El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió adjudicarse las más importantes obras de infraestructura. Tras el destape de este escándalo en Brasil, los países involucrados iniciaron múltiples investigaciones. En el caso peruano, el estado del sistema de justicia hacía presagiar que las investigaciones no tendrían mayores consecuencias penales; sin embargo, la forma en la que el Ministerio Público afrontó el caso fue inesperada, ya que ha confrontado a las más altas esferas del poder político y económico, y ha posicionado al Perú como un inesperado campeón regional en la lucha anticorrupción. Del análisis de esta situación paradójica surge la pregunta que motiva esta investigación: ¿Por qué si la situación del sistema de justicia peruano hacía esperar que los implicados en el mega caso de corrupción Lava Jato no tengan sólidas investigaciones penales, lo que ha ocurrido es que un grupo de fiscales peruanos ha afrontado estas investigaciones con una clara oposición a los intereses de las élites políticas y económicas? Esta tesis argumenta que el avance de las investigaciones en Perú puede ser explicado por la confluencia de cinco variables: fiscales que se posicionan como islas éticas, cambios en el balance del poder político, la cooperación judicial internacional que se estableció con Brasil, el respaldo popular a la lucha anticorrupción y el apoyo intrainstitucional a las investigaciones.

Some resource-dependent countries experience substantial increases in government revenue during natural resource booms. Recent theoretical and empirical contributions (Robinson et al. 2006, Brollo et al. 2013) have argued that such abundance of windfalls can have a negative effect on the functioning of local institutions. In particular, abundance of windfalls could increase the incidence of corruption because their presence aggravates the moral hazard problem that exists between citizens and their elected authorities. This is so because an increased budget means that officials can appropiate rents illegally without compromising their obligations with the electorate, thus distorting the inferences that citizens make about their authorities’ competence. Furthermore, such agency problem could be aggravated by the self-selection of relatively worse candidates entering politics (assuming rents are more valuable for the relatively less skilled), because incumbent mayors (including corrupt ones) would face weaker competition. Exploiting substantial time and spatial variation in the amount of mining-related transfers received by the districts of Peru during the 2000s commodity boom, I implement a difference-in-differences strategy to put the mentioned theory to test. I find evidence supporting the hypothesis of a non-monotonic effect of windfalls on the incidence of corruption, and a negative effect of windfalls on the quality of candidates drawn to challenge incumbents and compete for public office. I do not find strong evidence of the theorized relationship between the two phenomena, but I propose further research pathways to improve our understanding of the results.

El presente artículo académico tiene como finalidad realizar un análisis sobre el elemento normativo “caso judicial o administrativo” del tipo penal de Tráfico de influencias, el mismo que ha sido objeto de varias interpretaciones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Para abordar el objetivo planteado, el artículo académico se dividirá en tres capítulos. En el primero, se realiza un análisis del tipo penal, en el que se da cuenta de su evolución normativa, el bien jurídico protegido y los elementos del tipo objetivo. En el segundo, después de un recuento por los instrumentos internacionales, la legislación comparada y la jurisprudencia nacional, se propone la interpretación del elemento “caso judicial o administrativo”. En el tercero, se aborda el principio de legalidad penal y la interpretación teleológica del elemento normativo en cuestión. Finalmente, se concluye que la interpretación del elemento “caso judicial o administrativo” debe ser amplia. Por lo que, “caso judicial” debe comprender no solo los procesos del ámbito jurisdiccional, sino los previos a este (investigación policial y fiscal), mientras que “caso administrativo” debe entenderse como procedimiento administrativo. La metodología empleada tiene como base la revisión de conceptos dogmáticos, los principios del derecho penal y constitucional, así como los conceptos del derecho administrativo y procesal; para lo cual, se recurrió a la doctrina nacional e internacional, así como a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. / The purpose of this academic article is to analyze the normative element "judicial or administrative case" of the criminal type of influence peddling, which has been the subject of several interpretations in both doctrine and jurisprudence. To address the proposed objective, the academic article will be divided into three chapters. The first section analyses the criminal nature of the offence, the evolution of regulations, the protected legal asset and the elements of the objective type. In the second, after a review by international instruments, comparative legislation and national jurisprudence, an interpretation of the element "judicial or administrative case" is proposed. The third explains the principle of criminal legality and the teleological interpretation of the normative element. Finally, it is concluded that the interpretation of the element "judicial or administrative case" should be broad. Thus, "judicial case" should include not only the judicial processes, but also those prior to this (police and fiscal investigation), while "administrative case" should be understood as an administrative procedure. The methodology used is based on the revision of dogmatic concepts, the principles of criminal and constitutional law, as well as the concepts of administrative and procedural law; to this end, national and international doctrine was used, as well as the jurisprudence issued by the judiciary and the Constitutional Court.

