En el presente informe jurídico se analiza la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 04 de febrero de 2022, a la luz del principio de igualdad y no discriminación frente a los límites del derecho a la libertad religiosa de las autoridades eclesiasticas. En específico, se examina la existencia de responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, el acceso a la función pública, a la libertad personal, a la vida privada, al trabajo, a las garantías judiciales y a la protección judicial (amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos) debido a la revocatoria del certificado de idoneidad para el ejercicio de la docencia de la señora Sandra Pavez Pavez. En efecto, se observa que dicha revocatoria se dio ya que se hizo pública su orientación sexual, por lo que se analiza el desarrollo jurisprudencial de esta categoría protegida frente a actos discriminatorios en relación a los derechos a la vida privada, libertad personal, acceso a la función y trabajo. Finalmente, se da cuenta de que, al no existir un recurso eficaz en la jurisdicción chilena, nunca se pudo impugnar los efectos de la decisión de revocarla. En atención a ello, en el presente informe se emplea una metodología dogmática y exegética, donde se utilizan normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / This legal report analyzes the sentence of the Case Pavez Pavez Vs. Chile resolved by the Inter-American Court of Human Rights on February 4, 2022, in light of the principle of equality and non-discrimination regarding the limits of the right to freedom of religion of the ecclesiastical authorities. Specifically, the report analyzes the existence of international responsibility of the Chilean State for the violation of the rights to equality before the law, access to public service, personal freedom, private life, work, judicial guarantees and judicial protection (protected by the American Convention on Human Rights) due to the revocation of the certificate of suitability for the exercise of teaching of Mrs. Sandra Pavez Pavez. Indeed, it is observed that said revocation occurred since his sexual orientation was made public, for which reason the jurisprudential development of this protected category is analyzed against discriminatory acts in relation to the rights to private life, personal freedom, access to function and work. Finally, it is realized that, since there is no effective remedy in the Chilean jurisdiction, it was never possible to challenge the effects of the decision to revoke it. To reach this objective, this report integrates a dogmatic and exegetical methodology, and international norms and standards offered by International Human Rights Law are used.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

La investigación que se desarrolla en este informe se justifica en la relevancia de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia, siendo el principal el relativo al derecho a la salud, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su vulneración, con miras a consolidar y precisar el cambio de su jurisprudencia en materia de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCA). De igual importancia, es el análisis de la vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, y garantías judiciales; en su relación con el derecho a la salud; así como el de la afectación del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas directas de violaciones de sus derechos humanos, y el cumplimiento del principio de reparación integral. El objetivo de este trabajo es sustentar una posición respecto a la resolución brindada por la corte aludida, contribuyendo así al debate en materia de DESCA, en base al estándar de protección de derechos establecido por esta y la normativa internacional pertinente en la materia. Conforme lo anterior, en este informe sostenemos la pertinencia de la consolidación de la judiciabilidad directa de los DESCA a través de la corte en mención, y el sustento brindado para esta.

Los hechos acontecidos durante la etapa de la Dictadura cívico-militar en Argentina han trascendido hasta la actualidad por las graves violaciones de derechos humanos que se han padecido en ese entonces y las consecuencias que conllevan. Así, el presente informe analiza el Caso de la Familia Julien Grisonas, quien alude a Argentina como responsable internacional de los hechos que se le practicaron durante la operación militar del 26 de septiembre de 1976. Los mismos que transgredieron sus derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y actualmente se encuentran prohibidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En ese sentido, analizaremos los problemas jurídicos del presente Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico sobre el tiempo que tarda en emitir el informe o elevarlo ante la Corte. Asimismo, se observará sobre los derechos alegados por la parte demandante, observando que la Corte se extralimita al pronunciarse sobre algunos que no son parte del petitorio y por reconocer el derecho a la búsqueda, el cual consideramos pertinente, pero también observamos contradicciones con el derecho internacional. Para concluir, consideramos importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice y emita sus Informes de manera célere con el objetivo de la protección de los derechos humanos invocados en la petición. Además, señalamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para interpretar las normas jurídicas internacionales, mas no tiene permitido crear nuevos derechos / The events that occurred during the period of the civic-military dictatorship in Argentina have transcended to the present day due to the serious human rights violations that have been suffered at that time and the consequences that they entail. Thus, this report analyzes the Case of the Julien Grisonas Family, who alludes to Argentina as being internationally responsible for the acts that were carried out during the military operation of September 26, 1976. The same ones that violated their rights recognized in the American Convention of Human Rights and are currently prohibited in the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons and in the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture. In this sense, we will analyze the legal problems of this Case before the Inter-American Commission on Human Rights, specifically on the time it takes to issue the report or submit it to the Court. Likewise, the rights alleged by the plaintiff will be observed, observing that the Court exceeds its limits when ruling on some that are not part of the petition and by recognizing the right to search, which we consider pertinent, but we also observe contradictions with the right international. To conclude, we consider it important that the Inter-American Commission on Human Rights analyze and issue its Reports promptly with the objective of protecting the human rights invoked in the petition. In addition, we point out that the Inter-American Court of Human Rights is competent to interpret international legal norms, but it is not allowed to create new rights.

