El presente informe jurídico tiene por finalidad analizar el razonamiento que tuvo la Sala Superior en relación al artículo 41 del Decreto Legislativo No. 1017 en virtud a la Resolución No. 10 del Expediente No. 00291-2021-0-1817-SP-CO-02. Principalmente discutiremos si es correcto, como consideró la Sala Superior, que cualquier controversia vinculada a un adicional de obra se encuentra prohibido de ser sometida a un proceso arbitral, o por el contrario, conforme a la postura que defenderemos, si estamos ante una interpretación errada, debido a que la referida prohibición solo excluye de la arbitrabilidad a cuestiones controvertidas vinculadas a adicionales no aprobados o la decisión de aprobar dichos adicionales. Asimismo, en el presente informe, argumentaremos como la prohibición contenida en el artículo 41 del Decreto Legislativo No. 1017 debe interpretarse desde una lectura restrictiva, lo cual no ocurrió en la decisión de la Sala Superior. Del mismo modo, abordaremos como la intención del legislador siempre fue la de excluir del arbitraje solo a controversias que deriven de adicionales no aprobados. Este hecho también será visto desde un desarrollo histórico de la evolución normativa de la referida prohibición. Finalmente, llegaremos a la conclusión que la Sala Superior tuvo una errada lectura del artículo referido, y por consiguiente no debió anular de oficio el laudo arbitral en cuestión, haciendo incapié que su decisión afecta gravemente la seguridad jurídica en las contrataciones estatales. / The purpose of this legal report is to analyze the reasoning of the Superior Chamber in relation to Article 41 of Legislative Decree No. 1017 by virtue of Resolution No. 10 of Case No. 00291-2021-0-1817-SP-CO-02. We will mainly discuss whether it is correct, as the Superior Chamber considered, that any controversy related to an additional work is prohibited from being submitted to an arbitration process, or on the contrary, according to the position we will defend, whether we are facing an erroneous interpretation, since the referred prohibition only excludes from arbitrability controversial issues related to unapproved additional works or the decision to approve additional works. Likewise, in this report, we will argue how the prohibition contained in Article 41 of Legislative Decree No. 1017 should be interpreted from a restrictive reading, which did not occur in the decision of the Superior Chamber. Likewise, we will discuss how the legislator's intention was always to exclude from arbitration only disputes arising from unapproved additions. This fact will also be seen from a historical development of the normative evolution of the referred prohibition. Finally, we will conclude that the Superior Chamber had an erroneous reading of the aforementioned article, and therefore should not have annulled ex officio the arbitration award in question, emphasizing that its decision seriously affects legal certainty in state contracting.

En este informe jurídico se aborda un problema principal y tres problemas secundarios relacionados con la Resolución Nº 46 Laudo Arbitral - Arbitraje Ad Hoc seguido entre OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. y PROVÍAS. NACIONAL. El problema principal radica en la posible alteración de la ruta crítica de la obra. Se concluye que sí existe un impacto en la ruta crítica, contrario a lo que señala el Tribunal Arbitral. El primer problema secundario sobre el impacto de la ruta crítica por el comportamiento de un tercero ajeno al contrato de obra, se determina que sí es posible, toda vez que el retraso en la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 10 incurrido por la Contraloría General de la República constituye una causa que no es atribuible al contratista. El segundo problema secundario se refiere a partir de qué momento se puede ejecutar un presupuesto adicional que excede el 15% del monto contractual. Se establece que la aprobación se da a partir de la emisión de la resolución por parte de la Contraloría General de la República, que dispone la aprobación del presupuesto adicional solicitado por la entidad contratante. El tercer problema secundario analiza si el contratista debe solicitar la ampliación de plazo por un adicional de obra sin la autorización de la Contraloría General de la República. Se concluye que no es posible, ya que, sin dicha aprobación, no se puede ejecutar el adicional ni obligar al contratista a solicitar la ampliación de plazo. / This legal report addresses one main problem and three secondary problems related to Resolution No. 46 Arbitration Award - Ad Hoc Arbitration followed between OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. and PROVIAS NACIONAL. The main problem lies in the possible alteration of the critical path of the project. It is concluded that there is an impact on the critical path, contrary to what the Arbitration Court indicates. The first secondary problem regarding the impact of the critical path due to the behavior of a third party unrelated to the work contract, is determined to be possible, since the delay in the approval of Additional Budget Nº 10 by the Comptroller General's Office the Republic constitutes a cause not attributable to the contractor. The second secondary problem refers to when an additional budget that exceeds 15% of the contractual amount is considered approved. It is established that the approval is given from the issuance of the resolution by the Comptroller General of the Republic, which provides for the approval of the additional budget requested by the contracting entity. The third secondary problem analyzes whether the contractor should request an extension of the deadline for additional work without the approval of the Comptroller General of the Republic. It is concluded that it is not possible, since, without said approval, the additional cannot be executed or the contractor be forced to request the extension of the deadline.

