solicitud de suspensión incurre en una motivación insuficiente, toda vez que inaplica una norma importante y no desarrolla en lo absoluta la norma invocada.