El presente artículo aborda las problemáticas relacionadas a la notificación del hecho infractor, tanto en su contenido como en la oportunidad de notificación, las cuales tienen incidencia directa en plena efectividad del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador. Como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, se propone la aplicación del estándar más garante del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, frente a los tradicionales límites-garantías al ius puniendi de la Administración. Así, de la interpretación de la Corte Interamericana se desprende que los Estados deben alejarse del principio de confianza, toda vez que la notificación del hecho infractor requiere transitar por los canales oficiales, en aras de maximizar la vigencia del derecho de defensa. Con todo ello, se dilucida una tarea pendiente del legislador y los administradores de justicia para adecuarse al nuevo estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas relaciones procesales entre el Estado y el privado, en particular, en el procedimiento administrativo sancionador. / This article addresses the problems related to the notification of the infringing act, both in its content and in the opportunity of notification, which have a direct impact on the full effectiveness of the right of defense in the administrative sanctioning procedure. As part of the process of constitutionalization of Administrative Law, the application of the standard plus guarantee of the right to prior and detailed communication of the accusation is proposed, compared to the traditional limitsguarantees to the ius puniendi of the Administration. Thus, from the interpretation of the Inter-American Court it follows that States must move away from the principle of trust, since notification of the infringing act requires going through official channels, in order to maximize the validity of the right of defense. With all this, a pending task for the legislator and the administrators of justice is elucidated to adapt to the new standard established by the Inter-American Court of Human Rights for all procedural relations between the State and the private sector, in particular, in the administrative sanctioning procedure. / Trabajo académico

La sentencia materia de análisis se trata del “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Su análisis constituye una sentencia histórica, pues se trata de la primera que pretende utilizar de manera generalizada un enfoque de género. Este informe, expone y analiza la desaparición y muerte de 3 mujeres en México, específicamente en Ciudad de Juárez, donde el contexto de violencia contra las mujeres era generalizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), haciendo uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem Do Para, determina la responsabilidad parcial del Estado de México por el incumplimiento del deber de prevención y la obligación de la diligencia debida. Los objetivos del análisis de este informe son: - determinar si es válido o no el empleo de la Convención Belém Do Pará; por ello, desarrollo el análisis ya hecho por la Corte de cara al contexto del caso y la evolución de corpus juris ; - determinar si México vulneró el deber de prevención respecto de los derechos humanos de las víctimas asesinadas y, por tanto; si omite su deber a la diligencia debida, y si fuera el caso, ¿desde qué momento? y si constituyen vulneraciones en razón de género. - En el caso concreto, se analizará si hubo un conocimiento del contexto de violencia por parte del Estado; que pueda determinar su responsabilidad no solo ex post, sino ex ante del momento de las desapariciones. Asimismo, se intentará determinar cuándo las mujeres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, que implique que a un Estado se le deba exigir un deber de diligencia reforzado. Sin perjuicio de las conclusiones de este informe, esta sentencia es definitivamente relevante como herramienta jurídica para el amparo de los derechos de las mujeres a nivel regional, y constituye un referente para otros sistemas de jurisdicción internacional.