El presente informe jurídico se fundamenta en el caso arbitral N°0265-2017- CLL de fecha 22 de julio de 2019 en el que se detalla el incumplimiento de la obligación esencial de entrega oportuna de terrenos de Provías Nacional que generó un desequilibrio contractual y requirió, por lo tanto, una modificación contractual. Este caso evidencia la importancia de cumplir oportunamente los tiempos de entrega de los acordado por la entidad pública para mantener el equilibrio económico financiero del contrato y las ampliaciones de plazo como medio para restaurar dicho equilibrio. La presente investigación, por tanto, se centrará en estudiar las obligaciones de los contratos administrativos, el equilibrio contractual y las causales de modificación contractual y las ampliaciones de plazo como alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato administrativo. Tras este proceso, se plantea que existió incumplimiento de la entrega oportuna de terrenos, incumpliendo con una obligación esencial para la ejecución del contrato que llevaría a requerir una modificación contractual para mantener el equilibrio contractual por lo que, las ampliaciones de plazo eran necesarias. El caso en mención, se analiza utilizando el Decreto Legislativo N° 1057 Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo general, opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y textos doctrinarios pertinentes. / The present law report is based in the arbitration case N°0265-2017-CLL dated July 22th 2019, which details the breach of the essential obligations of an appropriate timely delivery of the lands by “Provias Nacional”. This resulted in a contractual imbalance that needed a contractual modification. This case puts in evidence the importance of adhering to the delivery timelines agreed upon by the public entity to uphold the financial equilibrium of the contract and the use of deadline extensions as a way to restore that equilibrium. Therefore, this investigation will be focus on the study of the obligations of the administrative contracts, the contractual equilibrium and the grounds for a contractual modification, as well as the use of a deadline extension as an alternative to maintain the financial equilibrium of an administrative contract. Through this review process, it is asserted that there was a failure from the entity side in the timeline of the lands delivery, this constitutes a mayor breach of the essential contract obligation, thereby the request of contract modification to preserve the contract equilibrium and a deadline extension was necessary. This case of study has been analyzed in this inform under the Legislative Decree N. 1057 of the Peruvian Arbitration Law, the Peruvian State Contracting Law, the Peruvian General Administrative Procedure Law, diverse opinions from the Peruvian Supervisory Agency for State Contracting (OSCE) and relevant doctrinal texts.