El presente artículo analiza como problema principal a la legitimidad de las influencias simuladas en el delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, en la primera sección describimos las principales características del delito, como la conducta típica y la consumación del delito. Asimismo, conceptualizamos y se diferencian sus modalidades; y posteriormente, se elabora un detalle de las posturas más importantes respecto a cuál es el bien jurídico protegido. En el segundo apartado comenzamos por brindar alcances del principio de lesividad, continuamos con el principio de mínima intervención y con lo explicado analizamos la jurisprudencia y doctrina en relación a la legitimidad de las influencias simuladas para tomar una postura al respecto de si superan el riesgo penalmente permitido. / This article analyzes the legitimacy of simulated influences in the crime of influence peddling as the main problem. Therefore, in the first section we describe the main characteristics of the crime, such as typical behavior and the consummation of the crime. Likewise, we conceptualize and differentiate its modalities; and subsequently, a detail of the most important positions is elaborated regarding which is the protected legal asset. In the second section we begin by providing scope of the principle of harm, we continue with the principle of minimum intervention and with what has been explained we analyze the jurisprudence and doctrine in relation to the legitimacy of simulated influences to take a position on whether they overcome the criminal risk permitted. / Trabajo académico

La presente investigación busca determinar los problemas que se derivan de los procesos signados como “revolucionarios”; en el caso del Ecuador, como tema central; y, de Venezuela y Bolivia como ejemplos de una misma tendencia política; en tanto estrategia abiertamente populista. Es así que hemos identificado cierto paralelismo en la forma en que han accedido al poder Rafael Correa Delgado, Hugo Chávez Frías y Evo Morales Ayma, explotando las condiciones del hartazgo social y de un electorado insatisfecho; y una vez en el poder, han buscado perennizarse en él, aspecto que muchos estudiosos han coincidido en calificar como subversión de los procesos democráticos, que los condujo a las altas esferas de conducción del Estado, para luego desmantelar la institucionalidad misma, como lo hizo Hugo Chávez, a la sazón un “outsider” de la política que intentó reivindicar a los marginados de su país en el marco de una élite exclusiva y excluyente, con la promesa de una democracia más auténtica. Este discurso se aplicó en forma similar en Ecuador; primero, a través de una sistemática descalificación de los partidos políticos tradicionales, adjetivados como la “partidocracia corrupta”, para a renglón seguido y una vez en el poder, recurrir a la democracia plebiscitaria y plantear una nueva carta política que resuma su ideario político. Lo propio sucedió con Morales en Bolivia, a través de su campaña de estatización de los recursos hidrocarburíferos y latifundios para ser distribuidos entre los más pobres y en el proceso, la promulgación de una nueva constitución, aspecto análogo a lo que hicieron Correa y Chávez. En este contexto, se fueron configurando nuevas formas de autoritarismo a través de políticas expresas que limiten la libertad de expresión y anulen a la oposición. Esta investigación intenta establecer si la propuesta populista en los países andinos, efectivamente erosionó la democracia y generalizó la corrupción. / The present research work is intended to determine the problems that derive from the processes designated as "revolutionary", in the case of Ecuador as a central issue of this analysis; and, of Venezuela and Bolivia as examples of the same political tendency; as an openly populist strategy. Thus, we have identified a certain parallel in the way that Rafael Correa Delgado, Hugo Chávez Frías and Evo Morales Ayma have come to power, exploiting the conditions of a dissatisfied electorate; and once in power, they have sought to perpetuate themselves in it, an aspect that many scholars have agreed to describe as a subversion of democratic processes, which led them to the upper echelons of State leadership; and then, dismantled the institutionality itself, as it did Hugo Chávez, at the time a marginal politician who ran against what he considered a corrupt ruling elite, with the promise of a more authentic democracy and the improvement of the quality of life of Venezuelans. This discourse was applied in a similar way in Ecuador; first, through a systematic disqualification of the traditional political parties, called the "corrupt partycracy", to then and once in power, draw on plebiscitary democracy and propose a new constitution that will pave the way for their political project. The same happened with Morales in Bolivia, through his campaign to nationalize hydrocarbon resources and large estates to be distributed among the poorest and in the process, the promulgation of a new constitution, analogous to what Correa and Chávez did. In this context, new forms of authoritarianism were being configured through express policies to restrict freedom of expression and annul the opposition. This research attempts to establish whether the populist proposal in the Andean countries effectively eroded democracy and generalized corruption.

El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos, fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera, entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.

La práctica en el sistema político actual conlleva a que muchos de sus actores (directivos, candidatos y demás integrantes de un partido político) utilicen dinero ilícito en sus campañas políticas, lo que lamentablemente termina encuadrándose en un ilícito como tal, que necesariamente debe encontrarse establecido dentro del marco del derecho penal en un Estado democrático. Esta es, en esencia, la razón de ser de la existencia del delito financiamiento ilícito de los partidos políticos, a pesar de existir consenso en la necesidad de tipificación de esta figura delictiva, subsiste una incertidumbre acerca de la identificación del bien jurídico que protege este ilícito penal. Por este motivo, la investigación se centra en identificar el bien jurídico del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos; proponiendo, para tal efecto, al pluralismo democrático como objeto de tutela en este tipo de ilícitos.