Este informe tiene como propósito analizar la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, el primer caso resuelto en el sistema interamericano de derechos humanos que trata sobre el impacto del uso indebido de la inmunidad parlamentaria procesal en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Concretamente, se analizan tres episodios de vulneración de derechos a fin de determinar la responsabilidad del Estado de Brasil: i) las decisiones de la Asamblea Legislativa de Paraíba por las cuales se rechazó levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado y principal sospechoso de dar muerte a Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) la constante negativa de la Policía Civil de Paraíba para actuar diligencias investigativas en relación a otros cuatro sospechosos de haber participado en los crímenes de homicidio y ocultamiento de cadáver, y iii) el alegado uso de estereotipos de género en el marco del proceso penal seguido contra Aércio. A partir de ello, se establece que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia. / The aim of this report is to analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Barbosa de Souza et al. v. Brazil, the first case resolved in the Inter-American system for the protection of human rights that deals with the impact of the improper application of procedural parliamentary immunity on the right of effective access to justice. Specifically, three episodes of violation of rights are analyzed in order to determine the responsibility of the State of Brazil: i) the decisions of the Paraíba Legislative Assembly, refusing to lift the parliamentary immunity of the then deputy and main suspect in killing Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) the constant refusal of the Paraíba Civil Police to carry out investigative proceedings in relation to four other suspects of having participated in the crimes of homicide and corpse concealment, and iii) the alleged use of gender stereotypes in the criminal proceedings against Aércio. In conclusion, it is established that the State of Brazil is responsible for the violation of the rights to judicial guarantees and judicial protection, recognized respectively in articles 8.1 and 25 of the American Convention on Human Rights, in relation to articles 1.1 and 2 of the same instrument, and 7.b of the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Erradicate Violence against Women, to the detriment of Márcia’s mother and father.

Este informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia del Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero de 2020, destacando los argumentos principales que consolidan el enfoque de la justiciabilidad directa de los derechos económico, sociales, culturales y ambientales, los denominados derechos “DESCA”. En ese sentido, se describirá el razonamiento interpretativo que realizó la Corte IDH sobre el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) basándose en los criterios de interpretación sistemática, dinámica y evolutiva. De esta manera, se reconoce el carácter autónomo de cada derecho DESCA, como el derecho a un medio ambiente sano, lo cual, nos genera gran expectativa en el alcance de protección a la naturaleza y sus componentes en sí mismos, incluso sin que exista evidencia o certeza de afectación al ser humano. Para realizar este informe, hemos utilizado el método dogmático, debido al objeto de estudio, que se circunscribe en normas o conceptos jurídicos, tratados internacionales, instituciones jurídicas que derivan del cuerpo jurisprudencial del Sistema Interamericano (SIDH). Sumado a ello, nos hemos apoyado de herramientas metodológicas de carácter documental para la búsqueda y sistematización de información. / The purpose of this legal report is to analyze the judgment of the Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, issued by the Inter-American Court of Human Rights on February 6, 2020, highlighting the main arguments that consolidate the approach of direct justiciability of economic, social, cultural and environmental rights (ESCER). In this sense, we will describe the interpretative reasoning of the Inter-American Court on Article 26 of the American Convention on Human Rights (ACHR) based on criteria of systematic, dynamic and evolutionary interpretation. In this way, the autonomous character of each of these rights is recognized, and on the basis of this autonomy and the content of the protection, the right to a healthy environment generates a great expectation in the scope of the protection of nature and its components in themselves, even without evidence or certainty of human involvement. In preparing this report we have used the dogmatic method, due to the object of study, which is circumscribed in legal norms or concepts, international treaties, legal institutions derived from the jurisprudence of the Inter-American System of Human Rights. In addition to this, we have relied on methodological tools of a documentary nature for the search and systematization of information.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.

El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Ello debido a que, hasta el momento, este tribunal internacional ha llevado a cabo un doble estándar dependiendo de si el Estado en cuestión es o no parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado para efectos de esta investigación como bifurcación jurisprudencial. Por ello, en la medida en que nos encontramos en un contexto internacional donde los Estados tienden a una práctica extractivista que reproduce despojos históricos a los territorios de los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que la Corte IDH debe efectuar una fundamentación más sólida y uniforme respecto al derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas: primero, sobre la base de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH; segundo, una lectura del artículo 21 de la CADH a la luz del el art. 1 común de los Pactos Internacionales de la ONU; y tercero, la jurisprudencia de la Corte IDH