El desarrollo del presente informe se sustenta en los aspectos jurídicos más relevantes en torno a la Resolución N° 5 del Expediente N° 00215-2023-0-1817- SP-CO-02, que resuelve anular parcialmente el laudo arbitral del 21 de febrero de 2023. En dicho arbitraje se discutió la aplicación de "penalidades por mora" y "otras penalidades" bajo la Ley N° 29230. Posteriormente, luego de haber abordado los aspectos relevantes sobre las penalidades contractuales, se procederá a examinar la facultad del Poder Judicial para anular laudos arbitrales por motivación insuficiente. Para ello se debe tener en cuenta si bien no es posible aplicar el estándar de motivación judicial a los arbitrajes, los árbitros deben sustentar sus decisiones en aspectos fácticos y jurídicos del caso concreto a fin de no vulnerar el derecho a la debida motivación que asiste a las partes. Aunado a ello, se tiene que en el Caso Arbitral N° 0267-2022-CCL el tribunal arbitral ha evaluado con coherencia la forma en la que se debe sancionar el incumplimiento del supervisor al no haber entregado los informes respectivos en el plazo contractualmente establecido, para ello sustenta su decisión en la fórmula prevista en las bases integradas del contrato. Sin embargo, pese a está prohibido expresamente que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia, en el caso particular se evidencia que se ha solicitado la precisión respecto al monto de referencia, lo cual estaría afectando la irrevisabilidad del laudo. / The development of this report is based on the most relevant legal aspects regarding Resolution No. 5 of File No. 00215-2023-0-1817-SP-CO-02, which certifies to partially rescind the arbitration award of February 21, 2023. During the arbitration, the application of "late penalties" and "other penalties" under Law No. 29230 were discussed. Subsequently, after having addressed the relevant aspects of contractual penalties, we will proceed to examine the power of the Judiciary to rescind arbitration awards due to insufficient motivation. In order to successfully complete this task, it must be taken into account that although it is not possible to apply the standard of judicial motivation to arbitrations, arbitrators must base their decisions on factual and legal aspects of the specific case in order not to violate the right to due motivation that assists the parts. In addition, in Arbitration Case No. 0267-2022-CCL the arbitration tribunal has consistently evaluated the way in which the supervisor's non-compliance should be sanctioned for not having delivered the respective reports within the contractually established period, decision that is based on the formula provided in the integrated bases of the contract. However, although it is expressly prohibited for the Judiciary to rule on the merits of the controversy, in the particular case it is evident that precision has been requested regarding the reference amount, which would affect the nonreviewability of the award.

El caso materia de análisis del presente informe jurídico se produce en el marco de la suscripción del Contrato N° 003-2018-IN/OGIN de supervisión entre el Consorcio Bravajal y el MININTER para la obra: “Ampliación de los Servicios de la Escuela Técnico Superior Iquitos de la Policía Nacional del Perú – Primera Etapa”. Este contrato, se producía con la intención de continuar el servicio de supervisión; toda vez que, el MININTER había resuelto el contrato del anterior supervisor. Es en tal relación contractual, que se suscitan eventos inmersos en instituciones jurídicas como la resolución de contrato, declaratoria de nulidad de oficio, ampliaciones de plazo, incumplimiento de obligaciones esenciales. De tal forma que, mediante el presente informe se pretende analizar si por un lado la resolución efectuada por el contratista se siguió conforme lo establece el procedimiento previsto en el marco normativo de contratación estatal. Por su parte, también se cuestionará si la declaratoria de nulidad de oficio por la presunta transgresión al principio de presunción de veracidad propiciada por la Entidad fue conforme a la Ley de Contrataciones con el Estado en concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Finalmente, el informe abarca el análisis sobre las ampliaciones de plazo al contrato de supervisión N° 03 y N° 04; y, si la falta de pago de dichas prestaciones corresponde ser calificado como un incumplimiento de obligación esencial. Lo cual, a su vez habilitaría a que, según el marco normativo de Contrataciones del Estado, el Contratista proceda a efectuar la resolución de contrato basada en tal causal. / The case under analysis of this legal report occurs within the framework of the signing of Contract No. 003-2018-IN/OGIN for supervision between the Bravajal Consortium and MININTER for the work: "Expansion of the Services of the Iquitos Higher Technical School of the National Police of Peru – First Stage". This contract was produced with the intention of continuing the supervision service; since the MININTER had terminated the contract of the previous supervisor. It is in such a contractual relationship that events immersed in legal institutions arise, such as the termination of the contract, declaration of nullity ex officio, extensions of the term, breach of essential obligations. Therefore, this report aims to analyze whether, on the one hand, the resolution made by the contractor was followed in accordance with the procedure provided for in the regulatory framework of state contracting. For its part, it will also be questioned whether the declaration of nullity ex officio for the alleged transgression of the principle of presumption of veracity promoted by the Entity was in accordance with the Law of Contracting with the State in accordance with the Law of General Administrative Procedure. Finally, the report covers the analysis of the term extensions to supervision contracts No. 03 and No. 04; and, if the non-payment of such benefits should be classified as a breach of essential obligation. Which, in turn, would enable the Contractor, according to the regulatory framework of State Contracting, to proceed to terminate the contract based on such cause.