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los últimos años, este fenómeno que aqueja a la sociedad, se ha presentado continuamente en los gobiernos sub nacionales (regionales y locales), basta con dar un vistazo a los casos más sonados en el ámbito nacional. En ese contexto, este estudio se centró en el Gobierno Regional de Apurímac, específicamente durante el periodo de gestión 2011-2014, al analizar la estructura de redes de corrupción, donde se investigó la vinculación directa e indirecta entre los actores involucrados y la relación con el ex gobernador regional apurimeño, quien actualmente, viene siendo procesado por actos de corrupción. Dentro de la investigación, la pregunta a responder fue ¿Cuál es la estructura de las redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del Gobierno Regional de Apurímac? La cual implica tres sub preguntas, a fin determinar los vínculos generados entre los actores; comprender las formas de corrupción más comunes y debatir las posibles causas que dieron lugar a la formación de estas redes. Finalmente, si bien los hechos realizados por los actores involucrados pueden ser catalogados como formas de corrupción, nos conlleva a analizar que talvez la estructura organizacional del gobierno regional sea propicia para generar éstas redes, como consecuencia de una débil descentralización y falta de meritocracia para designar funcionarios, lo que es un pasivo para el Estado peruano y un problema para las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción. / Corruption is one of the main scourges of our country, which weakens institutionality and affects credibility in the democratic political system, generating disinterest and disappointment in the population. And in recent years, this phenomenon that afflicts society has been continuously presented in sub-national governments (regional and local), it is enough to take a look at the most popular cases in the national sphere. In this context, the study focused on the Regional Government of Apurimac, specifically during the 2011-2014 management period, when analyzing the structure of corruption networks, where the direct and indirect link between the actors involved and the relationship with the former regional governor of Apurimac, who is currently being prosecuted for acts of corruption, was investigated. Within the investigation, the question to answer was: What is the structure of the corruption networks in the regional management 2011-2014 of the Regional Government of Apurimac? Which involves three sub questions in order to determine the links generated between the actors, understand the most common forms of corruption and discuss the possible causes that led to the formation of these networks. Finally, although the facts carried out by the actors involved can be classified as forms of corruption, it leads us to analyze that perhaps the organizational structure of the regional government is conducive to generate these networks, as a result of weak decentralization and lack of meritocracy to designate public officials, which is a liability for the peruvian State and a problem for government policies to fight against corruption.

El propósito de esta investigación es demostrar la cooptación institucional de varias instancias clave del sistema de justicia para el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual, desde el escándalo de corrupción, ha generado un grave daño a las instituciones del impartimiento de justicia. La aproximación desde la cooptación institucional judicial sostiene que las estrategias de búsqueda de hegemonía y legitimidad de los actores de la red en instituciones clave del sistema judicial responden a las características de la estructura de la red, la cultura judicial imperante y las características de los actores en relación a la red y sus cargos públicos. Esto genera una perversión en el funcionamiento del sistema judicial a partir de la influencia indebida en las instituciones de control de los funcionarios del impartimiento de justicia mediante el uso de operadores políticos, empresariales y judiciales que buscan consolidar el liderazgo y sostenibilidad de la red en altas instancias de decisión.

El presente Informe Jurídico se justifica en la necesidad de otorgar de insumos a la Contraloría General de la República para que ejerza plenamente su potestad sancionadora, debido a que mediante STC 00020-2015-PI/TC se declara inconstitucional el catálogo de infracciones consagrado en el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, por contravenir el principio de tipicidad. Bajo dicho escenario, el objetivo del presente Informe Jurídico es realizar un análisis sobre la STC 00020-2015-PI/TC y proponer una lectura constitucional del artículo 46 de la Ley 27785, con la finalidad de rescatar la constitucionalidad parcial de dicha disposición normativa. Del análisis de la STC 00020- 2015-PI/TC se identifican cuatro problemas jurídicos. Primeramente, determinar si los artículos 45 y 51 de la Ley 27785, incorporados por el artículo 1 de la Ley 29622, son inconstitucionales por contravenir el principio de independencia, imparcialidad y no regresividad de derechos sociales. En segundo lugar, determinar si el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de tipicidad y ne bis in ídem. En tercer lugar, determinar si el artículo 47 inciso 1, literal a, de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de acceso a la función pública y el de proporcionalidad. Por último, determinar si las demás disposiciones de la Ley 29622 son inconstitucionales por conexidad. La metodología del Informe Jurídico para el análisis de los cuatro problemas jurídicos se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos de los principios vulnerados y la aplicación de los principios constitucionales de interpretación. La conclusión principal es que el inciso b y d del artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es constitucional, en armonía con los conceptos de relación de sujeción especial y colaboración reglamentaria, además si se interpreta que el inciso b hace referencia al Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815- y el inciso d refiere al Reglamento de Organización y Funciones, al Manual de Organización y Funciones o los términos de referencia, según sea el caso