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Qué entender por contratación pública como marco de desarrollo de la actividad del Estado. Definición de acto administrativo para arribar a un concepto de contrato administrativo y desarrollo de todos aquellos aspectos considerados fundamentales, como son sus elementos; sus bases positivas; y eficacia. El actual sistema de contratación y compras públicas a partir de la dictación de la Ley N°19886, del año 2003, y su D.S. N°250 del Ministerio de Hacienda del año 2004. Revisión de antecedentes relevantes que explican la introducción de esta modificación legal dentro del contexto político administrativo y la incorporación de los conceptos de publicidad, transparencia y probidad en el ejercicio de sus funciones. Análisis de la norma propiamente tal, determinando su ámbito de aplicación, sus exclusiones, los contratos administrativos regidos por ésta, como asimismo de los distintos procedimientos administrativos que preparan la contratación, cuales son, el convenio marco, la licitación pública, licitación privada y contratación directa. Análisis de la aplicación que reciben los principios informantes de las normas aplicables al sistema de contratación y compras públicas vigente; desde la revisión de aquellos principios que encontramos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tienen aplicación universal a todo órgano de la Administración, como aquellos principios que rigen la contratación administrativa en particular, pero de modo general, ya que resultan aplicables a todos los contratos administrativos; para finalmente abordar los principios que regulan en específico los contratos de suministro y prestación de servicios, enunciados en el Mensaje Presidencial del que da cuenta la historia de la ley como principios formativos del proyecto de ley sobre contratación y compras públicas, y posteriormente recogidos por la propia Ley N°19.886 y su Reglamento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se determinó el nivel de resguardo de la competencia y su suficiencia en el sistema público chileno basado en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento. Para ello, hicimos una descripción del sistema de contrataciones público chileno y los diversos tipos de mecanismos de adquisiciones que éste contempla. Analizamos la relación de interdependencia entre competencia y contratación pública; y los efectos de corto y largo plazo que un diseño ineficiente podría causar en el mercado y la competencia. Sugerimos tres directrices o criterios competitivos que toda legislación debería incluir en sus disposiciones para resguardar un entorno competitivo en las adquisiciones del Estado. Identificamos tres problemas principales en el sistema de contrataciones público; tales como, problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras que establecen barreras de entrada a los competidores; necesidad de fomento de un Sistema de Contratación Pública estratégica y problema en el Sistema de Pagos. Expusimos tres propuestas de soluciones a los problemas ya expuestos; en base a la experiencia del Derecho Comparado. Finalmente, podemos adelantar que el sistema de compras público chileno es capaz de resguardar la competencia; no obstante dicho resguardo no es suficiente debido a la mayoría de problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras y su Reglamento

La elaboración del presente trabajo, responde a la necesidad que afronta la empresa de contar con una identificación clara y bien definida de todos los servicios que contrata en los distintos niveles operativos y administrativos, consolidados en un documento que permita una adecuada administración de la información y consecuentemente un mejor control de los servicios. DISEÑO DE UN SOPORTE DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES EN UNA EMPRESA PETROLERA, tiene por objetivo subsanar esta falencia que actualmente viene provocando, a niveles administrativos, serios problemas de control de la información de los servicios y de gestión al momento de su contratación. Esta propuesta de solución contempla dos aspectos; el primero, consiste en estructurar e implementar un Catálogo de Servicios, en el cual se consoliden todos los servicios que contrata la empresa, dando mayor énfasis a aquellos que se requieren frecuentemente y por periodos definidos. Este punto constituye la base fundamental del presente trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/10/2019